MI VOTO POR EL PUEBLO Y OTROS COMENTARIOS

VOLUMEN II

Por ALCIBIADES GONZÁLEZ DELVALLE

Ediciones PIGMALION

Buenos Aires – Argentina

Mayo 1985 (254 páginas)

AL LECTOR

         La ausencia de libertad de expresión en nuestro país, hizo que las imprentas rechazaran imprimir "M voto por el pueblo" (Volumen 1). Tenían miedo de sufrir la represión policial por mezclarse en acciones "subversivas". Había antecedentes al respecto, como el entonces reciente caso del Banco Paraguayo de Datos que costó la cárcel e importantes quebrantos económicos a los propietarios de dos imprentas. Cometieron el "delito" de imprimir los estudios y las opiniones originados en el citado Banco.

         Con el original de "Mi voto por el pueblo" acudí a varias imprentas. A nadie pude convencer de que se trataba de una selección de mis artículos ya publicados en el diario ABC Color, y que por lo mismo no habría inconvenientes en darlos nuevamente a conocer. Confieso que pequé de ingenuidad. Ahora me alegro de no haber sido convincente, porque tendría sobre mi conciencia el encarcelamiento y otros daños de quien sabe qué propietario de imprenta.

         En efecto, el temor de los imprenteros no fue en balde. Por la circunstancia mencionada mandé el original a Buenos Aires en donde finalmente se confeccionaron los ejemplares de "Mi voto por el pueblo" (Volumen I). Cuando pretendí introducirlos al país, por la Aduana de Ciudad Presidente Stroessner, efectivos de la Policía de Investigaciones me secuestraron la totalidad de los libros que en esos momentos traía en mi vehículo: 270 ejemplares. Poco tiempo después, personal de la misma dependencia policial allanó mi domicilio porque en el mismo "se encontrarían depositados objetos, libros y otras literaturas de carácter subversivo".

         No se qué suerte correrá este segundo volumen. Tampoco la del autor. Pero insisto en esta empresa por dos motivos: 1) reunir en libros mis artículos periodísticos porque considero que servirán de modesto testimonio de la época que nos tocó vivir; y 2) la libertad de expresión es un derecho por el que tenemos que batallar hasta conquistarlo.

         AGD.

PRÓLOGO

         Alcibíades González Delvalle es admirado y respetado incluso por los agentes de la represión política de nuestro país. Sus ocasionales paseos frente a las célebres dependencias del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital son coreografiados por cordiales saludos y uno que otro apretón de manos apologético ofrecido por quienes lo tuvieron como "huésped" en más de una oportunidad. Lejos de resultar sorprendente, este hecho es enteramente natural. A lo largo, de su cuarto de siglo en el periodismo y las letras, González Delvalle se ha sabido granjear la simpatía y la reverencia de los que discrepan con él, así como la masiva lealtad de su multitudinaria audiencia. Su vida cotidiana refleja la rutina de un abnegado profesional que para ganarse la vida ha optado voluntariamente por una ocupación azarosa, incómoda, potencialmente peligrosa para la salud y, que por lo demás, en materia de recompensas materiales, junto a la del magisterio debe ser la más mezquina.

         La popularidad de González Delvalle anterior a él se adscribía solamente a futbolistas consagrados. Su columna dominical ha sido hasta el presente la más ávida y masivamente leída de toda la historia periodística paraguaya. La rara habilidad para trasmitir a sus lectores informaciones o interpretaciones meridianamente claras en un lenguaje sencillo aunque expresivo lo han convertido en un auténtico héroe del público. No son raras las ocasiones en que su mesa en algún restaurante o parrillada capitalina reciba una que otra botella de cerveza o vino de parte de algún apreciativo lector que de esa manera quiere testimoniar su aprecio por el inusual coraje periodístico de González Delvalle. Como éste es abstemio, el regalo realmente nos llega de rebote a quienes lo acompañamos en ese momento.

         Una de las tareas más ingratas la tienen aquellos personeros de la propaganda oficialista paraguaya, que, atentos al renombre de González Delvalle, tratan de denostarlo para destruir su credibilidad. Primero, por supuesto, lo acusaron de "agente del marxismo internacional". En saco rato, pues nadie duda de su compromiso con la democracia ni de su constante prédica para llegar alguna vez a tener un estado de derecho en el Paraguay y en Latinoamérica. Entonces lo acusaron de homosexual -asumiendo que tal inclinación sea ilícita- y la acusación se disipó por ridícula. Pertinaz y con una dedicación digna de mejor causa, esta prensa sectaria que se autocalifica de contraria a la prédica del odio entre paraguayos paso seguido acusa a González Delvalle de haberse ganado toda una fortuna a lo largo de sus años de cronista del ahora clausurado matutino ABC Color como "opositor rentado". Basta notar los precarios medios con los que se desenvuelve González Delvalle para anotar lo exagerado de tal cálculo. Entonces, carentes ya de argumentos, acusan ellos a González Delvalle de ser un amargado negativista que sólo ve lo siniestro en todo, a lo cual él contestó con un modelo de humor y agudeza. Como el plumaje de un pato, cuanta más agua arrojaban menos mojado quedaba.

         En oportunidad de la avalancha de periodistas extranjeros que visitaron el Paraguay en 1984 al conmemorarse el treintenario de la estada en el poder del actual primer mandatario y de paso para informar también sobre la clausura del primer y único diario independiente de la historia periodística paraguaya, ABC Color, era Alcibíades González Delvalle, junto al director del matutino silenciado, la figura más buscada para hacer declaraciones que luego fueron impresas en nada menos que The New York Times, The Washington Post, Time, Newsweek, The Los Angeles Times, El País de Madrid, Le Monde, Le Figaro, etcétera. Su fama de periodista principista y valiente hace rato traspuso las fronteras del país.

         Pero este cúmulo de admiración y reconocimiento intra y extra territorial no vino sin una factura onerosa. Alcibíades González Delvalle es también blanco rutinario de una insidiosa campaña de hostigamiento que no se basa precisamente en motivos personales de las autoridades sino que tienen todas las apariencias de tratarse de una cuestión ideológica. González Delvalle no puede ganarse la vida haciendo lo que le gusta, escribir, porque no tiene dónde. Sus obras teatrales no pueden ser representadas porque se lo considera "marcado". Este mismo volumen, al igual que el primer tomo, tuvo que ser impreso en el exterior porque las imprentas locales, a pesar de cacarear un presunto "renacimiento" del libro paraguayo, no se atreven a ejercer la libertad que los documentos oficiales afirman está en vigencia.

         Y a todo esto, Alcibíades González Delvalle interpone el coraje y la paciencia de siempre. Y su figura, legendaria ya, no cesa de crecer en la estima de la población.

         Leer a Alcibíades González Delvalle es siempre una experiencia refrescante -sobre todo comparado con la prosa gris y plagada de lugares comunes de la prensa paraguaya actual- y releerlo después de un tiempo es igualmente gratificante. Más no se puede pedir de un escritor cabalmente profesional.

         Todo lo anotado precedentemente sobre Alcibíades González Delvalle hubiese carecido de asidero de no haber mediado el vehículo adecuado para la diseminación de sus ideas y comentarios. El medio de comunicación de masas en este caso fue el ahora clausurado diario asunceno ABC Color. Sus breves años fueron testigos de una extraordinaria transformación en su línea editorial, metamorfosis que convirtió a ABC Color en el primer periódico independiente moderno y profesional de toda la historia paraguaya. Tal vez, el más implausible de los actores de este episodio del devenir periodístico guaraní haya sido el propio director propietario del diario, Aldo Zuccolillo.

         Empresario hábil y exitoso, a mediados de la década de 1960, Zuccolillo tuvo que notar que la población paraguaya estaba inconscientemente ansiosa de contar con un diario un poquito menos señorial e insípido que el La Tribuna de la familia Schaerer. El mérito nada desdeñable de La Tribuna consistió en su mera longevidad como medio de prensa a lo largo de la era más anárquica de la postguerra del Chaco, la Revolución y la Contrarrevolución de 1947. Para caminar esa cuerda muy floja La Tribuna no tenía editoriales y las noticias locales apenas llenaban una página en el mejor de los casos. Las "noticias" se basaban preponderantemente en informativos oficiales del gobierno. A pesar de que casi el 70 por ciento de la población paraguaya residía en el campo. La Tribuna ni incluía noticias rurales ni era distribuida en el interior. Un diario asunceno para el campesino de ese entonces venía como regalo de alguien que viajaba a la capital. En el agro, pocas cosas eran más interesantes que un diario asunceno viejo.

         Hubo loables intentos de reemplazar a la Tribuna como la prensa más leída. Pero tanto La Mañana como El Día fracasaron en el aspecto comercial. No pudiendo zafarse de los balances deficitarios en su distribución, ambos matutinos estuvieron condenados al fracaso. Se comenta con insistencia que los propios directivos de La Tribuna tuvieron injerencia en este renglón al prometer permitir a la competencia "usufructuar" de sus propios canales distributivos, pero estas especulaciones nunca fueron confirmadas documentalmente.

         En el año 1967 aparece en escena Zuccolillo como pionero de una serie de innovaciones periodísticas para el medio paraguayo, aunque el nombre de su novel diario no haya sido precisamente creativo. ABC, por supuesto, es un conocido periódico monarquista madrileño. El aditamento de Color implicaba el arrojado uso de tintas a color en las páginas de un diario que pretendía ser "serio". El formato era el de un tabloide. Para ganarse un público y producir renta, ABC Color tenía que superar a su competencia en presentación y contenido. Lentamente, el tabloide carcome el mercado de La Tribuna. La última página es dedicada exclusivamente a fotografías gigantescas de los futbolistas más apreciados. Interminables secuencias de las fiestas de presentación en sociedad de las debutantes asuncenas del aristocrático Club Centenario aparecen con inusitado despliegue y uso de color al día siguiente de las fiestas. La celeridad no deja de sorprender. Tampoco sorprende que ABC Color pronto comienza a arrojar saldos gananciales. La visión comercial de Zuccolillo le permite sacar ventajas del amplio mercado en el interior para su diario. Y si se quiere vender en el interior, conviene tener en el periódico una que otra noticia rural. La metamorfosis se había completado. ABC Color pasó a ser el primer diario paraguayo de circulación nacional. No por obvio podemos dejar de anotar que en el presente todos los diarios paraguayos adoptaron todas las innovaciones impuestas por ABC Color. Hay masivo uso de color, formato tabloide, suplementos tan variados como los de Hogareñas, Deportes, Rural, Revista Dominical y hasta de Artes y Espectáculos. Donde va Zuccolillo, no tardan en seguirlo los otros, incluyendo el Diario Patria de la Asociación Nacional Republicana, partido gobernante.

         Con ABC Color las noticias locales se convierten en las verdaderas estrellas del diario. El profesionalismo de sus editores se nota en el puntilloso respeto a la noticia y en el Tratamiento responsable de las mismas. Si bien la autocensura es el ángel de la guarda de los periodistas que trabajan bajo regímenes autoritarios, en ABC Color, con muy pocas excepciones, la noticia se publica. Y donde ella esté se la busca. Alcibíades González Delvalle en compañía de otros son los primeros en realizar extensos viajes al interior a la búsqueda de la información. Las travesías las más de las veces eran penosas y no del todo inofensivas. Las autoridades locales no estaban acostumbradas a injerencia alguna de la prensa. Así la imagen del diario y de sus periodistas crece en la estima popular. En algún momento parece mucho más pragmático denunciar un hecho a ABC Color que a las propias autoridades y éstas no pocas veces actúan con mayor expeditividad una vez que "el hecho" haya recibido la atención de ABC Color.

