LAS REVUELTAS COMUNERAS
LAS REVUELTAS COMUNERAS
Uno de los temas más difíciles de tratar en la Historia del Paraguay es el referente a las Revueltas Comuneras. En especial porque se ha elaborado una narración que se suele presentar como la única verdadera. Sin embargo, como dijimos en la bibliografía, esta versión de la historia se ha desarrollado sin una investigación seria y profunda.
Parte del problema, y aunque suene paradójico, es que existen muchas fuentes de primera mano sobre las revueltas, en especial sobre la primera etapa que va desde 1721 hasta 1725.
Por un lado el jesuita PEDRO LOZANO nos dejó dos voluminosos tomos que justamente se llaman HISTORIA DE LAS REVOLUCIONES DE LA PROVINCIA DEL PARAGUAY (1721-1735). Lozano era un jesuita contemporáneo a los hechos por lo cual de su relato se pueden sacar informaciones importantes sobre la sociedad. EFRAÍM CARDOZO señala en su monumental obra, HISTORIOGRAFÍA PARAGUAYA, que "ha de ser imposible comprender cabalmente aquel fenómeno histórico [las revueltas], hasta ahora tan poco estudiado, sin leer el alegato de Lozano, considerado como tal; sin necesidad de expurgaciones ni acotaciones".
Por otro lado, JOSÉ DE ANTEQUERA Y CASTRO también nos legó una rica documentación que se conservó de la manera siguiente. Cuando los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la corona española en 1767, desde Madrid buscaron material para inculpar a los jesuitas y justificar su expulsión. Entre esos materiales se encuentran las obras de Antequera. Las mismas autoridades españolas que antes decretaron su muerte ahora lo rescatan y lo utilizan para su servicio. Se editaron cuatro tomos con la Colección general de documentos que fue publicada en Madrid en 1769 en la Imprenta de la Real Gazeta. El que nos interesa es el tercero de estos tomos que contiene primeramente el "Memorial Ajustado de los Autos y hechos de la Provincia del Paraguay, remitido por la Real Audiencia de la Plata al Excmo. Sr. Marques de Castelfuerte, Virrey del Perú, en defensa de las operaciones del Sr. Pesquisidor D. Josef de Antequera y Castro"; además las dos cartas de Antequera escritas al obispo auxiliar Fray José de Palos. A estas dos obras se le añade la "Copia del Informe, que hizo en la Villa del Potosí el General D. Mathias de Anglés y Gortari, Corregidor que era de ella, sobre los puntos que han sido causa de las discordias sucedidas en la Ciudad de la Asunción, de la Provincia del Paraguay, y motivaron la persecución de D. Josef de Antequera de parte de los Regulares de la Compañía".
Los dos tomos de Lozano se publicaron en Buenos Aires, en 1905 por Edición Cabaut. Del primer tomo hay una edición paraguaya hecha en Asunción por Cromos en 1986. Las cartas de Antequera fueron publicadas en una edición facsimilar en Asunción en 1983 por Cabildo Editora, y el informe de Anglés y Gortari también en Asunción en 1896 por Uribe bajo el título Los jesuitas en el Paraguay. El memorial se encuentra en la muy útil Biblioteca Virtual del Paraguay. Es decir, contamos con todas estas fuentes a mano.
Pero exactamente la cuestión es que éstas son las fuentes con las cuales el historiador tendrá que construir su historia. No se trata de tomar partido por uno o por el otro, ni siquiera de buscar ese justo medio. Sino hay que tomar esos escritos como parte del material con el cual escribir. Es imposible comprender la revuelta de los comuneros sólo con ese material. Estos libros no nos dicen nada, por ejemplo, de la población del Paraguay, de la distribución de la tierra o de la vida de los esclavos e indígenas. Sólo por citar algunos temas que estuvimos viendo.
Es por seguir demasiado a rajatabla estas obras que se han tratado las revueltas comuneras como una confrontación entre la Compañía de Jesús por un lado y los comuneros por el otro; son pocos los que han visto el conflicto dentro de un contexto social y económico, podemos citar a Juan Carlos Garavaglia, y menos aún los que pensaron el problema ubicándose en el lugar del indígena, como Branislava Susnik.
Hay que reconocer que tampoco es un tema sencillo, ya que las revueltas tienen dos etapas: la primera durante el GOBIERNO DE ANTEQUERA, entre 1721 y 1725; y la segunda cuando MARTÍN DE BARÚA, quien había sucedido a Antequera, deja su gobierno, en 1730 y que durará hasta 1735 en que BRUNO DE ZAVALA entra nuevamente en Asunción. Vayamos de a poco, despacio y con buena letra.
PRIMERA ETAPA, ANTEQUERA EN EL GOBIERNO
El 6 de febrero de 1717 entró a gobernar don DIEGO DE LOS REYES BALMACEDA, "día verdaderamente aciago para la triste provincia, si se atienden las resulta" diría el jesuita Pedro Lozano, en una expresión que ya se hizo famosa.
Sin embargo la historia debería comenzar bastante antes. Balmaceda, andaluz de nacimiento, ya llevaba veinte años viviendo en la provincia y estaba casado con Gregoria Benítez. Ella era: sobrina de Blas de Silva, sacerdote jesuita que llegó a ser provincial entre 1706 y 1709; sobrina también de otro sacerdote jesuita, Pablo Benítez, quien fue superior de misiones entre 1721 y 1723; hermana de Andrés Benítez, Fiel Ejecutor desde 1702; cuñada de Martín de Chavarri, miembro del Cabildo desde 1711 hasta 1731; y cuñada también de Ramón Caballero Bazán, miembro del Cabildo desde 1706 hasta 1722. Como podemos ver, Reyes Balmaceda, a través de su esposa, estaba inserto dentro de las familias más poderosas de la época.
A principios del siglo, Reyes Balmaceda ya instalado en Asunción se dedicaba al transporte de yerba hacia Buenos Aires en dos barcos que poseía. Como la yerba mate tenía un precio bajo en Santa Fe, mercado en donde sí o sí tenía que pasar este producto, el Cabildo resolvió en 1705 reducir el número de barcos que descendieran a dicha ciudad.
Ciertamente, Reyes Balmaceda se veía perjudicado en su negocio por lo que ideó una estrategia para no verse obligado a tener que someterse a los turnos dados por el Cabildo asunceno. Les propuso entonces a los ministros de la Real Hacienda en Buenos Aires que él bajaría en su barco lo recaudado de los impuestos para la corona en forma gratuita a cambio de no someterse a los turnos dados.
Para los ministros fue una idea genial ya que ellos se ahorrarían el pagar el flete, sin embargo, el Teniente General de Gobernador del Paraguay JOSÉ DE ÁVALOS Y MENDOZA se opuso terminantemente. José Ávalos fue miembro del Cabildo asunceno desde 1693 hasta 1722, pero a partir de ese año de 1705 acérrimos enemigos entre los dos.
