EL GOBIERNO DEL GENERAL RODRÍGUEZ

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

La asunción del general Rodríguez fue seguida de un visible progreso en el área de las libertades civiles y políticas y de la adopción de un lenguaje de tolerancia democrática. Se restauró la libertad de prensa y de reunión y en un paso sin precedentes el gobierno abrió un espacio para todos los partidos en la radio estatal. Además, el gobierno invitó a integrarse al mismo a los colorados disidentes, conocidos como "contestatarios " que habían sido hasta entonces parte de la oposición. Con esto Rodríguez no solo logró reducir el poder de negociación de la oposición sino también introducir un contrapeso a la influencia de los "tradicionalistas", la facción del Partido Colorado que había apoyado el golpe.

El gobierno, sin embargo, rehusó sentarse a negociar con la oposición un cronograma de transición y dio respuestas ambiguas a interrogantes acerca del futuro rol del Presidente Rodríguez, todo lo cual sembró dudas sobre sus verdaderos propósitos. Por tanto, el anuncio de que se convocaría a elecciones generales el 1 de mayo, dado a conocer al tiempo que Stroessner partía hacia el exilio en Brasil, no fue bien recibido en la oposición. Si bien el llamado a elecciones era vital para evitar la consolidación de un gobierno de facto -algo que no debía descartarse con ligereza- el convocarlas en un plazo tan corto y sin acordar las reglas del juego, negaba a la oposición, severamente reprimida por más de tres décadas, el tiempo necesario para organizarse. Más importante, el apretado calendario del gobierno dificultaba la realización de negociaciones sobre el ritmo y el alcance de la transición.

A fin de reforzar su posición negociadora la oposición, especialmente el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) organizó una serie de manifestaciones claves reuniendo cerca de 50,000 adherentes en Asunción a una semana del golpe y de 15.000 a 20.000 seguidores en Ciudad del Este y Coronel Oviedo. Éstos demostraron el poder de convocatoria de la oposición -algo de lo que parte de la comunidad internacional dudaba- pero no lograron sentar al general Rodríguez en la mesa de negociación. Basado en el cuestionable argumento de que era preciso ajustar el proceso electoral a las cláusulas constitucionales, el gobierno se opuso a posponer las elecciones por al menos cuatro meses. Ciertamente la Constitución de 1967 establecía la convocatoria a elecciones dentro de los 90 días de producida la acefalia presidencial, en este caso por la "renuncia" de Stroessner. Pero otras cláusulas de la misma Constitución tan celosamente citada establecían por ejemplo la elección de un Presidente Provisional por parte de un Asamblea Nacional compuesta de los miembros del Congreso Nacional y del Consejo de Estado, algo obvia e inevitablemente ignorado.

Finalmente el gobierno accedió a realizar algunas concesiones. Primero extendió el período de inscripción complementaria en los padrones electorales por un mes dando así más tiempo a la oposición. Luego procedió a reconocer a los partidos políticos declarados "irregulares" por la dictadura de Stroessner. El gobierno también aceptó modificar la ley electoral de 1959 la cual establecía que para las elecciones de cuerpos colegiados el partido que obtuviese la mayoría de votos -así fuese una mayoría simple- se adjudicaba dos tercios de las bancas en disputa y que los demás partidos se distribuían el tercio restante proporcionalmente. Esta ley, inspirada en la llamada "Ley Acerbo" de la Italia de Mussolini, aseguraba al Partido Colorado una amplia mayoría, preservando para sí el poder de aprobar o bloquear cualquier cambio de las reglas de juego.

Todos estos cambios fueron adoptados por decreto y sin consulta previa, de modo unilateral y selectivo. Aunque estas modificaciones satisficieron algunas de las demandas de la oposición, ellas también la dividieron y debilitaron, incitando a los partidos menores a aceptar las reglas del juego del gobierno. Estas concesiones también fortalecieron a la dirigencia que estaba dispuesta a participar en los comicios frente a la que proponía la abstención.

A pesar de su carácter limitado y unilateral, estas concesiones junto con la restauración de las libertades civiles y políticas fueron cruciales para que los cambios adoptados fuesen percibidos como realmente significativos y no como una simple estratagema gubernamental. La retórica y práctica del gobierno fue trasluciendo de manera más o menos evidente lo que llegó a ser un importante supuesto tácito: aunque el gobierno no estaba dispuesto a negociar con la oposición antes de las elecciones del 1 de mayo, si lo haría en el ámbito del Congreso y en el marco de calendario más extenso, 1989-1993. Como prueba de buena fe el gobierno exhibía los cambios en la legislación electoral que, aunque modestos, resultaban favorables para la oposición. En contrapartida, el gobierno exigía que la oposición reconociera la legitimidad de la nueva coalición gubernamental y de las elecciones de mayo por lo menos hasta 1993.

Esta estrategia del gobierno restringió el espacio de maniobra de la oposición. El clima de libertades y la actitud contemporizadora del gobierno hacían difícil que la oposición insistiera en sus demandas de una total y completa ruptura pactada y al mismo tiempo contribuyeron a minimizar las críticas a las irregularidades que caracterizaron a las elecciones de 1989. Al mismo tiempo, sin embargo, la estrategia gubernamental de "participación ahora, negociación después" terminó convirtiendo de facto al período 1989-1993 en un período de transición.

Resumiendo, el período que va desde el 3 de febrero hasta finales de marzo se caracterizó por un constante "estire y afloje" entre el gobierno y la oposición, con el primero llevando la delantera. Este proceso confrontaba a un gobierno relativamente unificado con una oposición débil y fragmentada en un campo poco estructurado y básicamente informal, sin una agenda establecida y sin un cronograma guía. Lógicamente este contexto favorecía al gobierno. Las fuerzas de oposición negociaban por separado no precisamente por hacerle el juego al gobierno sino por la crónica desconfianza y el temor que una acción repentina de otro partido, o incluso de una fracción descontenta del propio partido, las excluyeran del nuevo juego.

Los riesgos para las fuerzas opositoras eran significativos. Ninguna pensaba seriamente en ganar la presidencia. Las concesiones y el estilo adoptados por el gobierno consiguieron volcar el sentimiento popular a favor de la participación. Rodríguez había ganado considerable popularidad y era de esperar que cosechara un "voto premio" de modo que ni aún un candidato de la oposición unida tenía chances reales de triunfar. Lo importante era ganar preponderancia en el espectro opositor y lo que se disputaba, en consecuencia, era un espacio en el nuevo Congreso. Por lo tanto, si por ejemplo el PLRA decidiese no participar en las elecciones, cerca de un tercio de las bancas del Congreso serian ocupadas por los candidatos de los partidos menores, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y grupos disidentes liberales. Incluso al interior del PLRA, si la facción mayoritaria se negase a participar, la minoritaria podría hacerlo, quedándose con todas las bancas. Y aunque los líderes de la oposición racionalizaran su participación de varias maneras en realidad su preocupación -no podía ser de otra manera- era simple y clara: el que no juega pierde.

Esta primera etapa de liberalización concluyó el 30 de marzo con la convención del Partido Colorado y el subsecuente inicio de la campaña electoral. La convención fue escenario para un importante desarrollo. El General Rodríguez ratificó que no sería candidato a la re-elección en 1993, algo que hasta entonces no había sido comprometido públicamente. Este anuncio mitigó los temores de un posible continuismo y representó una ratificación formal del carácter transicional del período 1989-1993, porque aunque la Constitución vigente no ponía limites a la re-elección Rodríguez estaba auto-limitándose a estar en el poder solo cuatro años. Esta, hasta entonces la más importante incógnita de la transición, quedaba así despejada.

Sin embargo, el interrogante de si el proceso se clausuraría con la liberalización pero sin una democratización real siguió flotando en el ambiente. La respuesta no fue el resultado de un plan o proyecto premeditado, sino que fue evolucionando como subproducto de un proceso político mucho más complejo, desencadenado por el golpe, pero sobre el que sus autores tenían un control limitado. Rodríguez controlaba las Fuerzas Armadas mas no estaba claro que dominara el Partido Colorado. La oposición, todavía debilitada por 35 años de represión, no tenía la capacidad de llegar al poder pero sí podía ser un factor deslegitimador de un gobierno necesitado de legitimación política más que de poder fáctico. Y, finalmente, pero no menos importante, la presión internacional ejercida por el emergente Mercosur, Estados Unidos y los países de la Unión Europea que hacían inviable una reproducción del stronismo sin Stroessner. En síntesis, el proceso de transición no tenía un punto de destino claro. El gobierno apuntaba hacia el establecimiento de una democracia sui generis, con el Partido Colorado en el poder y las Fuerzas Armadas ejerciendo el rol de árbitro. La oposición, por su parte, utilizó los espacios de libertad recién conquistados para organizarse, competir y presionar por la vigencia de una democracia real.

LAS ELECCIONES DEL 1º DE MAYO Y LA NUEVA ARENA POLÍTICA

Con el lema "Vamos a construir el Paraguay moderno y democrático" la campaña del general Rodríguez, campaña de gobierno, se apropió del discurso de la oposición. El tono y contenido de su campaña fue claramente democratizante y sus cortos publicitarios comenzaban con tomas de marchas y manifestaciones de dirigentes de la oposición llamando a la democratización y concluían, "lógicamente", con el general Rodríguez haciendo realidad esos reclamos. Para hacer este mensaje aún más contundente su publicidad utilizaba como música de fondo la marcha Patria Querida, que por décadas había sido sinónimo de la oposición.

El 1 de mayo tuvieron lugar las elecciones, menos de tres meses después del golpe y antes que la oposición pudiera reorganizarse tras 35 años de brutal represión. Las mismas se vieron empañadas por la misma maquinaria de multiplicación de votos que le había servido a Stroessner en el pasado. Rodríguez obtuvo 882.957 votos, es decir 74.2% del total, mientras que Domingo Laíno, candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), obtuvo 241.823 votos, es decir 20.3% del total. Además, el Partido Colorado se hizo con dos terceras partes de las bancas en ambas cámaras del Congreso.

Las elecciones fueron libres pero no limpias. Por ejemplo, el padrón utilizado no fue depurado e incluía mas 2,2 millones de electores cuando que el nuevo padrón usado en las elecciones municipales de 1991 solo contenía 1,3 millones de inscriptos. Esta comparación demuestra que el padrón stronista contenía, por lo menos, 900.000 nombres duplicados, inventados o de personas fallecidas. No fue sino 12 años más tarde, en 2001, que el padrón nacional alcanzó la misma cifra de 2,2 millones de inscriptos que figuraron en 1989. Además, en estos comicios, hubo 24 localidades donde el total de votos excedió en, al menos, un 29 % el número de inscriptos respecto al padrón de 1991. La mayoría de los observadores coincidió, sin embargo, en que la victoria de Rodríguez fue indiscutible, aunque el margen debió haber sido menor. Para la oposición la elección, más que un acto electoral, resultó el principio de un proceso, y como tal fue asumida.

Concluidas las elecciones, tres características principales distinguieron al proceso político. Primero, el centro de gravedad del juego de poder se desplazó claramente en una dirección democrática. Después de las elecciones, la posibilidad de una regresión autoritaria disminuyó notoriamente, aunque no por eso se despejaron las dudas con respecto al ritmo de progreso del proceso de democratización.

En segundo lugar, la expectativa de procesos electorales más limpios y competitivos incentivo las ambiciones de líderes y grupos partidarios, que ahora veían la posibilidad real de acceso al poder. Consecuentemente, el partido de gobierno principalmente y los de la oposición en menor medida, entraron en un proceso de fragmentación que hizo difícil trazar el perfil de los conflictos y las alianzas.

En tercer lugar, el actor militar, especialmente el entorno castrense del general Rodríguez, asumió un rol central. En su gabinete Rodríguez mantuvo la misma proporción que Stroessner, siete civiles y tres militares en las tres áreas más sensibles: Interior, Defensa y Obras Publicas. Rodríguez también encargó a militares la reforma agraria. En efecto, dispuso por decreto la creación de un Consejo de Desarrollo Rural (CONCODER) presidido por un Coronel de la Fuerza Aérea, Fernando Ugarte Ramírez, Según el coronel Ugarte, el CONCODER seguía las directivas del Colegio Nacional de Guerra, instancia de estudio indispensable para el acceso a las más altas jerarquías de las Fuerzas Armadas.

Consumidos los partidos en sus contiendas domésticas, la agenda de democratización pareció quedar a la deriva. En contraste, los emergentes movimientos sociales (campesinos, trabajadores y "sin techo") concitaron la atención de la opinión pública con sus constantes marchas y reclamos sectoriales. Del mismo modo, la élite empresarial que entró a formar parte del nuevo gobierno logró instalar algunos temas de reforma económica, principalmente la puesta en marcha de un proceso de privatización.

En el gobierno quedó en evidencia que no existía un actor hegemónico cohesionado ni una agenda compartida. El gobierno se caracterizó cada vez más por un precario equilibrio entre dos sectores. Por una parte, la mayoría de los militares de alto rango y por la otra las varias facciones del Partido Colorado. Los primeros, que actuaron fundamentalmente en función de la defensa de sus propios intereses amenazados por la frustrada purga stronista, tenían en el general Rodríguez a su líder pero carecían de un proyecto común suficientemente elaborado. Además, la ascendencia de Rodríguez no era absoluta sino más bien equivalente a la de un primus inter pares (Primero entre sus pares). En el Partido Colorado tampoco existía un proyecto compartido. Los sectores contestatarios, claves en la campaña electoral pero que ocuparon poco espacio luego de ella, seguían sin embargo disputando activamente un rol mayor. Luis María Argaña aparecía como el referente político de mayor peso de los sectores desplazados por el stronismo militante, pero no el único. Era, por tanto, otro primus inter pares. Esta división de la nueva coalición gobernante jugó un rol decisivo en la dirección del proceso iniciado el 3 de febrero, de la misma manera que el fraccionamiento de la coalición gubernamental fue determinante en la caída de la dictadura de Stroessner. La debilidad del líder militar y del referente político del golpe los llevó a ambos a buscar aliados dentro y afuera de la alianza gobernante.

