GOBIERNO DE RAÚL CUBAS GRAU

Obra de ROBERTO PAREDES

LA DUPLA CUBAS-ARGAÑA

Cuando estaba por cumplirse el mes de arresto que había dispuesto Wasmosy contra Oviedo, el Tribunal Militar Extraordinario ordenó la detención de Oviedo por el "caso Academil".

El juez Angel Cohene, sin embargo, dio lugar, en enero de 1998, a un pedido de Habeas Corpus, con lo que el militar podía recuperar su libertad. Dicha intervención dio pie, a su vez, a varias actuaciones.

Por una parte, el vicepresidente Angel Roberto Seifart - en ese momento presidente en ejercicio - trató de persuadir a la cúpula militar que como "Comandante en Je fe en ejercicio", podía disponer la libertad del detenido, mediando la orden judicial. Es más, se trasladó hasta el lugar de reclusión de Oviedo, la Primera División de Infantería, donde presionó al comandante de la Unidad Militar a acatar lo que disponía.

La cúpula militar, por otra parte, dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias su determinación de mantener prisionero a Oviedo, dispuso que aviones de guerra realizasen vuelos intimidatorios sobre el Palacio de Justicia.

La candidatura de Oviedo - quien había ganado la interna colorada - pasó a depender de lo que determinaba la Justicia Militar, para ser más preciso, el Tribunal Militar Extraordinario, cuyos integrantes fueron los generales Eulogio Rodríguez Acevedo, Luis Alcibiades Ferreira Garbini, Cirilo Ramón Velázquez Steger y Luis Salomón Julián Riego, bajo la presidencia del general Pablo Manuel Idoyaga Viera.

La realización de las elecciones del 10 de mayo se puso en duda, fundadamente, pues no se admitía su realización sin participación colorada.

De cara a la crisis generada, el presidente Wasmosy patrocinó varias acciones tendientes a postergar las elecciones:

- Trató de instalar un foco de conflicto con la presentación de una cantidad suficiente de actas falsas que invalidarían todo el proceso pre-electoral. No sólo del Partido Colorado; también de los liberales y encuentristas.

- Aseguró que el padrón nacional contenía deficiencias insanables, que imposibilitan su utilización en las elecciones nacionales.

- Consultó con Fernando Henrique Cardoso, presidente del Brasil, sobre cómo se vería en la región la prolongación de su mandato presidencial.

- A través de la intermediación de dos obispos: Oscar Paéz, de Alto Paraná, y Fernando Lugo, de San Pedro, trató de persuadir a los dirigentes de oposición sobre la conveniencia de postergar las elecciones.

- Por medio de César Gaviria, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, trató de convencer a los partidos de oposición sobre el tema de la prórroga.

Todas las iniciativas apuntadas fracasaron, pues los partidos de oposición insistieron en la realización de los comicios, amenazando inclusive con la realización de un juicio político para destituir al presidente, sí se insistía con el propósito de postergar la compulsa electoral.

En el caso concreto de las actas presuntamente falsificadas - tema a la que la prensa dio amplio destaque, de manera sensacionalista - actuaron algunos peritos, complicando inicialmente la situación. Después las denuncias fueron desestimadas por completo.

La propuesta de postergar las elecciones resultarían traumáticas, tanto para los actores locales como para la comunidad internacional, lo que llevó al cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno a realizar gestiones públicas contra tal intención. La embajadora estadounidense Maura Harty, que sucedió a Robert Service, fue tajante: - A nuestro criterio, las elecciones tienen que realizarse el 10 de mayo -.

Sobre el tema de la participación de representantes del cuerpo diplomático en las deliberaciones de temas de interés exclusivamente paraguayos, hubo todo un debate, en cuyo marco se mezclaron desde minimizaciones de la actitud de los representantes extranjeros, hasta amenazas abiertas de posibles sanciones al país, dentro y fuera del Mercosur, sí el gobierno no se avenía a respetar las reglas del juego democrático.

En febrero, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de la muerte de Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado, literalmente sobre el cadáver del "centauro de Ybycuí" se selló un pacto entre Wasmosy y Argaña para impedir que Oviedo represente al partido en las elecciones de mayo.

Argaña se olvidó de que "la crisis de abril" fue una "pelea entre mafiosos", y la Junta de Gobierno asumió una conducta de respaldo sin reservas a las actuaciones del Tribunal Militar Extraordinario.

El pacto fue ratificado en la Convención realizada en marzo, oportunidad en que Argaña hizo un llamamiento a un diálogo nacional para buscar una solución aceptable a la crisis. La oposición respondió con claridad y contundencia: el calendario electoral no se negocia.

Para el 4 de marzo, fecha tope para la inscripción de candidaturas, el Partido Colorado procedió a inscribir a Oviedo-Cubas, pero ya se hablaba que ante la eventualidad de una sentencia a Oviedo, la dupla sería Cubas-Argaña, y sí se forzaba a Cubas a renunciar, el binomio colorado quedaría compuesto por Argaña-Facetti.

En esos momentos inclusive se habló de una eventual renuncia de Oviedo a la candidatura, toda vez que se negociase un paquete, que implicase su total blanqueamiento en cuanto a los procesos judiciales. A cambio, el militar no sólo renunciaría, sino que se sumaría a la campaña colorada, llamando a votar por sus candidatos.

La condena a Lino César Oviedo salió en febrero: 10 años de prisión. Consultados sobre el tema, hasta representantes del Movimiento de Objeción de Consciencia, MOC, se manifestaron conformes por lo decidido por un Tribunal Militar.

Los abogados de Oviedo apelaron la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando que la misma declare inconstitucional las actuaciones del Tribunal Militar Extraordinario. Al final de cuentas, la candidatura colorada dependía de la Justicia.

La presión sobre la Corte fue tremenda, asegurándose que sí la Corte declaraba inconstitucional la condena, habría un golpe de Estado. Durante el mes de marzo, la máxima instancia del Poder Judicial no se pronunció, pues se dieron incidentes (recusaciones) que obligaron a integrarla con miembros que no eran originales del cuerpo.

En ese marco, se dieron dos situaciones llamativas y muy originales:

- por una parte, el defensor de Oviedo, José Francisco Appleyard, solicitó la "excarcelación extraordinaria" del detenido, de modo que pueda cumplir con sus obligaciones como candidato a la Presidencia de la República. Lo más llamativo, sin embargo, consistió en que se ofrecía como fianza nada menos que al vicepresidente de la República, Angel Roberto Seifart, mientras que

- por otra parte, se exhibían en cortos publicitarios, de los cuales nadie se hacía responsable, filmaciones fidedignas de las intervenciones que en el marco de la Convención Constituyente de 1992 habían realizado Luis Lezcano Claude y Oscar Paciello, ambos miembros de la Corte. En sus intervenciones de aquel entonces, ambos juristas condenaban el funcionamiento de los Tribunales Militares Extraordinarios, justificando sus actuaciones sólo y exclusivamente en casos de guerra.

Los partidarios de Oviedo presionaron en dos direcciones: un grupo de adherentes se declaró en huelga de hambre, reivindicando la libertad de su líder, mientras otro grupo impulsó la constitución de la "Coordinadora 10 de mayo", presionando por la realización de los comicios en la fecha programada.