         El siguiente salto al vacío del diario bajo la dirección de Zuccolillo es la inauguración de las columnas de comentarios sobre temas de actualidad. Así descuella el autor del presente volumen. Sus columnas, acompañadas de su fotografía, son ávidamente leídas. Su propia fisonomía se vuelve familiar a muchos. Sus periódicos alojamientos en centros de detención -y las de sus colegas periodistas- no hacen sino incrementar la percepción de principista y profesional que lo adjetivan. Como casi siempre eran detenidos o los jefes de redacción o los propios periodistas mas nunca el director-responsable, se estimaba que Zuccolillo gozaba de cierto tipo de impunidad debido a su poderío económico.

         Pero en 1983 el propio Aldo Zuccolillo tiene la ocasión de familiarizarse con la prisión desde adentro y nuevamente en 1984 al final de la cual encuentra que su diario ha sido "suspendido por tiempo indeterminado". Gracias a ABC Color, y a la visión y el coraje de su director, sin embargo, las cosas nunca serán como antes. El resto de la prensa asuncena, Hoy, El Diario y Ultima Hora, en cierta medida -generalmente inadecuada- llena el vacío dejado por el decano de la prensa independiente profesional. Pero la ausencia de ABC Color es notoria y notable. Su reapertura será indicativa del advenimiento de una nueva era histórica para el Paraguay. Todo parece auspiciar para ABC Color un futuro más significativo aún que su corto y fructífero pretérito.

         Ricardo Caballero Aquino

         Wilmington College of Ohio.

         Febrero de 1985

LA PROSTITUCIÓN EN HERNANDARIAS

         Una morena inmensa, contundente y torrencial, estaba desparramada en un sillón de madera. Su mirada, que llenaba el salón, se detenía brevemente sobre cada pareja acurrucada en la penumbra o que danzaba en el centro de la pista. Era Ña Chiní, la dueña de "La Mariposa", uno de los centros nocturnos que se habían instalado en Hernandarias para divertir a los obreros de Itaipú, la obra hidroeléctrica más grande del mundo.

         Una ruidosa         orquesta electrónica, dirigida por quien fuera organista de la iglesia local, ocultaba los débiles gemidos que salían de una casa vecina, en donde velaban a una niña de 16 años, muerta tres días antes en un arroyo vecino en circunstancias sospechosas. La difunta, de quien no se tenían datos de identidad exactos, era una de las casi cuatrocientas muchachas que pueblan ese barrio paranaense, repartidas en 37 viviendas que por las noches se convierten en sitios de explosiva diversión. Es tanta la concurrencia que es capaz de producir más de un millón de guaraníes mensuales solamente para la Alcaldía Policial y el Centro de Salud.

         Cada prostíbulo abona a la Alcaldía diez mil guaraníes mensuales en concepto de "protección". Si el propietario desea una en especial -significa que la policía debe impedir que se escapen las muchachas- debe agregar entre cinco y quince mil guaraníes a su mensualidad. Cada pupila paga también a la Alcaldía mil quinientos guaraníes para ser habilitada y luego mil guaraníes mensuales por el ejercicio de la prostitución. Sólo en estos rubros la Alcaldía se alza con seiscientos mil guaraníes cada mes. A esta suma debe agregarse la obtenida por la "protección especial" y por los frecuentes apresamientos de las muchachas que para recuperar la libertad pagan entre dos mil quinientos y cinco mil guaraníes.

         El director del Centro de Salud local es el encargado de la inspección médica quincenal, y cobra mil guaraníes por cada labor. En realidad, por cada pupila, pues suele pasar meses sin que cientos de muchachas sean revisadas. El pago quincenal, sin embargo, es de una asombrosa puntualidad. En concepto de salubridad, las prostitutas contribuyen también con seiscientos mil guaraníes mensuales. El director del Centro de Salud es dueño del sanatorio privado más moderno y mejor equipado de la zona. Este sanatorio está lejos de las posibilidades económicas de las prostitutas, no obstante haber salido de ellas el dinero para que Hernandarias se enorgulleciera de contar con una casa asistencial modelo.

         El día que se enterró a la muchacha "ahogada", hemos visto en el barrio de los "centros nocturnos" un coche blanco, con placa Poder Judicial. Pensamos que la justicia había iniciado su intervención para esclarecer el oscuro caso. Nos habíamos equivocados.

         La esposa del juez de paz es propietaria de una "boutique", ubicada sobre la calle principal de la ciudad. Cada sábado aparece por los prostíbulos con su mercadería. Como vende a crédito, pagadero el próximo sábado, el recargo de precio es descomunal. Pese a ello cuenta con mucha clientela. Su éxito comercial va ligado a su condición de esposa del juez.

II

         Sentada en su trono junto al mostrador, Ña Chiní dirige no solamente "La mariposa". También en la localidad de San Lorenzo tiene un negocio similar. Pero eso no es todo. En sociedad con un tal Ferreira Hũ, es una de las proveedoras de las "mercaderías" a los burdeles. Ella tiene la función de tejer la trama sutil, como las arañas, para envolver a sus víctimas. Sabe despertar la ambición. Conocedora del oficio, deja caer en el lugar exacto una promesa, o unos billetes. Conoce la palabra precisa para pintar el "dorado" porvenir que aguarda a esa niña que tal vez no ha cumplido aún quince años. Sabe encender su vanidad. Tiene destreza para especular con su necesidad o la de sus padres.

         La trata de blanca es la parte más negra de la prostitución. Muchas jóvenes llegaron engañadas a los prostíbulos, de donde luego les resulta imposible o muy difícil salir. La complicidad policial es el inconveniente mayor.

         El caso de Miguela, de entre tantos que podemos contar, es muy ilustrativo. Esta joven de 18 años, madre de un niño de meses, llegó a la ciudad de Presidente Stroessner del Departamento Central, impulsada por la necesidad de trabajar. Se alojó en casa de una tía, cuyo marido trabaja en las obras de Itaipú. Al poco tiempo de llegar le ofrecieron un trabajo de servicio de mesas en un restaurante de Hernandarias, por el que se le abonaría veinticinco mil guaraníes mensuales, incluyendo casa y comida.

         Dejemos hablar a Miguela: "Llegué al restaurante, y por mi inexperiencia, no entendí enseguida de lo que se trataba; pero después, por lo que la patrona me indicó lo que tenía que hacer, caí en la cuenta. Me sentí perdida. Hablé con algunas chicas diciéndoles mi inquietud y mi deseo de huir, pero me desalentaron haciéndome notar que todo sería inútil; que la policía volvería a traerme. La patrona -después supe que se llamaba Felicita Figueredo, dueña de "La fortuna"- me invitaba con bebidas alcohólicas. Fue la peor noche de mi vida. Esa y la siguiente, pues a la tercera no pude más y me escapé. Lo hice con una compañera de penurias, mediante la buena voluntad de un taxista, que comprendió nuestra desesperación. Llegamos a Ciudad Stroessner. Me pareció que salí de una pesadilla, pero duró poco. La policía de Hernandarias me buscaba y tuve que esconderme. Después del noveno día, y aconsejada por mis parientes, me fui a Hernandarias para presentarme a la comisaría y aclarar las cosas, pues había orden de captura contra mí. Yo no era delincuente para vivir escondida de la policía. En Hernandarias el comisario Cano me informó que había una orden de detención contra mí por haber cometido faltas muy graves. La misma consistían, me dijo, en haber huido y dejar una cuenta de quince mil guaraníes. Me sorprendí mucho, pues cómo podía deber tanto en sólo tres días. El comisario no escuchó mis explicaciones. Me dijo que sólo saldría en libertad si abonaba los quince mil guaraníes o volviese al local del que había huido. Me negué a regresar y no tenía la posibilidad de pagar. Quedé entonces detenida. Pronto pasaron por la Alcaldía varias personas "preocupadas" por mi suerte. Eran los propietarios de otros prostíbulos que se ofrecían a pagar mi supuesta deuda, con la condición de que me fuese al local que me indicarían. No acepté. Pero después de una semana, vencida por las condiciones físicas y sicológicas que soportaba en la Alcaldía, acepté la propuesta de una tal Ña Taní, quien me dijo haber dado los quince mil guaraníes a mi antigua dueña. Pensé que de Ña Taní podría escaparme nuevamente, pero allí había más vigilancia aún. Ella misma controlaba de día el local, acompañada de su concubino y otras personas. Por la noche hacían guardia soldados de la Alcaldía. Después de quince días de estar sufriendo en mi nuevo lugar de encierro, vino esa cuestión del desvío del río Paraná, para el que tendrían que explotar dinamitas. En el prostíbulo se dijo que podría volar Hernandarias. Llegó el día de la explosión y nadie quedó en su casa. Todos fueron a refugiarse en distintos sitios por temor de que la explosión nos llevase por las nubes. Aproveche la ocasión y me escapé de nuevo. Salí con una compañera que también estaba a la fuerza y me dirigí a Asunción".

         Pero aquí no acaba la peripecia de Miguela. Estuvo dos meses en la capital al cabo de los cuales regresó a ciudad Stroessner, en la creencia de que ya la habrían olvidado. Nuevamente se equivocó.

         "Tenía a la Alcaldía y a Ña Taní detrás de mí -nos dijo Miguela-. Enseguida dieron conmigo. La mujer me insistió que la acompañase; que sólo quería hablar conmigo; que le dijera dónde se había quedado la compañera que se escapó conmigo; que no me preocupase; que nada me pasaría; que si no me iba un momento con ella me haría castigar; que no me dejaría en paz; que nuevamente me iría a parar al calabozo. En fin, tenía tanto miedo de sus amenazas que resolví acompañarla. No tuve otro camino. Pero en vez de que me llevase al prostíbulo, me dejó en la Alcaldía. Fue entonces que me propuse no regresar con Ña Taní ni con nadie. Me dispuse a pasar cualquier cosa menos volver a ese infierno, incluso arriesgarme a que se cumplieran las amenazas del comisario Cano, quien me dijo que si no regresaba a los prostíbulos me pudriría en la Alcaldía. Extrañamente, esta advertencia me dio valor. Estábamos en víspera de Año Nuevo y resolví escaparme de la Alcaldía, aun a riesgo de mi vida. Eran las tres de la mañana. Por las noches quedan muy pocos soldados, pues casi todos están en los prostíbulos haciendo guardia para que las muchachas no se escaparan. Entonces resulta más fácil huir de la Alcaldía que de los prostíbulos. Y así lo hice. Ahora vivo en la incertidumbre de si no volverán a encontrarme. Quiero vivir libremente en compañía de mi hijo. Eso es todo".