Reyes Balmaceda se dio cuenta de que se debía incorporar al Cabildo para poder tener poder de decisión y no haberse afectado en sus intereses. En 1707 entra a formar parte de dicha corporación como Alcalde Provincial, puesto que conservó hasta su nombramiento como Gobernador.
Ya habíamos visto cómo don ANTONIO VICTORIA tenía que haber sucedido a BAZÁN DE PEDRAZA, pero que había conseguido el derecho en el caso que él no pudiese asumir tuviese la potestad de nombrar a su reemplazante. Sabemos que el elegido fue nada más ni nada menos que don Diego de los Reyes Balmaceda a cambio de una cierta cantidad de yerba, la cual no habrá sido poca. En teoría Reyes Balmaceda no podría haber sido designado Gobernador ya que no sólo era residente en Asunción sino casado con una asuncena. Sin embargo, consiguió un permiso del Virrey que lo dispensaba de este defecto y entró a gobernar.
La historia nos cuenta que el nuevo Gobernador comenzó a dividir al Cabildo y en 1719 puso en prisión a su enemigo JOSÉ DE ÁVALOS Y MENDOZA junto a JOSÉ DE URRÚNUGA, otro cabildante. Al primero también le embargó todos sus bienes. Las protestas llegaron hasta Charcas (por parte de la madre de Ávalos), y entre idas y vueltas se envió a JOSÉ DE ANTEQUERA Y Castro como juez pesquisidor, quien se desempeñaba en la Audiencia como Protector de Naturales. Llega a Asunción en julio de 1721 y en seguida se pone a realizar su trabajo y encuentra que las acusaciones contra Reyes Balmaceda tienen asidero, lo suspende en su cargo y Antequera lo asume haciendo uso del título que la misma Audiencia le había dado.
La Real Audiencia recibe la acusación contra Reyes Balmaceda a quien se lo acusaba civil y criminalmente en seis capítulos. Éstas eran las denuncias que venía a comprobar su veracidad Antequera y Castro. Aunque pueda parecer un poco largo, quisiera copiar textualmente estas denuncias porque no sólo nos hablan del gobierno de Reyes Balmaceda sino que también nos permiten comprender como era la situación en la provincia por esos años. Porque lo que ocurría con Reyes, también había pasado con el resto de los gobernadores, y de ahí las quejas constantes de los cabildantes. Vamos entonces uno por uno estos seis capítulos.
"El primero, porque faltando a la fidelidad y religión del juramento, luego que entró a dicho gobierno, había movido guerra contra los indios infieles, de nación payaguás, que estaban de paz, y avecindados, bajo de la Real palabra, en el paraje que les señaló, distante media legua de la Asunción, a la orilla del río, sin haber precedido los requisitos, y consultas necesarias, asistiendo estos indios en cuanto se les ofrecía a los españoles, así en la guerra contra indios enemigos, como en todos los demás ministerios que les ocupaban; y que sin haber dado motivo dichos payaguás, pasó el dicho gobernador una madrugada con más de 400 soldados de a caballo, y con otros 100 y cinco chalupas, por el río, acometió a dichos payaguás, e hizo muertes de cerca de 1000 personas, que las más fueron mujeres, niños y viejos, y sólo se escaparon con la fuga los varones crecidos, habiendo apresado sólo, entre niños, y mujeres de 60 a 70 personas; y no contento con tan cruel estrago, dio orden para que pasasen a cuchillo a algunos indios de esta nación payaguá, que andaban divertidos por las haciendas, comprando maíz y otros frutos para su sustento y el de sus mujeres, sin haber experimentado más resistencia que la de un indio, que viendo había muerto a su compañero, dio muerte con un dardo que llevaba a un soldado del gobernador; y después de tan lamentable destrozo, había pasado a fulminar causa contra dichos payaguás, induciendo para este fin testigos falsos, y buscando pareceres, y firmas de cabos militares, y de los Reformados, ajando con palabras injuriosas a los que no quisieron firmar: de cuya injusta guerra se habían seguido graves daños, por las muertes que habían hecho los payaguás que escaparon, en venganza de la pasión de este gobernador, principalmente a los Padres Jesuitas, que fueron Blas de Silva, tío de la mujer de dicho Gobernador Reyes, y Joseph Mazo; con los indios que les llevaban las balsas, y también habían ejecutado otras muertes, y tenían infestados los caminos, así de tierra, como de río, y estaba expuesto a gran peligro el comercio de aquella Provincia, el que antes estaba con la mayor seguridad, de que había resultado grave daño a toda aquella Provincia, pues se veía precisados a una continua vigilancia y guardias, en que eran gravados los vecinos a su costa, sin poder atender al trabajo, de que dependía su sustento.
"El segundo capítulo se redujo a que también el dicho Gobernador ha destituido los Pueblos de los indios cristianos, por haber sacádolos para sus utilidades y tratos, teniendo 200 indios por espacio de más de dos años en el beneficio de la yerba, quedando destituidos dichos Pueblos, por no haber dichos indios podido cultivar sus tierras y campos, quedando sus mujeres, e hijos expuestos a perecer; y no contento con estos agravios, pasó personalmente con motivo de la visita de una nueva población de españoles, llamada Curuguaty, a conducir la referida yerba, obligando a los vecinos de la dicha población al transporte de ella hasta el embarcadero, sin pagarles un real por su trabajo; y lo mismo sucedió a muchos cabos reformados que llevó para escolta de su persona, que todos hubieron de perecer en la conducción de la yerba que trajo en cinco barcos, y dos balsas, por haberles faltado los bastimentos, en que padecieron gravísimo perjuicio muchos indios de los cristianos, pues tuvieron imponderables trabajos en tanto tiempo, sin pagarles un real por su salario, manteniéndose sólo de frutas de árboles, y raíces silvestres; y viendo los rigores del gobernador, dejaron muchos su origen, mujeres e hijos, esparciéndose por diferentes partes de toda la Provincia, de que resultaba una perniciosa consecuencia; porque viendo los demás indios de aquella Provincia la crueldad ejecutada en los payaguás, y la tiranía con que trataban a los reducidos, se conspirarían todos contra los españoles.
"El tercero capítulo se redujo al de trato y contrato contra las Leyes Reales, perjudicando gravísimamente al comercio de aquella Provincia, pues por cuenta de dicho gobernador se atravesaron dos memorias de ropa, la una a un francés, llamado Francisco Noved, en ocasión de que se había acabado de publicar una Real Cédula para la expulsión de los franceses; y la otra de géneros de mercancía de Don Manuel de la Sota, vecino de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, que habiendo pasado al Paraguay a vender sus géneros, se los había comprado dicho gobernador; y para dar expendio a estos géneros, mandó embargar todas las tropas de yerba, que venían de los beneficios, en el paraje que llaman los Ajos, y bajo de este embargo se conducía a su casa, en donde la trocaba por otra yerba dañada que tenía; y a otros les pagaba su yerba en ropa, con grave perjuicio de los interesados, pues la daba a los precios que él quería, y negando licencias a los beneficiadores para pasar a los herbajes, sino es comprándole su ropa, de que se habían seguido gravísimos perjuicios de todo el común de aquella Provincia.