Analistas y observadores, más perdidos que nunca, apoyaban el pleno funcionamiento de la tan condenada trípode: gobierno-Partido Colorado-Fuerzas Armadas, que en la cuestión puntual de la búsqueda de una salida para el caso Oviedo, funcionó como nunca en esos 9 años de transición. En otras palabras: en ningún caso, antes que este episodio, desde febrero de 1989, se dio una acción articulada de la cúpula militar, el Partido Colorado y el gobierno para alcanzar un objetivo.

La tan esperada decisión de la Corte Suprema de Justicia vino a poner punto final al conflicto puntual de la candidatura colorada, pues por una ajustada mayoría, se respaldó las actuaciones del Tribunal Militar Extraordinario:

Votaron a favor de las actuaciones del Tribunal los siguientes ministros: Raúl Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala y Enrique Sosa. Votaron por la inconstitucionalidad de sus actuaciones los siguientes ministros: Felipe Santiago Paredes, María Mercedes Buongermini, José Raúl Torres Kimser y Luis Mauricio Domínguez.

Al lograrse la condena de Oviedo, se tornó inviable la posibilidad de su candidatura. Con ello, quedó el camino libre para recomponer la dupla, quedando finalmente compuesta de la siguiente manera: Raúl Cubas Grau, como candidato a presidente, y Luis María Argaña, como candidato a vicepresidente.

Era el 17 de abril de 1998, y apenas faltaban un poco más de 20 días para la realización de las elecciones generales. La Justicia Electoral tuvo tiempo para la preparación de los boletines de voto, pero un nuevo problema político se instalaba plenamente: nada que ver tenían los proyectos de Cubas y Argaña, divergencias que irían a manifestarse de manera dramática en el caso de ganar las elecciones.

Oviedo no reaccionó negativamente. Y aún más, para asombro de propios y extraños, llamó a votar en la dupla presidencial.

EL VOTO VALE DOBLE

A apenas 23 días de las elecciones generales programadas para el 10 de mayo, la Corte Suprema de Justicia respaldó la condena a Oviedo, con lo que el Partido Colorado pudo presentar finalmente su dupla definitiva. Se estimaba que sería derrotado.

Lo cierto, sin embargo, es que en ningún momento UNACE había bajado la guardia: se mantuvo en campaña permanente, consiguiendo inclusive que el general Oviedo se dirija a sus adherentes a través de discursos previamente grabados, que salían de su lugar de prisión burlando todo esquema de control.

De cara a las elecciones, la Junta de Gobierno convocó a todos los líderes partidarios a "salvar al partido de ir a la llanura"; llamamiento que prendió rápidamente, e hizo que las organizaciones de bases cerrasen filas en torno de la nueva dupla.

Oviedo, por su parte, había montado una estructura al margen de las estructuras gubernamental y partidaria, cuya eficacia para lograr objetivos se había puesto a prueba en las internas coloradas de setiembre de 1997, oportunidad en que derrotó a la estructura gubernamental y la cúpula militar, controlada por Wasmosy, y a la estructura partidaria, controlada por Argaña.

De hecho, el fenómeno Oviedo era más bien nacional que propiamente colorado, y una de las expresiones de ello fue aportado por la adhesión pública de figuras de la oposición y algunos referentes de izquierda. Así, por ejemplo, entre sus adherentes se encontraban varios dirigentes del febrerismo: Víctor Sánchez Villagra, ex presidente del Partido Febrerista, Marta Canese, ex candidata a intendente por el mismo partido, y Ricardo Estigarribia, ex secretario general del febrerismo; "Cayo" Benítez y un sector que se había desprendido del Partido Democrático Popular, PDP, una organización de izquierda compuesta por ex comunistas y trotskistas; Andrés García, ex integrante de la columna guerrillera de Agapito Valiente; y Arnaldo "Tite" Mora, con un grupo de lo que fuera "Círculos Revolucionarios", padre del trotskismo paraguayo.

Si bien la Unión Nacional de Colorados Éticos, UNACE, era una corriente interna del Partido Colorado, la misma tenía brazos que se extendían hasta la izquierda.

UNACE se sumó a la campaña por "salvar al partido", pero manejando hegemónicamente la campaña electoral de Cubas-Argaña, acuñó la consigna "Tu voto vale doble", con la que instó a la población a votar por la lista colorada (1) y por la libertad de Oviedo (2). En todos los actos y concentraciones, invariablemente Cubas asumía el compromiso de dar libertad a Oviedo. E invariablemente, también, sus aliados extra-partidarios compartían las tarimas y hablaban ante la enfervorizada multitud.

El acto de cierre de campaña fue imponente y significativo: el escenario estaba dominado por la consigna "Tu voto vale doble", y cuando Cubas, entre otros oradores, aseguró que su primera medida de gobierno iría a ser la puesta en libertad de Lino César Oviedo, la multitud explotó en hurras y aplausos. Luis María Argaña, candidato a vicepresidente, quien también se encontraba en el palco, terminó siendo abucheado.

Todas las encuestas otorgaban una ligera ventaja al  Partido Colorado, en cuanto a intención de voto, por lo que la Alianza Opositora, compuesta por el Partido Liberal y el Encuentro Nacional, creyó que había llegado su momento.

Los resultados del 10 de mayo, sin embargo, no sólo dieron un mentís categórico a la oposición y a gran parte de la intelectualidad "progresista", que divulgaba análisis y comentarios, en los que hablaban de un posible triunfo de la dupla Laíno-Filizzola; sino que confirmó plenamente la rápida y profunda inserción que había logrado Oviedo, con un discurso acentuadamente mesiánico y populista.

Resultó electo el binomio Cubas-Argaña, por una holgada mayoría: 53,7%, contra 42,6% de la dupla Laíno-Filizzola. Pero el carácter contundente del triunfo del Partido Colorado no se limitó a la dupla presidencial: por un lado, obtuvieron una fabulosa votación para diputados y senadores, con lo que de nuevo el Partido Colorado tendría mayoría absoluta en el Poder Legislativo; y, por otro, se impusieron en casi todas las gobernaciones del país, perdiendo apenas en tres - Central, Concepción y Boquerón - por escaso margen.

Sobre un total de 2.049.449 inscriptos en el padrón nacional, de los que votaron el 80,5%, el Partido Colorado había conseguido 887.243 votos, contra 703.305 de la Alianza.

La composición en la Cámara de Diputados pasó a ser de 45 colorados sobre 80 y en la Cámara de Senadores de 24 sobre 45. Uno de los resultados más llamativos se dio en la capital, donde triunfó la dupla colorada, y en Diputados el Partido Colorado consiguió alzarse con 6 de los 10 escaños.

Pero si bien el Partido Colorado tenía holgada mayoría en el Poder Legislativo, la composición de las bancadas  le resultaba adversa a Oviedo, pues sobre 45 diputados (Antes de las reacomodaciones) él contaba con apenas 18, siendo otros 18 de Reconciliación Colorada, de Argaña, y 9 de Acción Democrática Republicana, de Wasmosy. Igual proporción se dio entre los senadores. En concreto: la unión de Reconciliación Colorada con ADR tenía mayoría, lo cual necesariamente iría a complicar el relacionamiento Ejecutivo-Legislativo.