         Otro significativo caso es el de Nancy, de 16 años de edad, oriunda de San Juan Bautista de las Misiones. Con la promesa de un buen sueldo fue traída para tareas domésticas en un restaurante de Hernandarias. Fue a parar a los prostíbulos, en la Whiskería "Vat 69". La técnica utilizada por los dueños de estos locales para "amansar" a estas muchachas es amenazarlas con toda suerte de castigo o pegándolas, según la circunstancia. Así las tienen como atontadas. Un día, después de muchas averiguaciones, llega el padre de Nancy buscándola. La dueña del prostíbulo, una tal Ña Emi, llevó a la muchacha a la cocina y ensució sus manos con aceite y hollín. Así la trajo frente al padre. La joven, con sus manos de "sirvienta" pidió la bendición a su progenitor. Ña Emi, que no les dejaba solos, comenzó a servir bebida alcohólicaal anciano, mientras le hablaba de lo bien que andaba su hija. Enseguida le entregó cinco mil guaraníes con los que el sanjuanino se puso más contento aún. El padre regresó a su hogar y tranquilizó a su esposa asegurándole que era mentira cuanto se decía de su hija.

III

         La prostitución es considerada como un mal necesario. En el caso de Itaipú ni siquiera como un mal. Está allí, pegada a las alambradas, como una parte importante de la construcción de la hidroeléctrica más grande del mundo.

         Se la acepta con naturalidad. A nadie escandaliza. A los habitantes de Hernandarias les molesta sobremanera que se hubiera formado todo un barrio -bastante populoso- para la práctica de la prostitución. Pero la molestia no es por una cuestión moral, sino por la mala fama que se le pegó a la ciudad por culpa de los burdeles. Que tal barrio se mude a otra localidad les encantaría muchísimo. Está claro entonces que nadie reacciona contra la prostitución.

         Para que las obras de Itaipú se desarrollen normalmente; para que tantas inversiones rindan como es debido, se ha proyectado y construido cuanto pudiera permitir a los trabajadores un óptimo desenvolvimiento. Se ha tenido en cuenta, hasta en sus mínimos detalles, aspectos de salubridad, educación, recreo, alimentación. Y también, desde luego, para los familiares. La educación de los hijos está financiada por Itaipú. Esta y otras ventajas se brindan a los trabajadores para que tuviesen un buen rendimiento.

         Y dentro de este esquema están los prostíbulos de Hernandarias. Se cree que sin las muchachas que allí viven y mueren, los trabajadores tendrían algunos inconvenientes de orden emocional y sicológico. Y por culpa de algunos impedimentos privados y muy particulares, no es cuestión que sufra demora la que ha de ser la gran hidroeléctrica.

         Se tiene idea de la utilidad de esas muchachas dentro del contexto de Itaipú. Claro que cuando la obra se inaugure no se descubrirá seguramente ninguna placa recordatoria que haga mención de honor a las prostitutas de Hernandarias.

         Reiteramos: se tiene idea pero no conciencia.

         Si hubiere conciencia se daría a las chicas el mismo trato que a cualquiera de los engranajes importantes de la obra hidroeléctrica. Lo que impide para que esto ocurra es la hipocresía. A esas muchachas se las considera como una necesidad, y como tal se las tolera, pero nada más. Al mismo tiempo de aceptárselas se las quiere esconder. En voz baja son una necesidad y en voz alta una calamidad.

         De una vez por todas, ¿por qué Itaipú no acepta el hecho como debiera y hace por esas muchachas los mismos que con cualquiera de sus trabajadores? Entonces, despojándose de su hipocresía -que además es muy generalizada- podría construir una guardería infantil para los hijos de esas muchachas, que en decenas deambulan por los prostíbulos; que crecen cada día y cada noche envueltos en el vicio que les llega de afuera y les crece de adentro. Esa guardería debe estar a cargo de asistentes sociales. Y los niños en edad escolar, lo mismo que los hijos de los trabajadores de Itaipú, tengan acceso a una educación financiada por el Ente Binacional.

         Ese barrio de Hernandarias se levantó por culpa de Itaipú, o a consecuencia de Itaipú. Está prestando "servicios" a los trabajadores. Pues bien, que lo haga mejor. Que las muchachas pasen a cargo del departamento Médico de Itaipú Binacional. Se evitará esa inicua explotación de los dos mil guaraníes mensuales por "inspección". De los mil guaraníes a la Alcaldía. De las "multas" frecuentes y abultadas, y tantos otros padeceres.

         Contra la prostitución se alzan muchas voces bien intencionadas. Pero su erradicación resulta más que imposible en tanto esté adherida a nuestro sistema social y político; en tanto sea -la mayor de las veces- una consecuencia de nuestra conformación económica. A los prostíbulos de Hernandarias se les podrá quemar, incluso con las muchachas adentro, pero unas horas después nacerá otro barrio pegado a las alambradas de Itaipú. Y con la misma cantidad de muchachas. Y con la misma cantidad de sus explotadores. Y con la misma Alcaldía para quitarles dinero. Y con el mismo Centro de Salud con iguales fines. Además a Itaipú, como hemos visto, no le conviene esa desaparición. Hasta podrían atrasarse las obras. Hasta, quién sabe, podrían ocurrir conmociones.

         Entonces, señores de Itaipú, no queda más remedio que aceptarle a ese barrio de Hernandarias en voz alta, y procurarle comodidades. Cuanto más cómodo, mejor se sentirán vuestros trabajadores. Y de paso, las muchachas llevarán una vida más digna, si cabe la expresión. Y cabe, sin hipocresías.

         Así como están las cosas, en Hernandarias hasta la prostitución está prostituida.

         (resumen de una serie publicada en los meses de febrero y marzo de 1979)

KARAÍ OCTUBRE LLEGÓ EN JUNIO

         Los agricultores lo conocen muy bien a Karaí Octubre. Con su enorme sombrero pirí llega a los ranchos para alzarse con el último resto de la producción agrícola. No es precisamente el Dios del hambre. Para darle una connotación moderna, podríamos llamarle el Dios del desabastecimiento. O del encarecimiento. Su presencia suele ser puntual en el décimo mes del año. Ahora se vino en junio. Y no para visitar solamente los ranchos campesinos como otras veces. Está presente en todos los hogares. Con algunas excepciones, desde luego.

         No faltará quien quiera culparle a los periodistas, de la temprana presencia de este Karaí indeseable. Pensamos esto ante la nueva modalidad de cargarle a la prensa, no solamente los humanos errores, sino hasta las calamidades naturales como la gran crecida del río Paraguay.        

         Para resolver un problema, primero se debe aceptar la existencia de ese problema. Esto es elemental. Pero como nuestras autoridades insisten en que no tenemos ningún problema, éste no solamente continúa sino que se agrava cada vez más y en todos los órdenes.

         Esta actitud ya vemos - la sentimos- de qué manera perjudica al país. Creemos que esa actitud nace del desentendimiento que esas autoridades tienen respecto a la realidad nacional. Casi podemos afirmar que muchas de esas autoridades, para no decir todas, se enteran de los precios solamente por los diarios. Asumirían otra postura si tuviesen un sueldo normal -el de la generalidad del país- y viviesen solamente de ese sueldo. Queremos escuchar qué dicen por televisión cuando en su casa faltan la carne, y el pan, y el aceite, y el fideo, y etc. etc., o cuando deben echar raíces en las paradas de los transportes públicos a la espera de ir a su casa o a su trabajo.

         El país no quiere autoridades tremendistas desde luego. Pero que se muestren un poco más interesadas por nuestra suerte. Que asuman su responsabilidad y se acerquen al pueblo con un gesto más humilde, más cordial, más humano. Estamos viviendo un tiempo difícil. Que se nos explique al menos qué pasó. Que se nos diga la causa con claridad y no "piloteando" como suele decirse.

         Cualquiera que sienta en carne propia la actual situación, va a rechazar las inculpaciones dirigidas totalmente hacia otro lado. El pueblo necesita creer en sus autoridades, pero eso no ha de lograrse con la casi indiferencia hacia los problemas demostrada por algunas de esas autoridades en televisión.

         (10 de junio de 1979)

LOS "COMUNISTAS" Y LA CRÍA DE LOBOS DAN BUENA GANANCIA

         Una región de España fue azotada por lobos. Con el fin de acabar con ellos, las autoridades pagaban un buen precio por cada animal que los pobladores mataban. Pronto se acabaron los lobos y muchas personas se dedicaron entonces a criarlos. Resultaba un buen negocio.

         Con los comunistas pasa algo así. También significa un buen negocio criarlos. O mejor, crearlos. Es por eso que ahora hay tantos comunistas. A cualquiera que nos pisa el callo le tratamos de comunista con la esperanza, a fin de cuentas, de que seamos bien recompensados aquí en la tierra como en el cielo. Cuando un prójimo nos estorba y queremos que desaparezca, no se nos ocurre otra cosa que pronunciar la palabra mágica: comunista.

         A propósito, esta mañana en Fernando de la Mora los agradecidos pobladores ofrecerán un acto de desagravio al Dr. Milciades Melgarejo, el joven y dinámico profesional que los defendió de HIDROSIL y compañías. Gracias a la intervención de este abogado, los fernandinos salvaron su hogar cuando ya todo estaba dispuesto para que algunos "manguruyuses" se repartiesen el despojo de, incluso, los excombatientes de la Guerra del Chaco.

         El caso de Fernando de la Mora nos hace acordar de "Fuenteovejuna". Esta celebrada pieza de Lope de Vega nos enseña que las arbitrariedades no prosperan cuando sus víctimas, todas juntas, se deciden a enfrentarlas. Y los fernandinos eso hicieron. Y como los habitantes de "Fuenteovejuna"; también han tenido que soportar toda suerte de presiones, de intrigas, de calumnias.

         Y todo por defender sus derechos, por oponerse a una gran estafa urdida por funcionarios menores, pero de grandes ambiciones. De ellos también hace unos días los Obispos del Paraguay se ocuparon en un estupendo documento.

         Los fernandinos destruyeron una grave amenaza, guiados por un raro abogado. Y ahora ya pueden dormir tranquilos. O casi tranquilos.

         Está la cuestión esa de "comunista" que pesa sobre la cabeza del Dr. Melgarejo. Una cuestión en la que nadie cree, aunque haya provenido del mismísimo jefe de Investigaciones. Porque si el Dr. Melgarejo fuese comunista ¿cómo es que anda suelto?.

Una acusación semejante es muy grave entre nosotros. Cuando a un prójimo le tratamos de comunista, lo que estamos diciendo es que es subversivo, conspirador, despreciable, sórdido, perturbador, abyecto, etc. etc. Es por eso el acto de esta mañana en Fernando de la Mora. Es porque nadie cree que el Dr. Melgarejo merezca ninguno de los calificativos mencionados. Todo lo que hizo fue impedir, por los medios legales, que se cometiese un vergonzoso atropello contra la propiedad de humildes pobladores.

         Las únicas personas que no asistirán al acto de desagravio, serán aquellas que vieron volársele el negocio y esas otras que fueron utilizadas, cuándo estaba en sus manos impedir que los fernandinos tuviesen motivo para tan aleccionadora reacción.

         Volviendo a la cría de lobos, mucho se tardó para quedarse en evidencia el engaño. Los criadores tuvieron tiempo de hacerse ricos, poderosos y presumidos.