El general Rodríguez anudó un esquema de lealtad en las Fuerzas Armadas asegurando a sus seguidores un rol privilegiado y permitiendo que el coronel Lino Oviedo, que surgía como el militar de mayor poderío entre sus seguidores, aspirara a la sucesión, aunque en un futuro indeterminado. Para fortalecer su base política, que era en realidad su talón de Aquiles, Rodríguez logró el apoyo de los sectores emergentes del Partido Colorado liderado, en lo político, por Ángel R. Seifart y representado en lo económico por la nueva burguesía surgida al amparo de los contratos estatales a partir de la década de 1970. Obtuvo también el respaldo de los desplazados de otrora, entre ellos los antiguos contestatarios de finales de la década de 1950 y los seguidores de Edgar L. Insfrán, defenestrado en 1966. Igualmente buscó granjearse la simpatía de los opositores a través de un deliberado acercamiento a algunas de sus figuras emblemáticas, como el escritor Augusto Roa Bastos y el jurista jerónimo Irala Burgos, quien fue nombrado miembro de la Corte Suprema de Justicia, así como de la designación de otros opositores en puestos diplomáticos en el exterior. De la misma manera, cortejó el favor internacional integrándose en el Mercosur y aprobando como primera ley de su período la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Por su parte, Argaña aglutinó a los sectores más stronistas y autoritarios del Partido Colorado, desarrollando un discurso esencialmente conservador. Apelando a un discurso "duro", oponiéndose al ingreso del Paraguay al Mercosur, a la privatización y la reforma del estado, intentó capturar el apoyo del los sectores del partido que bajo Stroessner habían gozado de un poder ilimitado, que temían perderlo, y que solo podían mantenerlo en un régimen neo-autoritario.

LA OPOSICIÓN SE FORTALECE

En 1991, se realizaron las primeras elecciones municipales libres para la elección por el voto directo de los intendentes, que hasta entonces eran designados por el Poder Ejecutivo. A pesar de los múltiples problemas de organización, fiscalización y control, la oposición hizo grandes progresos. El PLRA aumentó su caudal electoral pasando del 20 %, obtenido en 1989 al 34 %, además de conquistar importantes intendencias. En Asunción, sede real y simbólica de los poderes del Estado, el Movimiento Asunción Para Todos, con la candidatura de Carlos Filizzola al frente, obtuvo el 35% de los votos y la Intendencia. Estas elecciones, sin duda, marcaron un hito para la oposición y para el gobierno que solo logró el 44 % de los votos a nivel nacional.

Debe tenerse en cruenta, sin embargo, que con excepción del caso de Asunción prácticamente todos los candidatos que se presentaron como independientes eran colorados disidentes. El voto partido, entonces, debió haber estado bastante por encima del 50 %. Aun así, estos resultados tan distintos a los de las elecciones de 1989 -solo dos años antes- demostraron que el nuevo proceso empezaba gradualmente a tener las características de toda democracia: certeza de las reglas, procesos y plazos, pero incertidumbre de los resultados. Para todos, pues, fue un indicador con el que se inició un nuevo tipo de juego político en el que la adopción de nuevas estrategias, recursos y proyectos determinó el resultado de los comicios.

Ese mismo año, en diciembre, se realizaron las elecciones para la Convención Nacional Constituyente. El Partido Colorado, "en función de gobierno", demostró haber aprendido la lección mucho más rápido que los opositores. Con una lista unificada y un lema sencillo pero descarnado y brutal dirigido a los funcionarios públicos, "no patee su olla", obtuvo una holgada mayoría absoluta con 409.730 votos, 55.1 del total, quedándose con 122 de los 198 escaños y por ende con la mayoría absoluta de la convención constituyente. El PLRA obtuvo 201.040 votos, 27% del total, correspondiéndole así 55 bancas. Los sectores independientes, aglutinados en el Movimiento Constitución Para Todos obtuvieron 81.680 votos, 11% del total, logrando 19 bancas. Finalmente, el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) obtuvo 9.140 votos, 1.2% del total y 1 banca. Una banca fue también para el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que consiguió 6.313, 0,8% del total.

La convención, sesionó de enero a junio de 1992. A pesar de los temores de que la mayoría absoluta del Partido Colorado en la Convención produciría un documento de corte neo autoritario, el resultado fue muy distinto. Fragmentados en distintos grupos, los propios convencionales colorados prefirieron adoptar la figura de un Ejecutivo débil y un Congreso fuerte con el fin de asegurar que, de estar en la oposición interna, no pasasen a la «llanura» a la que les había desterrado Stroessner. El intento del general Rodríguez de introducir una cláusula que permitiera su reelección fue derrotado, y en las disposiciones transitorias se introdujo un «artículo candado» ad hominem para evitar que incluso sus familiares pudieran ser candidatos, pues se mencionaba en ese momento a su hija Mirtha como potencial candidata presidencial. La nueva Constitución fue promulgada en un ambiente de alta tensión, sin la participación del presidente Rodríguez ni los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con ella comenzó un nuevo juego político centrado en las elecciones de 1993.

Fuente: EL PARAGUAY ACTUAL 1ª PARTE (1989-1998). Obra de DIEGO ABENTE BRUN – COLECCIÓN LA GRAN HISTORIA DEL PARAGUAY, Nº 14 © Editorial El Lector. Asunción – Paraguay (122 páginas).

EL GOBIERNO DEL GENERAL ANDRÉS RODRÍGUEZ

            El movimiento tradicionalista se componía del binomio civil Juan Ramón Chaves y Luis María Argaña; su líder militar, el Gral. Andrés Rodríguez.

            En el mes de junio de 1982 se comienza a especular sobre la reelección de Stroessner para el período 1983-1988. Los miembros de la Junta de Gobierno que respondían a Juan Ramón Chaves se agrupan para formar una corriente opositora al creciente dominio de los allegados a Stroessner: el ministro de Salud, Adán Godoy Jiménez, el Dr. Jacquet, el influyente secretario de la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, el dirigente estudiantil Esquivel y otros, que proyectaban para el futuro la promoción del mayor Gustavo Stroessner como sucesor de su padre. El ministro del Interior inicialmente formó parte del grupo tradicionalista, mas la ambición de poder lo erige como la cabeza del famoso "cuatrinomio".

            El grupo militar de mayores y tenientes coroneles, camaradas de promoción de Gustavo, apoyan al compañero cadete del Colegio Militar, pero la candidatura fue muy resistida en la mayoría del estamento civil y militar. Un sector de la militancia coreaba en las concentraciones partidarias el slogan "Después de Stroessner otro Stroessner". Algunos generales que seguían leales al oficialismo no veían con buenos ojos que un militar sin la antigüedad y los méritos necesarios tuviera que desplazarlos. Ningún civil ni militar abiertamente se oponía a tal propuesta de los seccionaleros militantes.

            Lo real era que el país estaba harto de los abusos y de los negociados de la camarilla que rodeaba al anciano presidente que en ese momento ya había cumplido setenta y siete años.

            La rendición de las fuerzas gubernistas en la madrugada del 3 de febrero de 1989 creaba el dilema de la sucesión. Surgía la candidatura del Prof. Dr. Luis María Argaña, de dilatada actuación en el gobierno de Stroessner. Brillante parlamentario y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. En honor a la verdad, con su administración el Poder Judicial mejoró, pero como no tenía independencia, los abusos del Ejecutivo siguieron y las garantías constitucionales no se cumplían.

            El Dr. Argaña secundaba al anciano presidente del Partido Colorado, Juan Ramón Chaves, que hacía 27 años presidía la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana.

            El Dr. Argaña gozaba del apoyo civil y con simpatía de ciertos comandos del Ejército.

            Todos esperaban el anuncio de la ascensión del Dr. Argaña a la Primera Magistratura de la Nación. Los jefes y oficiales de Caballería, principales protagonistas del derrocamiento de Stroessner, piden al jefe militar del movimiento triunfante que asuma la función de Presidente Provisional. Las primeras horas del día de San Blas, Patrono del Paraguay, la nación registraba un nuevo mandatario.

            El triunfo no tiene sustitutos. La ciudadanía salió a la calle a festejar la caída de Stroessner y su temible camarilla. En ese momento no cuestionaron al Gral. Andrés Rodríguez, que durante 30 años apuntaló la dictadura. El Presidente del Paraguay fue investigado por negocios ilícitos en años anteriores, todo quedaba a fojas cero por el éxito de las jornadas de sangre del 2 y 3 de febrero; aproximadamente cien combatientes perdieron la vida en esos trágicos sucesos.

            El nuevo giro que tomaba la política resquebraja el binomio Rodríguez-Argaña. Al constituirse el gabinete, el frustrado candidato civil acepta la cartera de Relaciones Exteriores. El Gral. Rodríguez, ya Presidente de la República, sigue el ejemplo de Stroessner para controlar los poderes del gobierno y del partido.

            La habilidad conspiraticia del ex Comandante de la Primera División de Caballería y del Primer Cuerpo de Ejército se palpó en su prudencia y sagacidad. No resultaba fácil destruir un esquema político-económico-militar que había montado Alfredo Stroessner durante 35 años.

            El pleno acuerdo del Gral. Andrés Rodríguez, del Dr. Luis María Argaña y del contraalmirante Eduardo González Petit, hijo del Prof. Dr. Dionisio González Torres, consagrado científico de la medicina y adherente al tradicionalismo, aseguraba el éxito cívico-militar de la noche de la Candelaria.

            El día 3 de febrero, a la media tarde de aquel año 1989, juraba en su carácter de Presidente Provisional del Paraguay el Gral. de División del arma de Caballería Andrés Rodríguez. Previo juramento ante el pueblo, dicta su primer decreto constituyendo su gabinete como sigue:

            Ministro de Relaciones Exteriores: Dr. Luis María Argaña.

            Ministro del Interior: Gral. Orlando Machuca Vargas.

            Ministro de Hacienda: Ing. Enzo Debernardi.

            Ministro de Obras Públicas: Gral. Porfirio Pereira Ruiz Díaz.

            Ministro de Defensa Nacional: Gral. Adolfo Samaniego.

            Ministro de Salud Pública: Dr. Juan Manuel Cano Melgarejo.

            Ministro de Justicia y Trabajo: Dr. Alexis Frutos Vaesken.

            Ministro de Educación: Dr. Dionisio González Torres.

            Ministro de Industria y Comercio: Don Antonio Zuccolillo.

            Ministro de Agricultura: Ing. Agr. Hernando Bertoni.

            Ministro sin Cartera: Dr. Juan Ramón Chaves.

            La constitución del flamante gabinete fue integrado con políticos de tendencia tradicionalista, salvo algunos técnicos, como los ingenieros Debernardi y Bertoni, que no hacían abiertamente política partidaria.

            El único ministro del gobierno derrocado que fue confirmado y en funciones fue el Ing. Agr. Hernando Bertoni.

            La administración del Gral. Rodríguez encontraba al país distensionado y expectante a raíz de los últimos acontecimientos.

            Las relaciones entre el Gral. Rodríguez y el Dr. Luis María Argaña se resquebrajan. El jefe del Ejecutivo sigue el ejemplo de su antecesor. Pisa firme, no está en el Palacio de López de prestado. El hijo de Estación Borja comienza a dominar los resortes del gobierno, del partido oficialista y del Ejército.

            Su gestión fue al inicio aceptable, mas sus allegados, ávidos de formalizar pingües negocios, comienzan a presionar a los principales del gobierno.

            El desencuentro con el Dr. Luis María Argaña produce el primer relevo del gabinete. Renuncia a la cartera de Relaciones Exteriores el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y es designado el Prof. Dr. Alexis Frutos Vaesken como canciller de la República.

            El Ing. Debernardi, en desacuerdo con los contrabandistas amparados oficialmente, se ve obligado a renunciar y lo sustituye el doctor en Economía, Juan José Díaz Pérez.

            Otro conflicto con su ministro de Defensa, el Gral. Adolfo Samaniego, es causa de cesantía del camarada de armas. Lo sustituye el Gral. Eumelio Bernal.

            En la cartera de Justicia y Trabajo designa al Dr. Hugo Estigarribia Elizeche.

            El reclamo de los políticos de dotar a la República de una nueva Constitución moviliza a las corrientes de los partidos políticos. Rodríguez, con el control del gobierno, del Ejército y del partido, no tuvo ningún inconveniente para postularse por el saldo del período constitucional hasta el 15 de agosto de 1993.

            Es ungido candidato del Partido Colorado y en las elecciones de mayo de 1989 gana las elecciones con la mayoría del 70%.

            El día 15 de agosto de ese año jura como Presidente Constitucional ante la nueva Cámara de Representantes electa en el citado mes de mayo de ese año.

            El presidente Rodríguez cruza la banda presidencial y ejerce el mando con cierta discrecionalidad. Fue menos absorbente que su consuegro. Dejó a algunos márgenes de poder para justificar su gobierno. La hegemonía familiar y la de sus allegados en los grandes negocios se sucederían, repitiéndose las maniobras dolosas del régimen recientemente abatido. El presidente Andrés Rodríguez conforma su gabinete con los siguientes ministros:

            Relaciones Exteriores: Alexis Frutos Vaesken.

            Interior: Orlando Machuca Vargas.

            Justicia y Trabajo: Hugo Estigarribia Elizeche.

            Hacienda: Ing. Enzo Debernardi (Dr. Juan José Díaz Pérez).

            Agricultura y Ganadería: Raúl Torres.

            Industria y Comercio: Antonio Zuccolillo.

            Defensa Nacional: Gral. Eumelio Bernal.

            Obras Públicas: Porfirio Pereira Ruiz Díaz.

            Educación: Dionisio González Torres.

            Salud Pública: Juan Manuel Cano Melgarejo (Dra. Cyntia Prieto C.).

            El Poder Ejecutivo se conforma con hombres de la misma línea política del Presidente, salvo el ministro Zuccolillo, que no pertenecía al coloradismo. La medida más desacertada que pudo tomar el gobierno del Gral. Rodríguez fue la liberación de las tasas de interés, con la recomendación del presidente del Banco Central del Paraguay, Dr. Crispiniano Sandoval. Esta libertad no se daban los países del Primer Mundo. Todo ordenamiento financiero debe controlar la tasa de interés, base de los créditos desarrollistas.

            Ese control que tuvo el gobierno de Stroessner hizo posible que los recursos financieros del país se volcaran a la producción primaria y en menor proporción a la industrial.

            Con la liberación de las tasas se legalizaba la usura y se promocionaba la especulación. Prueba de nuestro aserto fue la proliferación de entidades financieras que trajeron el descalabro económico en mayo de 1995.