Oviedo designó al electo senador Octavio Gómez, ex gobernador de Villa Hayes, como negociador oficial de UNACE para la elección de las autoridades del Congreso; gestión difícil, por cierto, pues tanto Wasmosy como Argaña, habían dado instrucciones precipitadas pero precisas para reglamentar el indulto presidencial en la saliente Cámara de Diputados, para responder adecuadamente a la expresa intención de Cubas de ponerlo en libertad a Oviedo.

Octavio Gómez, en representación de Oviedo, realizó gestiones concretas con Reconciliación Colorada. Argaña, consciente de la imperiosa necesidad de Oviedo de llegar a un acuerdo, reclamó amplios espacios en la Administración Central; espacios que le fueron negados por el líder de UNACE, lo que tendría, a su vez, terribles consecuencias políticas adversas, en el corto y en el medio plazos.

El desacuerdo favoreció el entendimiento entre Wasmosy y Argaña: así se procedió inmediatamente a reglamentar la figura constitucional del indulto presidencial, para alzar una valla jurídica para imposibilitar la libertad de Oviedo.

El segundo paso fue la composición de las nuevas autoridades del Congreso Nacional, oportunidad en que los referentes de UNACE fueron olímpicamente desconocidos, en  el marco de negociaciones que Argaña y Wasmosy sostuvieron con la Alianza, liberales y encuentristas.

Las autoridades electas para conducir el Poder Legislativo fueron las siguientes:

SENADO

Presidente: Luis Angel González Macchi (Reconciliación Colorada) Vicepresidente 1°: Gonzalo Quintana (liberal)

Vicepresidente 2°: Mario Paz Castaing (encuentrista)

DIPUTADOS

Presidente: Walter Bower (Reconciliación Colorada)

Vicepresidente 1°: Blas Llano (liberal)

Vicepresidente 2°: Silvio Ferreira (encuentrista)

Todas las líneas de acción de cada sector colorado ya estaban tendidas aún antes de asumir Cubas como presidente de la República. Así, por ejemplo, ya se hablaba de su eventual desplazamiento a través de un juicio político, que el sector mejor posicionado para negociar era precisamente Reconciliación Colorada, con la ventaja privilegiada de tener a Luis María Argaña nada menos que como vicepresidente de la República.

UNACE, por su parte, sobrestimando su capacidad de maniobra, en base a un apoyo popular real y efectivo, se lanzó a trabajar la candidatura de Lino César Oviedo para la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Y fue nada menos que el presidente electo, Raúl Cubas Grau, el que lanzó la candidatura de Oviedo para presidente de los colorados, sin cansarse de repetir que su primera medida administrativa sería la liberación de Oviedo.

Las elecciones de nuevas autoridades partidarias estaban previstas para abril de 1999, y UNACE, seguro de elegir a Oviedo, tomó lo de las autoridades del Congreso como un revés transitorio. O sea: su estrategia apostaba a tomar el control partidario, con lo que desde ahí tendría mejores condiciones para negociar una nueva composición en el Legislativo.

Otro factor de fricción temprana entre los colorados fue aportado por la definición del electo presidente Cubas Grau como partidario del neoliberalismo: privatización de las empresas públicas, achicamiento del Estado, revalorización de la economía de mercado.  Esto llevó a Reconciliación Colorada a reaccionar fuertemente, pues Argaña y otros voceros del movimiento que controlaba el partido, sostenía que el neoliberalismo no era compatible con el pensamiento doctrinario republicano.

En rigor, sobre este punto, lo que Cubas Grau hizo no fue sino ajustar su discurso con el de los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), que desde que se lo había derrocado al general Alfredo Stroessner habían insistido en que la prioridad paraguaya era la "Reforma del Estado", con el contenido descripto más arriba.

De otra posibilidad política de la que se habló fue de un entendimiento entre Cubas y Wasmosy, sobre la base de la proximidad que ambos habían tenido durante la construcción de la represa de Itaipú. De hecho, el presidente electo era uno de los "barones de Itaipú", que había amasado una inmensa fortuna en el marco de escandalosos negociados que nunca habían sido investigados. Esa propuesta no corrió, debido a la escasa influencia política de Wasmosy: no tenía mucha fuerza ni en el partido ni en el Legislativo, además de tener un ajuste de cuentas pendiente con Oviedo.

Faltaba poco para la asunción de Raúl Cubas Grau a la Presidencia, cuando varios focos de conflictos estaban plenamente instalados:

PARTIDO COLORADO: la elección de la nueva Junta de Gobierno, en la que UNACE ya había lanzado la candidatura de Oviedo. Los vehículos de miles de sus seguidores tenían adhesivos de la nueva consigna: Oviedo 99.

FUERZAS ARMADAS: el hecho de que Cubas Grau pasase a ser Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas constituía un pre-anuncio de una generalizada reestructuración: la cúpula militar sería removida y los alrededor de 220 oficiales y sub oficiales que habían sido sacados de las Fuerzas Armadas debían ser reincorporados. Se trataba de incondicionales de Oviedo, que al ser removidos del ejército se pasaron a trabajar como operadores de UNACE y guardaespaldas de Oviedo y los miembros de su entorno.

LEY DE "PUNTO FINAL":  el tema de declarar en Paraguay un borrón y cuenta nueva interesaba a muchos sectores colorados: desde aquellos que pretendían el retorno de Stroessner al país hasta quienes promovían un manto final sobre presuntos ilícitos en la construcción de las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, pasando por los de UNACE, que pretendían limpiar a Oviedo de toda y cualquier cuestión judicial.

PROMESAS DE CAMPAÑA: Oviedo, durante su campaña, había prometido sacar de la miseria a miles de paraguayos, de la noche a la mañana; llevar a la "silla eléctrica a los ladrones",... Un pueblo hambreado y cansado de la corrupción, necesariamente al ver frustradas sus expectativas podría reaccionar adversamente, dejando sin base de sustentación popular al gobierno y a UNACE.

EN RESUMEN: esperaba a todos los actores días pesados y conflictivos, pues habían promesas imposibles de cumplir (mejorar la realidad socio-económica en un abrir y cerrar de ojos), promesas que no se tenía interés en honrar (castigo a los involucrados en casos de corrupción), y compromisos cuyo cumplimiento crearía nuevos conflictos (reincorporación de 220 oficiales y sub oficiales a las Fuerzas Armadas, libertad de Oviedo).

LEÑA PARA EL FUEGO

Los 7 meses que duró Cubas en la Presidencia de la República, más bien se caracterizaron por la instalación de conflictos de resolución difícil o de precaria solución:

CASO OVIEDO: La primera medida administrativa tomada por Cubas fue, como lo había anunciado, la liberación del general Lino César Oviedo, vía Decreto 117, de con mutación de pena, único recurso legal que encontraron los abogados de UNACE para investir de legitimidad la polémica determinación.

El hermano del presidente, Carlos Cubas, que había sido nombrado ministro de Industria y Comercio, renunció inmediatamente, manifestando su abierta contrariedad con el Decreto.

El Congreso reaccionó promoviendo ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad. En la Cámara de Diputados, se presentó un pedido de juicio político al presidente, pese a que no se disponía de los votos suficientes para lograrlo (dos tercios).