         (17 de junio de 1979)

VOLVAMOS A LAS "ESTANCIAS DE LA PATRIA"

         En una localidad del interior funcionaban dos almacenes. El propietario de uno de ellos era buen cristiano, buen padre de familia y ejemplar esposo, pero en cada kilo su balanza robaba 100 gramos, además de ser más caros sus artículos. El otro almacenero era ateo, mal padre y peor esposo, pero vendía con el peso justo y a menor precio todos sus productos. Un día, la patrona le dijo a su empleada: "¿De quién compraste esto?" Y la empleada le responde: "De quien la señora suele decir que es el bueno". "¡Pero ése es el malo! -replica la patrona- ¿Cuándo aprenderás que el bueno es el malo, y el malo es el bueno?"

         Resulta que cuando todos nos quejamos del precio de la carne; cuando su precio se ha hecho inaccesible para la mayoría de la población; cuando ya se ha llegado a un estado angustiante, el señor ministro de Agricultura y Ganadería nos dice que así está bien, que la situación es óptima. Es decir, que lo malo es lo bueno.

         Al mismo tiempo, los hacendados nos piden comprensión, que ellos han pasado muy malos momentos por culpa de la sequía, de la inundación, del frio, del calor, del año bisiesto, etc. ¿Qué comprensión es la que se nos pide? ¿La de no comer carne, o el escandaloso contrabando de vacunos al Brasil?

         A propósito, ¿por qué el ministro de Agricultura y los hacendados no hablan de este contrabando? ¿Acaso no están enterados, o no quieren enterarse? ¿A quién, o quiénes les conviene silenciar el notorio hecho de las dos mil cabezas de vacunos que pasan diariamente al Brasil?

         En el improbable, lejano y extraño caso de que las autoridades nacionales no estén todavía enteradas del contrabando y a riesgo de ser reiterativos, damos estos datos: Cientos de compradores brasileños, grandes y pequeños, recorren las zonas ganaderas del país adquiriendo ganado. En chatas, tropas y camiones cruzan la frontera por Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Stroessner, Capitán Bado, Ype Hú, Salto del Guairá, Itanarã.

         Los ganaderos paraguayos saben, y muy bien, que sus animales son para el Brasil. Pero como se les paga mejor que aquí, no les interesa demasiado el consumo interno. Exigen el mismo precio que el ofertado por los brasileños. Es esta la causa de la inatajable suba de la carne, de la imposibilidad para la mayoría de consumir carne vacuna.

         Sin duda que a los hacendados no les interesa esta situación. No van a renunciar a ganar dinero para poner sus productos al alcance del pueblo. Entonces le toca al Estado actuar. Si limita, por ejemplo, el precio del azúcar, ¿por qué se niega al, hacer lo mismo con el precio de la carne?

         El criterio del Gobierno, expuesto por el ministro de Agricultura, es que dejemos en paz a los hacendados, que ellos vendan sus animales al brasileño que mejor les pague, que los ganaderos han tenido problemas, que esto y que lo otro. Está bien. Pero ¿por qué tantos privilegios a los ganaderos? ¿Se hace lo mismo cuando, por ejemplo, los cultivadores de tomate pierden su producción por culpa de la helada? ¿Y con los cultivadores de cebolla, de ajo, etc.? Si han hecho un préstamo del Banco Nacional de Fomento, y los agricultores han perdido su cosecha, la deuda sigue en pie. Nunca más habrán de recuperar lo perdido.

         Está bien. Dejemos que los hacendados paraguayos satisfagan la demanda de los consumidores brasileños, dejemos que el país se endeude por ellos; dejemos que hagan cuánto quisiesen de sus animales. Pero el Estado no debe olvidar un deber básico: atender las necesidades del consumidor. Entonces volvamos a las "estancias de la Patria". Tenemos grandes extensiones de tierra para ello. En su oportunidad, es muy sabido, estas estancias de la Patria han sido muy útiles al país. Y ahora han de serlas más que nunca. De esas estancias deberán salir los vacunos para el consumo interno y a un precio justo. Y mientras las estancias de la Patria estén al servicio del país, poco nos importaría que los ganaderos estén al servicio del consumidor brasileño, toda vez que el Fondo Ganadero cancele su ayuda financiera a esos hacendados.

         De esas estancias de la Patria tenemos que hacer un símbolo de liberación de la codicia de la gente de afuera, y de adentro, que nada les importa de las necesidades del prójimo.

         (16 de setiembre de 1979)

¿OLVIDO O RESIGNACIÓN?

         ¿Somos olvidadizos o resignados? Hubo mucha protesta cuando el precio de la carne, de manera imprevista, se fue por las nubes a consecuencia del contrabando de vacunos al Brasil. El Gobierno, como respuesta al descontento generalizado, prometió combatir el tráfico ilegal del ganado. Tal promesa todavía no se ha cumplido. Como nunca, el contrabando goza de muy buena salud, lo que hace suponer una larga vida. Larga y fecunda.

         A las localidades fronterizas continúan llegando, sin pausas, los vacunos provenientes de las zonas ganaderas del país. Para cruzar al otro lado, los brasileños pagan entre 1.000 y 2.000 guaraníes por cabeza a quienes están para evitar que crucen los vacunos. Nos cupo conversar con uno de estos funcionarios, conocido nuestro. Nos quedamos asombrados de la elasticidad de su conciencia, de su habilidad dialéctica y de su sinvergüencía. Nos quiso convencer que el contrabando era provechoso para el país: que si el Paraguay dispone tantos millones de vacunos, por qué no venderlos a quienes mejor pagasen; que los ganaderos mucho han sufrido y ahora les vino la ocasión de mejorar su suerte; que en otros países la carne vacuna es un lujo, y por qué en el nuestro no ha de serlo: que él nada irregular cometía en aceptar las "propinas" que a fin de cuentas, era dinero de los brasileños; que si él no lo aceptaba, igual recibiría órdenes para no ver los vacunos cruzando la frontera; que él solo nada podría hacer; que eso que llamamos honestidad debería ser para todos los encargados en reprimir el contrabando; que esto y que lo otro. Total, que estaba haciendo bien, o por lo menos, no causaba daño a nadie.

         Suponemos que este "convencimiento" sintetiza el de todos los encargados en hacer cumplir las leyes. Cada uno procura sentirse bien con el cuento de que solo nada podrá hacer; de que una honestidad individual no acabará con la inmoralidad colectiva. Entonces, se sienten muy a gusto con las coimas que, además, salen de los bolsillos de los brasileños, en el caso de los vacunos. Ni siquiera, piensan, están saqueando a sus compatriotas. Naturalmente no les resulta desconocido que ese dinero entregado por los brasileños, ha salido de los sufridos consumidores paraguayos, la mayoría de los cuales está comiendo carne solamente una o dos veces por semana, a los sumo tres. Y no hay posibilidad de que este hecho se atenúe. No se vislumbra ninguna solución. A nadie le interesa remediar la angustiosa situación por la que están pasando tantos compatriotas de escasos recursos.

         Y lo peor de todo esto es que ya nadie protesta. Las quejas se han silenciado. Los enojos se diluyeron en el olvido o la resignación. Con un rotundo "¿Y para qué?" ya nadie alza la voz. Y con razón.

         (14 de octubre de 1979)

EE.UU. VOLVIÓ A LA NORMALIDAD

         Tenemos que admirar la notable coherencia del pueblo norteamericano; su constante emotivo e ideológico. Estados Unidos ama la inmensidad, por eso es grande; del pasado le viene su esplendor, por eso su apego tenaz a las tradiciones. Y en el marco de esta cohesión, el presidente Carter aparece como un accidente.

         El señor Reagan prometió a su pueblo volver al pasado y se produjo una avalancha de votos a favor. Por ello no estamos de acuerdo con quienes piensan que no se votó por Reagan sino en contra de Carter. Creemos que se votó, y sinceramente, por Reagan. Su plataforma electoral ofreció a los Estados Unidos la vuelta al pasado. Esa gloriosa época en que dominaba los mares con sus barcos, la tierra con sus fábricas y el cielo con sus aviones y satélites.

         El señor Reagan dijo a su pueblo que Estados Unidos volverá a ser respetado, y para ello aumentará los gastos de defensa. Es lo que dijo. Y un diluvio de votos cayó encima.

         Que la situación económica de los Estados Unidos anda por el suelo, no cabe duda. Creemos que los norteamericanos jamás habrán recibido tanta humillación como cuando se vieron forzados a comprar los "escarabajos" de la Volkswagen. Es sabido que se acostumbraron a andar, más que en automóviles, en verdaderos departamentos con ruedas. Y el señor Reagan les prometió que la situación económica será como la de antes.

         Deseamos que, en el aspecto económico al menos, todo le salga bien al señor Reagan. No deseamos que ningún pueblo del mundo tenga apremios de esa naturaleza. Pero...

         Antes de seguir adelante, diremos que los latinoamericanos tenemos experiencias dolorosas del bienestar norteamericano. No vamos a olvidarnos, eso nunca, de las bananeras, de los frigoríficos, de las plantaciones de cauchos, de las prospecciones petrolíferas, la explotación del cobre, del estaño, etc.

         Si los norteamericanos van a volver a su antiguo esplendor económico, en buena hora. Pero que no sea nuevamente a costa de los sufridos pueblos latinoamericanos que hoy más que nunca, están encaminados al encuentro de una vida mejor. Todavía nos acordamos, y demasiado bien, a cuánto los Estados Unidos nos vendían sus productos, y a cuánto compraban los nuestros. La enorme diferencia a favor del Tío Sam iba multiplicando su poderío económico. Y para no perderlo por ningún motivo, también nos acordamos que sacaban y ponían gobernantes.

         Sí, fue una época estupenda. Una época dorada a la que cualquier norteamericano nostálgico querría volver. Para no saber de dónde, y sobre todo, cómo les venía la ocasión de cimentar la grandeza del país, tenían un método eficaz: ignorar la geografía. Sencillamente no sabían dónde quedaba tal o cual país, ni qué pensaba o sentía determinado pueblo. Y con este tapón en los oídos -en realidad, en el corazón- no escuchaban los gemidos. No querían escucharlos, no vaya a suceder que se les cortase la digestión.

         Y vino el señor Carter y les habló de los derechos humanos. Y mientras hablaba de estos derechos, en Estados Unidos se venían achicando los automóviles hasta tener la proporción de los "escarabajos". Y fue así que el presidente Carter no perdió las elecciones el pasado 4 de noviembre. La perdió mucho antes. Desde cuando el pueblo norteamericano parecía que iba a descender hasta la altura de cualquier país latinoamericano. Pero ahora la conmoción ha pasado. Estados Unidos vuelve a la normalidad.

         Con el señor Reagan, que los norteamericanos retomen sus cadillac, lincoln, continental, chrysler, etc. pero, rogamos a Dios que a Latinoamérica no se le quite de la boca el pan.

         (9 de noviembre de 1980)

¿DE DÓNDE VIENE LA VIOLENCIA?

         Nuestra sucursal de Ciudad Presidente Stroessner informó sobre la detención de tres colonos de Itutí, acusados de robar maderas de un terreno privado. Con estos agricultores el aparato legal funcionó con increíble rapidez y "eficiencia". Ahora los detenidos ya están en la cárcel de Villarrica.