"El cuarto capítulo fue haber impuesto, de su propia autoridad, una nueva sisa gabela [impuesto] sobre las embarcaciones de aquel comercio, pues con el pretexto de la guerra, a los barcos grandes agravó en que le contribuyesen 400 pesos, y a los pequeños 200 por concederles licencia para navegar; y también había prorrateado cantidad determinada de vacas, caballos y herramientas a los demás vecinos, con pretexto de la defensa, siendo para utilidad propia; y que en el paraje de los Ajos compelió a los traficantes a que de cada tropa contribuyesen por cada 20 cargas tres arrobas de yerba, que corresponde a 30 por 100, en cuyo cargo era comprendido Don Joseph Delgado, Teniente General de dicho gobernador, que se costeaba de esta gabela, y también tenía el delito de trato, y contrato, pues lo había ejercido en la Villa Rica, en donde era superintendente; y que allí mandó, o a lo menos permitió matar a un indio cristiano de un balazo, habiendo dejado ir libre al soldado que cometió esta muerte.
"El quinto capítulo fue el haber entrado a aquel gobierno, sin dispensación de la naturaleza, estando tan emparentado por su mujer en aquella Provincia con el Protector de los Naturales, y con otros Regidores, de que resultaba gravísimo daño a los indios indefensos.
"El sexto capítulo fue tener cerrado el comercio de aquella Provincia con las demás, sin permitir, ni la correspondencia de cartas, teniendo puestos guardias en todos los caminos, para que las que saliesen de aquella ciudad, las registrase primero dicho gobernador; y las que entrasen, se las llevasen las guardias a casa de dicho gobernador, en donde sólo repartía las cartas que le parecía, a fin de impedir los recursos a los Tribunales Superiores".
Previamente habíamos visto informes quejándose al rey del sistema de compra del puesto de gobernador por todas las consecuencias negativas que traía. Si las acciones de Reyes Balmaceda no fue su modelo, es sin lugar a dudas el mejor botón de muestra.
En los capítulos que se le ponen a Reyes Balmaceda se ve reflejado todo el drama de una provincia pobre que vive casi exclusivamente del comercio de la yerba mate extraída fundamentalmente por los indígenas de los nueve pueblos. Ambos grupos, el de Reyes Balmaceda-Benítez y el de Avalos-Urrúnaga tenían los mismos intereses económicos, con la diferencia que los primeros ahora tenían el poder.
Si para nuestra comprensión de las revueltas comuneras los capítulos segundo al cuarto son centrales, y desgarradores, en su momento a la Audiencia de Charcas le resultó capital el primero y último. Seguramente porque con estos dos no quedaban atrapados en las disputas internas de la élite paraguaya. Los oidores de la Audiencia sabían que las quejas corrientes contra los gobernadores eran de este estilo en donde el fin no era defender las vidas de los indígenas, sino más bien no permitir que otro grupo se hiciese con todo el beneficio del comercio.
Por otro lado, sabemos que al concluir cada gobierno se le realizaba al gobernador un juicio de residencia, es decir, se hacía una investigación sobre su actuar en el puesto. A Reyes Balmaceda no le faltaba mucho para concluir su mandato por lo cual intentaba que este juicio que ahora le hacía la Real Audiencia quedase para el juicio de residencia. Es lo que procura Reyes Balmaceda y en el ínterin poder transportar su hacienda "como había hecho, a diferentes provincias, especialmente a Jujuy, en donde tenía gran porción de yerba para remitirla a estas provincias", dice el mismo Memorial. En Jujuy vivía su hijo, Carlos de los Reyes Balmaceda.
Todas estas acusaciones son las que viene a investigar Antequera, nombrado para tal misión por la Audiencia el 11 de enero de 1721. Llegó al Paraguay el 23 de julio de ese año y un mes más tarde comenzó la sumaria. Ahora es el grupo de Avalos el que se hace dueño de la situación y logra que el gobernador y su grupo no estuvieran en Asunción durante la declaración de testigos.
Hecha la averiguación sumaria y escuchados todos los testigos, la acusación queda probada. Interesante es notar que en toda esta primera parte del Memorial ajustado los jesuitas apenas si son mencionados como de referencia. En ningún momento se los relaciona en alguno de los seis capítulos. Es más, se trae a colación al jesuita Blas de Silva, tío de la esposa de Reyes Balmaceda porque él fue uno de los asesinados una vez que los payaguá se hubiesen puesto en plan de vengar la muerte de sus hermanos.
Esto es importante mencionarlo porque la historiografía ha insistido mucho en que las revueltas fueron una lucha entre comuneros y jesuitas. Si bien ambas partes estuvieron involucradas más adelante, no fue esto, ni mucho menos, lo que originó el conflicto. Como vimos por los capítulos, las razones eran de índole fundamentalmente económicas y que hacían a la relación de miembros de la élite asuncena.
Luego de haber comprobado que las acusaciones eran ciertas, Antequera abrió el sobre que la Audiencia le había dado (con la instrucción de abrirlo sólo si eran ciertas las acusaciones) en el cual estaba inserto el nombramiento de Antequera como justicia mayor de la Provincia del Paraguay interinamente.
Esta cuestión será una de las más debatidas, saber si la Real Audiencia tenía la potestad para nombrar un gobernador o no. De hecho, el Virrey no estará de acuerdo. Por otro lado, y ya es motivo de especulación, no se sabe a ciencia cierta si Antequera sabía previamente el contenido del sobre. Sería muy raro que siendo miembro de ese colegiado no estuviera al tanto del mismo, pero oficialmente no sabía.
Igualmente en el mismo Memorial se recoge esta anomalía, "lo que parece ser contra lo resuelto en la Ley Real, que prohíbe el que entren en los cargos de pesquisados los jueces pesquisidores, so pena de la nulidad de todo lo que actuaren, y las demás que en ellas se contienen”. La defensa de Antequera es que esta prohibición no tenía efecto en ministros que fuesen togados, ya que no se podría aplicar esto "en aquellos que son dignos de especial nota y mención". Es claro que lo que no se pudo resolver en aquella oportunidad es muy difícil que lo logremos nosotros, pero es importante señalar que ya en esos momentos existía la disputa.
Antequera asumió el gobierno el 14 de septiembre de 1721, puso en prisión a Reyes Balmaceda, le confiscó los bienes y tres días más tarde escuchó su testimonio, argumentando capítulo por capítulo. Una vez más el tema jesuítico no aparece en estas declaraciones de Reyes Balmaceda.
Antequera, una vez que asumió el gobierno, tampoco podía mantenerse ajeno a los mismos problemas de la élite que había enfrentado Reyes Balmaceda. De hecho, en los cuatro años que estuvo no sólo repartió mercedes reales, las que ya vimos y a quienes, sino también repartió encomiendas. Del volumen 419 de la sección Nueva Encuadernación del Archivo Nacional de Asunción hemos elaborada la siguiente lista.
