ESTADO DE DERECHO VS. ESTADO DE NECESIDAD

Por  JORGE RUBIANI

Al inicio de la administración municipal del actual senador Dr. Carlos Filizzola (1991/96), la entonces directora del Área Social y ahora diputada, Dra. Desirée Masi, comentaba en una de las reuniones de gabinete sobre las dificultades para la reubicación de vendedores callejeros del microcentro. Especialmente, en relación al cuestionario respondido por los que serían sujetos del proyecto. Preguntados estos si querían cambiar de lugar, algunos respondían que sí. "¿Dónde querrían estar?", era la siguiente pregunta. "Frente al Panteón de los Héroes", respondía la mayoría. Muy pocos de aquellos vendedores eran ciudadanos de Asunción. Es que instalado y admitido el desorden urbano, todos (no solamente marginales) pretenden obtener ventajas de la indolencia y la irresponsabilidad de las autoridades. A propósito, se había investigado el origen de las mercaderías y se fotografiaron los grandes depósitos que las guardaban en los alrededores de Asunción. Así como las lujosas camionetas 4x4 que al despuntar el alba salían de esos sitios para la distribución correspondiente. Todas estas pruebas, con el número de placas de los vehículos, fueron presentadas al entonces ministro de Hacienda, el ya extinto Dr. Juan José Díaz Pérez, ofreciéndole una bien servida mesa para "un duro golpe al contrabando". Y el secretario de Estado, sencillamente, se omitió de toda intervención. Mientras tanto y requerida la Policía para el procedimiento, reclamaba una orden judicial para cada uno de los puestos a ser eventualmente desalojados. De más está mencionar que en la conducción del gobierno central se encontraba el "centenario partido", cuyos miembros hoy, en la oposición, reclaman eficacia o virtudes que nunca fueron capaces de ejercer.   

El tema vuelve de tanto en tanto al tapete: el de los vendedores ambulantes; no el de los que cambian de mentalidad según su ubicación en la escala del poder. Y en cada ocasión, distintos referentes –aunque con argumentos diferentes– parecen dispuestos a que cualquier plan o idea de orden fracase. En declaraciones a este diario, la concejala Rocío Casco decidió por sí y ante sí quiénes tienen derecho y quiénes no. Y declara su desdén a la legalidad diciendo que "si lo que venden es legal o ilegal" –en pocas palabras– no es su problema. Con el mismo sorprendente análisis, podríamos afirmar también que si "lomiteros" o "pancheros" venden mercadería insalubre, tampoco sería problema municipal. Y seguiríamos omitiéndonos de responsabilidades con los buses chatarras, los niños de la calle, los raudales, la polución sonora y de otros tantos; problemas frente a los cuales siempre esgrimiríamos una excusa inoportuna para sustraernos de su solución. No sé si frente a estos problemas la Municipalidad tiene competencias legales. Pero TODOS ELLOS son problemas municipales.   

Concuerdo con la concejala Casco en que el tema de los vendedores de la calle no es simple, que su atención requiere la participación de todos. Pero cuando ya minamos el campo de las propuestas determinando lo que interesa y lo que no, las soluciones no vendrán. Porque otros aportarán lo suyo para que el problema siga siendo "social" o "político", y –como todos ellos– sin solución posible. Y si echamos la culpa a "unos pocos", habría que asumir que entre esos "pocos" está el cártel de los contrabandistas, tan marginales como los que la Sra. Concejala dice proteger. Porque la Sra. Casco seguramente sabe que la casta de mafiosos y ladrones que sostiene el contrabando impide que todos nosotros, y especialmente los pobres a los que ella "defiende!", tengamos hospitales, escuelas, universidades y servicios de relativa calidad. Que en términos llanos y sencillos, los contrabandistas no son iguales a los pocos que ella odia. Son peores. Porque se mofan de nosotros, del Gobierno (también de ella), dañan la economía del país y sus posibilidades de progreso.   

Y la señora Concejala también sabe, aunque –aparentemente– pretende ignorarlo, que ella y su partido son parte del "sistema" desde el momento en que participan de las elecciones de la "democracia burguesa" que tanto menosprecian. Que ella es funcionaria pública, cobra un salario, dieta o como se le llame, del presupuesto que financiamos todos. Y que si bien es candidata de una entidad partidaria de determinado pensamiento o ideología, se convierte, cuando ya electa, en representante de toda la ciudadanía. No solamente de "pocos" o "muchos" que eventualmente coincidan con su estrecha visión del mundo, de la ciudad y de sus propias responsabilidades.

Fuente: ABC Color

www.abc.com.py

Sección OPINIÓN

Miércoles, 25 de Agosto de 2010

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