         Itutí se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de Stroessner, aguas abajo. Desde hace tiempo es escenario de hechos violentos de los que, naturalmente, resultan víctimas las modestas familias de agricultores. Aquí cabe recordar que en muchas regiones del país las mismas autoridades departamentales encabezan o aprueban la violencia en contra de pacíficos colonos cuyas tierras son codiciadas por algunos "capos". En este sentido, esos agricultores están muy desprotegidos. Se les hace de todo. Se les quema sus ranchos y sus capueras. Se los apresa por nada y para recuperar su libertad deben pagar considerables sumas de dinero.

         Conocemos Itutí y a sus pobladores. En más de una ocasión ya nos habíamos referido a la triste condición en que viven los colonos. El problema surgió hace aproximadamente un año cuando de pronto apareció como propietario de una buena extensión de tierra el intendente municipal y presidente de la seccional colorada de Presidente Franco, un señor Giménez Ronquetti. Ningún colono creyó que tan alta autoridad prueblerina fuese el propietario de las tierras reclamadas. Siempre llamó la atención su negativa a exhibir el título de propiedad. De todos modos obraba como dueño, y como tal desahuciaba a los indefensos agricultores. Después de muchos trámites hubo un cierto respiro para los colonos, quienes siguieron cultivando la parcela que ocupaban. En este caso -en este también- el IBR tuvo una "destacada" actuación. Mandó una nota a la Delegación de Gobierno del Alto Paraná rogando que no se molestara a los colonos. Y nada más. Después se desentendió del problema. Es más. Acentuó el malestar al no dar curso favorable a ninguno de los tres pedidos que habían hecho los de Itutí: 1) reconocimiento de la personería, del abogado; 2) reconocimiento de la comisión vecinal y 3) el envío de un técnico para evaluar la situación. De todos modos, hubo un cierto respiro, hasta la semana pasada, en que tres colonos fueron apresados de la manera más injusta, cínica y burda.

         Sucedió que los tres colonos -uno de ellos con más de 70 años de edad- detuvieron un vehículo que transportaba rollos para viajar hasta Presidente Franco. En el trayecto, la trampa ya estaba tendida seguramente desde hacía rato, el camión fue detenido y cayeron presos todos sus ocupantes. Inmediatamente actuó la "justicia" y se tomó declaraciones. Los colonos contaron al juez de Franco la realidad de lo sucedido. Sin embargo, hubo intento -de acuerdo a las informaciones periodísticas brindadas por las mismas víctimas- de forzarlos a firmar un documento que decía totalmente otra cosa de lo declarado. Y como si esto fuera poco, se quiso obligar también al conductor para que declarase en contra de los agricultores. Pero el chofer, con plausible espíritu de justicia y entereza moral, se negó a prestarse a la vil maniobra y contó también la verdad de lo sucedido. Es decir, que los colonos eran inocentes del robo de maderas. No obstante estas declaraciones -y aclaraciones- el juez de paz los remitió a la cárcel en cumplimiento, seguramente de un expreso deseo del intendente municipal y presidente de la seccional de Franco, que ahora aparece como hermano del propietario de las tierras.

         Ante estos hechos, sólo cabe preguntar: ¿Porqué se impulsa a los agricultores a la violencia?

         (30 de noviembre de 1980)

TODO TIEMPO PASADO ¿DEBE SER OLVIDADO?

         En fecha reciente, el Dr. Edgar L. Ynsfrán, ex ministro del Interior, en "cartas al director" de este diario, se refirió a las expresiones del Dr. Benjamín Vargas Peña con respecto al Capitán (SR) Luis Parra.

         Después de las categóricas desmentidas del Dr. Ynsfrán a las aseveraciones del Dr. Vargas Peña en torno de la conducta del Capitán Parra, referente al "Movimiento 14 de Mayo", el ex ministro del Interior dice: "El tiempo que transcurre inexorable y nos distancia de hechos y episodios del pasado, decantadas las pasiones que nos separaron, debiera ubicarnos en latitudes de mayor equidad y justicia. Nada ganaremos ofendiéndonos por injurias que dimos o recibimos en los ardores de las pasadas luchas".

         Sabias palabras las del Dr. Ynsfrán.

         En efecto, nada ganaremos viviendo con el rencor anudado en el corazón. Nada ganaremos alimentando el deseo de venganza en contra de quien nos dañó. Lo bueno sería olvidar, en nombre de una convivencia pacífica. Lo bueno sería sacrificar nuestro orgullo y apartarnos de propósitos revanchistas.

         Pero hay una cuestión.

         No se trata sólo de que la víctima olvide los garrotazos recibidos. Para que el olvido se produzca, es necesario que el culpable de la agresión -física o moral, o ambas a la vez- rinda cuenta de sus actos a la justicia. Cuando la sociedad es agredida por uno de sus miembros, esa sociedad merece un reparo. Esto no es venganza. Es justicia. Y sólo con el imperio de la Justicia es posible una convivencia armónica.

         Se agrede a la sociedad cuando hay abuso de poder; cuando se venden influencias, cuando los encargados de hacer cumplir la ley son los primeros en violarla, cuando se utiliza la fuerza para silenciar la razón; cuando se arrancan confesiones bajo torturas, físicas o morales. Se agrede a la sociedad cuando las mismas autoridades viven de espaldas a los preceptos constitucionales.

         Sí, está bien que las víctimas de estos hechos se esfuercen por olvidarlos. Pero ¿por qué los autores no rinden cuenta de su proceder?

         El pecado capital de nuestros políticos y gobernantes -desde el 15 de agosto de 1537- es que cuando están en el poder no piensan que alguna vez lo van a dejar. No temen el juicio de la posteridad. Parecieran regirse por aquello de "después de mí, el diluvio". Todas las arbitrariedades son cometidas en nombre de "la necesidad nacional". Pero cuando dejan el poder se ponen muy frescamente a predicar en contra de lo que hacían o consentían que se hiciese.

         Por ejemplo, los actuales defensores de la Ley 209, estamos seguros que mañana -cuando se ausenten del sitio donde ahora están- serán los más ardorosos críticos de esa Ley, sobre todo cuando se les venga encima. Y les escucharemos decir que "cuando eso -por ahora- se hacía necesaria su aplicación; pero hoy ya no, porque son otras las circunstancias". Con la mano sobre el corazón, ¿quién, alguna vez, se ha de sentir orgulloso de esta Ley? Y así sucederá con otras leyes, con otras medidas, con otras actitudes.

         ¿Cuántos de los fervientes cuestionadores del actual Gobierno no han participado de él?, ¿cuántos de los que ahora piden libertad, justicia, y tantas otras cosas hermosas, no estuvieron, desde este Gobierno u otro, haciendo lo contrario de lo que ahora reclaman?.

         ¿Por qué se espera la caída para después levantar la voz en contra de lo que se venía sosteniendo o consintiendo? No nos van a decir que desde la llanura se ve mejor. Lo que pasa es que las protestas lanzadas después de perder la silla, tienen más de despecho que de sincero enjuiciamiento; más de frustración que de denuncia.

         Sí, olvidemos odios y rencores; no anidemos en nuestro ánimo propósitos vengativos. Pero quienes no supieron cumplir con su deber para con la patria y sus compatriotas, que paguen primero sus culpas. Después las olvidaremos.

         Sí, denunciemos los males del Gobierno, cuando los hubiere, pero también desde el Gobierno. Después de la caída ya no tiene gracia hacerlo.

         (6 de diciembre de 1981)

APLAUDIMOS LA EXPULSIÓN DE ROA BASTOS

         Aplaudimos de corazón la medida del Gobierno referente a la expulsión de Augusto Roa Bastos. Nos pareció una decisión necesaria y, sobre todo, oportuna. Se recordará que Roa Bastos anunció su propósito de regresar para quedarse definitivamente entre nosotros. ¿Entre nosotros Roa Bastos?

         En su edición de ayer, el diario "Patria" se refirió a la poesía de Canese, en estos momentos el más popular y leído de los poetas, gracias a la difusión que los diarios, las radios y la televisión hacen de su último trabajo. Dice "Patria" que "El poeta se distingue por una virtud importante: la imaginación. La imaginación que emprende vuelo y es capaz de capturar las bellezas insertas en el pensamiento y en la palabra que rigen en las alturas más diáfanas del sentimiento y del pensamiento del hombre. Para alcanzar esos altos niveles de expresión, el poeta, aparte del ejercicio de su noble vocación, debe poseer otras virtudes: recursos, nobles recursos surgidos del valor de cada palabra y del contenido de belleza que esa palabra ostenta como riqueza".

         Sabias palabras las de "Patria"; aplicables también a otro género literario, como la novela.

         Ahora bien, ¿cómo se llega a "las alturas más diáfanas del sentimiento y del pensamiento del hombre"? ¿Cómo se alcanzan los "áltos niveles de expresión"? Naturalmente, con talento, trabajo, disciplina. Pero eso no es todo. Se necesita de un cierto ambiente físico y espiritual que haga posibles el desarrollo, la concreción, la consumación de las virtudes de las que nos habla "Patria".

         De aquí nuestra afirmación de que fue beneficiosa la expulsión de Roa Bastos. Beneficiosa para el escritor, aunque dolorosa para el hombre que piensa que el Paraguay es para todos los paraguayos.

         ¿Roa Bastos entre nosotros? No, por favor. Jamás volvería, como dice "Patria", a emprender vuelo y capturar la belleza, porque le estaríamos distrayendo con nuestras rencillas, nuestras mezquindades, nuestra vocación de negar y destruir talentos.

         Fue una sabia decisión alejar a Roa de entre nosotros. Así le ponemos a salvo de nuestro resentimiento, incomprensiones e intolerancia. Ocupado en aclarar chismes, en esquivar nuestros abusos, Roa Bastos no podría avanzar una línea quién sabe de qué otra novela, capaz -como las anteriores- de dar nuevo esplendor a la cultura paraguaya.

         Aparte de que la expulsión fue un hecho inteligente, demostró que tenemos mucho carácter. Mientras otros países querrían tener alguien parecido, por lo menos desde lejos, a Roa Bastos nosotros le tiramos de aquí.

         Los hombres de talento siempre tienen manera de vengarse. Cuando ya nadie sepa ni pronuncie nuestros nombres; cuando hayamos caído en el total, absoluto y merecido olvido, en el Paraguay se continuará leyendo con deleite y admiración las obras de Roa, las que quedarán como testimonio de una lúcida inteligencia, puesta al servicio del país.

         Con la expulsión de Roa hemos perdido un habitante, pero hemos ganado un escritor. Habitantes hay muchos, si no que lo diga el CEPEP. Pero escritor... ¿cuántos? Uno acaba de morir, Casaccia; el otro va rumbo al exilio, tal vez para siempre.

         Y nos quedamos nosotros.

         Nosotros, hermosísimos modelos para una novela surrealista.