            Al respecto, como ex director del Departamento Jurídico del Banco Central del Paraguay y profesor de la cátedra de Finanzas Públicas, fui requerido a emitir un dictamen por el Directorio de la primera institución bancaria del país. A continuación paso a transcribir el referido dictamen de fecha 18 de agosto de 1990:

            "El artículo 107 del Decreto-Ley N° 18152 establece: «A fin de controlar los préstamos y las inversiones de los bancos y promover su adecuada distribución, el Directorio del Banco Central podrá:

            "a) fijar la diferencia máxima entre la tasa de redescuento del Banco Central y la tasa de interés que podrían cobrar las instituciones bancarias en las operaciones de créditos, para que los documentos respectivos no pierdan su condición de ser descontables o redescontables en el Banco Central;

            "b) fijar las comisiones y tasas máximas de interés que podrán cobrar los bancos en cualesquiera operaciones de crédito, cuyos documentos sean o no descontables o redescontables en el Banco Central;

            "c) fijar las tasas máximas de interés que podrán pagar los bancos sobre las diferentes clases de depósitos que recibieren y las obligaciones que emitieren;

            "d) fijar las relaciones porcentuales entre el crédito y el valor de la garantía real y determinar plazos y condiciones de pago;

            "e) determinar las condiciones en que los bancos comerciales podrán expedir cartas de crédito;

            "f) fijar topes o limites generales a las carteras o las distintas categorías de préstamos o inversiones, las cuales no podrán ser inferiores al monto de las carteras de las instituciones bancarias en la fecha en que la medida entre en vigor;

            "g) fijar relaciones porcentuales que los comerciantes deberán guardar entre los créditos y el monto de las operaciones de compra-venta de mercaderías «durables» a plazo y determinar los términos de pago, a fin de que los documentos respectivos no pierdan su condición de ser descontables o redescontables en el Banco Central.

            "La expresión del verbo «podrá», tiempo futuro, del indicativo, ¿autoriza implícitamente al Directorio del Banco Central del Paraguay a liberar las tasas de interés?, es la pregunta que debe ser respondida.

            "Analicemos la etimología del verbo «poder». Está compuesta de las voces latinas: pos y sum.

            "Barcia, en su obra «Sinónimos castellanos», aclara: «El poder está en relación con la fuerza. La potestad en relación con el dominio. El poder nos viene de la naturaleza. La potestad de la política».

            "Sin embargo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el infinitivo «poder» como tener expeditas la facultad o potencia de hacer una cosa.

            "En consecuencia, la interpretación semántica nos lleva a una opción o una potestad que ha de ejercer en lo futuro.

            "¿Cuál es el sentido de la norma al enunciar el verbo en tiempo futuro? Los términos «poder» y «potestad» son palabras sinónimas. Por lo tanto, valdría como opción. Pero esta opción está limitada por la norma del artículo 3° de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay, cuando dice: «... determinará la política monetaria, crediticia y cambiaria de la Nación, sujetas a las condiciones especificadas en este Decreto-Ley y su coordinación con la política económica del gobierno».

            ¿Qué significado tiene el infinitivo «determinar»? Según el citado diccionario significa fijar los términos de una cosa. El interés que accede al crédito integra la política bancaria y consecuentemente el Directorio del Banco Central está obligado a establecer tasas de interés, porque si así no lo hiciere el Directorio renunciaría a una atribución que le impone el Art. 3°, en transgresión de la ley.

            "La regla de la hermenéutica jurídica enuncia claramente la regla: «Quien puede lo más, puede lo menos, pero quien puede lo menos, no tiene opción a lo más».

            "En esta relación de potestad, fijar la tasa de interés es lo menos; en tanto que liberarla, es lo más.

            "No va implícita en el artículo 107 del Decreto-Ley N° 18/52 la facultad de liberar las tasas de interés, pues otra norma, la del Art. 3°, le impone la obligación de regularla. Es una norma imperativa que ha de ser cumplida.

            "El Art. 475 del Código Civil paraguayo vigente dispone: «En las obligaciones de dar sumas de dinero no podrán estipularse intereses moratorios o compensatorios ni comisiones superiores a las tasas establecidas por el Banco Central del Paraguay, bajo pena de nulidad de la cláusula respectiva, cualquiera sea la denominación que se asigne a la prestación accesoria a cargo del deudor».

            "En ningún caso el interés compensatorio sumado al moratorio no podrá exceder la tasa máxima".

            En virtud de la regla de interpretación de las normas jurídicas de quien puede lo menos, puede lo más, el Directorio del Banco Central carece de potestad para liberar las tasas de interés por ser estas tasas materia de la ley y no de un simple acto administrativo.

            El dictamen fue archivado y el Dr. Crispiniano Sandoval dictó la resolución pertinente con la complicidad de su directorio, soltando las tasas. Resalto la actitud patriótica de los profesores doctores Ricardo Franco Lancete y Marco Antonio Elizeche, que en su oportunidad emitieron sendos dictámenes cuestionando la legalidad de ese acto administrativo, sancionado por el Directorio del Banco Central.

            Desde ese momento el dinero fue un instrumento perverso de la especulación y su finalidad a programas de desarrollo económico y social se desvió al sucio negocio de la usura.

            Otro zarpazo a la estabilidad de nuestro signo monetario fue la famosa emisión "Z" por valor de seiscientos cincuenta millones de dólares. Esa emisión inorgánica atentó contra nuestro signo monetario, el Guaraní. Fue un duro golpe a la política monetaria.

            Los órganos de control de los tres poderes, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no prosiguieron las investigaciones para individualizar a los responsables y castigar a los delincuentes financieros.

            CIUDAD DEL ESTE

            Las obras de Itaipú desarrollaron la zona del Alto Paraná. El crecimiento agrícola en sus ubérrimas tierras hizo posible alcanzar niveles de expansión en áreas de cultivo, como el algodón, que llegó a 550.000 hectáreas; la soja más de 1.000.000 de has.; el trigo, con 1.300.000 has.

            El comercio fronterizo creció en progresión geométrica. El comercio triangular: importación a través de Ciudad del Este (ex Presidente Stroessner) y la reexportación al Brasil y otros mercados, hizo el milagro de convertirse en la tercera ciudad comercial del mundo.

            Los rubros del narcotráfico, de venta de armas, de cigarrillos, electrodomésticos y artículos electrónicos impulsaron las transacciones mercantiles, convirtiendo a esta ciudad en un pujante polo de desarrollo.

            Este comercio irregular benefició a los delincuentes de frontera que día a día acrecentaban su fortuna a través del movimiento de sus aviones en pistas clandestinas. Sin embargo, el rendimiento fiscal por la percepción de los tributos era mínimo.

            El Instituto de Estudio "Tesis Nacional" encomendó al miembro de número Prof. Dr. Ricardo Franco Lancete el estudio de la situación socioeconómica del comercio fronterizo de Ciudad del Este.

            El Prof. R. Franco emitió el siguiente informe: "Ciudad del Este, Mercosur y la Integración.

            "Ciudad del Este nace como un enclave comercial en las tres fronteras, respondiendo al impulso que toma la zona con la represa de Itaipú y a la demanda de productos importados. No nace como una consecuencia del desarrollo económico del Paraguay, sino como una demanda del sector externo. Su ubicación geográfica singular le da el impulso y el dinamismo de un comercio de importación para el turismo, el llamado «turismo de compra» que termina por definir, coyunturalmente, al Paraguay como un modelo importador, sin ninguna relación con los procesos productivos internos, que siguen siendo primarios y de carácter agrícola.

            "Geopolítica comercial de Ciudad del Este. Un analista de la geopolítica diría que Ciudad del Este es la compensación que Brasil da al Paraguay a cambio del manejo discrecional de la gran represa del Paraná. Sin embargo, esta compensación es coyuntural y transita en la inseguridad. Aquí está lo grave, pues el gran comercio que se mueve desde ese enclave de productos de Estados Unidos, países europeos y asiáticos, se constituye en base y sustento de la estabilidad cambiaria y monetaria, a más de generar casi un tercio del empleo en la población económicamente activa. Ciudad del Este se mueve también hacia el interior del país, aunque su pujanza la mantiene el mercado externo. ¿Puede terminar el negocio de frontera o disminuir sustancialmente sin que ello no produzca un colapso en todo el sistema macroeconómico del Paraguay? Esta es la cuestión de valor estratégico, a la que habrá que dar una solución institucional definitiva. Es lo que intentamos con esta colaboración.

            "Evasión impositiva - Contrabando y corrupción. Todo esto existe en Ciudad del Este. La evasión tributaria es una constante que genera corrupción, ya que se evade el pago de tributos, pero se mantiene la coima organizada, cuyo destino final nadie conoce. La evasión tributaria crea serios perjuicios a los ingresos genuinos del Tesoro de la Nación y fomenta la informalidad con todas sus consecuencias morales y delictivas, extremos éstos que desprestigian la imagen de la ciudad y proyectan total inseguridad jurídica para sus habitantes y los turistas de compras. La organización delictiva es un condominio con fuerte participación del sector de mafias brasileñas. El contrabando es una constante pero, bueno es aclararlo, tiene por destinatario finales a centros de distribución en la geografía del Brasil. No resulta creíble que Ciudad del Este sea un centro de fundamentalistas, terroristas y mucho menos de operaciones de narcotraficantes. Ubiquemos los problemas tal como lo son y se manifiestan, para encontrar soluciones racionales y posibles al mal.

            "Institucionalizar soluciones. El problema central del comercio en Ciudad del Este se da en el contrabando y la evasión tributaria, cuya consecuencia termina siendo la corrupción, donde siempre hay dos o más partes, dos o más países.

            "La solución está en eliminar las causas de la corrupción, transformando a Ciudad del Este en una ciudad franca, bajo un régimen tributario especial, universalizando el pago del impuesto y penalizando severamente a los «padrinos» de la coima. Lavar la cara de una ciudad que debe recuperar su plena dignidad y el ejercicio de una autoridad transparente, si queremos sobrevivir a los embates del Mercosur, que cada día presionará más para asfixiar el comercio de turismo bajo el pretexto de la corrupción Combatir severamente la delincuencia organizada y la inseguridad en las calles. Mejorar la calidad edilicia y erradicar todos los focos que afectan el medio ambiente. Se impone una vigorosa política municipal de saneamiento físico y moral de la ciudad y, a nivel departamental, elaborar un Plan Regional de Desarrollo de carácter integral, a cuyo efecto deberá crearse, con participación de la sociedad civil, una Corporación Privada de Promoción del Desarrollo.

            "Ciudad del Este como avanzada de la Integración Comercial en el Mercosur. Un plan de desarrollo sustentable para todo el Departamento con base en la producción y la agroindustria; y Ciudad del Este como un centro comercial de fronteras abiertas, trabajando en el marco de las causas para encontrar las alternativas de soluciones. Para ello se requiere la promulgación de una ley que dé las pautas regulatorias al desarrollo y el comercio y una efectiva participación de todos los habitantes vinculados al Eje Mercosur".

            El brillante análisis del Prof. Ricardo Franco Lancete ya alertaba en el año 1995, antes de la caída sustancial del comercio de frontera. Los agudos problemas que se cernían sobre Ciudad del Este no fueron prevenidos, menos aún hallar alternativas de solución. El gobernante debe ser como el clínico: prevenir las enfermedades. La cura es más costosa.

            En una noche, reunidos amigos de cátedra y algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda, en presencia de tres parlamentarios me soltaron la siguiente pregunta: ¿Cómo podría el Fisco aumentar sus recaudaciones en Ciudad del Este? Mi respuesta fue la siguiente: El problema tributario en el Paraguay no es tanto de legislación, sí de administración. Corresponde cambiar los vistas aduaneros y contratar a personalidades jubiladas con arraigo, ex bancarios, ex administradores de empresas privadas, personas honestas y con arraigo familiar y económico.

            Establecer sobre (5%) la diferencia de recaudación cuando existiera superávit, beneficio a repartirse entre los funcionarios aduaneros. No se pueden obtener resultados sin idoneidad, honradez y diligencia.

            Mi propuesta fue bien recibida, más los intereses creados de cúpulas corruptas siguen vigentes para privar al Estado paraguayo de un 40% más de recaudación sobre lo previsto, suma que cambiaría el déficit fiscal y posibilitaría las inversiones del sector público, tan necesarios para todo proceso de desarrollo.

            Si persiste la coima que roba al Fisco el 50% de sus recursos y no abatimos la corrupción y la impunidad, el Paraguay seguirá siendo la tierra privilegiada de delincuentes y estafadores internacionales y nacionales.

            El ahorro interno debe movilizarse en provecho de la producción y no de la especulación. La libre tasa de intereses fue el golpe maestro que dieron los especuladores, con la complicidad del Directorio del Banco Central, en 1990.

            El primer objetivo para mejorar la crítica situación socio-económica es la recuperación moral de los estamentos, especialmente de los gobernantes. El segundo objetivo es la racionalización financiera, ordenando los gastos e inversiones del Estado, el equilibrio fiscal, la productividad económica, la seguridad, la administración de Justicia, la atención sanitaria y la promoción educacional. Son prioridades urgentes para levantar a la República de su delicado estado de depresión.

            El imperativo del momento es movilizar a los mejores hombres de la nación para las funciones de gobierno. No se puede pretender una buena gestión estatal con funcionarios sin la debida preparación y honradez probada.

            La famosa reforma del Estado exige como primera condición la vigencia de la moral en el país. Que la regla sea la conducta ciudadana y la excepción la inconducta.

            La salud mental de la República constituye el imperativo presente. Todos los siguientes objetivos son accesorios a este atributo vital de los pueblos libres.

            Los malos ejemplos de los negociados de Itaipú y Yacyretá agravaron la crisis espiritual que vive la nación.

            El Gral. Víctor A. Segovia Ríos, en la página 108 de su interesante libro ya citado, expone acerca de la corrupción imperante en la Hidroeléctrica de Yacyretá: "Anecdóticamente recuerdo que de la investigación que realicé en el Registro General de la Propiedad obtuve los nombres de varios testaferros de los directores de la Entidad en el gran negociado de las tierras. Un nombre célebre en los anales de las tierras en Encarnación fue un tal Aureo Giménez, como puede comprobarse estudiando los títulos de los inmuebles adquiridos por la Entidad Binacional. En Ayolas era inicialmente un señor de apellido Blanco y varios otros cuya mención ya no viene al caso. Recuerdo también que para la adquisición del inmueble en que actualmente se asienta el aeropuerto de Ayolas, su propietario original -aconsejado por algún abogado pícaro- rehusó inicialmente vender su propiedad al testaferro de los popes de Yacyretá. Un día fue llamado por un alto funcionario de la institución, quien sin rodeos le dijo: "Mi amigo, si usted no transfiere su terreno a la persona indicada, al precio por él ofertado, sencillamente nosotros vamos a construir el aeropuerto en otro lugar y usted se va a quedar con las ganas de hacer un buen negocio". Obviamente, el propietario cedió, pues sabía que su interlocutor estaba hablando en serio. Así eran las cosas en Yacyretá y no tengo dudas de que así también habrá sido en Itaipú".

