Portal Guaraní - EL DEDO EN EL SATURÓMETRO - Por ALFREDO BOCCIA PAZ

Dos años atrás muy poca gente, fuera del personal de salud, conocía la existencia de ese pequeño aparatito llamado saturómetro. Como la aparición del Covid-19 hizo que muchísimas familias adquirieran uno, casi todos saben que cuestan menos de 150.000 guaraníes. Por lo tanto, si alguien afirma que pagó 885.000 guaraníes por unidad, está mintiendo.

Para explicar lo inexplicable mandaron al frente al jefe de Gabinete de la Comuna capitalina, Wilfrido Cáceres, quien aseguró que los dispositivos habían sido distribuidos a los vacunatorios. Olvidó calcular que en marzo de 2020, fecha que figura en las facturas, la pandemia apenas comenzaba y todavía no existían vacunas.

Esos argumentos infantiles motivaron numerosas preguntas de los periodistas, ante lo cual el pobre y sudoroso Cáceres optó por huir de la conferencia de prensa. Lo de pobre es un decir, pues gracias a su súbita fama quedó en evidencia la rapidez con la que abandonó dicha condición social.

Los saturómetros se convirtieron en un símbolo de la corrupción en pandemia.

Solo se hizo pública una tercera parte de la totalidad de lo que gastó la Municipalidad de los llamados fondos de emergencia. Lo que se ha visto hasta ahora explica por qué Nenecho Rodríguez y quien lo suplanta en estos meses, César Ojeda, eran tan renuentes a cumplir la ley de libre acceso ciudadano a la información pública.

Con una escuálida planilla Excel pretendieron responder el pedido de informe de la candidata Johanna Ortega, quien presentó un recurso de amparo que fue otorgado por la jueza Marcela Fernández. La Municipalidad alegó que los datos eran privados y que había una intención política, pero finalmente un Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión. Vale la pena recordar los nombres de esos magistrados: Geraldine Monges, Ángel Cohene y Julio César Centeno.

La evidencia de que en los momentos más angustiosos de la pandemia un dinero que podría haber sido usado para ayudar a los que lo necesitaban era direccionado a empresas inhabilitadas, sin experiencia, inexistentes o de fachada despierta una indignación mayúscula.

Merecidamente, el más perjudicado con un eventual voto castigo es el candidato colorado. Aunque nadie debe olvidar a sus secuaces en la Junta Municipal que provienen de varios partidos. Johanna Ortega, también merecidamente, logró, por fin, una visibilidad que no pudo tener en la etapa previa de la campaña. Así, Nakayama, a quien se le atribuyen mayores posibilidades de vencer a Nenecho, podría verse beneficiado por el feroz deterioro de la imagen del favorito.

La discusión por la necesidad del voto útil opositor no tiene sentido. Ni Nakayama puede pedirlo, luego de haber dejado constancia –con demasiado énfasis– su desinterés en una alianza con la izquierda, ni Johanna tiene la menor intención de descabalgar después de este final casi prodigioso.

La cuestión pasa por otro lado. Por el capital social de la ciudad capital. Dos amigos míos, con sus opiniones, expresaron las aristas del dilema. Por un lado, el periodista Luis Bareiro afirma: Si las denuncias sobre presuntas sobrefacturaciones en plena pandemia no tienen impacto electoral quedará claro que la indignación del elector ante la corrupción es solo una cuestión de pose, tan hipócrita como el discurso de los elegibles. Y, por el otro, el politólogo Marcello Lachi responde que los escándalos de corrupción pública no inciden en los resultados electorales porque el voto en Paraguay es una cuestión mayormente afectiva y acrítica.

¿Votará la gente por quienes robaron en pandemia? Lo veremos mañana. Se pondrá a prueba el capital humano.

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