         (9 de mayo de 1982)

LAS EXPRESIONES DE LEALTAD SIN TON NI SON

         En su edición del martes 18 pasado, el diario "Patria" publica un "Pronunciamiento de las seccionales de Kanindeyú". Las autoridades partidarias del XIV Departamento, al parecer, partieron de nuestra serie de notas sobre la mencionada región. En una de esas notas -o tal vez dos- comentábamos que el delegado de Gobierno era propietario de una estancia y su señora esposa, de un matadero; que la Municipalidad local, como resultado de una licitación, concedió al delegado la exclusividad de la venta de carne, la que se viene efectuando en algunas localidades de Kanindeyú. Hacíamos también referencia al apresamiento de un poblador que faenó su ganado, porque éste había sufrido un accidente. Dijimos también que se estaba vendiendo carne venida de la ciudad brasileña de Novo Mundo.

         Estas eran las informaciones que tocaban de cerca al Delegado de Gobierno.

         Pues bien, los presidentes de las seccionales coloradas del Departamento -por quienes sentimos un especial afecto- en el mencionado "Pronunciamiento" confirmaron plenamente nuestras informaciones.

         Dice el tal Pronunciamiento:

         "Las seccionales coloradas del Departamento de Kanindeyú, siempre han tenido la firme determinación de reconocer las virtudes que hacen la personalidad del correligionario. Por ello,

         "Conscientes de los motivos ocultos del agravio que no persigue otro fin que el de sembrar dudas en la opinión pública, fomentar recelos contra las instituciones legalmente constituidas y, provocar desarmonía en su seno, como partes de un plan de descomposición en el que se halla empeñado con mala fe, demagogia y groserías acumuladas, en un texto inspirado por el sectarismo fanático y orientado a fines inconfesables, por el pseudo periodista del diario A.B.C. Color, Alcibíades González Delvalle; en consecuencia, las seccionales coloradas del Departamento de Canindeyú rechazan y repudian los términos y las intenciones de tan burda publicación y se solidarizan con absoluta lealtad con el señor delegado de Gobierno del XIV Departamento de Kanindeyú, don Juan Vicente Caballero, de prosapia familia republicana, de una brillante trayectoria político-partidaria, de reconocida honorabilidad, digno representante del Poder Ejecutivo, que muy acertadamente conduce los altos intereses del Gobierno en este Departamento en conjunción armónica con las gloriosas Fuerzas Armadas y el poderoso Partido Colorado, que conforma la filosofía política del Gobierno constitucional presidido por el general de Ejército don Alfredo Stroessner. Luego vienen las firmas.

         Como se ha visto, ninguna desmentida a nuestras informaciones, lo que significa corroborarlas. Los firmantes de la carta -para no negar hechos muy conocidos- dispararon por otro lado. Se fueron por el trillado camino de "los fines inconfesables" y del repudio de "los términos y las intenciones". Este camino está ya muy gastado, precisamente por su inadecuado uso, como ahora. Ya nadie más cree en eso ni cuando es cierto.

         Las citadas autoridades partidarias de Kanindeyú, en vez de pronunciarse contra las informaciones –todas veraces- de los pseudos periodistas, más bien deberían pronunciarse contra las actividades ilícitas de la región. Esas sí que merecen repudio.

         Y ahora que se unieron para esta insignificancia, deberían también unirse para procurar, por ejemplo, que el Instituto de Previsión Social reinvierta en Salto del Guairá los varios millones de guaraníes que se trae de esa región, podrían hacer también que el Ministerio de Salud Pública equipe ese hermoso edificio construido por la comunidad para el Centro de Salud, etc.

         La lealtad a las personas y las instituciones se demuestra con obras.

         (23 de mayo de 1982)

¿PARA QUIÉNES SE PROMULGÓ LA CONSTITUCIÓN?

         Tenemos que lamentar que el exilio -externo e interno- siga siendo una de las medidas arbitrarias para castigar a quienes están marcados con una cruz negra por los de arriba.

         El exilio interno, es decir, la imposibilidad de salir del país es practicado a través de la negativa para obtener pasaporte, documento indispensable para viajar. Dicha negativa suele venir acompañada de la consabida frase "por orden superior". Y ahí se acaba todo. No hay apelación posible, ¿Pedir recurso de amparo? Se mataría de risa el abogado a quien uno le proponga esa medida legal. Y si por ahí alguien tuviese la ocurrencia de presentar el pedido en los tribunales, el Palacio de Justicia temblaría desde sus cimientos por las carcajadas que han de estallar a causa de tamaña inocencia.

         Contra la "orden superior" no hay nada que hacer. A lo sumo morderse los labios y aguantar de pie.

         Ni la Constitución ni las leyes contienen disposiciones que apoyen la negativa de conceder pasaporte a quien lo solicite. El artículo 56 de nuestra Carta Magna dice: "todos los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la República y volver a ella, traer sus bienes al país o sacarlo de él, sin más limitaciones, en este último caso, que las establecidas por la ley". Y el Art. 11 dice: "Los principios, garantías, derechos y obligaciones consagrados por esta Constitución, no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Toda ley, decreto, reglamento u otro acto de autoridad que se oponga a lo que ella dispone, es nulo y de ningún valor".

         Más claro, imposible.

         La Constitución dice: "todos los habitantes pueden ausentarse de la República y volver a ella...".

         Cuando a un ciudadano se le niega el pasaporte, se le está impidiendo "ausentarse de la República". De acuerdo al citado artículo 11 este "acto de autoridad... es nulo y de ningún valor".

         Sí, "nulo y de ningún valor", pero ¿quién diría que se trata de un "acto nulo"? ¿La Justicia? ¿Un juez ordenaría al jefe de Policía, o al Ministro del Interior, que a un prójimo se le conceda el pasaporte?

         En la acción de impedir que un habitante se ausente de la República, se está contrariando claros y precisos preceptos constitucionales. Muchas veces ya se han denunciado casos semejantes, y sin embargo el Fiscal General del Estado -una de cuyas funciones es hacer cumplir las leyes- no se da por enterado. No se sabe que alguna vez, respecto a los pasaportes, haya salido, no a favor del peticionante, sino de la Constitución.

         Cada día estamos leyendo en los diarios la inclusión de nuevas comodidades, de nuevas facilidades, de nuevos elementos, que realiza el Departamento de Identificaciones. Con ello se pretende que todos los habitantes estén munidos de sus documentos. Y en este sentido, Identificaciones está cumpliendo una buena labor.

         Por desgracia, la modernización de Identificaciones no alcanza a todos. Tenemos que lamentar las injustas discriminaciones. Tenemos que lamentar que se use esa dependencia policial -de tanta utilidad para el país- para castigar, presionar, amedrentar, a tantos ciudadanos "que no están con nosotros", parentelas incluidas.

         Si las autoridades están para hacer cumplir la Constitución, están también para acatarla.

         (30 de mayo de 1982)

ROA BASTOS Y LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD

         La nueva carta de Augusto Roa Bastos demuestra, una vez más, la ligereza con que algunas autoridades nacionales tratan algunas cuestiones que hacen a los derechos humanos.

         El caso que envuelve al eminente hombre de letras, deja al descubierto algunos de los mecanismos que sirven para acusar -y castigar- a cualquier ciudadano "que no está con nosotros"

         El subsecretario de Estado del Ministerio del Interior, Dr. Miguel Ángel Bestard, dijo que en los organismos de seguridad están registradas las "actividades subversivas" de Roa Bastos. Y basándose en esos organismos, el Dr. Bestard enumeró una serie de acusaciones contra nuestro más sobresaliente escritor.

         No dudamos de las palabras del Dr. Bestard. Estamos enteramente seguros de qué dio, a publicidad los "antecedentes" de Roa Bastos, tal como figuran en los organismos de seguridad.

         Y aquí está la cuestión.

         Roa Bastos asegura que los antecedentes que se le atribuyen "son erróneos o falsos en su totalidad". Y aquí no se trata de las palabras de un funcionario oficial contra las de un prestigioso intelectual. Hasta el momento el Ministerio del Interior no ha dado una sola prueba de los tantos cargos expresados por el Dr. Bestard. Muy bien dice Roa Bastos que "es obvio que en algunos casos no puedo exhibir la contraprueba correspondiente. No puedo probar, por ejemplo, que en el año 1959 no pertenecí al Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA)".

         Roa Bastos desmintió, una por una, todas las imputaciones que hizo el Dr. Bestard en apoyo a la decisión del Gobierno respecto a la expulsión de aquél.

         Roa Bastos ya está en Francia, seguramente con la amargura de haber sido expulsado de su país y además por motivos, según lo asegura, "erróneos o falsos en su totalidad".

         Pero queda algo. Algo que es para preocuparse en serio. ¿Qué pruebas?, ¿qué datos? ¿qué criterios son utilizados para confeccionar los "antecedentes" de un ciudadano?

         La revelación que acaba de hacer el Dr. Bestard -al citar organismos de seguridad- nos mueve a preguntar: ¿estamos en manos de meros soplones -el folklórico pyragüé- que se guían por apariencias, falsos indicios, prejuicios, suposiciones, arribismo, para la fabricación de antecedentes delictivos de algún ciudadano?

         A estar por Roa Bastos y tampoco tenemos por qué dudar de sus palabras, los organismos de seguridad mencionados por el Dr. Bestard manejan datos erróneos y falsos. Sin embargo, igual sirven para concretar el tremendo castigo de la expatriación.

         ¿No es esto para vivir intranquilos?

         ¿Cuántos dignos ciudadanos estarían registrados en los organismos de seguridad con los mismos datos erróneos y falsos denunciados por Roa Bastos?

         Si algunas autoridades se guiasen por la Constitución, se evitarían estos hechos que más denigran a sus autores que a sus víctimas. A Roa Bastos se le negó la ocasión de defenderse.

         Deseamos que el sacrificio de nuestro más grande escritor, y de tantos otros ciudadanos que corrieron la misma suerte, sirva para que los organismos de seguridad revisen sus archivos. Y sobre todo, mejoren sus métodos de confeccionar antecedentes. Está visto que los meros soplones no son los más aptos.

         La expulsión de Roa Bastos tenía que servir para algo. Y sirvió para demostrar que los organismos de seguridad no manejan datos muy seguros.

         (6 de junio de 1982)

LAS AVENTURAS DE UN OBRERO

         En la edición del jueves último, nuestro diario publicó las aventuras de un obrero que intentó obtener un modesto préstamo del Banco Nacional de Trabajadores. Se trataba del señor Porfirio Rivas, de profesión mecánico.

         Con una recomendación, que creyó de mucho peso, el nombrado señor Rivas llegó a la oficina del representante de la Confederación Paraguaya de Trabajadores ante dicho Banco, señor Millán. Aquí comenzó la singular historia. Para abreviar, vamos a decir que después de cuatro meses de gestiones, con todos los documentos exigidos por la institución, el señor Rivas recibió un rotundo no. Sus pretensiones de obtener en préstamo cien mil guaraníes quedaron en aguas de borraja. ¿La causa? ¡Tenía cinco criaturas en su casa!.

         El señor Rivas demostró tener una entrada mensual de noventa mil guaraníes, a más de presentar documentaciones de ser propietario, junto con su garante, de inmuebles y bienes por más de diez millones de guaraníes. Pero el Banco fue inflexible, ¡El pretendiente a prestatario tenía cinco criaturas en la casa!

         Después de cuatro meses, el Banco descubrió que el mecánico no podía beneficiarse con el modesto préstamo.

         Las cinco criaturas eran el obstáculo insalvable. Que esto sirva de lección a otros interesados, los cuales tendrán que hacer, a partir de ahora, una de estas cosas:

         1) Esperar que sus hijos lleguen a la mayoría de edad. Mientras crezcan, que aguante sus necesidades.