            Y en la página 111 prosigue el Gral. Víctor Segovia Ríos: "En fecha 30 de setiembre de 1983 elevé a mi Comandante, el general de División Gerardo Johannsen, a la sazón comandante del Comando de Institutos Militares de Enseñanza, un pormenorizado informe sobre mis últimas actuaciones en la Entidad Binacional. Me consta que el general Johannsen comprendió la corrección de mi actuación y algún esfuerzo hizo para que yo permaneciera en Yacyretá, pero chocó con la tenaz oposición de los generales Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor General, y Guillermo Clebsch, jefe del Gabinete Militar de la Presidencia de la República. No me extrañó la actitud de estos señores, porque estaban fuertemente ligados con el ingeniero Rodas Ortiz en el negociado de las tierras y el famoso 7% a que hice mención con anterioridad".

            La gran corrupción comenzó con Itaipú y Yacyretá con el gobierno de Stroessner y siguió con el Gral. Rodríguez.

            La corrupción e impunidad imperaron en el Paraguay en gran parte de su historia. Algunas excepciones se dieron en el claroscuro del horizonte hispano-guaraní.

            EL RÍO PILCOMAYO

            El caudal de este río es de fundamental importancia desde el punto de vista hidrológico para el equilibrio del medio ambiente y factor determinante en el desarrollo del Chaco paraguayo.

            El Dr. Horacio C. Sosa Tenaillón, en su libro "Río Pilcomayo", página 14, denuncia: "En la política internacional del Proyecto Pilcomayo, el Paraguay actuó y actúa a ciegas. Primó la decisión de entregar el río o partirlo, en razón a relaciones circunstanciales de nuestras autoridades con el gobernante del país del sur, aderezado con la cobardía y la obsecuencia ciega de diplomáticos y funcionarios que no se atrevieron en su momento a dar una opinión en contra de la decisión presidencial (Gral. Rodríguez). Es decir, nadie atinó en realizar el menor esfuerzo en defensa del interés nacional y todo aunado a la falta de responsabilidad moral y profesional de técnicos ignorantes y desinteresados del problema hidrológico y ecológico y, como lo dijimos, totalmente doblegados al interés argentino y, como si eso fuera poco, ante la desidia de los partidos políticos y la total apatía de la sociedad en su conjunto".

            El Dr. Sosa anatematiza: "Que en el acuerdo con la Argentina en el Proyecto Pilcomayo salimos perdidosos. La posición de la Comisión Bicameral de Relaciones Exteriores primeramente, y del Congreso, después, en lo atinente al Proyecto Pilcomayo, dada la falta de responsabilidad en el estudio del problema que condujo al Paraguay a la pérdida del río, fue simplemente vergonzosa".

            El Dr. Sosa concluye: "El río Pilcomayo era una corriente fronteriza sobre la que tenían soberanía compartida el Paraguay y la Argentina, pero su cauce fue desviado y hoy la corriente es solamente argentina. Resta en el suroeste del Chaco paraguayo un tramo de 70 kilómetros de río, desde Esmeralda hasta Mayor Gardel, en la frontera común, pero a la altura de este fortín sus aguas fueron artificialmente desviadas hacia el interior de la Provincia de Formosa.

            "La Argentina venía persiguiendo la obtención de las aguas de este río desde el laudo Hayes de 1878. En 1935, apenas finalizada la guerra del Chaco, plantearon el desvío de su caudal con el objeto de mejorar las condiciones de navegabilidad del río Bermejo. Este proyecto fue oportunamente denunciado por Raúl del Pozo Cano, colaborador del gobierno de Eusebio Ayala, lo que impidió su ejecución".

            La falta de aplicación en un problema vital para el país es condenable. Ni la Cancillería menos sus comisiones técnicas, se encargaron de analizar debidamente la disputa y el aprovechamiento de ese importante río, por sus determinantes ecológicos en el Chaco, lo que nos condenó a perder gran parte de la riqueza hídrica del río Pilcomayo.

            El intento argentino fue frustrado en 1979 durante el gobierno del Gral. Stroessner. El ingeniero militar Cnel. Meza Guerrero, con una compañía de conscriptos, taponaron el desvío del Pilcomayo, salvando momentáneamente su cauce.

            Al asumir el Gral. Andrés Rodríguez la Primera Magistratura de la Nación, las tratativas con la Argentina no fueron acertadas; por el contrario, el desvío del Pilcomayo con el Proyecto Pantalón favoreció a la Argentina, restando volumen hídrico al Paraguay.

            ¿Cuál será la consecuencia de esta gravísima omisión? El Chaco sufrirá cambios ambientales en perjuicio de su potencial económico y la desertización del Chaco una amenaza futura que empobrecerá la rica reserva territorial del occidente paraguayo.

            LA ACTUACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DESPUÉS DEL 3 DE FEBRERO DE 1989

            La definición de los partidos políticos dividió las opiniones de los grandes pensadores. Para algunos son los órganos necesarios para realizar el Bien Común. Para otros son agrupaciones de hombres para adueñarse del poder y servirse de este instrumento de dominación.

            ¿Qué diagnóstico presentaban los partidos políticos antes y después del 3 de febrero de 1989?

            La democracia en el Paraguay fue una excepción a los regímenes dictatoriales, salvo algunos períodos de excepción. Los partidos políticos, a partir de su creación en 1887, desempeñaron el triste papel de medio para apoyar un régimen y justificar sus arbitrariedades. Su función de orientar, controlar y evaluar las políticas no fue tema de sus cúpulas. Más se dedicaban a movilizar a las masas, fanatizarlas y apoyar al gobierno de su color. El de la oposición, a conspirar si había oportunidad o a aceptar ciertas ventajas que le ofrecía el oficialismo en el deseo de justificar la fachada de un supuesto gobierno democrático.

            En las reuniones, sus autoridades no se preocuparon de evaluar si se ejecutaban los programas de la salud, de la educación, del desarrollo económico, de la liquidez financiera, de la estrategia geopolítica, de la administración de Justicia u otros temas de indudable interés para la nación.

            La rutina era aceptar filiaciones, designar comisiones partidarias para sectarizar y reunir recursos con el objetivo de afrontar las costosas campañas electorales, sean de las internas o de las nacionales.

            La dictadura del gobierno se extendía a los partidos políticos, sean del oficialismo o de la oposición.

            El predominio de sectores y el liderazgo de prolongado tiempo nos prueban la verticalidad de los mandos en las entidades políticas.

            El Gral. Stroessner se cruza la banda presidencial el 15 de agosto de 1954. En 34 años y medio de hegemonía mantuvo cautivo al partido oficialista, desde el 21 de diciembre de 1955, día en que descabezó al movimiento liderado por Epifanio Méndez. Después, en 1959, con la disolución de la Cámara de Representantes y el confinamiento y destierro de los principales directores políticos del MOPOCO (Movimiento Popular Colorado), asumió a plenitud el Poder Ejecutivo, controlando el Gobierno, el Parlamento, el Ejército y el Partido.

            Durante la vigencia del general artillero, presidieron la Junta de Gobierno del Partido Colorado el arquitecto Tomás Romero Pereira, posteriormente Jorge Bernardino Gorostiaga y desde 1962 el Prof. Dr. Juan Ramón Chaves.

            El presidente Alfredo Stroessner se ufanaba de la unidad granítica de Gobierno, Partido Colorado y Fuerzas Armadas.

            El Gral. Rodríguez mantuvo esa composición, pero pronto se le abriría en el Partido Colorado una corriente opositora con la jefatura del Dr. Luis María Argaña.

            El Partido Liberal era liderado por el Dr. Domingo Isabelino Laíno, cuya vinculación con la internacional de las entidades políticas liberales le otorgó prestigio, a más de su tenaz lucha contra la dictadura de Stroessner. Sus reiterados apresamientos y destierros le granjearon la simpatía de la masa partidaria.

            La oposición que le planteaban otras corrientes adversas al Movimiento Cambio para la Liberación, que congregaba a los simpatizantes del Dr. Laíno, no tenía aún la popularidad para disputarle el liderazgo. 1998 sería el término del ciclo presidencial del Dr. Laíno en las carpas azules.

            El Dr. Laíno fue candidato presidencial enfrentando al Gral. Rodríguez. Sus adherentes reunieron el 22% del electorado, frente al 71% del candidato triunfante (Rodríguez).

            El Partido Febrerista, con la división interna y la falta de reposición de sus cuadros directivos, iba perdiendo electorado.

            Las corrientes marxistas no contaban con suficiente caudal de votos, efecto de la brutal persecución de 35 años a que fueron purgados por la dictadura. Pese a esos contratiempos, sus huestes no perdieron el fervor combativo. Otro duro golpe que recibió el comunismo fue con motivo de la división de los pro-rusos y el de los pro-chinos o maoístas.

            El Partido de los Trabajadores, el Partido Humanista y el Blanco estaban en formación y no contaban con caudal electoral suficiente.

            El Movimiento "Encuentro Nacional" se forma con el liderazgo de un joven empresario, el Dr. Guillermo Caballero Vargas, hijo del ex candidato a la Presidencia de la República por el febrerismo, el Dr. Caballero Gatti.

            Las entidades políticas adolecían de la gimnasia cívica para discutir doctrinas y planes de gobierno, salvo los marxistas, la democracia cristiana y el febrerismo, que se definía como un partido socialista, siguiendo las pautas de las organizaciones escandinavas, que proclaman la democracia con justicia social.

            El escéptico Max Nordeu opinaba que la política, como la religión, es una función eminentemente colectiva, cuya dirección, por debilidad moral y pereza espiritual, lo delegan los pueblos, es decir las masas populares, a sus jefes o caudillos.

            "Los primeros hombres admitieron la existencia de la divinidad y creyeron firmemente en su poder, pero no sabiendo cómo era Dios, ni qué forma tenía, ni dónde estaba, ni considerándose capaces de meditar o discutir sobre esos puntos, creyeron encontrarlo más corto y menos trabajoso, lo que otro hombre más vivo y diligente les dijo sobre esas cosas y le eligieron por jefe y director, y nació el sacerdote.

            "En política sucedió exactamente lo mismo: los desheredados de carácter y de la inteligencia, incapaces de darse por sí solos cuenta de las ideas de patria, constitución, democracia, gobierno libre, etc., encontraron más cómodo delegar su ejercicio en los co-asociados más vivos o más audaces, que dieron en hablarle de estas cosas e invitarles para que los realicen, siguiéndoles como jefes".

            Teodosio González, gran paraguayo, opina con toda pertinencia: "En los gobiernos constituidos cualquiera sea su forma, debe haber siempre por lo menos un partido de gobierno y otro de oposición: uno que gobierna el país y otro que pretende y espera gobernarlo; uno que dirige el timón de la nave del Estado y otro que observa y controla los rumbos de esa dirección.

            "Un partido de oposición es no solamente conveniente, sino indispensable en los gobiernos democráticos representativos. El partido gubernista no tendría medio de ejercitar y exhibir o destacar su fuerza y capacidad, en el ejercicio de su cometido, si no contase con otra fuerza contraria, que le resiste y sobre la cual ha de apoyar e incidir su acción. Sin esta fuerza contraria, sus movimientos obrarían sobre el vacío, le faltaría la reacción indispensable para la eficacia de los esfuerzos humanos, en virtud del principio de física de que sólo lo que resiste sostiene, y la descomposición y abulia le sobrevendrían inevitablemente. El partido de oposición viene, pues, a ser una pieza indispensable en la máquina política para conservar el equilibrio gubernamental y político y asegurar la eficacia de la acción gubernativa y de los partidos políticos sobre la marcha del país".

            El juicio del jurisconsulto y sociólogo compatriota Teodosio González es certero y previsor.

            ¿Qué ha pasado durante estos últimos diez años de seudo-democracia? Los partidos de oposición han desaparecido del escenario. La integración del gobierno con opositores ha ablandado a los críticos del gobierno. Las canonjías que ofrece el poder los ha corrompido, salvo contadas excepciones.

            El tema del río Pilcomayo, la emisión inorgánica, la negociación de la deuda externa, el comercio ilícito, la corrupción generalizada y la impunidad no merecieron ni merecen hasta hoy la atención y vigilancia de los partidos de oposición. El proceso de transición ha sido un paso falso en los procesos cívicos de la República. Lo digo con toda convicción, respaldado por el registro de los siguientes hechos:

            1) La pobreza ha aumentado después del 3 de febrero de 1989 en un 24%.

            2) El analfabetismo pleno aumentó un 5%.

            3) La atención de la salud de una cobertura del 55% en tiempos de Stroessner, ha caído al 48%.

            5) La franja agrícola se redujo en un 40%.

            6) La deuda externa, al cesar el gobierno de la dictadura, se estimaba en un mil millones setecientos mil dólares; a la fecha ha crecido a dos mil millones de dólares.

            7) Las exportaciones han caído en un 20%.

            8) Las importaciones en un 25%.

            9) La delincuencia registra un 17% de incremento.

            10) Las industrias en recesión y semiparalizadas.

            11) El desequilibrio fiscal con tendencia sostenida.

            12) La quiebra del sistema financiero trajo como consecuencia la evasión de la suma de siete mil millones de dólares, hoy depositados en bancos del exterior.

            13) La administración de Justicia no ha mejorado; se observan repetidos casos de retardo de justicia y fallas contradictorias.

            14) Proliferan las universidades comerciales en detrimento de la excelencia curricular de los profesionales.

            15) La sectarización en el campo de la educación y en los servicios básicos sigue igual o peor.

            Nuestra pregunta: ¿Qué han hecho los partidos oficialistas u opositores? Preocuparse por las mañas electoralistas y obtener las contribuciones del Fisco para solventar las campañas partidarias, que son focos de corrupción e impunidad.

            El manejo discrecional de los fondos es otra incógnita que hasta hoy no ha merecido una investigación seria y honrada de los organismos de control, sean administrativos o judiciales.