Tabla VII
Encomiendas otorgadas por don José de Antequera y Castro, 1722-1725
Fecha/ Destinatario/ Cantidad de indios
18/3/1722 - Capitán don Miguel de Garay - 7 indios originarios
19/6/1722 - Capitán José de Melgarejo - 9 mitarios de Itá
2/12/1722 - Sargento Mayor Miguel de Saldívar - 19 mitarios de Caazapá
24/2/1723 - Castellano Andrés de ¿? y Zárate - 12 mitarios de Caazapá
16/3/1723 - Don Diego Ponce de León y Zárate - 55 mitarios de San Ignacio
16/3/1723 - Juan José de Villamayor - 2 originarios
31/3/1723 - Don Ignacio de las Cuevas - 15 mitarios de Atyrá
2/4/1723 - Sargento mayor Francisco Moreno - 26 mitarios de San Ignacio
21/6/1723 - Teniente maestro de campo general Bernardo de Villamayor - 2 indios originarios
6/10/1724 - Sargento mayor Antonio González García - 24 mitarios de Itá
4/11/1724 - Alférez Antonio Báez - 34 mitarios de Caazapá
23/12/1724 - Sargento mayor José de ¿? - 10 mitarios de Guarambaré
24/12/1724 - Teniente Juan Duarte - 27 mitarios de Caazapá
29/12/1724 - Capitán don Juan de Orrego, regidor - 2 indios originarios
14/2/1725 - Capitán Don Juan Riquelme de Guzmán - 18 mitarios de Yaguarón
26/2/1725 - Capitán José de Rodas - 5 mitarios de Altos
Como podemos apreciar, Antequera y Castro continuaba con la misma lógica de los anteriores gobernadores, como no podría ser de otra manera. Los beneficiarios eran fundamentalmente personas con rango militar y miembros de la élite.
Por otro lado, cuando ya todo le hacía prever a Reyes Balmaceda que la sentencia definitiva iría en su contra, se escapa de su prisión domiciliaria el 15 de abril de 1722. Acá concluye la primera dase de la primera etapa de las revueltas comuneras.
No es difícil ver en este proceso un típico conflicto de intereses políticos y económicos entre distintos grupos de la élite del lugar. Incluso conflicto a nivel gubernamental entre la Real Audiencia y la autoridad del Virrey. Todo hubiese sido nada más que esto, un mero conflicto, si no fuera porque Reyes no se dio por vencido. Y apoyos no le faltaban, al punto de contar con Reales Cédulas a su favor, del 28 de junio de 1722 y del 5 de mayo de 1723.
Estando en la huída le llegó un despacho del Virrey en donde le manda que siga en su cargo de Gobernador. De esta manera emprende el camino de regreso, deteniéndose en las misiones jesuíticas, recordemos que el superior de las mismas en esos años era Pablo Benítez, tío de su esposa. Sin llegar a Asunción le escribe al Cabildo para que lo aceptasen nuevamente como Gobernador, pero este órgano prefiere no responder acusándolo de reo.
Reyes Balmaceda vuelve sobre sus pasos, termina refugiándose en Corrientes, y de ahí es prendido (otros dirán raptado) el 21 agosto 1723 y llevado a Asunción donde permanece en la cárcel hasta dos años más tarde.
La Compañía de Jesús que no había aparecido en escena hasta ese momento, vistos los despachos del Virrey da todo su apoyo a la autoridad central. De hecho el Virrey le pide soldados de las misiones para acompañar a Baltasar García Ros en su viaje a Asunción para detener a Antequera. García Ros había sido ya gobernador interino de Paraguay entre 1705 y 1707 y también gobernador de Buenos Aires una década más tarde.
Se arma dicho ejército, pero son derrotados el 25 de agosto de 1724 en la batalla del Tebicuary. Es ahí entonces que Bruno de Zavala, gobernador en Buenos Aires, asume el mando de la misión pero él sí pudo entrar en Asunción y si bien liberó a Reyes de la cárcel no lo reinstaló en el gobierno sino que puso como tal al Teniente General de Santa Fe, MARTÍN DE BARÚA.
En esta segunda fase de la primera etapa de las revueltas sí están involucrados los jesuitas. No sólo porque los asuncenos los veían como los principales instigadores, sino que al estar al frente de las milicias misioneras estaban en el mismo frente de batalla. Cuando GARCÍA ROS es derrotado el principal botín que le sacan es un cofre lleno de cartas de los mismos jesuitas o de los jesuitas entre sí: en total se confiscaron 321 escritos.
Sin embargo, ya en las Actas Capitulares de 1722 se pueden leer las primeras diatribas contra la Compañía, acusan a las misiones de vender más de 12.000 arrobas de yerba como le había fijado la corona, y por tal razón el precio de la yerba en Santa Fe está cada día más bajo. Al año siguiente, al narrarle las penurias que pasa la Provincia debido a la cantidad de indios encomendados fugados y a la necesidad que tiene de defender las fronteras, le solicitan al rey que los indígenas de los pueblos bajo el control jesuítico también puedan ser encomendados.
Una vez que García Ros instaló su tienda en la otra margen del Tebicuary, con el ejército misionero, las imágenes de la anterior, y poco agradable, entrada de los guaraníes misioneros en Asunción en los tiempos del obispo Bernardino de Cárdenas, pulularon en el imaginario de la ciudad y los jesuitas fueron expulsados de su colegio asunceno en agosto de 1724.
Ya ahora no sólo estaba en juego la cuestión política, sino que la intención era también hacerse de los cuatro pueblos y encomendar a los indígenas a los vecinos de Asunción. Al día siguiente de la batalla del Tebicuary, el Cabildo reunido plantea de hecho que se expulse a los jesuitas de las misiones, que se pongan curas seculares, y que los indígenas estén encomendados al servicio de los españoles. Según Lozano, ciento cincuenta indígenas de las misiones traídos a Asunción fueron repartidos entre los partidarios de Antequera.
Antes que BRUNO DE ZAVALA entre en Asunción en abril de 1725, Antequera se escapa de la ciudad conjuntamente con algunas personas principales, entre los cuales estaba JUAN DE MENA quien había sido miembro del Cabildo, Alguacil Mayor, desde 1715. Zavala nombró como gobernador a MARTÍN DE BARÚA, quien se desempeñaba como teniente en la ciudad de Santa Fe. Antequera por su lado se entregó a la Real Audiencia quien se desentendió de él y lo derivó preso a Lima donde finalmente fue ajusticiado el 5 de julio de 1731.
INTERREGNO DE MARTÍN DE BARÚA
El gobierno de Martín de Barúa si bien calmó las aguas tampoco significó un golpe de timón. De hecho, Bruno de Zabala no realizó ningún 'castigo ejemplar' y continuaron en sus puestos los cabildantes aunque repuestos los que habían sido excluidos, y a Reyes Balmaceda se lo sacó de la cárcel pero no se lo volvió a nombrar. Es decir, para Zabala esta primera etapa tampoco significaba una perturbación demasiado grande ni demasiado diferente de lo que sucedía en otras partes.