         2) Si tiene cinco hijos, decir que sólo tiene uno. Qué importa negar a los demás hijos con tal de conseguir un préstamo de cien mil.

         3) Este es un caso extremo: si la necesidad se vuelve insoportable, eliminar a los hijos. De paso, con este sistema se haría un favor al Centro de Estudios de Población (CEPEP), que estaría muy contento de encontrarse otras alternativas, que no sean las pastillas anticonceptivas, para ejercer el control de la natalidad.

         Con uno de los métodos sugeridos, es posible que el Banco Nacional de Trabajadores pueda atender los requerimientos de los obreros.

         Durante cuatro meses se estuvo jugando con la ansiedad -y la necesidad- de un obrero al que, incluso, el representante de la Confederación Paraguaya de Trabajadores le sugirió que solicitase trescientos mil guaraníes. Como el señor Rivas sólo quería cien mil, el señor Millán insistió en que por lo menos solicitase doscientos mil. Ante esta sugerencia, el mecánico habría pensado lo formidable que resultaba ser el Banco. Uno quiere cien mil, pero le ofrecen trescientos.

         No hace mucho nos habíamos referido a otros "representantes obreros" en el Consejo del Instituto de Previsión Social, los señores Ledesma y Coronel, secretario general y pro secretario general de la CPT. Es sabido que estos señores, a juzgar por los resultados, están más al servicio de IPS que de la clase trabajadora.

         Por lo que acaba de acontecer con el señor Porfirio Rivas, también otro representante de la CPT -esta vez en el Banco de Trabajadores- no sólo que dio, las espaldas a las necesidades de un "colega" obrero, sino que estuvo dilatando por cuatro meses una respuesta que podía haberse dado enseguida.

         El Banco tendrá sus mecanismos, sus exigencias. Seguramente prefiere otro tipo de prestatarios, como por ejemplo líderes políticos, naturalmente del oficialismo; pero entonces ¿qué hace un representante obrero -y parece ser que son dos- en favor del obrero? Sucede que estos "representantes", de profesión dirigentes sindicales, sólo aspiran un puesto así para volverse unos simples, exquisitos y costosos burócratas.

         (1 de agosto de 1982)

FIRME ACTITUD DE LA IGLESIA

         Una alta jerarquía eclesiástica acaba de manifestarse, con firmeza y valor, sobre la realidad nacional. Habló del compromiso de la Iglesia consigo misma y con la comunidad donde vive. Las palabras de monseñor Felipe Santiago Benítez -de él se trata- son una toma de posición, clara y terminante de la Iglesia con respecto a los problemas que aquejan a nuestro país.

         Monseñor Benítez -cuyas expresiones se publicaron en este diario, el viernes último- puso claridad en la confusión sobre la libertad, la paz, la justicia, la tolerancia, sobre los que un sector del país pretende establecer un significado distinto, incluso contrario a su verdadero sentido.

         Ayer mismo este diario publicó las afirmaciones del Dr. Luis María Argaña, diputado oficialista, expresadas en un acto partidario en Coronel Oviedo. Nuevamente se refirió al gastado tema, de los periodistas comunistas que pretenden "crear un ambiente de zozobra social y espiritual" y atacan (los periodistas) "constantemente el principio de autoridad para crear el resquebrajamiento de esa autoridad, lo que fortalecerá la lucha del comunismo".

         El problema no deviene de los periodistas que denuncian, sino de las autoridades denunciadas. De esas autoridades para quienes las leyes parecieran no existir sino para los demás. Es esta clase de gente que origina el "ambiente de zozobra social y espiritual". La solución no está, entonces, en atacar a la prensa que cumple su función, sino en castigar a quienes resultaren culpables de actos ilícitos.

         Monseñor Benítez dijo que "existe un clamor de la juventud que quiere paz, pero una paz real, no una paz ficticia; una paz que se funde en la verdad, que se funde en la justicia, que se funde en el amor, y, sobre todo, una paz que se funde en la libertad. Ese es el clamor de nuestro pueblo".

         Sí, ese es el clamor.

         "El clamor de nuestro pueblo" -dice monseñor Benítez- es por "una paz que se funde en la justicia". Es decir, en el derecho. Por ejemplo, la Constitución nacional, en su artículo 56 dice: "Todos los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse de la República y volver a ella, traer sus bienes al país o sacarlo de él ...".

         Sin embargo, hay cientos de compatriotas que no pueden volver al país porque se les prohíbe la entrada, y otros cientos que no pueden salir, porque se les niega el pasaporte. El exilio externo y el exilio interno, son otros de los casos que hacen clamar por "una paz que se funde en la justicia".

         "Una paz que se funde en el amor", es aquella donde no se predica el odio. En este sentido, monseñor Benítez fue explicito al decir que "en nuestro país existe un odio preferentemente fomentado por las facciones políticas que, en vez de propender hacia el bien común, más bien divide a la familia paraguaya, destruyendo aquello que acerca y une a los hombres: el amor cristiano". No hay ese amor cuando una de esas facciones dispone de una cadena radial para amenazar y difamar. O cuando líderes políticos, como el Dr. Argaña, intentan que la ciudadanía desconfíe de los órganos de prensa que procuran mejorar la realidad presente del país.

         Las palabras de monseñor Benítez tienen mucha significación y trascendencia. Antes que nada, expresan la actitud de la Iglesia frente a la necesidad de promocionar los valores superiores de la Nación. Asimismo, es una preocupación firme por el desarrollo de la dignidad humana. Es de esperar que las palabras de monseñor Benítez -que es la voz de la Iglesia- sean hondamente meditadas por laicos y sacerdotes. Sobre todo por un sector de estos últimos.

         (8 de agosto de 1982)

LOS CONSUMIDORES NO PUEDEN DEFENDERSE

         En una de las últimas reuniones de la Junta Municipal de Villarrica, el intendente y los concejales defendieron con entusiasmo los intereses del grupo que monopoliza el faenamiento de ganado, desde hace muchos años. Ese grupo está compuesto por autoridades locales y personas allegadas a las mismas, con lo que tienen las puertas abiertas para imponer los precios al indefenso consumidor.

         Resulta natural que la Intendencia y la Junta Municipal, de manera unánime, hayan salido en defensa de los intermediarios, en vez de apoyar los intereses de la población en general.

         Los consumidores villarriqueños se ven en la obligación de aceptar el precio que se les impone. Por el control policial existente, no pueden tener acceso a la carne más barata que se vende en las poblaciones vecinas. Aun con la reducción de los 20 guaraníes -de 230 guaraníes al gancho bajó a 210- sigue siendo más cara que, por ejemplo, la cercana localidad de Mbocayaty.

         Ya habíamos señalado que los consumidores, en su gran mayoría, no compran la carne por kilo, sino por importe de 100, 150 o 200 guaraníes. Generalmente lo hacen día de por medio. Esto lo hemos comprobado en los barrios y las compañías. La carne vacuna sigue siendo la mayor fuente proteínica de nuestra gente. Si se la hace inaccesible con los altos precios, se está atentando contra su salud.

         Si las autoridades se dedicasen con honestidad y desinterés a sus funciones específicas, dejarían de existir muchas de las situaciones irregulares que, como el faenamiento de ganado a cargo de grupos que se aprovechan de su cargo, perjudican a la población.

         Es ilegal, por ejemplo, que un intendente municipal sea también faenador. Esta situación está expresamente prohibida por la ley. En este caso, el intendente de Villarrica es -como se ha visto- juez y parte. Con tales actitudes está defraudando la confianza de quien lo nombró para el cargo, embarrando al Gobierno nacional y creando descontento en la comunidad. Igualmente pasa con los otros componentes del grupo.

         Con el sistema del monopolio -que también es ilegal - el consumidor no tiene la posibilidad de acceder a carne más barata y de mejor calidad.

         En la mencionada reunión de la Junta Municipal, el intendente Neri González, que es a la vez faenador, dijo que el problema residía en los puestos de venta, porque es allí donde se aumentan indebidamente los precios. Sin embargo, estos puestos reciben la carne a un precio mayor al de las localidades vecinas. Tanto que en Villarrica el revendedor compra al mismo precio que los consumidores vecinos. Esto nos da idea de la enorme diferencia de la tarifa que fijan los faenadores villarriqueños y los de los alrededores.

         Está bien que el intendente se preocupe por los precios de los puestos de venta; pero más debería preocuparse por los precios de los faenadores. Naturalmente, no puede hacerlo por su condición de intendente-faenador. Y la Junta tampoco puede asumir esta su responsabilidad, porque no querrá indisponerse con el intendente ni con los demás faenadores. Y mientras tanto, el que sufre es el consumidor.

         Cabe aclarar que, contrariamente a lo afirmado por el intendente, los inspectores no controlan el precio de la carne sino su procedencia. Les interesa más que la mercadería provenga de los faenadores villarriqueños. Caso contrario, proceden al decomiso y a una fuerte multa.

         Los faenadores tienen toda la libertad de comprar el vacuno que más les convenga. Pueden hacerlo en cualquier parte del territorio nacional. No tienen ningún límite para salir en busca del ganado más barato. Esto no es ningún privilegio. Con ello están ejerciendo el principio del libre comercio que consagra la Constitución.

         ¿Y por qué los consumidores son sometidos a la restricción, a la imposición de adquirir carne solamente de un determinado grupo?.

         ¿Cómo? ¿El principio constitucional de libertad comercial rige para 7 u 8 faenadores, y no para miles de consumidores?. ¿El faenador, sólo por tener un cargo o un padrino, impide que la comunidad busque su propia conveniencia?. ¿No resulta de lo más extraño que el faenador pueda comprar vacuno de donde quisiera, y el consumidor no pueda hacer lo mismo con la carne?.

         Estos hechos se entienden con una sola palabra: arbitrariedad.

         (20 de agosto de 1982)

LA COMUNA Y LOS EXCOMBATIENTES DEL 47

         En estos días la Municipalidad de la Capital -en cumplimiento de una extraña Ley- decidió otorgar beneficios a los excombatientes lisiados y mutilados del 47. A los victoriosos, desde luego. En una palabra, a los colorados.

         Pero aquí hay una cuestión.

         Son muchos los excombatientes que ahora son colorados y que en el 47 no lo eran. ¿Cómo hará la Municipalidad, en este caso, para concretar sus beneficios? Pero esa es una cuestión accesoria que las autoridades municipales sabrán resolver.

         No hay heroísmo contra la patria, decía Víctor Hugo. Tampoco hay triunfos contra los compatriotas. La revolución de 1947, que fue de una ferocidad increíble, abrió abismos y cavó distancias entre paraguayos.

         En aquella revolución perdió la patria, cuya geografía se llenó de lagrimas y cruces. No hay, entonces, nada que festejar. Nada de qué regocijarnos. La mutilación y muerte entre paraguayos son hechos que deben olvidarse; no son para hacernos sentir orgullosos, para envanecernos de ellos.

         Treinta y cinco años han pasado de aquel luctuoso suceso, y no hay razón para revivirlo como un motivo de honor para algunos y deshonra para otros. Seguir dividiendo a los excombatientes del 47 entre malos y buenos, es mantener abierta una herida que hace tiempo debería estar cicatrizada.