            La República va camino al desborde. Más preocupante aún es la quiebra moral de la República, que pasará por mucho tiempo sobre las generaciones venideras.

            El paraguayo es muy proclive a achacar todos los males al gobierno de turno. No seré injusto: El actual gobierno, que asumió el 28 de marzo de 1999, no es el máximo culpable de este descalabro institucional que vive la República. Tendrá su responsabilidad, no lo vamos a eximir de ella, pero la verdad es que este proceso de corrupción lo arrastramos desde los albores de nuestra independencia.

            Los gobiernos de José Gaspar Rodríguez de Francia, Juan Bautista Egusquiza, Juan B. Gaona, Manuel Franco, Eligio Ayala, Eusebio Ayala, Rafael Franco, José Félix Estigarribia, Higinio Morínigo hasta el 13 de enero de 1947, serían las excepciones. La regla en el Paraguay sigue vigente: la corrupción. Tengamos esperanza en que se rectifiquen conductas y los partidos políticos enarbolen la bandera de la moral y reivindiquen las buenas costumbres, tan venidas a menos.

            Es oportuno definir conceptos para que nuestra ignorancia no progrese, siquiera se detenga. Ortega y Gasset diferenciaba: "Liberalismo y democracia son dos conceptos que comienzan sin tener nada en común y que terminan teniendo significados que son recíprocamente antagónicos. Si no existe una forzosa conexión entre liberalismo y democracia se debe principalmente a que ambos son respuestas a distintas clases de problemas. La democracia es un método para elegir y eliminar gobiernos; el liberalismo es una doctrina para determinar lo que el gobierno debe y no debe hacer y, sobre todo, para definir los límites del poder gubernamental. Como lo expresa Hayek: «El liberalismo es una doctrina respecto de la forma a determinar lo que será ley»".

            Para varios pensadores la democracia no es una doctrina, sólo un mecanismo para elegir y administrar gobiernos.

            EL RÉGIMEN DEL GENERAL ANDRÉS RODRÍGUEZ Y EL NEOLIBERALISMO

            Las relaciones comerciales de Rodríguez y su entorno lo llevaban a simpatizar por la causa de la libertad comercial del mercado, sometido a la ley de la oferta y la demanda y al protagonismo decreciente del Estado en la actividad económica.

            Se concebía una nueva línea de la política en todos los órdenes: El neoliberalismo, es decir, la reivindicación de los principios de la doctrina liberal adaptada a la realidad de nuestro siglo.

            Comienzan las primeras medidas para privatizar las empresas del Estado: Líneas Aéreas Paraguayas y la Flota Mercante del Estado fueron las primeras en ser sometidas a tal medida.

            La privatización de Líneas Aéreas Paraguayas fue un desacierto, pues, independientemente de si convenía o no tal decisión, las cláusulas de su traspaso al sector privado fueron perjudiciales para los intereses de la República. El valor de esa unidad de transporte aéreo había obtenido importantes rutas a América, África y Europa.

            El precio que se obtuvo de esa privatización es a todas luces criticable en los aspectos económico, financiero y social.

            La privatización de la Flota Mercante del Estado fue otro desacierto. El negocio de armas, el narcotráfico, el contrabando y las licitaciones amañadas eran objeto de la crítica en todos los vínculos.

            Rodríguez pretende cambiar la economía intervencionista de Stroessner por la liberalización de la economía, con referentes corruptos y monopólicos que a corto plazo dañaron más al país.

            En la historia del Paraguay recordemos que el régimen del comunismo en las reducciones jesuíticas fue una realidad.

            El socialismo de Francia y de los López se impuso hasta 1870.

            El liberalismo comienza a privatizar las tierras fiscales en beneficio de grandes empresas extranjeras que nos trajeron el latifundio y la aparición de un nuevo tipo de sujeto, los mensú o siervos, tratados como seres inferiores y necesarios para la explotación de la riqueza forestal y yerbatera. Con el gobierno de los doctores Manuel Franco y Eligio Ayala se intervienen por primera vez esos feudos para atemperar el estado arbitrario e inhumano que habían establecido los grandes beneficiarios de los bienes del dominio público que así pasaron a sus registros inmobiliarios.

            Los gobiernos del Cnel. Franco, Estigarribia y Morínigo se preocuparon de mejorar la situación de nuestros compatriotas desamparados en esas cárceles abiertas en las selvas y cerradas por la necesidad. En honor a la verdad, el que más hizo por la promoción humana de esos compatriotas desvalidos fue el gobierno de la Revolución de Febrero.

            El gobierno del Gral. Rodríguez, al liberalizar las tasas de interés, volcó el flujo del ahorro nacional a la especulación, retrayendo recursos al sector de la producción. Fue la medida menos acertada de su mandato.

            Las represalias contra los personajes de Stroessner fueron más bien un ajuste de cuentas en provecho de los nuevos jerarcas de la situación. Sin embargo, el Fisco recibió apenas un mínimo porcentaje de la gran estafa de que había sido objeto el pueblo paraguayo.

            En los últimos días del año 1990 se produjo un gran escándalo por malversación de fondos en el Banco Central del Paraguay. Ningún partido político asumió el papel de acusador de tan condenable estafa. Algunos partidos que no estaban representados en el gobierno sí alzaron su voz de censura a tal reprochable delito.

            El profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Prof. Dr. Salvador Villagra Maffiodo, emitió el siguiente dictamen acerca de tales hechos: "El Estado, según la Constitución Nacional, es un sistema de poderes limitados. Desde el nacimiento viene atado a normas jurídicas superiores que deben ser respetadas antes que cualesquiera otras, tales como los derechos y las garantías individuales y los derechos humanos en general".

            ILEGAL COBRO ANTICIPADO

            Se desentienden también del precepto de no hacerse justicia por manos propias, creando el engendro jurídico de cobrar por anticipado indemnizaciones por futuras "renuncias voluntarias", de modo que los funcionarios así beneficiados pueden elegir el momento y la cantidad de una verdadera sustracción de las arcas del Estado. ¡Y qué indemnización! Una pequeña fortuna, y no tan pequeña como la indicada más arriba, de 140 millones de guaraníes, a su alcance cuando así lo deseen.

            Todas estas violaciones de la Constitución suponen la existencia de alguna autorización, bajo la forma de competencia legal al menos, como la de intervenir en la regulación de moneda, crédito y bancos, que le atribuye al Banco Central el Decreto-Ley N° 18/52 y la reglamentación del Estatuto del Funcionario del artículo 55 de la misma Constitución (1967), facultad que en todo es prerrogativa del Poder Legislativo. Lo que queremos significar es que para que haya exceso es preciso que exista una competencia o autorización que exceder. En lo que vamos a poner en evidencia seguidamente no hay competencia alguna, y ni siquiera sombra de autorización. Es lisa y llanamente la comisión de un delito calificado y penado por el Código Penal.

            MALVERSACIÓN DE FONDOS

            Se trata de la concesión de préstamos a los miembros del Directorio y otros funcionarios del Banco Central. Negada su existencia por el presidente del Banco en los diarios de la Capital, terminó por reconocer que había una "caja chica" que concedía préstamos a altos funcionarios del Banco. Una caja chica suficiente para otorgarles préstamos hipotecarios y de emergencia por millones de guaraníes, al 8% anual y plazos de hasta 15 años. Se comprobó también que los préstamos hipotecarios eran otorgados ante una escribana que resultó ser hija del propio presidente de la institución. Lo único que falta comprobar en dichas escrituras es si el presidente aparecía como prestatario del Banco prestamista; vale decir, su representado, ante un notario que es, para más, su propia hija.

            No se puede suponer, aunque cualquier cosa es posible en este caso extraordinario, que las autoridades del Banco vayan a ampararse en la competencia de la entidad en materia de créditos. Nos adelantamos a contestar que sí pueden otorgar créditos a bancos y a particulares por redescuento y otros conceptos, pero no a sí mismos. Esto se denomina "delitos de malversación de fondos".

            La magnífica pieza jurídica del maestro Villagra Maffiodo quedó para el olvido. Ni los representantes de los partidos políticos, ni los parlamentarios de la C.B.I., ni los jueces del crimen, menos el Fiscal General del Estado, se inquietaron ante tan seria denuncia contra el patrimonio del Estado.

            La acción para revocar la resolución inconstitucional dictada por el Directorio del Banco Central fue omitida por el Fiscal General del Estado.

            Poco importó a los políticos, a los funcionarios responsables de la conducción financiera de país, a los parlamentarios, el irregular y delictivo proceder de los directores del Banco Central. El daño no fue reparado y la impunidad silenció este escandaloso robo al erario público.

            Haciendo un balance general acerca de la actuación de los partidos políticos después del 3 de febrero de 1989, emitimos el siguiente juicio:

            1) La práctica de la democracia relativa. Cúpulas enquistadas en el poder partidario impedían el diálogo y los encuentros y discusiones sobre temas prioritarios.

            2) El electoralismo como procedimiento válido para ganar posiciones.

            3) Organizaciones cerradas de civiles que privilegiaban a los incondicionales adherentes.

            4) Falta de diagnóstico de los problemas nacionales. En el comité político de los partidos de gobierno o de la oposición no se discutió la situación geopolítica del país respecto del grave problema del río Pilcomayo, menos de la crisis de mercado que comprometía la estabilidad comercial y social de Ciudad del Este.

            5) La deserción campesina que presionaba la estructura ocupacional, aumentando los sectores de inactivos.

            6) La crisis financiera de 1995 no mereció ninguna atención por las entidades políticas en función de gobierno.

            7) La situación de los campesinos sin parcelas para cultivar.

            8) El aumento progresivo del Presupuesto para acomodar correligionarios y favorecer a quienes respondían a los sectores partidarios.

            9) La deserción escobar y el bajo nivel académico de los bachilleres.

            10) La falta de investigación científica en las universidades.

            11) El comercio ilícito del contrabando, del negocio de armas, del narcotráfico, no formaban parte de sus agendas.

            12) El auge de la corrupción y la impunidad vigente.

            13) La cuestionada administración de Justicia, con retardo de los juicios y dudas acerca de la conducta de los magistrados, salvo honrosas excepciones.

            14) El abigeato y la inseguridad en áreas rurales.

            Los partidos políticos se desentendieron de estos acuciantes problemas nacionales y sólo se empeñaron en ganar escaños en el Parlamento y posiciones en el Poder Judicial y en algunos órganos del Poder Ejecutivo.

            Las entidades que no conformaban el gobierno manifestaron su preocupación a través de la prensa escrita y televisiva.

            La presión por modificar la Constitución de 1967, promulgada durante el gobierno de Stroessner, comenzó a inquietar a la cúpula de los partidos políticos.

            El Gral. Rodríguez escuchó ese pedido y, una vez que el Parlamento consideró que la reforma de nuestra Ley Fundamental era necesaria, se llamó a elecciones para elegir a convencionales y dotar a la República de una nueva Carta Orgánica.

            Los dos partidos con mayor caudal cívico, el Colorado y el Liberal, comienzan a organizar sus campañas a tal propósito.

            Me visitan en esos días (sería en el mes de octubre) conspicuos miembros de la ANR para incluir mi nombre en la lista de convencionales. Les dije que si me imponían la regla de la disciplina partidaria de acatar y no pensar, que no perdieran el tiempo. Que si el destino me volviera a enfrentar a la situación que viví en la Convención de 1967, tendría la misma actitud. Me alzaría contra cualquier proyecto dictatorial que sólo beneficiaba a cúpulas corruptas. Por supuesto, nunca más vinieron.

            En la elaboración de la lista para convencionales llevó la voz cantante Blas N. Riquelme, presidente de la Junta de Gobierno, junto a otros allegados. Llegó el momento de la propuesta. El Prof. José Antonio Moreno Ruffinelli recomendó la nominación de diez profesores universitarios de la carrera jurídica para encabezar la lista. Riquelme y otros incondicionales manifiestan enfáticamente que el partido necesitaba de votos y no de ideólogos. Por supuesto, los seccionaleros formaron mayoría absoluta, integrando algunos intelectuales, como los doctores Oscar Paciello Candia y Bernardino Cano Radil, la citada nómina.

            Una vez más la insensatez predominó en tan importante decisión. Los ignorantes de la ley, los incondicionales de las carpas, los prebendarios fueron propuestos para una Asamblea Nacional Constituyente, órgano vital de todo sistema republicano. La suerte de la República poco importaba.

            El lapso de las deliberaciones duró exactamente hasta el término que fijaba la ley. El día 20 de junio de 1992 queda sancionada la nueva Constitución Nacional.

            Al comentar la promulgación de la Ley Fundamental de 1992 formulé la siguiente crítica: La Asamblea Nacional Constituyente se instala en los primeros días del año 1992, con un número exagerado de convencionales, en total 198. Se privilegió el prebendarismo y se castigó duramente las arcas del Fisco.

            La calidad en cuanto a conocimientos de los convencionales dejó mucho que desear, salvo honrosas excepciones.

            Los prolegómenos de las elecciones requerían votos y fue ésta la excusa para repetir viejas prácticas caudillescas. Proponer al incondicional y no al idóneo. Los partidos de oposición fueron representados por gente con mejor currículum.

            La Constitución que nos rige actualmente ha costado mucho esfuerzo financiero a la República. Ese dinero que irrigó millones y millones de guaraníes premió a un gran número de convencionales faltos de idoneidad para ejercer la excelsa función. Fue una retribución propia de aventajados seccionaleros.

            Innecesariamente prolongaron los estudios por seis meses. La de 1967 duró tres meses, la mitad, con un costo del 30% con relación al de 1992.

            La incorporación de nuevos órganos en la Ley Fundamental paraguaya fue duramente cuestionada en esas deliberaciones. El Consejo de la Magistratura provocó polémicas. Las experiencias negativas que vivieron otros países mereció el llamado de atención de calificados convencionales.

            La conformación actual del Consejo de la Magistratura ha sectarizado la elección de los magistrados. Los partidos políticos, con sus influencias e intereses creados, despersonalizan al órgano electoral y lo someten a los vaivenes del prebendarismo partidario. Ante esta triste experiencia que estamos viviendo, sugerimos la constitución de ese órgano con personas solventes por currículum y trayectoria, para lo cual proponemos que el Consejo de la Magistratura esté integrado con los siguientes miembros:

            a) un ex parlamentario con título de Doctor en Derecho;

            b) un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia;

            c) tres profesores eméritos o titulares en su caso.