La Corte, a su vez, llamó la atención al presidente sobre las fallas de forma del Decreto 117, argumentando que para conmutar la pena de cualquier recluso se necesitaba de un previo informe de la Justicia.

En medio del conflicto, el presidente Cubas, en su calidad de Comandante en Jefe, dispuso la integración de un nuevo Tribunal Militar Extraordinario para revisar el pro ceso del "caso Academil". Este se integró y rápidamente exculpó al general Oviedo.

En el terreno meramente jurídico, donde por segunda vez se apeló a la Corte Suprema de Justicia para resolver cuestiones con evidentes trasfondos políticos, el conflicto se arrastró hasta finales de 1998, donde:

- primero la Corte declaró inconstitucional las actuaciones del segundo Tribunal Militar Extraordinario, que exculpó a Oviedo, y

- después, el 10 de diciembre, declaró que el Decreto 117 era inconstitucional, disponiendo, en consecuencia, que el Poder Ejecutivo de cumplimiento a la condena de 10 años para Lino César Oviedo.

En el marco de las actuaciones judiciales, las medidas de presión ejercidas por el movimiento de Oviedo, UNACE, fueron tremendas: (1) se organizaron diversas manifestaciones frente al Palacio de Justicia, en las que los enfervorizados de Oviedo, que no eran muchos, pero que eran sumamente agresivos, arrojaban todo tipo de objetos y explotaban petardos contra la sede central del Poder Judicial; (2) se organizaron manifestaciones frente a los domicilios particulares de los miembros de la Corte, amenazando con ir más allá de la simple protesta; (3) se tomó la determinación de llevar a juicio político a los 5 ministros de la Corte que votaron por la inconstitucionalidad.

Con el argumento de que no existía orden de cumplimiento del Comandante en Jefe, el general Oviedo continuó gozando de su libertad.

Como salida a la delicada situación, el movimiento UNACE intentó promover la realización de un referéndum legislativo, de modo que la población decidiese sí quería o no que Oviedo estuviese en libertad. La propuesta no corrió, pues el Legislativo estaba controlado por Reconciliación Colorada y la oposición, quienes temían enfrentar a Oviedo en una compulsa electoral. Primer asunto con solución precaria.

PARTIDO COLORADO: El mandato de la Junta de Gobierno del partido fenecía el 28 de abril, por lo que se declaró abierta la interna para la sucesión. Los primeros candidatos a lanzarse fueron Lino César Oviedo, por UNACE, y Nicanor Duarte Frutos, por Reconciliación Colorada.

En una maniobra no bien sucedida, la Junta de Gobierno convocó a Convención Ordinaria para el 19 de setiembre, con la intención de aprobar la Memoria y el Balance de la Junta de Gobierno en ejercicio, así como para montar un Tribunal Electoral Partidario y un Tribunal de Conducta. Más claramente: el control del Partido Colorado resultaba esencial para Oviedo, si pretendía poseer un espacio de poder real y proyectarse para el 2003, y más esencial para Argaña, sí pretendía seguir disputando un papel decisivo en la política nacional. Y para facilitar las cosas, la idea de Reconciliación Colorada era nada menos que tener un Tribunal Electoral y un Tribunal de Conducta que se ajustase a sus intereses.

Por ejemplo: Oviedo podía ser sancionado, con la suspensión o la expulsión por un Tribunal de Conducta; o las elecciones podían organizarse de tal o cual manera, de acuerdo con el Tribunal Electoral.

UNACE percibió la maniobra, y pese a que la Convención sesionó con los convencionales electos en abril de 1996, mayoritariamente de Reconciliación Colorada, lo cierto es que no se contó con los dos tercios necesarios para la elección de los Tribunales Electoral y de Conducta. Oviedo decía que controlaba el partido, pero la mayoría de los convencionales se mantuvieron leales a Argaña. Ante la imposibilidad de llegar a un arreglo, se habilitó una instancia de negociación entre UNACE y Reconciliación Colorada, quienes después de varias reuniones no llegaron a acuerdos satisfactorios para instalar Tribunales de consenso. O sea, un problema de difícil solución.

Por otra parte, movimientos menos expresivos también se lanzaron a la arena para competir por la administración del partido. Así, Acción Democrática Republicana, ADR, por boca de Wasmosy anunciaba que no se iba "a vender a Oviedo ni a Argaña", pero si bien tenía la intención expresa de disputar, no tenía candidato. Otro que se lanzó fue Enrique Riera (h), quien ya había logrado elegirse diputado por una lista independiente, y Oscar Rodríguez Kennedy, quien entró reivindicando abiertamente a Alfredo Stroessner.

De todos modos, en el Partido Colorado, en rigor, las fuerzas políticas poderosas, con chances, eran UNACE y Reconciliación Colorada.

El presidente de la Junta de Gobierno era desempeñado por Bader Rachid Lichi, quien procedió a borrar del padrón colorado a Lino César Oviedo, en una polémica actuación. No obstante, además de los de Reconciliación Colorada, apoyaron la decisión Enrique Riera (h) y Diógenes Martínez, quienes aseguraron que de acuerdo con los estatutos, un condenado no podía figurar en el padrón.

Otro elemento interesante fue el internismo que desató en el propio seno de UNACE, la valla legal que se levantó contra la candidatura de Oviedo. Por una parte, sus más leales seguidores aseguraron que él sería el candidato, pero no faltaron nombres que se lanzaron como alternativas al líder del movimiento.

Lo cierto es que Oviedo inspiraba temor en algunos y pavor en otros, con la prueba suficiente de la elección interna de setiembre de 1997. Era preferible, entonces, que estuviese en prisión, o en el peor de los casos, imposibilitado de competir.

FUERZAS ARMADAS: En el seno de la cúpula militar, Wasmosy había hecho una última jugada, 15 días antes de asumir Cubas, pasando a retiro a sus comandantes de confianza y promoviendo a otros. Así, en vez de Silvio Rafael Noguera, en Fuerzas Militares, fue designado Ramón Torres Heyn; en la Fuerza Aérea salió César Cramer y subió Osvaldo Faría; en el Ejército Santiago Zaracho reemplazó a Evaristo González; y en la Armada, en vez de Guillermo López Moreira quedó Manuel Royg Benítez.

El presidente Cubas, bajo la dirección de Oviedo, pasó a realizar una recomposición drástica, aunque no grosera. O sea, la purga fue limitada, respetándose en lo fundamental la antigüedad de los oficiales. En la Armada, donde se dio el cambio de cúpula más importante, José Ramón Ocampos Alfaro substituyó a Royg Benítez.

Hubieron otros cambios estratégicos, sobre todo para el control de las unidades con mayor poder de combate. Así, por ejemplo, la poderosa Primera División de Caballería fue entregada al general Armando Roux, mientras que en la Aeronáutica, donde había residido el mayor bastión de resistencia a Oviedo, en tiempos de Cramer, se puso como comandante de la poderosa Brigada Aerotransportada al coronel Fulgencio Hashimoto, todos oficiales de absoluta confianza de Oviedo.