Pareciera que el nuevo gobernador simpatizó rápidamente con las posiciones de los cabildantes respecto a que los indígenas de los pueblos jesuíticos tuviesen que ser encomendados a los vecinos asuncenos.
En la segunda carta que JOSÉ DE ANTEQUERA Y CASTRO le escribe al obispo del Paraguay fray JOSÉ DE PALOS el 30 de enero de 1728 transcribe otra carta del gobernador del Paraguay, don Martín de Barúa dirigida a los jesuitas de los cuatro pueblos "más inmediatos a esta ciudad [Asunción]" fechada el 28 de enero de 1726. En la misma se queja del proceder de los indígenas los cuales viven en esos pueblos y da como ejemplo lo que le sucedió justamente al comisario de la caballería, don IGNACIO DE OLAZAR, a quien los indígenas se abalanzaron para matarlo, lo que no sucedió pues Olazar pudo defenderse. Este Ignacio de Olazar poseía una encomienda de indios del pueblo de San Ignacio desde 1717.
La carta no avanza más que mostrar el mal comportamiento de los indígenas, pero no deja de llamar la atención que hayan tenido dicho actuar con un encomendero a quienes indígenas del pueblo de San Ignacio le tributaban. Esto se ve confirmado por la carta que le envía el gobernador Barúa al Rey el 8 de agosto de 1726. En la misma le comenta que luego de haber visitado a los pueblos de indios a cargo de los franciscanos y de los clérigos seculares ha suspendido la visita a los que estaban a cargo de la Compañía "por las circunstancias acaecidas en esta provincia" ya que, informa el gobernador, "...aunque todo quedó sosegado, los dichos indios proceden siempre a manifestar deseo de ocasionar nueva novedad como bárbaros, y habiendo de llevar en mi compañía para dicha visita a los vecinos de esta ciudad encomenderos del pueblo de San Ignacio del cargo de dichos padres, he tenido por conveniente suspender y no continuar la dicha visita de dichos pueblos...".
Piensa Barúa que los indígenas podrían llegar a insolentarse y sus temores los fundamenta en la "inobediencia que están ejecutando a las órdenes que tengo despachado para que acudan con las mitas a sus encomenderos... y no ha habido medio conseguirlo, hallándome con repetidas representaciones de los encomenderos...". Esta carta se relaciona con la citada anteriormente, y si bien el Gobernador no da cuenta al Rey del incidente con Olazar, es muy posible que sí haya ocurrido. Por otro lado, queda claro también que para estos años aún existían en San Ignacio indígenas que tenían que tributar a encomenderos particulares, aunque al parecer, no cumplían con dicha obligación.
MARTÍN BARÚA no sólo hace referencia a la situación de San Ignacio, sino que en una siguiente carta dirigida al rey, fechada un día más tarde a la anterior, el 9 de agosto de 1726, le propone algo más audaz. Teniendo en cuenta que los vecinos están ocupados en la defensa de sus tierras de los enemigos infieles le pareció conveniente que el rey "... ordenase a los numerosos pueblos de indios que doctrinan los religiosos de la Compañía, especialmente los cercanos a esta ciudad, que se mantienen sin pensión ninguna, cada uno de ellos contribuyesen por mitas alguna parte de sus indios, y estos se repartiesen a los vecinos para sus labranzas y útiles de su conservación pagándoles su trabajo según ordenanzas de este país...".
Para el Gobernador no sólo se beneficiarían los vecinos, ya que sus sementeras serían trabajadas, sino que también los mismos indígenas puesto que gozarán de libertad y se "harán más tratables, de la brutalidad en que se halla" gracias al contacto con los españoles. Además, de esta manera, la Provincia "volverá algo en el ser de su primera fundación".
Esta propuesta de Barúa llegó a Madrid el 4 de noviembre con el resto de sus cartas y el Fiscal da su parecer contrario a la misma, incluso afirma de parecerle despreciable la proposición, pero sugiere que se pidan informes. Se le pide al gobernador de Buenos Aires, don Bruno de Zabala, y éste se posiciona en contra de lo solicitado por su colega del Paraguay. Zabala no cree que se utilicen para la labranza sino que serán enviados a los beneficios de la yerba, además sostiene que los indígenas cuando no están controlados están más propensos al desenfreno. Para apuntalar esta afirmación Zabala pone como ejemplo lo que sucede con los indígenas que están bajo el control de los franciscanos. Finalmente el Rey, siguiendo el parecer del fiscal y del Gobernador de Buenos Aires, emite una Real Cédula el 27 de agosto de 1730 dirigida al Gobernador de Paraguay en donde le ordena y manda "que ahora no es conveniente la contribución de mitas que solicitáis, sino que se mantengan los indios en sus doctrinas, o a la vista de los curas". En la misma Real Cédula menciona como razón: "... que sacando los indios de sus pueblos, sin grave urgencia, con dificultad vuelven a ellos, siguiéndose de esto el que se hacen al monte donde continuando sus idolatrías, olvidados de la religión católica, como lo ha enseñado la experiencia, en una parte del pueblo de San Ignacio que es la única que está sujeta a pagar la mita".
Si bien puede parecer un tema puntual la relación de Barúa con las encomiendas de San Ignacio, es importante para comprender que el control real de la Provincia del Paraguay concluía a orillas del Tebicuary. No sólo el río era una frontera 'económica', los asuncenos no tenían acceso a la mano de obra indígena que vivía en los pueblos bajo el control de la Compañía de Jesús, sino que al concluir la primera etapa de las revueltas comuneras los 30 pueblos jesuíticos pasarían a estar bajo la jurisdicción del gobierno de Buenos Aires.
Apenas terminada esta primera etapa de las revueltas se embarcó para Madrid el sacerdote jesuita Jerónimo Herrán, quien cumpliría la función de Procurador General por la Provincia del Paraguay ante el Rey de España. En su primer memorial, escrito el 21 de enero de 1726, Herrán le suplica a su majestad que "mande se agreguen las dichas Reducciones del Paraguay al mando y jurisdicción del Gobernador de Buenos Aires". A través de la Real Cédula del 6 de noviembre de 1726 el Rey resuelve que "en el ínterin que no mandare otra cosa estén en el todo las 30 Reducciones de indios del cargo de la Compañía en el distrito del Paraguay bajo del mando y jurisdicción del Gobernador de Buenos Aires, con plena y absoluta inhibición del Gobernador y Justicia del Paraguay".
Esta Real Cédula recién llega al Cabildo Asunceno el 21 de marzo de 1729 y es obedecida como de costumbre. Pero el 6 de abril el gobernador Martín Barúa le escribe al gobernador de Buenos Aires acerca de los "grandes inconvenientes inevitables que pueden sobrevenir de la perseverancia de esta real disposición". Lo fundamental que señala el Gobernador es que "la única entrada para los comercios y comunicaciones es por el camino real que pasa por el pueblo de indios de San Ignacio y de los otros tres inmediatos,... llave y guarda subordinada y arreglada de este gobierno", por lo que si pasan a otra jurisdicción ese control se perdería con los perjuicios esperables para la provincia.