            El Consejo de la Magistratura será un cargo honorífico, sin retribución.

            Sus funciones se limitarán a:

            a) proponer terna para ministros de la Corte;

            b) proponer terna para integrar el Tribunal Superior de Justicia Electoral;

            c) proponer terna para la designación del Fiscal General del Estado.

            El nombramiento de los jueces y miembros de Cámaras estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia, por mérito curricular que presenta el postulante.

            La promoción de jueces, camaristas o miembros de los tribunales que integran el Poder Judicial debe ser potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

            Otro órgano politizado y muy cuestionado es el Jurado de Enjuiciamiento. Este tribunal especial que juzga a los magistrados es un cuerpo más bien deliberativo con sus funciones específicas. Lo integran miembros de la Corte, parlamentarios y miembros del Consejo de la Magistratura. La doble función a que son sometidos sus integrantes los desconcentra en su actividad jurisdiccional.

            La moderna corriente habilita una sala especial de Enjuiciamiento de Magistrados para evitar la heterogeneidad de sus miembros y el retardo de los fallos, con jueces de carrera.

            La Constitución de 1992 burocratizó el país y aumentó, con la creación de órganos innecesarios, el gasto público que presiona el Presupuesto y dificulta las inversiones del Estado. Es inadmisible la sanción de una Constitución reglamentarista con 221 artículos y 20 disposiciones transitorias.

            Un país del Primer Mundo, como la República de Alemania, registra 139 artículos, ni hablemos de la norteamericana, que no llega a noventa. Otra objeción que han formulado los constitucionalistas a nuestra Ley Fundamental es la primacía del Parlamento sobre los otros poderes.

            Las Cámaras pueden desintegrar el Poder Ejecutivo por la vía del juicio político, pero los otros poderes no pueden juzgar al Parlamento por falta de instrumentos legales.

            El Poder Ejecutivo, si consideraba ingobernable el país por el enfrentamiento con el Poder Legislativo, debería tener la opción de llamar a consulta popular si procede la disolución de las Cámaras. Esta opción la debe tener una sola vez en el período constitucional de cinco años.

            Las elecciones municipales de mayo de 1991 fueron las primeras jornadas cívicas de fervor ciudadano que vivió la República.

            Asunción, la ciudad comunera de las Indias, madre de ciudades, marcó una etapa histórica en los anales de la democracia paraguaya.

            Las internas de los partidos políticos fueron febriles. La ANR tuvo como principales candidatos a los doctores J. Morales y Juan E. Villamayor. El Dr. Morales representaba la corriente tradicional y el Dr. Villamayor a la nueva corriente, con el decidido apoyo de los contestatarios.

            "Asunción para Todos", movimiento liderado por el Dr. Carlos Filizzola, con el apoyo de las fuerzas sindicales y un contingente importante de otros partidos, pugna en las elecciones celebradas en mayo de aquel año.

            El triunfo de un candidato joven, alejado de los partidos tradicionales, ganó espacio y a las siete de la tarde el Dr. Carlos Filizzola triunfaba por buen margen en la disputa electoral.

            La experiencia de Filizzola sirvió de marco para insinuar en las próximas elecciones presidenciales a otro candidato independiente. Surgía la figura del empresario Dr. Guillermo Bernardino Caballero Vargas.

            El gobierno de Rodríguez, próximo a fenecer, provoca la inquietud de sus allegados. Al quedar frustrada su reelección, aun cuando él no manifestara su intención de postularse por otro período, obligó a definir candidatos que pudieran sucederlo.

            El joven abogado, Dr. Horacio Galeano Perrone, ministro de Educación, empieza a ganar espacio en el círculo de Rodríguez. Sin embargo, el entorno familiar de yernos, poderosos empresarios ligados a los intereses económicos de su suegro, no simpatiza con Galeano Perrone y convence al suegro presidente de que su sustituto en el Palacio de López debía ser un empresario, para continuar las obras iniciadas por él y consolidar el proceso democrático.

            En el escritorio de Gustavo Saba y otros empresarios allegados se designa al Ing. Juan Carlos Wasmosy como candidato del oficialismo para las próximas internas partidarias.

            El sector opositor al Gral. Rodríguez, con la jefatura del Prof. Dr. Luis María Argaña, oficializa su postulación con las seccionales próximas a la Junta de Gobierno.

            A fines del mes de diciembre de 1992 se celebran las elecciones. El Dr. Argaña gana los comicios sin ninguna objeción. La diferencia fue de 29.000 votos.

            Esa noche se celebra el legítimo triunfo del candidato de la ANR. Dicen que en un momento dado el Ing. Wasmosy se dispuso a felicitar a su contrincante, mas fue interceptado y aleccionado a que no lo hiciera.

            El tribunal independiente del Partido Colorado, con la presidencia del Dr. Bobadilla Cataldi, en pleno recuento de votos recibe un llamado de la Caballería y se le ordena que suspenda el conteo. Así lo hizo. Este interregno o suspensión posibilitó a que oficialmente no se lo proclamara al Dr. Argaña como triunfador de tales internas.

            El propio Blas N. Riquelme, ex presidente de la ANR, confesó públicamente no hace mucho que Argaña fue defraudado por intereses que no respondían a los fines de la democracia, sí al monopolio de negocios espurios.

            El local de la Junta de Gobierno fue ocupado por fuerzas militares y policiales; las urnas, alzadas y remitidas a uno de los regimientos de la Caballería.

            El comando de estas operaciones irregulares y antidemocráticas estaba al mando del Gral. César Lino Oviedo, por orden de su Comandante en Jefe y Presidente de la República, Gral. Andrés Rodríguez. El presente relato es objetivo y veraz.

            La ciudadanía quedó indignada ante este vergonzoso atraco. La indefinición se mantuvo hasta los primeros días de marzo, en que, manu militari y con una convención alineada, se elige al nuevo Tribunal Electoral del Partido. Lo nombran al Dr. Noguera, un hombre sin militancia, pero muy próximo a las carpas de Rodríguez.

            Después de tres meses se reanuda el conteo de los votos, se manipula el resultado y el Ing. Juan Carlos Wasmosy es proclamado triunfador de aquellas elecciones de diciembre de 1992.

            La ANR ya tenía candidato, surgido del fraude ecuestre-empresarial. Quedaba la siguiente meta: disciplinar al electorado republicano, bastante disgustado por el escarnio a que fueron sometidos.

            La oposición aparece con dos candidatos con bastantes posibilidades por causa de la fractura del partido oficialista.

            Los partidos políticos que se oponían a la hegemonía colorada de cincuenta años de gobierno vieron con buenos ojos el fraude interno de la ANR, seguros de que esa discordia les acercaba al Palacio de López. La moral política no interesaba, la impunidad no les indignaba. Volvíamos a las viejas prácticas de antaño.

            En marzo de 1992 conspicuos caudillos de la ANR, simpatizantes del Dr. Argaña, dan la consigna de votar por Caballero Vargas y no por Wasmosy. Ante el peligro de restar sufragios al candidato oficialista, un grupo de jefes abiertamente se compromete a hacer campaña a favor del Ing. Wasmosy por orden del Gral. Rodríguez. El Gral. César Lino Oviedo, el contraalmirante Guillermo López Moreira y el Gral. de Aviación Ocampos Díaz recorren las seccionales del interior y tratan de reagrupar las fuerzas republicanas con el slogan de que el partido no debe entregar el gobierno en las urnas por la traición de desertores que amenazan sufragar por Caballero Vargas y no por el candidato del partido.

            En Villarrica se reúnen, en la Región Militar, los dirigentes de seccionales coloradas de los departamentos del Guairá, Caaguazú y Caazapá para recibir instrucciones con relación a las próximas elecciones presidenciales.

            La convocación concentró a los principales dirigentes de la zona del Ybytyruzú para escuchar las instrucciones de los jefes militares liderados por Lino César Oviedo: Se estaban violando normas constitucionales y del Código Electoral. A todo fuego, sin ningún disimulo, repetían la historia de uniformados que se identificaban con una asociación política, contra todo reglamento militar y normas legales.       

            La concentración de los dirigentes campesinos en el cuartel de Villarrica fue decisiva. Varios dirigentes comprometieron su esfuerzo y lealtad a la causa del pendón rojo. La deserción disminuyó, gracias a la intromisión de los mandos castrenses.

            Otra reunión similar se realizó en igual sentido en las cercanías de Limpio. El apoyo logístico de las Fuerzas Armadas por la candidatura del Ing. Wasmosy hizo posible una reactivación de los contingentes republicanos.

            El Dr. Domingo Isabelino Laíno representaba la fuerza opositora al oficialismo. El fervor de los liberales fue sostenido. Prueba de su fuerza electoral es el resultado que obtuvieron en las urnas. Hasta el último conteo se especulaba con la posibilidad del triunfo del Dr. Laíno, máxime que ciento cincuenta mil votos republicanos fueron depositados a favor del candidato del "Encuentro Nacional", Dr. Guillermo Caballero Vargas, que al final sumó 235.000 votos.

            Una propaganda bien montada por la fórmula oficialista motivó la concurrencia masiva de funcionarios públicos, la mayoría de filiación republicana, amenazados de perder sus puestos de trabajo. Ciento veinte y cinco mil empleados votaron disciplinadamente por el Ing. Wasmosy.

            El triunfo del candidato de la ANR, Ing. Juan Carlos Wasmosy, por escaso margen, garantizaba la continuidad del oficialismo en el gobierno por cinco años más.

            El Gral. Rodríguez dejaba la Presidencia de la República en manos amigas y los negocios de la familia sin afrontar competencias peligrosas. La hegemonía de los políticos empresarios y de militares comerciantes conformaba una concertación de grupos de interés.

            BALANCE DEL GOBIERNO DE RODRÍGUEZ

            La libertad de expresión y la libre actividad de los partidos políticos fueron lo más rescatable durante el gobierno del jefe militar.

            De una política intervencionista, comienza a insinuarse una conducción hacia el neoliberalismo. Las privatizaciones de Líneas Aéreas Paraguayas y la Flota Mercante del Estado generaron las primeras polémicas entre privatistas y antiprivatistas.

            La asistencia al sector rural se mantuvo en los primeros años de su gobierno, mientras ejerció el cargo el ministro Bertoni. Después el crédito a los agricultores fue menor y el recurso financiero se desvió a la especulación, con elevadas tasas de interés, por causa de una medida inconsulta del directorio del Banco Central del Paraguay.

            El guaraní, con relación al dólar, fue perdiendo su valor. Comenzaba la primera etapa de la dolarización de la economía, con signos preocupantes sobre el coste de producción y obligaciones contraídas en el exterior.

            La convocación a la Asamblea Nacional Constituyente no congregó a los mejores exponentes de la cultura ciudadana, y sí constituyó un premio a la obsecuencia e incondicionalidad a las carpas partidarias. Poco interesó la idoneidad del constituyente, más la ventaja al correligionario. El perfil de los ciudadanos constituyentes del oficialismo dejó mucho que desear, salvo honrosas excepciones.

            Los convencionales opositores presentaban mejores candidatos por su formación intelectual y conocimiento de la materia. Los prebendarios en filas de la oposición fueron menos.

            La democracia labial empeoraba la situación económica. El deterioro social comenzaba a señalar índices negativos de desocupación y pérdida del valor adquisitivo del salario.

            La dictadura de cúpulas partidarias no presagiaba días de bonanza para la nueva era llamada democrática.

            El reclamo de campesinos sin tierras, el aumento de la tasa de desocupación, la progresión de la pobreza crítica señalaban el deterioro de nuestra estructura.

            El total descuido de los problemas geopolíticos que estaba afrontando la nación con el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Pilcomayo, sin trazar una estrategia que nos garantizara nuestro derecho sobre tan singular río.

            La falta de una política energética respecto del aprovechamiento del fluido de Itaipú y Yacyretá, con vistas a un plan de desarrollo, tan necesario para el futuro del país, ni memoria.

            La deserción campesina resintió nuestra producción y presionó la tasa de desocupación. La marginalidad en los anillos y suburbios de las ciudades presiona más que los problemas económicos y sociales. Con el gobierno del Gral. Rodríguez comienza el desequilibrio poblacional, primer indicador de nuestra depresión financiera y fiscal.

            Durante el período 1989 a 1993 aumentaron progresivamente los gastos públicos, en detrimento de las inversiones fiscales, tan necesarias para recuperar el bajo porcentaje de desarrollo económico y social.

            El comercio ilícito aumentó, según auditores internacionales. La evasión tributaria trepó al 55%. La evasión de divisas al 100%.

            Los ingresos por las exportaciones fueron mínimos. Al ser derrocado Stroessner el rubro de ingresos de divisas en dólares llegaba a 400 millones de esa moneda. Durante el gobierno de Rodríguez se mantuvo tal cifra, a pesar del aumento del comercio irregular.

            El país se distrajo en un electoralismo fanatizado y con promesas de cargos a los desocupados partidarios.

            La corrupción y la impunidad iban en progresión. El silencio cómplice de las entidades políticas encubría desfalcos, fraudes y vergonzosos negociados.

            La administración de Justicia, permisiva. Se mantuvo la estructura del Poder Judicial stronista, salvo algunas modificaciones. El retardo en la tramitación de los expedientes judiciales y las sentencias de favor no desaparecieron.

            El Gral. Rodríguez siguió la estrategia de su ex Comandante en Jefe (Stroessner): controlar el Gobierno, el Parlamento, el partido oficialista y parte de la oposición y las Fuerzas Armadas.

            La República, al cierre del gobierno del presidente Rodríguez, no presentaba índices alentadores, mas, en honor a la verdad, aún quedaban márgenes para la recuperación.

            En los últimos tramos del gobierno del artillero el ingreso de divisas por exportaciones llegó a 600 millones de dólares. El Gral. Rodríguez, merced a la siembra expansiva y mecanizada de la soja, más la exportación de ganado vacuno, alcanzó cifras significativas: 800 millones de dólares anuales.

            La economía no estaba bien, pero tampoco tan mal. Con algunas medidas oportunas e inteligentes se podía mejorar el estado financiero-económico de la Nación.

            El error de concentrar los recursos en la especulación debilitó las bases de nuestra economía.

            La imprevisión de no asistir a nuestras pocas industrias fue otro índice negativo.

            La inversión en el sector oficial, que en tiempos de Stroessner alcanzó un 35%, cayó con Rodríguez a un 18%.