Las movidas en el seno de las Fuerzas Armadas fueron realizadas con mucha discreción y con mucho orden. Y para garantizar que en el seno no surjan problemas de relevancia, se nombró como ministro de Defensa Nacional al general José Segovia Boltes, del comando estratégico del UNACE y uno de los oficiales retirados más cercanos a Oviedo.

Un segundo paso, después de la purga, fue cumplir el compromiso de reintegrar a 220 oficiales y sub oficiales, que habían sido pasados a retiro por Wasmosy, por haber firmado una carta de solidaridad con Oviedo. En octubre se tomó la determinación de reintegrarlos, escuchándose apenas tímidos reclamos en algunos sectores por tal decisión.

Esto también se presta a otra interpretación: según adherentes de UNACE, la manutención de los 220 oficiales y sub oficiales costaba a Oviedo alrededor de 150 millones de guaraníes por mes. Los mismos se desempeñaron como agentes de seguridad de Oviedo, sus familiares y principales operadores, así como de operadores directos del movimiento.

Como los oficiales y sub oficiales estaban acostumbrados a una férrea disciplina, donde nada se delibera y todo se cumple, el aparato del UNACE recibió el aporte decisivo de ese grupo humano. De ahí que cuando fueron reintegrados, más de uno pensara que los mismos eran menos peligrosos en el seno de las Fuerzas Armadas que fuera de ellas, o más concretamente en UNACE.

Desde el punto de vista institucional, no hubo avances ni retrocesos, en realidad, con respecto al Poder Militar, sensiblemente disminuido, ciertamente, por la ausencia de liderazgos legítimos. Las Fuerzas Armadas ya estaban divididas, a esa altura, entre quienes respondían a Oviedo, a Wasmosy y a Argaña, todos colorados. Lo que se podría llamar de institucionalistas no pasaban de una débil franja; más bien estaba poblada de "indefinidos", dispuestos a correr en la dirección donde mayor peso tuviera la balanza. Es decir, se estaba ante una solución precaria.

RELACIONES INTER-PODERES: Pese a la mayoría absoluta que tenía el Partido Colorado en el Congreso, la alianza de Reconciliación Colorada con los opositores, hacía que el Legislativo jugase un papel más favorable a la oposición colorada, representada por el vicepresidente Luis María Argaña.

Después de las "reacomodaciones" la bancada "A" de la Cámara de Diputados era la de UNACE, con 29 miembros, mientras que la bancada "B" era de Reconciliación Colorada, con 15 miembros. A Wasmosy le respondía un diputado. Similar situación se daba en el Senado. Ningún sector tenía votos suficientes, por ejemplo, para un juicio político (dos tercios), más aún considerando que algunos liberales de Alto Paraná se habían plegado a la bancada que respondía a Oviedo.

El tema de las "reacomodaciones" por ejemplo, se puede entender con dos simples casos: el senador Gustavo Pedrozo, ex ministro de Obras Públicas de Wasmosy, electo por la lista de la ADR, se sumó a la bancada de UNACE. Lo mismo hizo Marciano Torales, ex apoderado legal de Reconciliación Colorada, cuando las internas de 1996 y 1997.

De todas maneras, UNACE no consiguió tener mayoría, lo que terminó favoreciendo la instalación de una relación tensa entre el Ejecutivo y el Legislativo, que a su vez, terminó dando lugar a fuertes versiones sobre planes para disolver el Congreso. Denuncias concretas en ese sentido, aunque nada responsables, fueron hechas por Walter Bower, presidente de la Cámara de Diputados, y Francisco De Vargas, liberal, vicepresidente de la Cámara de Senadores.

Por otro lado, otro foco de conflicto se había instalado entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, al resistirse éste último a subordinar sus actuaciones a las disposiciones de la Corte, como en el caso concreto del Decreto 117. El tema puntual de las relaciones inter-poderes, permeada visceralmente por el internismo colorado, era otro problema de difícil solución.

Paraguay entraba, así, a 1999, arrastrando situaciones conflictivas agudas de difícil resolución.

MARZO SANGRIENTO

Durante dos primeros meses de 1999 se generalizaron las expresiones de disconformidad con Cubas Grau por el incumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que Oviedo retorne a la prisión para cumplir la condena de 10 años:

- la embajadora de los Estados Unidos, Maura Harty, advertía sobre que su país sólo mantenía relaciones con gobiernos democráticos,

- la Iglesia se sumó al pedido de riguroso cumplimiento de la ley, manifestándose expresamente favorable al retorno de Oviedo a prisión,

- la Corte Suprema de Justicia - ya bajo la presidencia de Wildo Rienzi - dio 72 horas de plazo al presidente para que cumpla con lo dispuesto por la máxima instancia judicial, y - se organizaron manifestaciones a favor del cumplimiento de lo dispuesto por la Corte.

Paralelamente existían negociaciones - que en rigor se habían ya iniciado durante los dos últimos meses de 1998 - en las que los principales actores políticos buscaban algún tipo de entendimiento o de fórmula para salvar la situación. La oposición manejaba tres ofertas, de tres sectores colorados:

1. OFERTA CUBAS: participación en el gobierno, en diversas instancias, a cambio de apoyo sostenido para que Oviedo quede en libertad, tras el cumplimiento de una pena a ser acordada - entre 6 meses y un año - y con libertad para dedicarse a las actividades políticas.

2. OFERTA ARGAÑA: participación de la oposición en un Gobierno de Unidad Nacional, a cambio de apoyo para realizar el juicio político para la destitución del presidente Cubas Gran.

3. OFERTA WASMOSY: la formación de un gobierno de coalición, con la plena participación de todos los partidos, a cambio del apoyo a una salida militar para la destitución de Cubas y la concreción de la prisión de Oviedo.

De hecho, en diciembre de 1998, tanto Caballero Vargas como Laíno manifestaron estar de acuerdo en negociar sin condiciones con Cubas, o sea con Oviedo. La idea era llevar adelante una nueva versión del "Pacto de Gobernabilidad", con parcelas más interesantes para la participación de la oposición en el gobierno.

Hay indicios, también, de una negociación llevada adelante entre Reconciliación Colorada y UNACE, la que se cerró por la simple razón de que Oviedo no podía "oxigenar" a su más temido adversario.

Con la oposición no había grandes problemas, pues no exigían mucho, por una parte, ni representaban peligro alguno para el futuro control político hegemonizado por el Partido Colorado, por otra parte, ya bajo el control, a su vez, de UNACE. En el Encuentro Nacional habría que sacar de en medio a Filizzola, y se procedió a invertir, entonces, en el proyecto Euclides Acevedo, quien junto con Caballero Vargas estaba en las tratativas.

Pero la oposición, en rigor, estaba en la situación engorrosa de un pancho, presionado por ambos lados: la tentación de cuotas de poder - que si bien existían de todas las partes, la que ofrecía Cubas era la más concreta -, y la presión de sus bases, que manipuladas por gran parte de la prensa, presionaba por una salida que en el peor de los casos implicase la prisión de Oviedo, y en el mejor, la prisión del militar y la destitución de Cubas. Parecía menos posible. La Corte y el Congreso incrementaron la presión en marzo: para el presidente del Poder Judicial había un resquebrajamiento del Estado de Derecho; y la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió iniciar el juicio político al presidente por mal desempeño en sus funciones.