El gobernador de Buenos Aires entonces, y haciéndose eco del pedido de Barúa, declara el 27 de septiembre de 1729 que el Gobernador de Paraguay "pueda en los cuatro referidos pueblos [San Ignacio, Santa Rosa, Santiago y Nuestra Señora de Fe] continuar como hasta aquí en dar aquellas providencias y órdenes que tuviere por convenientes para el gobierno de aquella provincia".
Sin lugar a dudas se puede intuir que la verdadera razón del gobernador Barúa no sólo era el salvaguardar el comercio de la provincia sino el asegurarse que esos cuatro pueblos estén bajo su jurisdicción para que puedan ser encomendados, como le había ya solicitado al Rey. Recordemos que para estas fechas aún Barúa no tenía respuesta de Madrid a su pedido, el cual se firma el 27 de agosto del 1730.
Sin embargo, en 1730 se iniciará la segunda fase de las revoluciones comuneras y de hecho nunca se llevará a la práctica esta sujeción de estos cuatro pueblos al gobierno del Paraguay y se seguirá recurriendo al gobierno de Buenos Aires para la confirmación de Justicias y demás dependencias.
Martín de Barúa hace suya también algunas luchas de los antequeristas. Ya hemos visto como él mismo sugiere al rey que los indígenas de los cuatro pueblos cercanos a Asunción fuesen encomendados a los vecinos. También da largas razones a la reinstalación de los jesuitas a sus colegios, quienes pueden hacerlo en 1728 bajo ultimátum del virrey.
Quizá fueron precisamente en estos cinco años de gobierno de Barúa que la comunidad asuncena pudo asumir e internalizar lo que había sucedido. Al mismo tiempo, se va generando un sentimiento de cuerpo no tanto entre los cabildantes y la élite, que lo tenían, sino entre los grupos más alejados del poder. Sin embargo, esto no queda muy claro teniendo en cuenta que el ejército de Antequera se formó bajo la amenaza "de bienes y tierras para los criollos y de cien azotes para indios, negros y mulatos" en el caso que no participaran del mismo.
EL COMÚN EN EL GOBIERNO
Para desgracia de la Provincia del Paraguay la sucesión de MARTÍN DE BARÚA tuvo sus dificultades, y serias. Habíamos mencionado ya que BARTOLOMÉ ALDUNATE había dado su donativo de 9.000 pesos y había sido nombrado sucesor de Reyes Balmaceda. Sin embargo, después de haber herido a su mujer y a su amante, terminó en la cárcel por más de nueve años y no pudo pasar a tomar posesión. En su reemplazo la Cámara de Indias propuso a Francisco Gómez Fraile; no se menciona que haya 'comprado' el puesto pero sí se cita como virtud "el llevarse bien con el obispo" por lo que "se puede esperar la quietud de esa provincia". El Rey le concede Real Cédula de nombramiento el 26 de abril de 1726 pero no pudo llegar a América ya que falleció en el camino. La Cámara propone nuevamente sujetos y el Rey elige ahora a don MANUEL DE RUILOBA a quien se le concede el título de Gobernador el 31 de agosto de 1731.
Pero a Barúa se le acaba el término de su gobierno y el Virrey envía para su reemplazo a don IGNACIO DE SOROETA. Al enterarse los vecinos del Paraguay de este nuevo nombramiento (sospechado de ser pro-jesuita) y contentos con Barúa, le solicitaron a éste que continuase en el poder.
No es el Cabildo esta vez el protagonista principal sino el grupo de cabos y soldados. No es fácil discernir cómo se origina esta sublevación. El obispo Palos deja entrever que fue Barúa quien la provocó porque deseaba seguir mandando, cosa que el Gobernador niega rotundamente. Por otro lado se acusa de haberlo motivado al abogado FERNANDO DE MOMPOX Y ZAYAS, quien había compartido la cárcel en Lima con Antequera, de la cual se escapó y llegó al Paraguay. Éste fue recibido por los partidarios de Antequera y se lo señala a él como quien trajo los informes de ser pro-jesuita el nombrado gobernador.
Pero más allá de descubrir quién encendió la mecha, lo central es tomar conciencia que estaba el terreno abonado para que este fuego prendiera. Esta expresión, que tanto aparece en la documentación, de 'cabos y soldados' nos marcan la referencia de quiénes eran los que estaban involucrados. Los cabos ('cabitos' dice Barúa; 'cabichuelos', el obispo Palos) no eran los capitanes cabildantes, sino los que estaban al frente de los presidios.
Sin embargo, no había tantos presidios, trece antes de las revueltas, tampoco sabemos cuántos cabos estaban envueltos en los alzamientos. Se habla de mucha gente, 800 personas en armas y a veces más. La mayoría de ellos eran los soldados, es decir, los campesinos que tenían que ir a cumplir el servicio militar en los fortines, los pobres sobre quienes recaía el peso de la defensa, aquellos que ocupaban su tiempo no tanto en la chacra y en familia, sino en los fortines y en el beneficio de la yerba.
Fue GARAVAGLIA quien llamó la atención sobre la militarización de las solidaridades, respecto al vínculo que se establece entre el que está al frente y los que obedecen en el fortín. Vínculo que muchas veces es previo, ya que los soldados suelen ser los mismos campesinos que arriendan, u ocupan, la tierra del cabo.
El 9 de diciembre de 1730 el Cabildo y Gobernador reciben la carta de SOROETA firmada en Santa Fe el 8 de noviembre en donde les avisa de su llegada y su nombramiento. En el salón capitular se resuelve recibirlo como de costumbre, pero es en el transcurso de ese mes que los cabos y soldados comienzan a manifestarse y llegarse hasta Asunción. El 28 de diciembre le escriben al gobernador "los militares y soldados y demás gente" con cartas respectivas para el Virrey y para Soroeta.
En el escrito, primero se manifiestan contra los miembros del Cabildo parciales a Reyes Balmaceda, sus parientes, y a los jesuitas. Los regidores entonces le solicitan al Gobernador que ponga remedio "por lo que se manifiesta del exceso público de la junta de número de gente de esta plaza, oficiales y soldados de las costas de la guarnición de esta Provincia".
MARTÍN DE BARÚA resuelve entonces, no poner coto al asunto, sino hacer "dejación y renuncia del dicho oficio y cargos". Ante el pedido de los cabildantes que se retraiga él no lo hace sino que se mantiene firme en su decisión para que "ninguno se persuada que su Señoría tiene ambición de gobernar o mantenerse en el presente". Y concluye Barúa poniendo en evidencia la realidad: "respecto de ser la mayor parte de la gente la sublevada, y la ordinaria del manejo de las armas a quienes por cada instante son las que se mandan y faltando éstos a la obediencia no hay resto competente para sujeción".