            El gobierno de la democracia, como lo llamaban al que se estableció el 3 de febrero de 1989, dejaba a su paso ondas de luces y más de sombras.

            1) En lo político tuvo el gran mérito de implantar un régimen de libertades públicas.

            2) La economía no tuvo alteraciones sustanciales, sí el mérito del aumento de la producción de soja, que la ubicó como rubro de exportación en el primer lugar.

            3) La educación tuvo un significativo repunte. Los programas de alfabetización y las construcciones escolares merecieron la atención del gobierno. El ministro Sapena Brugada impulsó tales programas.

            4) La salud pública mantuvo una cobertura que no estaba lejos de otros países de la América hispana. El déficit del 45% seguía marcando un cuadro estadístico que debía mejorar. La mortalidad infantil continuaba sin una disminución significativa.

            OBSERVACIONES

            La geopolítica no tuvo la atención ni el equipo de hombres capaces y especializados para atender los problemas del río Pilcomayo y la administración inteligente y eficaz de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá.

            La invasión de colonos brasileños en las mejores tierras del Alto Paraná debió controlarse.

            Una ley de fronteras fue otra omisión del Poder Ejecutivo y del Legislativo, compartida por el oficialismo y la oposición.

            La falta de seguridad en el campo, con el auge del abigeato, precipitó la emigración campesina a los anillos de pobreza crítica, ubicada en las principales urbes del Paraguay: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, Villarrica, Coronel Oviedo, y el desarraigo de paraguayos en tierras extranjeras.

            La Administración de Justicia no había mejorado.

            En lo social, campesinos sin tierra constituían el problema más serio que se avecinaba.

            Las protestas obreras en Itaipú, con un par de víctimas, no se compadecían con los postulados democráticos.

            El descontrol financiero con la emisión "Z" golpeó el valor adquisitivo del guaraní.

            Nuestra diplomacia, sin alternativas de soluciones.

            El Tratado de Asunción que pretendía la integración de los países atlánticos nos tomó desprevenidos y sin estudio serio de sus alcances. Faltó un equipo idóneo para discutir las cláusulas del citado Tratado. Mercosur constituía una estrategia de integración regional.

            Al firmar el Tratado los presidentes del Paraguay, Gral. Andrés Rodríguez, de la Argentina, Carlos Saúl Menem, del Brasil, Fernando Collor, y del Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, se proponían la conformación del Mercado Común.

            El histórico Tratado se suscribió el 26 de marzo de 1991.

            El principal objetivo se centra en un proceso de integración para el desarrollo en un área de 11.874.562 kilómetros cuadrados que comprende el Brasil, la Argentina, el Paraguay y el Uruguay. La población de estos países en 1991 registraba 190 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto con 437 mil millones de dólares, y de importación de 24 mil millones de la moneda norteamericana.

            El Tratado de Asunción, conocido con el nombre de Mercosur, se sustenta en cuatro principios:

            1) Gradualidad;

            2) Flexibilidad;

            3) Equilibrio;

            4) Reciprocidad.

            Un análisis de la Fundación Hans Seidel, preparado por los investigadores Hajna-Igor Pangrazio-Cristaldo, emite el presente comentario: "Gradualidad: Es el principio que informa al proyecto, en orden a establecer etapas y dentro de cada una de ellas un conjunto integrado de proyectos, en todos sus aspectos, previendo inclusive la armonización de políticas para asegurar el éxito de los proyectos y la credibilidad del programa.

            "Flexibilidad: Principio que orienta al ajuste de cada etapa, en su alcance, ritmo o velocidad y objetivos.

            "Equilibrio: En el sentido de buscar la integración intersectorial, de modo a no producir o inducir a las economías a especializaciones o sectarizaciones específicas.

            "Reciprocidad: De modo a establecer una equitativa y justa compensación de los derechos y obligaciones entre los Estados Partes.

            "Estos principios, que están recogidos en el Tratado de Asunción, parten de la experiencia que se han conocido de otros intentos y esfuerzos integracionistas y que en resumen son:

            "a) Eficiencia;

            "b) Estabilidad;

            "c) Equidad;

            "d) Intervención estratégica externa".

            A casi diez años de haberse firmado el Tratado del Mercosur, los beneficios alcanzados por el Paraguay no son los esperados.

            Dicho Tratado fue aceleradamente instrumentado por dos países dominantes, con abiertas asimetrías en cuanto a su organización y desarrollo. Un país sin vertebración externa siempre estará en desventaja en cualquier proceso de integración regional, pues no se puede integrar en lo externo lo que está desintegrado en lo interno.

            El Paraguay aún no está integrado en un proceso interno de desarrollo, pues cada sector de la economía no está estructuralmente relacionado. En síntesis, el Mercosur significó un gran sacrificio fiscal para el país, sin lograr incrementar su capacidad productiva para aprovechar el mercado ampliado del Mercosur.

            En lo político, el Gral. Andrés Rodríguez no cumplió con su promesa pronunciada en la madrugada del 3 de febrero de 1989. Las urnas no fueron respetadas. El fraude dio un duro golpe al proceso cívico y hoy estamos pagando esa estafa colectiva al pueblo paraguayo. Vaya también el anatema a los partidos políticos del Paraguay que se confabularon con tal despojo.

            Los países integrantes del Mercosur que reivindicaban la estabilidad democrática tampoco siquiera opinaron sobre ese inaudito atropello a la opinión cívica de los ciudadanos.

            El Gral. Andrés Rodríguez pasó a la historia con el gran mérito de haber liderado la Revolución libertadora del 2 y 3 de febrero; pero la corrupción e impunidad heredada de Stroessner y acrecentada durante su mandato reprueban gran parte de su gestión pública.

Fuente: HISTORIA POLITICA DEL PARAGUAY - TOMO II. Obra de MIGUEL ÁNGEL PANGRAZIO. Intercontinental Editora. Diseño de tapa: ANY UGHELLI. Composición y armado: GILBERTO RIVEROS. Corrección: ARNALDO NÚÑEZ. Asunción - Paraguay 2000 (658 páginas)

ANDRÉS RODRÍGUEZ - PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Duración del mandato: 03 de Febrero de 1989 - 15 de Agosto de 1993

Nacimiento: Borja, departamento de Guairá , 19 de Junio de 1923

Defunción: Nueva York, Estados Unidos , 21 de Abril de 1997

Partido político: ANR-PC

Profesión: Militar

RESUMEN : De ascendencia española por parte del padre, un maquinista del ferrocarril militante del Partido Liberal, e italiana por parte de la madre, campesina, tuvo una infancia humilde y trabajó en los cañaverales de su pueblo natal, ubicado a 200 km de Asunción.

BIOGRAFÍA : En 1942, con la mayoría de edad, ingresó como cadete en el Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, en Capiatá, del que salió en 1946 con el grado de subteniente del arma de caballería, siendo su primer destino el Regimiento Coronel Felipe Toledo. En abril de 1947 entró en el equipo nacional de Pentatlón Militar Moderno, que exigía destreza en las especialidades deportivas de equitación, esgrima, natación, tiro y carrera de fondo, y compitió en los campeonatos de Río de Janeiro aquel año.

A su regreso al Paraguay se unió a las fuerzas leales al dictador del país desde 1940, general Higinio Morínigo Martínez, en el curso de la guerra civil que concluyó en agosto de 1947 con la victoria del autócrata y que supuso el monopolio en el Gobierno de la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado (ANR-PC, fundada el 11 de septiembre de 1887), si bien menos de un año después, en junio de 1948, Morínigo fue descabalgado en un golpe de Estado.

En 1953, con los galones de capitán, Rodríguez recibió un curso de capacitación en Brasil. Algunas fuentes informan que a raíz de la implantación en 1954, mediante el golpe de Estado primero y la ficción electoral después, de la dictadura derechista del general Alfredo Stroessner Matiauda, Rodríguez tuvo algunas dificultades por sus parientes y amistades de talante liberal.

En 1961 fue promovido a coronel y le fue encomendada la comandancia de la División de Caballería de Asunción. En los años siguientes, ya probada su lealtad al Gobierno, singular híbrido de dominio militar y de sistema de partido -en mucho aspectos- único, Rodríguez fue adquiriendo una preponderancia en el círculo de colaboradores de Stroessner. El vínculo personal de lealtad y confianza entre ambos militares se reforzó con el elemento familiar al casarse una de las tres hijas de Rodríguez, Marta, y el primogénito varón del dictador, también llamado Alfredo, del que luego enviudó. Además, la melliza de Marta, Mirta, contrajo matrimonio con el potentado tabacalero Gustavo Saba.

Ascendido a general de brigada en 1967 y a general de división en 1970, para comienzos de la década de los setenta Rodríguez estaba ya considerado la segunda persona del régimen. En 1981 consolidó esta posición con su nombramiento como comandante del poderoso I Cuerpo de Ejército, culminando una serie de promociones y regalías otorgadas por su consuegro para que, como esperaba de otros generales, no se metiera en política.

Así, Rodríguez, mientras cumplía el encargo de manifestar públicamente la fidelidad de las Fuerzas Armadas a Stroessner, fue amasando una fortuna, se asegura que fabulosa, como propietario de vastas ganaderías, empresas de construcción, textiles y alimentación, la cervecera Múnich, que funcionaba como un verdadero monopolio, un aeródromo y la especialmente lucrativa red de casas de Cambio de Moneda Guaraní.

Este patrimonio, quizá el mayor del país y entre los mayores de Sudamérica, era fruto, obviamente, de los privilegios que brindaban el usufructo del poder y el modelo de economía estatista en ausencia de un libre mercado. Pero también estaba ligado al contrabando de mercadería ilegal y, de ser ciertas las investigaciones conducidas por medios de comunicación de Estados Unidos en 1974, a turbios manejos en el mundo de la droga.

La imputación no dejaba de cuadrar con la naturaleza corrupta y delictiva del régimen stroessnerista, bajo cuya protección medraron todo tipo de tramas del tráfico de productos de lujo y narcóticos. Más aún, el propio Gobierno de Estados Unidos acusó a Rodríguez de ser el jefe del llamado cártel del Paraguay y de proteger a las bandas de narcotraficantes que operaban en ese país. El general rechazó las acusaciones y denunció a su vez a la Embajada de Estados Unidos en Asunción por alentar la "subversión política" con sus contactos con los dirigentes de la oposición paraguaya.

Con esta polémica en vigor, el conflicto soterrado entre Rodríguez y Stroessner afloró en 1986 con motivo de la división de la ANR-PC en dos facciones: los militantes, incondicionales de Stroessner hasta el fanatismo, y los tradicionalistas, inquietos por la excesiva personalización del régimen y la perspectiva de una sucesión dinástica, ya que uno de los hijos del dictador, el teniente coronel de Aviación Gustavo Adolfo Stroessner Mora, estaba realizando inequívocas maniobras de poder. Los tradicionalistas, además, auspiciarían en apariencia una tímida liberalización política. El caso es que las dos tendencias emprendieron una guerra de descalificaciones, entre las que menudeaba la permeabilidad a las influencias comunistas.

Rodríguez, sin alinearse nítidamente, se acercó a los tradicionalistas que lideraba Juan Ramón Chávez, los cuales pudieron animarle a que tomara las riendas del país después de que los militantes ganaran la partida por el poder en la convención del partido de agosto de 1987, que decidió la séptima postulación presidencial de Stroessner en las elecciones del 14 de febrero de 1988. Otro factor de descontento lo abonaba la impaciencia de mandos intermedios de las Fuerzas Armadas, que veían estancadas sus carreras porque Stroessner no renovaba el generalato.

Al comenzar 1989 la dictadura parecía tan inamovible como siempre, pero el coloradismo y la cúpula del poder se estremecían por las tensiones. Los tradicionalistas presionaban para que se emprendiera una liberalización en la línea de los nuevos aires procedentes de Washington que apuntaban al apartamiento de viejas dictaduras ideológicas aupadas al socaire de la Guerra Fría y su sustitución por gobiernos democráticamente elegidos, más útiles a los intereses de la superpotencia del norte en la nueva situación internacional.

Cuando Stroessner le cerró a Rodríguez su empresa de cambio de moneda por Asunción se extendió el rumor de que el autócrata septuagenario se disponía a destituir a su consuegro del comando del I Cuerpo de Ejército y a retirarle del servicio militar activo; por el contrario, fuentes periodísticas indicaban que se disponía a nombrarle ministro de Defensa, quizá en un intento de apaciguar su mala disposición.

Este ambiente enrarecido y de confusión lo zanjó Rodríguez el 3 de febrero con un golpe de Estado que él concibió como un movimiento limpio de palacio. El golpe tuvo la virtud de derribar a Stroessner, pero a un alto precio, ya que el Batallón Escolta Presidencial, leal a su jefe, y elementos de la Policía plantaron cara a los tanques del I Cuerpo de Ejercito y se entablaron sangrientos combates con un balance aproximado de cien muertos. Stroessner fue inmediatamente arrestado y al día siguiente autorizado a tomar el vuelo que le condujo a un exilio dorado en Brasil.

Autoproclamado presidente provisional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Rodríguez declaró que su levantamiento tenía como motivos "el inicio de la democratización del Paraguay, el respeto a los Derechos Humanos y la defensa de nuestra religión cristiana, católica y romana". Pidió el auxilio de los países amigos del Paraguay en la tarea de defender la democracia "después de 35 años de dictadura" y, auténtica novedad en la historia contemporánea del país, anunció el levantamiento de las restricciones que tenían amordazada a la libertad de expresión.

El 6 de febrero, cogiendo por sorpresa a la oposición interna y a la comunidad internacional, que en los primeros momentos del golpe desconfió de las intenciones de quien había sido un puntal de la dictadura hasta la víspera, el general decretó la disolución del Congreso elegido fraudulentamente en los comicios de 1988 y convocó para el 1 de mayo unas elecciones generales a las que invitó a concurrir a todos los partidos políticos además de la ANR-PC, incluso los que habían sido declarados subversivos por Stroessner, con la excepción de los comunistas.

En el momento de su anuncio, el general dejó entrever la posibilidad de concurrir él mismo como candidato a la Presidencia, y semanas más tarde confirmó esta opción. La oposición recibió con consternación la postulación de Rodríguez, que tenía todo a su favor, palancas y medios del poder más una popularidad tan elevada como indiscutible, para adjudicarse la victoria.