En el Partido Colorado, los partidarios de Oviedo intentaron desalojar a las autoridades; hecho que provocó que en sesión de la Junta del 14 de marzo se decida la prolongación del mandato de la misma, que fenecía en abril de ese año.

Pero la situación asumió otra dirección a partir de la más cobarde y vil de las acciones que se produjeron en esos 10 años de transición a la democracia.

Eran como las 09:00 de la mañana del día 23 de marzo, cuando asesinaron de manera alevosa al vicepresidente de la República, Luis María Argaña. El hecho sacudió al país entero, pues alguien había pateado el tablero. Ese tipo de barbaridades no hacía parte de las reglas del juego.

Resulta imposible substraerse a la subjetividad al referirse al suceso, pues no existe calificativo que sea suficiente para repudiar el abominable asesinato. Resulta igualmente imposible decir con seguridad quién mató a Argaña, y sobre todo quién o quienes ordenaron que se lo mate.

Lo que sí es claro es que no se trató de una decisión apresurada, producto de un arrebato pasajero. Se trató de un crimen muy bien pensado, en todos sus aspectos, con cuya perpetración se buscaba objetivos que posiblemente fueron alcanzados.

No fue pura coincidencia, por ejemplo, el hecho de que el asesinato se produjese en el mismo día en que se con-centraban en Asunción miles de campesinos, que se habían trasladado hasta la capital para solicitar la condonación de sus deudas.

La ciudadanía reaccionó indignada, y el dedo acusador se dirigió hacía una sola dirección, posiblemente equivocada: Oviedo. Para el mediodía de ese mismo 23 de marzo, las calcomanías de "la esperanza de la gente" habían desaparecido como por arte de magia. Esa es una de las posibilidades, justamente: disparar contra Argaña y acertar a Oviedo.

Lo concreto es que en horas se vino al suelo la popularidad de Oviedo, por lo menos en ese momento. Es que la gente común reacciona más afectiva que racionalmente, pero como no es objeto del presente trabajo entrar a investigar los móviles del crimen ni los posibles culpables - investigaciones que en rigor corresponde a especialistas en criminalística, y no a periodistas -, se pone punto final a las especulaciones y se avanza.

Los primeros en reaccionar fueron los sectores sociales organizados. Los sindicatos convocaron a una huelga general, de acatamiento razonable en algunos sectores de alto nivel de organización y buen nivel de movilización, como el caso concreto de SITRANDE.

De manera espontanea se concentraron en la plaza centenares de ciudadanos, en su mayoría ex militantes y activistas de organizaciones de izquierda que habían combatido contra el stronismo, a los que se fueron sumando desordenadamente algunos centenares de jóvenes y algunos referentes políticos de la oposición.

Las primeras manifestaciones de protesta contra el alevoso asesinato de Argaña coincidieron con la realización de un acto de la Federación Nacional Campesina, FNC, frente a la sede del Congreso. Los dirigentes campesinos dispusieron que su manifestación fuese cercada por un sistema propio de seguridad, resultando que los primeros manifestantes de protesta por el magnicidio recibían palos de la policía y palos de la "guardia campesina".

"Nuestro tema es social, no político", decía Areco desde el palco, instando a sus compañeros a "no hacerle el juego a los oportunistas". Durante toda la noche se dieron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Al retornar los campesinos a sus dormitorios: plaza Uruguaya y ex Seminario, los manifestantes ocuparon la plaza frente al Congreso, desde donde ya no saldrían sino días después.

Para el día siguiente - 24 de marzo - sin embargo, la FNC se sumó a la manifestación ciudadana, llegando a la plaza coreando la consigna "juicio político y condonación".

Ocurre que durante la noche del 23, un grupo de parlamentarios negoció con la FNC, ofreciéndoles la aprobación de la ley de condonación de deudas, a cambio de apoyo a la movilización por el juicio político a Cubas.

El 24 de marzo la Cámara de Diputados decidió iniciar el juicio político para destituir al presidente. Se logró una mayoría ajustada, al impedir que "Teruco" Pappalardo vote. El político fue golpeado y encerrado en un baño mientras se procedía a votar. Tras recibir la resolución de la Cámara de Diputados, los senadores se constituyeron en tribunal para juzgar a Cubas.

El día 25, tras decidirse la condonación de deudas a los campesinos, parte importante de éstos retornan a sus hogares, limitándose la movilización a unos pocos sindicatos, ex militantes y activistas de izquierda dispersos, centenares de jóvenes que se sumaron espontáneamente y aislados referentes sindicales y políticos partidarios. La policía reprimía con saña a los manifestantes; los medios de comunicación instaban a la ciudadanía a alzarse en solidaridad con los que estaban en la plaza; en ningún momento hubo presencia de seccionales ni referentes políticos del Partido Colorado.

UNACE comenzó a movilizar su gente el día 25, dividiéndose las plazas ubicadas frente al Congreso en dos sectores: la ocupada por UNACE, con protección policial, entre Alberdi y 14 de mayo, para ubicar a los dos grupos por espacios ocupados; y la manifestación de apoyo al juicio político, desde Alberdi hasta la Catedral Metropolitana, calle Independencia Nacional.

El plan de UNACE era simple: desalojar la plaza, bajar el nivel del conflicto en el ámbito social, y al nivel de los parlamentarios comprar los votos necesarios para garantizar que no haya los dos tercios necesarios para aprobar el juicio político.

Durante el día 26 se dieron varios hechos claves: durante la mañana se dio un fuerte enfrentamiento con la policía, quien dejó sin protección a los partidarios de Oviedo, siendo violentamente desalojados. Los manifestantes, que totalizaban alrededor de 3.000, se alzaron con las carpas y materiales de apoyo de los de UNACE e incendiaron tres vehículos. Se pasó a ocupar las tres plazas del Congreso, quedando los de UNACE sobre la calle 14 de mayo.

Ese día, también, asumió como ministro del Interior el hermano del presidente, Carlos Cubas, con la intención de ayudar a racionalizar la actuación de la policía. Esta dejó de reprimir a los manifestantes, pero también hizo vista gorda ante las acciones armadas de los partidarios de Oviedo, quienes esa noche comenzaron a disparar contra los manifestantes.

Esa noche se habló de la intervención de las Fuerzas Armadas. De hecho, varios tanques salieron de la Caballería para dirigirse a las plazas del Congreso, pero no pudieron acercarse, pues la zona había sido aislada con todo tipo de objetos: desde vehículos particulares, que fueron deliberadamente abandonados por sus propietarios, hasta camiones de la Municipalidad de Asunción, que fueron trasladados a la zona por disposición de Martín Burt, pasando por barricadas que los manifestantes montaron apresuradamente con los objetos que encontraban a paso.

Esa madrugada fue terrible: más de 800 heridos de balas y 7 muertos. Personal de la televisión colombiana tenía imágenes de dos pistoleros del bando de UNACE, Walter Gamarra y Martín Flores, quienes impunemente disparaban sus armas de fuego contra la manifestación. Desde el edificio "Zodiac", otros francotiradores también disparaban. El fuego de las armas era cubierto por el incesante intercambio de petardos.