La gente se agolpaba a las puertas de la capitular y la tensión iba in crescendo. La solución que encontraron los cabildantes fue pedirles a sus colegas recusados por la gente que dieran un paso al costado. Éstos aceptaron. Cuando el 1° de enero de 1731 se hicieron las votaciones para los oficios, cuatro nuevos puestos fueron ocupados por otros capitanes más afines con los que estaban afuera, al menos por el momento. Éstos eran: capitán José Luis Bareiro como alcalde de primer voto, el capitán Pedro Bogarín de segundo voto, y como alcalde de la hermandad los capitanes Domingo Pereira y Lorenzo Ortiz Vergara.
Como era de esperar, este cambio de nombres no calmó los ánimos y el cuatro de enero, el Cabildo se reunió requerido "por los militares y comunidad de soldados de las armas y guarniciones de esta provincia y su procurador MATÍAS DE ENCINAS en su nombre que tienen ocupada esta plaza de armas, calles y otros lugares de la ciudad para presentar un escrito".
El acta capitular del día no dice de qué trataba el escrito, sólo que era contra el obispo y algunos religiosos, y hablaban de expulsiones y amenazas. Sin embargo podemos saber del contenido por uno de los testimonios presentado ante el rey. La carta era fundamentalmente contra la Compañía de Jesús. Se acusa a los jesuitas de comerciar públicamente con géneros de Castilla y de la tierra sin pagar alcabala ni los diezmos de sus haciendas y de los frutos de sus doctrinas; de inficionar la provincia sin cumplir ley ni cédula real y "que esto basta para que fueran extinguidos de este país y de dichas doctrinas". Se mencionan que la Compañía tiene dos grandes almacenes en donde guardan estos géneros, uno en Asunción y otro en su estancia en Paraguarí. En las doctrinas se acusa que los indígenas anden armados, que los jesuitas saquen y pongan alcaldes y corregidores sin pedir confirmación al gobierno y que incluso los mismos curas se mudan sin examen por el obispo. Por esta razón deben declarárselos como excomulgados e indignos de habitar en la provincia. Y si se los reinstaló en su colegio fue debido a la falta de conocimiento por parte del virrey y a los informes falsos y siniestros que los mismos jesuitas hacen circular. Por tal razón piden "que se destierre de este país y de dichas doctrinas a dichos padres por inobedientes a los reales mandatos, defraudadores del real patrimonio y perturbadores de la paz pública de esta provincia".
Finalmente, IGNACIO SOROETA pudo presentar sus papeles el 25 de enero los cuales fueron recibidos con devoción por el Cabildo. Sin embargo el común (que así ahora se denominaba) se mantenía en su postura de no recibirlo como tal. Por esa razón, Soroeta al enterarse de la situación "respecto a la resistencia que había en los militares, con que dicen hacer común, para su recepción del gobierno y capitanía general, desde luego se aparta".
Con el mando queda entonces el alcalde ordinario de primer voto, JOSÉ LUIS BAREIRO, aunque es el común el que sigue presente en la calle y mandando resoluciones al Cabildo. Días más tarde, le obligan al Rector del colegio jesuita que permita a quien quisiera instalar sus vacas en la estancia de Yariguaa, perteneciente a la estancia que el colegio tenía en Paraguarí, lo mismo que obligarle al dicho Rector que sólo pueda vender en el colegio, y reducir la yerba y frutos de la tierra, el lienzo, vacas y otros animales, algodón y otros frutos comestibles.
En esta ocasión se define más claramente a la Compañía de Jesús como el referente de los que el común comenzó a llamar contrabando, los que estaban a favor de Reyes Balmaceda. Sin embargo estos años son los más oscuros, y los menos investigados, fundamentalmente por no tener la misma cantidad de documentación como con la revuelta de Antequera. Queda claro que el común va cambiando constantemente de líderes. Bareiro, uno de ellos y alcalde de primer voto, es justamente el que va a poner preso y deportar a Mompox entre abril y mayo de 1731. Pero tampoco él puede continuar largo tiempo al frente, y ese mismo año tiene que escaparse a Buenos Aires. En la carta que éste envía a su majestad al año siguiente, no duda en referirse a los sublevados como "salteadores de camino, robando estancias de vecinos que no eran de su bando", y las críticas a este grupo se suceden unas tras otras. El mismo Matías de Encinas, quien había sido el procurador del común, es despojado de su puesto porque ante una enfermedad que creía mortal llamó a un jesuita para que lo atendiera espiritualmente.
Ya la provincia, claro está, no estaba siendo controlada por el Cabildo sino por este grupo de comuneros que si bien cambiaba de cabeza visible seguía permaneciendo en número crecido. Finalmente, los jesuitas fueron expulsados del colegio el 19 de febrero de 1732, y sus posesiones repartidas entre los mismos milicianos.
Es claro también, que aunque desorganizado había un claro reclamo social en este grupo. De hecho, no será su pedido el reclamo de la mano de obra indígena sino más bien que los jesuitas se vayan y se lleven con ellos sus indios. El reclamo de la tierra va a ser una constante entre sus pedidos.
El año de 1733 será aún más caldeado. Ya habíamos visto que MANUEL AGUSTÍN RUILOBA recibe el título de Gobernador de la Provincia del Paraguay el 31 de agosto de 1731 y llega a Asunción dos años más tarde, el 27 de julio de 1733.
Quizá no tuvo la misma sagacidad que había tenido Martín de Barúa, y el día mismo de su llegada, dirigiéndose a los cabos y soldados les dijo que el común "no era más que una clara y feísima traición contra su Rey y Señor" y ofreciendo a quien delatase cualquier intento de reeditar aquel tipo de movimiento, la mejor encomienda que estuviese vaca en la provincia.
Es claro que Ruiloba se apresuró bastante en la toma de decisiones sin un previo conocimiento de la realidad paraguaya. Antes de un mes en el gobierno ya había sacado un bando por el cual condenaba a pena de muerte "a quien tomase en boca la voz común", y como si esto no fuese poco le escribe al Provincial de los jesuitas para que se restituyan al colegio. Éstos no aceptan, y el Provincial de los jesuitas le justifica tal decisión, entre otras razones, "porque V .S. parece no se tiene por seguro...".
Pero esta carta nunca llegó a las manos de Ruiloba, estaba muerto. Los comuneros se habían levantado contra el nuevo Gobernador y se juntaron para llegarse hasta Asunción. Ruiloba no los esperó sino que salió a enfrentarlos y el 15 de septiembre de ese año fue muerto por el grupo de comuneros.
Al día siguiente el Cabildo se reorganiza como antes de la llegada de Ruiloba y deciden ofrecerle al recién nombrado obispo de Buenos, JUAN DE ARREGUI, el puesto de gobernador. Arregui había llegado a Asunción para ser consagrado obispo por José de Palos, pero inmediatamente, para amargura del obispo asunceno, sintonizó con los intereses comuneros, al punto de ofrecerle al obispo Palos trocar de diócesis.