La implantación de los mecanismos y las instituciones de la democracia se desarrolló con rapidez inusitada y las elecciones prometidas por Rodríguez se celebraron en la fecha prevista. La histórica cita con las urnas estuvo manchada de fraudes burdos en algunos colegios electorales y, tal como anticipaban las encuestas, el general se impuso con un apabullante 75,9% de los sufragios frente a su contrincante opositor, Domingo Laíno Figueredo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien sólo obtuvo el 19,4%. Los observadores extranjeros certificaron que el fraude cometido no fue determinante en la victoria de Rodríguez y el propio Laíno reconoció su derrota. En el Congreso, la ANR-PC volvió a obtener la mayoría de dos terceras partes de los escaños (48 diputados y 24 senadores), concedida automáticamente al partido más votado en virtud de la Ley Electoral de 1961.

El 15 de mayo Rodríguez fue investido presidente de derecho y con mandato hasta 1993, cuando vencía el período de cinco años para el que Stroessner había sido reelegido en 1988, y a continuación formó un Gobierno con ocho personalidades civiles y tres militares. Ascendido el 12 de diciembre de 1989, por acuerdo de la Cámara de Senadores, al grado de general de Ejército, máximo del escalafón castrense paraguayo, Rodríguez mostró una loable determinación en el cumplimiento de sus promesas de desmantelar los instrumentos legales de la dictadura.

Así, el 1 de diciembre de 1991 se celebraron elecciones a una Convención Nacional Constituyente (CNC), ganadas por la ANR-PC con el 50% de los sufragios y 122 de los 198 escaños, con la misión de elaborar un texto constitucional sustitutivo del de 1967. Promulgada el 20 de junio de 1992, la nueva Carta Magna eliminó la posibilidad de reelección del presidente al final de su mandato quinquenal, concedió al poder Legislativo mayores competencias de control y supervisión sobre el poder Ejecutivo y acabó con la antidemocrática Ley Electoral de 1961 mediante un nuevo sistema proporcional en la distribución de escaños que otorgaba un carácter verdaderamente representativo a las elecciones legislativas.

Por lo que se refiere a la economía, Rodríguez heredó una coyuntura bonancible y estable, si bien sobre bases estructurales absolutamente rígidas y atrasadas. Su Gobierno dispuso la devaluación del guaraní, la unificación de los tipos de cambio y la eliminación de tasas a las operaciones financieros, lo cual favoreció las exportaciones y, al menos al principio, espoleó la producción.

Pero el alza de los precios como consecuencia negativa de la devaluación le obligó a lanzar un plan de estabilización, el cual, unido a las malas cosechas y a la caída de los precios internacionales del algodón y otros productos agrícolas que el Paraguay exportaba, repercutió severamente en la actividad económica. Por otro lado, el Gobierno hizo aprobar en el Congreso un paquete de leyes económicas de carácter liberal y desregulador, dando luz verde a la reordenación del sistema fiscal, a la privatización de las empresas públicas y a la garantía de las inversiones de capital extranjero.

Si en el ámbito doméstico Rodríguez restauró las libertades civiles y el Estado de derecho, y sentó las bases de la reforma económica a costa del dirigismo y el estatismo característicos del stroessnerismo, en el plano exterior tomó pasos decisivos encaminados a insertar al Paraguay, país sumido en el aislamiento y la mala imagen internacionales durante muchos años, en el concierto latinoamericano de naciones.

Esta empresa de apertura e integración tuvo un colofón especialmente brillante con la acogida en Asunción el 26 de marzo de 1991 a sus colegas de Brasil, FERNANDO COLLOR DE MELLO, Argentina, CARLOS MENEM, y Uruguay, LUIS ALBERTO LACALLE, para la firma del Tratado constitutivo del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Otro importante logro fue la recuperación del estatus del Paraguay ante Estados Unidos como país beneficiado con la cláusula comercial de nación más favorecida.

El general, no obstante, incumplió alguna de las promesas de la campaña electoral, que ya entonces se antojaron populistas. Fundamentalmente, quedó en el vado la reforma agraria, que habría supuesto el reparto de una pequeña porción de las tierras de los latifundistas, en un país donde el campo seguía teniendo un peso económico y social fundamental; decepcionados, los campesinos militantes se lanzaron a la ocupación de fincas, en lo que toparon con la represión sin contemplaciones de la fuerza pública. A la hora de hacer balances, también resultó insatisfactorio el cacareado combate a fondo contra el narcotráfico, al que Rodríguez se refirió al poco de hacerse con el poder como el "peor flagelo que azota a la humanidad".

A mayor abundamiento, en 1993 la justicia paraguaya acogió denuncias contra él en el sentido de que las operaciones gubernamentales contra las redes de la droga habían servido, de hecho, como cobertura de unos presuntos negocios del presidente en el tráfico de cocaína en el curso de su mandato. La judicatura zanjó entonces que no había lugar a un proceso contra el general al considerar que las pruebas de incriminación presentadas en su contra no contenían suficientes indicios de delito.

La victoria de un candidato de la oposición apoyado por la izquierda en las elecciones del 26 de mayo de 1991 a la alcaldía de Asunción supuso la mejor demostración de que el nuevo estado de cosas traído por Rodríguez permitía la libre competencia electoral y alternativas de poder que se antojaban impensables hasta hacía bien poco, pero también fue la señal de rebato en las filas coloradas para mitigar sus trifulcas y ofrecer una imagen de unidad.

Las esperanzas de los partidos de la oposición quedaron frustradas en las elecciones para la CNC meses más tarde, y en las elecciones generales del 9 de mayo de 1993 el candidato oficialista, JUAN CARLOS WASMOSY MONTI, empresario y ministro de Rodríguez, se apuntó la victoria con el 40,9% de los votos sobre Domingo Laíno y Guillermo Caballero Vargas, de Encuentro Nacional.

El 15 de agosto siguiente Rodríguez entregó la banda presidencial a Wasmosy, haciendo realidad el primer relevo entre dos presidente libremente elegidos en las urnas en la historia de país y también la asunción del primer mandatario civil desde 1954. En ese momento, Rodríguez pasó a la situación de retiro en las Fuerzas Armadas y adquirió la condición de senador vitalicio de la República que la Constitución le reservaba a él en exclusiva (en tanto que presidente en ejercicio cuando se sancionó el texto), escaño desde el que siguió activo en la política nacional.

En los últimos meses de su vida reverdecieron las antiguas acusaciones de conexión con el narcotráfico, así como de estar involucrado en el asesinato en octubre de 1994 del secretario antidrogas, general Ramón Rosa Rodríguez. El último episodio de la polémica se dio el 6 de diciembre de 1996 cuando la Cámara de Senadores invocó la inmunidad parlamentaria del senador vitalicio y negó que pudiera ser procesado por narcotráfico o asesinato.

El general Rodríguez falleció el 21 de abril de 1997 en el Memorial Hospital de Nueva York a los 73 años, a causa de las complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que sufría, y dos días después sus restos fueron inhumados en Asunción con honores de Estado en presencia de los principales dignatarios de la nación y de varios estadistas de la región, entre ellos los ex presidentes uruguayos Luis Alberto Lacalle y Jorge Pachecho Areco. Para entonces, el coloradismo había entrado en una etapa de luchas cainitas tan violenta que estaba sometiendo a una grave desestabilización a la misma democracia paraguaya por involucrar en aquellas al Ejército y el Gobierno.

En aquel momento, la ANR-PC se preparaba para celebrar unas elecciones primarias que debían dirimir la pugna por la candidatura presidencial colorada en las elecciones de mayo de 1998, a las que optaban cuatro aspirantes, siendo dos los más relevantes por su visceral antagonismo y el número de sus seguidores: el general Lino César Oviedo Silva, el destituido -por Wasmosy- comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, personaje megalómano ávido de poder, exponente de la más rancia estampa caudillista y oficial fundamental en el golpe de 1989 como responsable del asalto al reducto de los stroessneristas; y Luis María Argaña Ferraro, un devoto del dictador que luego había servido en el Gobierno de Rodríguez como ministro de Asuntos Exteriores antes de desempeñar la presidencia nominal del partido y de ser derrotado por Wasmosy en la interna colorada de diciembre de 1992.

Esta falta de cultura democrática en el seno del otrora partido-Estado, la impunidad absoluta que cubría a toda una casta política y militar acostumbrada a aprovecharse de sus posiciones oficiales para desarrollar negocios delictivos, los maridajes entre el coloradismo y el Ejército, inaceptables en un moderno Estado de derecho, y la consiguiente injerencia de los uniformados en los asuntos del estamento civil, conformaban la pesada herencia de la era de Stroessner, un legado que Rodríguez no supo o no quiso reciclar y que transmitió intacto a sus sucesores.

Editado por Roberto Ortiz de Zarate (Cobertura informativa hasta 1/2/2003)

Fuente: http://www.cidob.org - Registro: Agosto 2011

PARLAMENTARIOS PARAGUAYOS 1989 - 1993

En febrero de 1989, un sangriento golpe de Estado derrocó al general Stroessner y asumió la presidencia el general Andrés Rodríguez, quien el 5 de febrero de 1989 disolvió el Congreso nacional y convocó a elecciones generales para el 1 de mayo de ese año.

El nuevo Congreso nacional quedó integrado por:

Presidentes: Alberto Nogués Pérez (1989–1990), Delio Fariña (1990–1991), Waldino Ramón Lovera (1990–1991), Gustavo Díaz de Vivar (1991–1993); Evelio Fernández Arévalos, Fulgencio Aldana, Roque Jacinto Ávila, Jorge Luis Barbosa Sisul, Juan Vicente Caballero, Rodrigo Campos Cervera, Julio Rolando Elizeche Bogado, Abraham Esteche, Alcibiades Fernández, Juan Manuel Frutos, Nelson García Ramírez, Rodolfo González Garabelli y Domingo Laíno Figueredo.

También fueron electos: Carmen Casco de Lara Castro, Mario Mallorquín, Marina Aquino de Ortiz, Carlos María Ocampos Arbo, José D. Ovelar, Pedro Hugo Peña, Manuel Augusto Radice, Blas N. Riquelme, Carlos Romero Pereira, Eduardo San Martín, Ludovico Tessada Sá, Silvio Velázquez Vega, Fernando Vera, Édgar Linneo Ynsfrán Doldán, Juan Carlos Zaldívar, Federico A. Zayas y Carlos Zayas Vallejos.

En este periodo también fueron incorporados los senadores suplentes: Germán Ayala, Ramón Centurión Núñez, Ceferino Ramírez, Artemio Vera, Fulgencio Miranda, Marcos Antonio Elizeche, Ignacio Samaniego y Jorge Raúl Garcete.

En la Cámara de Diputados fueron electos: Miguel Ángel Aquino, presidente; José Antonio Moreno Ruffinelli, Persio Da Silva, José Félix Fernández Estigarribia, Rubén Stanley, Juan Roque Galeano Villalba, Ángel Roberto Seifart, Osvaldo Bergonzi, Julio César Frutos, Eugenio Sanabria Cantero, Julio César Vasconsellos y Atilio Rolando Fernández.

Otros diputados electos fueron: Eladio Loizaga, Sandino Gill Oporto, Pablo Narvaja Servián, Efraín Enríquez Gamón, Juan Carlos Galaverna, Oscar Facundo Ynsfrán Doldán, José Martín Palumbo, Bartolomé Sánchez, Rubén O. Fanego, Dionisio Nicolás Frutos, Miguel Ángel Ramírez, Hipólito Mendoza Cabrera, Ramón Martínez Cáceres y Antonio Salúm Flecha.

También fueron electos: José Pappalardo Zaldívar, Ricardo Esperanza Leiva, Antonio Álvarez Alvarenga, Genaro Sánchez, Juan Ernesto Villamayor, Lorenzo Garbett, Víctor Hugo Sánchez, Ciriaco González, Antonia Núñez de López, Félix Ibarra Llano, Faustino Centurión, Nelson Argaña, Juan Bautista Ibáñez, Antonio González Prieto, Artemio Castillo, Carlos Galeano Perrone, Andrés Gómez Galeano, Samuel Benítez.

Sigue la lista con Nelson A. Villate, Eduardo Venialgo, Vidal Flor Jara, Carlos Duarte Torres, Víctor Hugo Peña Bareiro, Juan Manuel Benítez Florentín, Adalberto Ramón Mongelós, Augusto Brun Vierci, Luis Guanes Gondra, Ceferino Villalba, Gustavo Adolfo Riart Ortellado, César Equicio Benítez, Luis Alberto Cayetano Wagner Lezcano, Carlos Caballero Roig, Adalita del Puerto de Schaerer, María José Rolón, Mauri Arza Huerta, Víctor Cardozo Quiñónez, Alcides Frutos Estigarribia y Atilio Martínez Casado.

Además fueron electos: Celso Velázquez, Ricardo Jara Rojas, Ignacio Musmesi, Reinaldo Valenzuela, Francisco José de Vargas, Ricardo A. Lugo Estigarribia, Armando Llorens y Aniano Denis Estigarribia.

En este periodo fueron incorporados los diputados suplentes: Bernardo Rodríguez, José Rubén Arrechea, Bernardino Cano Radil, Fernando Martínez, Cristina Solana Muñoz y Domingo Romero.

Fuente: LUIS VERÓN. Revista Dominical del diario ABC COLOR. Publicado en fecha 1ro. de febrero del 2015 - Fuente en Internet: www.abc.com.py

VIDEO DEL GOLPE DE ESTADO DEL 3 DE FEBRERO DE 1989 : www.Paraguay.Com | El 2 y 3 de febrero de 1989 comenzaba el proceso de democratización en el Paraguay. Una noche donde el General Andrés Rodríguez y "Los Carlos" sacaban a Alfredo Stroessner de 35 años de poder absoluto. Vea en estas imágenes los festejos en la Calle Palma, declaraciones del entonces dirigente Juan Carlos Galaverna, al periodista Humberto Rubín, el director del entonces clausurado diario ABC Color, Aldo Zuccolillo y otros momentos históricos.

Extracto del programa "Archivos M" emitido en 2008 por El Trece.

Enlace interno a documento de lectura recomendada: EL GOBIERNO DEL GENERAL ANDRÉS RODRÍGUEZ. EL DIFÍCIL CAMINO HACIA LA TRANSICIÓN. Por ALCIBIADES GONZÁLEZ DELVALLE - LA HISTORIA DEL PARAGUAY - ABC COLOR - CAPÍTULO 19, Asunción – Paraguay. 2013

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GENERAL ANDRÉS RODRÍGUEZ PEDOTTI en PORTALGUARANI.COM

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