(Desde el Congreso también se produjeron disparos, pero contra el "Zodiac", como pueden testimoniar decenas de personas que vieron de cerca la posición en que fue ron puestas las armas de fuego en momentos de disparar. Además, los disparos fueron pocos y esporádicos, por lo que no pasa de una intención descabellada la campaña periodística de algunos medios de comunicación, de sembrar dudas sobre cuáles balas mataron a los manifestantes.)

El día 27 de marzo fue relevado de su cargo el Comandante de la Policía Nacional, Niño Trinidad Ruiz Díaz. Ya muy tarde, el nuevo ministro del Interior, Carlos Cubas, se jugaba a limpiar el prestigio de su hermano, el presidente. La situación era insostenible.

Los rumores de golpe arreciaban, decidiéndose en determinado momento, el día 28, desalojar la plaza; sugerencia a la que también adhirió en ese momento el padre Oliva. Parte de los manifestantes se resistieron a dejar la plaza, y el desarrollo de los hechos les dio la razón.

Esa tarde, Oviedo huyó del país con dirección a la Argentina, donde rápidamente el presidente Carlos Saúl Menem, su amigo, le concedió asilo político. Fue después de que Fernando Henrique Cardoso le había comunicado a Cubas que su Presidencia había llegado a su fin, y que enviaría un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para buscarlo.

Ahí sí se volcó la ciudadanía a las plazas, y ahí sí por primera vez aparecieron los afiches con el slogan "Argaña vive", y mostraron sus rostros los dirigentes de base y de cúpula del Partido Colorado. De hecho, venían para lo mejor: el postre, la hora de la distribución de la torta, de la que ni siquiera un mísero pedazo iría a tocar a quienes hicieron posible - movidos por sus convicciones y no por zoquetes, por cierto - la salida de Cubas Grau de la Presidencia.

FRUSTRADA UNIDAD

La misma noche del día 28 de marzo, teniendo como telón de fondo una imponente manifestación ciudadana, asumió como presidente de la República Luis Angel González

Macchi, presidente del Congreso, en cumplimiento de lo que dispone la Constitución del Paraguay en cuanto a línea de sucesión. Para asombro de todo el país, anunció que sería cabeza de un "Gobierno de Unidad Nacional", cuyos componentes serían todos los partidos políticos.

Dando cumplimiento al compromiso, designó a los liberales Luis Alberto Wagner, en Agricultura y Ganadería, y Miguel Abdón Saguier, en Relaciones Exteriores. También nombró a los encuentristas Guillermo Caballero Vargas, en Industria y Comercio, y Silvio Ferreira en Justicia y Trabajo. La integración del resto del gabinete se hizo con referentes colorados de Reconciliación Colorada, fundamentalmente.

El "Gobierno de Unidad Nacional" despertó inmediatamente simpatías en amplios sectores de la población, si bien hubo una generalizada reacción adversa ante la designación de algunos ministros cuyos nombres estaban muy fuertemente vinculados al stronismo, como los casos de "Icho" Planás y Martín Chiola.

En menos de un año, sin embargo, su credibilidad se arrastraba por el subsuelo de la República. Los resultados de las mediciones eran contundentes: 7 de cada 10 paraguayos consideraban mala la gestión de González Macchi. Al principio se pensaba que la salida sería la convocatoria a nuevas elecciones, pues había renunciado el presidente y había sido asesinado el vicepresidente. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, emitió una sentencia el 29 de abril de 1999, habilitando a González Macchi para concluir el período presidencial. Ningún partido, de hecho, estaba en condiciones de ir a una nueva votación: la población estaba cansada de elecciones, los partidos tenían escasa credibilidad y escasos recursos, y todos - sin excepción - tenían temor al porcentaje del electorado que podría manejar Oviedo.

En las diversas esferas de la realidad política, la situación del período que se extendió entre marzo de 1999 y marzo del 2000 fue la siguiente:

PARTIDO COLORADO: el asesinato de Luis María Argaña y el exilio de Lino César Oviedo cambió radicalmente la situación interna del partido. De hecho, la pugna por el control de la Junta de Gobierno venía siendo disputado por dos poderosos sectores: RECONCILIACIÓN COLORADA y UNACE. Y si bien el candidato de Reconciliación para enfrentar a UNACE era Nicanor Duarte Frutos, todos tenían plena consciencia de que se jugaba todo el prestigio de Argaña contra el de Oviedo.

La Acción Democrática Republicana, ADR, liderada por Wasmosy no tenía chances de un desempeño relevante; más bien se había lanzado para negociar espacios y se constituyó en una suerte de apéndice de Reconciliación Colorada. Y el proyecto Enrique Riera (h) era aún más débil.

Después del marzo sangriento, sin embargo, la situación interna del partido se modificó drásticamente, pues:

- Se desató una purga interna amplia, vía desafueros de parlamentarios y detención de los principales referentes colorados vinculados con Oviedo, como los casos del ex vicepresidente Angel Roberto Seifart, del ex negociador plenipotenciario Octavio Gómez, del ex jefe de los juristas del UNACE José Francisco Appleyard, y de algunos de los operadores de primera línea Sebastián González Quintana y Miguel Angel González Casablanca. Otros dirigentes prominentes del UNACE abandonaron el país, como Conrado "Teruco" Pappalardo, José Segovia Boltes y Víctor Galeano Perrone; y otros se replegaron, como Gerardo Doll, pasando a presentar un perfil bajo, a fin de seguir manteniendo las posiciones que ocupaban en el Congreso o en sus actividades empresariales.

- El partido quedó sin liderazgos fuertes: Bader, Duarte Frutos, Barchini, Bower, Nelson Argaña y el propio González Macchi demostraron sobradamente que no tenían el suficiente arraigo, carisma y popularidad como para alcanzar una rápida legitimidad entre los colorados. Habían heredado un movimiento poderoso, pero el liderazgo no se heredaba; se ganaba tras un intenso y exitoso trabajo, que no habían hecho ni vendrían a hacer. Wasmosy y su ADR, por su parte, no consiguieron implantarse, pese a que disponían de recursos económicos inmensos y que sus coordinadores eran militares retirados.

- Se instaló un factor de inestabilidad, a partir de la agresiva campaña que lanzó Lino César Oviedo, quien mantuvo su estructura de base más o menos intacta.

Fuerzas Armadas: en el seno del Poder fáctico se produjo una verdadera "limpieza étnica", siendo pasados a retiro centenares de oficiales que le habían sido leales a Oviedo, o que se presumían podían ser leales al caído general.

La purga se extendió a todas las fuerzas, pero sobre todo los cambios fundamentales se dieron en el Ejército, donde por su pasado y por su alto poder de combate, mayor influencia tenía Oviedo.

Como ministro de Defensa Nacional había sido nombrado el hijo del asesinado Luis María Argaña, Nelson, dispuesto a escuchar cualquier "yaguareada", aunque la fuente fuera nada más que la de un mayor o de un civil.

Como asesor del presidente de la República para cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas había sido nombrado el general Santiago Zaracho, quien al haber sido hombre de confianza de Oviedo en tiempos pasados, se suponía tenía conocimientos suficientes sobre los hombres que le respondían al desplazado general.