Poco duró en el gobierno el obispo Arregui, imposibilitado de poder controlar al común. Aunque también tuvo tiempo de repartir varias encomiendas. Una vez más, los cabos y soldados se hicieron con el poder inmediatamente y el 15 de octubre de 1733 realizaron un petitorio de 12 puntos que firmó incluso el mismo obispo. Entre los ítems que se mencionan figura nuevamente que los jesuitas dejen la Provincia, que se lleven todas sus pertenencias (para que nadie los acuse de ladrones), y en otro que los siete pueblos controlados por los jesuitas que se encuentren entre el río Tebicuary y el Paraná se muden al territorio de la gobernación de Buenos Aires. Pero el obispo Fray JOSÉ DE PALOS también tenía que ser expulsado de la Provincia, junto con los miembros del cabildo que le habían sido opuestos.
Hay sin embargo en este petitorio datos nuevos. En primer lugar ya no se auto titulan el común, sino la junta General de los Naturales, y solicitan que no se vendan los oficios capitulares, ni siquiera el de Gobernador, sino que se elijan para estos puestos a hijos de la provincia. Otro dato importante a tener en cuenta es el pedido que hacen de que la Villa Rica vuelva a su población antigua: "Que a los moradores de Villa Rica por ser los más traidores a la patria se les obligase a fundar en el antiguo pueblo de Tobatí [a orillas del Manduvirá] que se despobló por ser frontera de los indios Mbayá que son los más poderosos enemigos entre los que infestan esta provincia". Si bien la razón que presentan es que los vecinos son ofensivos a los pueblos de indios de Itapé y Caazapá, además de estar siempre con los enemigos de los asuncenos, puede verse un conflicto de intereses entre ambas villas, sobre todo en cuanto a la explotación de los yerbales, conflicto que se inició desde el momento mismo de la nueva locación de la Villa Rica en 1682.
Entre las acciones de la junta General, que dice el obispo Palos eran más de 1.500 hombres que se sustentaban "de los ganados que hurtaban de las chacras circunvecinas", estaban las de desterrar y embargar las propiedades de sus opositores. Incluso, insiste el obispo, "quitaron por decreto del obispo gobernador las encomiendas de indios a los que las tenían por merced... y se dieron las más cuantiosas con oficios militares a los que por sus manos mataron al gobernador y las demás, con regimientos, al hermano y yerno del secretario Juan Ortiz de Vergara y a los que convocaron para la sublevación de la provincia". Este tipo de medidas son las que hacen complicado caracterizar al, común'. Es más, quien quede al mando del cabildo será justamente CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ quien poseía la encomienda más grande de la provincia.
El obispo Arregui no pudo aguantar tanta presión que le hacían por un lado la junta General de los Naturales y por el otro el obispo Palos y el 9 de diciembre de 1733 deja Asunción para asumir su diócesis de Buenos Aires dejando a cargo de la provincia al alcalde de primer voto, CRISTÓBAL DOMÍNGUEZ DE OVELAR.
Desde Lima el Virrey dio órdenes al Gobernador de Buenos Aires don Bruno de Zavala que una vez más suba hacia el Paraguay, al tiempo que suspendió todo comercio con esa provincia.
Les ordenó también a los jesuitas que pusieran un ejército a disposición de Zabala, quien inició la marcha hacia Asunción. Llegó a orillas del Tebicuary en enero de 1735.
DOMÍNGUEZ DE OVELAR fue a su encuentro, no para pelear sino para darle la bienvenida y ponerse a sus órdenes, lo cual realizó, aunque Zabala lo envió preso a Buenos Aires. Si bien hubo un intento de alrededor de 200 comuneros de enfrentar al ejército de Zabala, no se presentó la posibilidad de la lucha porque acampados en Tavapy se dispersaron a la llegada del ejército enemigo. Muchos de estos comuneros fueron aprisionados y llevados junto al gobernador de Buenos Aires quien aún se mantenía en San Ignacio Guazú. Allí les instruyó proceso y unos fueron condenados a muerte y otros desterrados.
Finalmente el 30 de mayo de 1.735 entró BRUNO DE ZABALA en Asunción, declaró nulo el nombramiento de Arregui y lo actuado a partir de allí. Restableció al anterior cabildo y nombró cabos y oficiales de todos los presidios. Al mismo tiempo indultó a los que se habían quedado con haciendas y encomiendas ajenas devolviéndolas a sus anteriores dueños, prohibiendo además toda junta del común en las afueras del lugar. Dejó el Paraguay nombrando a MARTÍN JOSÉ DE ECHAURI como Gobernador Interino.
CONSIDERACIONES FINALES
Como decíamos al principio, carecemos aún de estudios profundos sobre estas revueltas; por lo que no fue nuestra intención dar por cerrado un capítulo sino apuntar nuevas pistas para seguir reflexionando e investigando.
Antes que nada es claro que estamos hablando de dos momentos muy distintos, con actores diferentes en cada etapa. La primera de estas etapas centrada fundamentalmente en problemas internos a la élite asuncena, de quién sacaba más provecho de la mano de obra indígena y de las pocas posibilidades económicas que ofrecía la Provincia. En la segunda etapa sin embargo, ya estamos frente a una clara protesta social. No era el precio del trigo lo que las disparaba, como ocurría con las protestas en España, sino fundamentalmente el acceso a la tierra.
Es claro que si no se hubiese dado la primera etapa no hubiese ocurrido la segunda. Es decir, había ya un terreno abonado para que pudiese aflorar otro tipo de protesta.
Vimos en el capítulo previo que la vida del campesino estaba dedicada a los fortines y al laboreo de la yerba, y muy poco tiempo se podía destinar a la chacra.
También comprobamos que la mayoría de estas familias campesinas carecían de tierra propia sino que vivían en la de los señores de la tierra.
Igualmente esta segunda etapa tiene que ser mejor investigada, pues los líderes no eran justamente estos campesinos sin tierra que describimos. Además, como ocurre siempre, la documentación no se dedica a describir a estos campesinos sino que, por lo general, los trata como masa inculta, ignorante y bárbara.
Muchos historiadores han tomado las revueltas comuneras como un momento en el cual se puede descubrir el antecedente más claro de la independencia paraguaya. Sin embargo creemos que es estirar demasiado las posibles conclusiones. De hecho, cuando en 1811 se inicia el proceso de independencia en el Paraguay nunca se recurrió a estas revueltas como un antecedente en ninguno de los escritos emanados de la Junta Gubernativa ni del mismo Dr. Francia. La independencia del Paraguay es fruto de los mismos acontecimientos que ocurrían en el resto del continente y no algo derivado de estas revueltas comuneras. Sabemos además que revueltas comuneras hubo a lo largo de todo el período colonial y de toda la colonia americana, incluso en la vecina Corrientes.
Autor: IGNACIO TELESCA © Editorial El Lector, Asunción-Paraguay, 2010.
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