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La historia comienza de un modo conocido: en las redes sociales. De la nada, con fake news y denuncias irresponsables, se va instalando una campaña que crece de modo tan rápido como orquestado. De repente, surge mucha gente preocupada por los proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los cuestionadores son cercanos al empresariado del agronegocio y a sectores fundamentalistas “provida”. El más activo de ellos es un opaco abogado del Partido Patria Querida.

Critican la supuesta financiación del Estado a investigaciones que buscan “insertar ideologías de izquierda” en el país. Los trabajos que preocupan a estos individuos son los que se enfocan en los efectos de los herbicidas en la niñez campesina, en las consecuencias de la desigualdad social y la incidencia de abortos e infecciones por VIH en la salud pública. Por ejemplo, la pediatra Stela Benítez Leite, autora de un complicado y profundo estudio sobre el eventual daño genotóxico ocasionado por plaguicidas, soportó injurias y mentiras en las redes.

Uno de los logros más trascendentes de este país fue que, por fin, la investigación tuviera presupuesto estatal. Con gran esfuerzo de académicos de distintos ámbitos, el Paraguay aumentó su número de publicaciones en revistas científicas. La aún frágil y corta trayectoria del Conacyt se ganó el reconocimiento de muchos investigadores que, hasta hace poco, no tenían cómo financiar sus proyectos.

Tantos dardos concentrados en una institución más bien silenciosa como esa, presagiaban algo más. El segundo capítulo de la historia se escribió hace pocos días en una sesión lamentable del Consejo Directivo del Conacyt. A partir de ahora, serán ellos, los consejeros, quienes definirán qué estudio apoyar. Antes, el proceso de selección era solicitado a pares expertos del exterior, de modo a superar con transparencia la desconfianza y la falta de una amplia comunidad académica. Ahora eso queda en un segundo plano. Decidieron, además, frenar preventivamente la financiación de determinados proyectos que afectan al sector privado.

Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión y a la constatación de que hay poco de casual en las redes sociales. El Conacyt tiene una presencia recargada de gremios empresariales –UIP, Feprinco y ARP– cuyos representantes creen tener la idoneidad como para evaluar investigaciones complejas. Serán los miembros del Consejo los que dictaminarán sobre qué es válido científicamente investigar.

El pensamiento y la investigación producen conocimiento y este no puede ser amojonado porque los resultados no son agradables a intereses particulares. La ciencia es libre y sus caminos no pueden ser censurados. ¿No aprendimos de la Inquisición religiosa, los autoritarismos de distintas épocas y nuestro atávico embrutecimiento académico? El Conacyt debe corregir este retroceso.