De todas maneras, los pasados a retiro no fueron todos los seguidores de Oviedo, pero los puestos claves fueron ocupados por personas que garantizaban lealtad al nuevo gobierno. La Armada - fuerza que demostró mayor grado de equilibrio en el período - resultó ampliamente beneficiada. Así, cuando Ramón Torres Heyn, Comandante de las Fuerzas Militares, fue pasado a retiro, lo substituyó José Ramón Ocampos Alfaro, quedando como Comandante de la Armada, Miguel Angel Candia.

Y cuando en una nueva movida, ya en el 2000, Ocampos Alfaro asumió como ministro de Defensa Nacional, Miguel Angel Candia pasó a Fuerzas Militares, y en la Armada quedó López Cañete, como Comandante, y Julio Baéz como Jefe de Estado Mayor.

Después de reiterados manoseos, las figuras se fueron desplazando con mucho dinamismo en las Fuerzas Armadas. Rodríguez ascendió a decenas de coroneles para substituir a los antiguos jerarcas stronistas; después Wasmosy,  primero siguiendo órdenes de Oviedo, y después de abril, aceptando "sugerencias" de su nueva cúpula, realizó varias purgas; Cubas Grau, a su vez, volvió a "limpiar" las Fuerzas Armadas; y, finalmente, bajo el gobierno de González Macchi se produjo lo que dio en llamarse "desoviedización" de las diversas fuerzas militares.

Tres grandes jugadores, sin embargo, mantienen amplias influencias en las Fuerzas Armadas: Oviedo, Wasmosy y Reconciliación Colorada, todos del Partido Colorado, pudiendo asegurarse que la franja "institucionalista", sí existe, se trata de un fino y débil cordón.

Desde que se inició la transición, en febrero de 1989, se aseguró que la misma se desarrollaba bajo la tutela de las Fuerzas Armadas; apreciación profundamente errada, que se derivaba mecánicamente del papel que había desempeñado bajo el gobierno de Stroessner.

Los que sí administran y orientan la transición son los factores internacionales de poder. Así, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso aseguró, a comienzos del 2000, que las autoridades de su país intervienen directamente en el proceso político paraguayo. Y cuando llega al país el jefe del Comando Sur, los militares paraguayos se alinean como velas; y cuando viene un Peter Romero, del Departamento de Estado, se toma nota de todo lo que indica; para no ir lejos: desde la embajada se "sugieren" las medidas fundamentales a tomar.

Después del fin de la "guerra fría" en el mejor de los casos, las Fuerzas Armadas constituyen el brazo armado de los que tienen el poder, dándose una verdadera carrera entre los oficiales de más alta graduación por "ponerse bien" con los gobernantes de turno, "trepar", en términos más comunes.

En el Paraguay, por lo menos, dominado por la inestabilidad y la vulnerabilidad, los militares se acuartelan cada vez que se dice que Oviedo Silva fuerte. Así, desde marzo de 1999, en que asumió el "Gobierno de Unidad Nacional" se ha acuartelado durante 81 días, en 10 meses; más veces y más tiempo que bajo el prolongado gobierno de casi 35 años de Alfredo Stroessner.

UNIDAD NACIONAL: la política oficial que apostaba a la unión de los tres principales partidos políticos del país en el gobierno, hizo agua rápidamente. El Partido Liberal, disconforme con su cuota, amenazó con retirarse desde el mes de abril de 1999, y después del fracaso de las negociaciones de noviembre y diciembre de ese mismo año, cuando el gobierno dijo NO a los 40% del gobierno que reclamaba el Partido Liberal, se oficializó la ruptura el 6 de febrero del 2000. El Encuentro Nacional, cuya debilidad extrema se había puesto de manifiesto tanto en las municipales de 1996 como en las nacionales de 1998, pasó a constituir un apéndice de Reconciliación Colorada, con la sola finalidad de otorgar un "maquillaje" de pluralidad al gobierno.

El plan de Reconciliación Colorada era repartir la torta, bajo su hegemonía, y convocar a elecciones para vicepresidente sobre la base de un candidato de consenso. Los liberales reclamaron la indicación del candidato, pero no hubo acuerdo, pues los colorados argumentaron que el partido había ganado las elecciones de 1998 y correspondía a un colorado el lugar. Ahí fue que los liberales condicionaron su apoyo a los 40%, punto sobre el cual tampoco hubo acuerdo.

Malograda la Unidad, había que ir a elección de vicepresidente, marcándose como fecha para la misma el 13 de agosto del 2000.

Gran parte de estos años, el país vivió pendiente de las actuaciones de la Justicia para arrojar claridad sobre el asesinato de Argaña. Un testigo "trucho", Gumercindo Aguilar, responsabilizó del crimen a Lino Oviedo y "Teruco" Pappalardo, entre otros, pero la versión fue subestimada por completo, cuando apareció el supuesto "sicario", Pablo Vera Esteche. No obstante, en julio de 1999 habían asesinado a "Coco" Villar, supuesto participante, de acuerdo con la primera versión, en el marco de una rara operación militar, con participación de efectivos de la Secretaría Nacional Anti-Drogas, SENAD, y efectivos de la Guardia Presidencial, RGP.

A casi dos años de investigación, de hecho, hay más confusión que claridad sobre el polémico asunto; aportando mucho para ello las extrañas actuaciones del juez Jorge Bogarín, responsable del caso en el ámbito judicial.

Por otra parte, el gobierno se puso a atribuir todo el clima de inestabilidad y de vulnerabilidad institucional que domina la República a Lino César Oviedo.

CRISIS GENERALIZADA: el país funciona inercialmente, sin Norte y sin brújula; sin plan de vuelo y sin piloto, hundiéndose en un estado de miseria, de corrupción, de atraso y de construcción de nuevas deformaciones. De acuerdo con referentes de la Iglesia, "el país está en manos de grupos mafiosos".

El principal programa del gobierno es "la Reforma del Estado", equivalente a privatización de las empresas públicas, achicamiento del Estado y flexibilización de las relaciones laborales. Todo intento que se ha hecho en esa dirección, sin embargo, ha encontrado trabas insalvables, ya sea en el Congreso, ya sea en el partido de gobierno, ya sea en la sociedad, sobre todo a través de los sindicatos de los trabajadores de las empresas públicas y los sectores campesinos organizados.

Se trata, no obstante, de un programa impuesto al país, que se trazó y se trata de implementar sin calentar sí es eso o no lo que el país precisa.

La realidad del gobierno González Macchi puede resumirse de la siguiente manera, sin exagerar:

- se reprime igual que en tiempos de Stroessner (Casi dos decenas de muertes en menos de dos años, apaleamientos y casos de tortura),

- se trabaja menos a escala gubernamental que en tiempos de Rodríguez,

- se roba más y hay mayor inestabilidad que en tiempos de Wasmosy, y

- se manosea más a las instituciones que en tiempos de Cubas Grau.

Un sociólogo aseguró, recientemente, que actualmente hay más lesionados que los que se produjeron durante la guerra del Chaco; y es probable que sea así.

Fuente:

LOS COLORADOS Y LA TRANSICIÓN

Obra de ROBERTO PAREDES

Diseño de tapa

arte final: Cayo Amarilla

Queda hecho el depósito que marca la ley.

Asunción – Paraguay

Febrero de 2001 (203 páginas)