         Nuestro país necesita de todos sus hijos; necesita que ellos estén hermanados, unidos por el ideal común de un futuro mejor; ligados por la necesidad nacional de caminar juntos, hacia adelante. De una u otra manera la mayoría de la población estuvo envuelta en la guerra civil del 47. No fue una pequeña fracción enfrentándose con otra igual. Casi toda la geografía patria fue el escenario de una lucha cuyos trágicos efectos se dejaron sentir por mucho tiempo. Tal vez por demasiado tiempo. Y si continuamos removiendo el pasado -un pasado que deberíamos olvidar porque en nada nos enaltece-, sólo conseguiremos despertar ideas revanchistas.

         Es cierto. La revolución del 47 dejó, como toda lucha armada, muchos mutilados, incapacitados para una actividad normal. Una fracción importante de esos combatientes posibilító que muchos estén hoy en una situación política -y económica sobre todo- verdaderamente inmejorable. Entonces aparece como un acto de justicia suavizar las penurias -económicas y seguramente morales- de esos que sirvieron con sacrificio a su partido, sin servirse de él, como lo hacen muchos.

         Pero aun así la disposición Municipal es criticable, por parcialista, por favorecer solamente a un sector de la ciudadanía. Con esta actitud se ahonda más todavía la imposibilidad de una verdadera reconciliación nacional.

         Pero hay más.

         La Municipalidad, al cobrar los impuestos, no pregunta el color partidario del contribuyente. Y así debe ser. Todos los ciudadanos estamos obligados a tributar.

         Pero así también la Municipalidad, ni ningún organismo del Estado, debe crear privilegios. De hacerlo, se estaría quebrantando el precepto constitucional que nos declara a todos iguales ante la Ley. En tal caso, se haría justicia si los beneficios municipales se extendiesen a todos los excombatientes del 47, sobre todo a los lisiados y mutilados, a esos tristes despojos de un desencuentro que ojalá no se repita jamás.

         (22 de agosto de 1982)

LA JUVENTUD ES LA REALIDAD DE HOY

         El próximo martes la juventud festejará su día. No cabe duda sobre la importancia de este acontecimiento al que, sin embargo, se acostumbra revestirlo de superficialidades. La memoración no suele pasar de intercambio de flores y algún ruidoso baile por ahí. Eso es todo lo que el país tiene para ofrecerle a sus jóvenes. Este hecho simboliza, o mejor, sintetiza la opinión que en el plano nacional tenemos de la juventud. Muy pobre opinión que solemos disimular con poéticos discursos, acudiendo a aquello de "esperanza de la patria", "la flor del porvenir", "la realidad del mañana", y etc. etc.

         Y eso es lo que hay. Siempre sostenemos que la juventud es una realidad del mañana. No. Es una realidad de hoy. Es de ahora. Como que estamos convencidos de que la juventud pertenece al porvenir, nada hacemos por ella en estos momentos.

         Siempre creemos estar dándole cosas que le servirán mañana. Pero nunca nada que pueda servirle ahora. Nos quitamos el problema de la juventud pensando que ella no es de hoy sino del futuro. Esta actitud, bastante irresponsable, es más vigorosa aún con la niñez. Si de los jóvenes decimos que son futuros ciudadanos, de los niños ni idea tenemos de cuándo han de serlo. Y entonces menos todavía nos interesa su educación. Tan poco nos importa, que no hay teatro para niños, cine para niños, parque de diversiones, complejos deportivos, alguna institución realmente organizada que se encargue de los niños huérfanos, mendicantes, callejeros, en fin, necesitados de amparo. Nada. Nada.

         ¿Y los jóvenes?. Tampoco nada se hace por ellos. Total son del futuro. Son del mañana. Para qué vamos a preocuparnos hoy. Para qué vamos a decirle, por ejemplo, cómo anda realmente el país. Con la idea de que no hay que ser pesimista, la embarullamos con mentiras piadosas; llenamos sus oídos con significaciones falsas sobre la libertad, la paz, la democracia.

         Respecto a su actitud política, sólo le enseñamos a hacer hurras. Cuando la juventud quiere asumir su papel -y se pone a cuestionar, le caerán los castigos como el apresamiento -en realidad, los apresamientos- del Dr. Mario Milciades Melgarejo y Rubén Darío Verón, y los garrotazos que recibieron algunos afiliados al Partido Liberal Radical Auténtico. Y sólo mencionamos los dos últimos casos.

         Sucede que confundimos indisciplina con cuestionamiento. Cualquier joven -del oficialismo o de la oposición- que ponga en dudas el pensamiento y la acción de sus jefes partidarios, le vendrá encima el famoso "merecido castigo".

         Con el cuento de que a los jóvenes les llegará su hora, nadie se mueve de su sitio. Todos estamos amarrados a nuestras sillas esperando también que nos llegue la hora. Pero de morir. Y mientras tanto los jóvenes se harán viejos, y los niños serán jóvenes para envejecer esperando nada.

         Que el próximo martes los jóvenes se tiren flores y se llenen de música, estaría muy bien. Pero los viejos tendríamos que reflexionar sobre nuestra actitud para con ellos. Qué cosas estamos haciendo realmente. Qué país es el que les vamos a dejar. Y sobre todo, qué sitio tienen dentro de la estructura general de la Nación.

         Con acabar aquello de que "la juventud es la realidad del mañana", para sustituirlo por "la juventud es la realidad de hoy", estaremos dando un gran paso en favor de ella; en favor de su integración al país; pero una integración plena, que significa reconocer sus derechos a dudar, cuestionar, cambiar, criticar. Nosotros sólo la toleramos cuando admira, aplaude, adula, abraza.

         Que los jóvenes hagan hurras, pero que se les permita también -en el oficialismo y la oposición- fustigar. Una juventud sana es aquella juventud sin miedo. Y necesitamos una juventud sana.

         (19 de setiembre de 1982)

LAS CONTRADICCIONES DE LA OPOSICIÓN

         Con frecuencia, los líderes del Partido Liberal se quejan -con mucha razón- de las restricciones que se les imponen para la difusión de sus ideas. En este sentido, sus programas radiales fueron clausurados por orden del Ministerio del Interior.

         Este hecho viola el artículo 72 de la Constitución Nacional que dice que "La libertad de expresión y la de información, sin censura previa, son inviolables, y no se dictará ninguna ley que las limite o imposibilite..."

         El artículo 73 dice: "Será libre el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas...''

         El articulo 71 expresa: "La libertad de pensamiento y la de opinión quedan garantizadas por igual para todos los habitantes de la República...".

         Es indudable que este hermoso precepto no pasa de ser una mera enunciación. En la práctica no ocurre como manda la Constitución. Sabemos cuál es el partido que se acapara las radioemisoras, en tanto que los otros no tienen acceso a ellas.

         Bien está que los partidos políticos de oposición, y los ciudadanos en general, hagan escuchar su voz de protesta por estos hechos que se oponen a claros preceptos constitucionales.

         Pero en el caso del Partido Liberal y Liberal Radical, queremos señalar sus contradicciones en un asunto fundamental: la libertad de expresión.

         Se trata de la siguiente:

         Por Ordenanza número 9.170 del 14 de abril de 1975, la Junta Municipal de Asunción dispuso que los elencos teatrales presenten los libretos con bastante antelación a la puesta en escena, para su estudio por la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, la que tiene autoridad para prohibir o autorizar una función de teatro.

         La presentación del texto para ser autorizado su contacto con el público, es sencillamente censura previa, prohibida por la Constitución.

         Con una comisión estructurada de la manera en que está, sería imposible que los dramaturgos paraguayos den al público una obra trascendente; una obra cuestionadora; una obra en la que se asuma una actitud crítica frente a la realidad nacional. A sabiendas de que el texto sería reprobado -por esa vertical actitud partidista que existe en todos los organismos estatales y municipales- los dramaturgos, o dejan de escribir, o escriben otra cosa de lo que quisieran.

         Repetimos: la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Comuna ejerce la censura previa, limita la libertad de expresión, de pensamiento y de opinión. Va en contra de los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución.

         Y lo que agrava este caso -de suyo lamentable- es la participación de los liberales y radicales representados por los señores Esteban Carlos Alderete y Concepción Ramón Lezcano Torres, respectivamente.

         Esos dos partidos conocen la falta de libertad de expresión para los opositores, tal como queda probado con la clausura de las audiciones radiales. Sin embargo, esos mismos partidos no tienen problema para ejercer la censura previa de los dramaturgos y elencos teatrales.

         Esta contradicción es demasiado seria. No se ama la libertad cuando se quiere sólo para sí mismo. Esto significa la pretensión de reducirla a intereses meramente personales, con olvido de la colectividad.

         (26 de setiembre de 1982)

LA TIERRA DEBE SER DE QUIEN LA TRABAJA

         Hace unos días nuestra sucursal de Ciudad Presidente Stroessner mandó despachos referentes a un hecho sumamente grave, porque nuevamente se acude sin razón al peligroso expediente de amenazar la seguridad de los agricultores, de llevar a su ánimo la incertidumbre, y cargarlos de rencor y deseos revanchistas.

         En notas que publicaremos en la presente semana, ampliaremos los sucesos ocurridos en la localidad de Domingo Martínez de Irala, del Departamento de Alto Paraná. Por el momento queremos señalar que en dicho sitio los colonos se encuentran desconcertados y miedosos, porque de pronto aparecieron varias personas con intenciones de desalojar por la fuerza a los pacíficos moradores, los cuales se consideran propietarios de las parcelas que ocupan, por tener el título respectivo otorgado por el Instituto de Bienestar Rural.

         Es sabido que el Alto Paraná se ha incorporado con pujanza al desarrollo nacional. Sus florecientes colonias agrícolas son una cifra ponderable de nuestra economía. Miles de paraguayos, provenientes de otras áreas del país, están labrando el crecimiento de la región. Esos agricultores necesitan de un mínimo de seguridad para llevar adelante su esforzada tarea. Esa seguridad está dada por ser propietarios de la tierra que trabajan y por la garantía de que nadie les va a molestar, perseguir, desahuciar.

         Justamente el alto grado de prosperidad alcanzado por el Alto Paraná -entre otras cosas mediante el sacrificio de los agricultores- despertó la codicia de mucha gente que, valiéndose de cualquier medio, procura hacerse de tierra, por su alto valor adquirido en los últimos años. Generalmente son personas más o menos influyentes, más o menos tramposas, más o menos inescrupulosas, que se hacen de tierra sólo para especular con ella. Nunca -o muy pocas veces- para trabajarla.

         Y de esta manera, se hacen propietarios de grandes extensiones, mientras que miles de agricultores deambulan de un lugar a otro con la esperanza de encontrar un sitio, un pequeño sitio que les sirva para vivir con su familia con alguna dignidad.

         El caso de la localidad de Domingo Martínez de Irala nos pone frente a un hecho totalmente irregular, cuyos pormenores veremos en las mencionadas notas de la presente semana. Para resumir, diremos que a una persona, fallecida hace más de 60 años y sin dejar ni un puñado de tierra, ahora se le concede judicialmente nada menos que aproximadamente setenta mil hectáreas, y en las que están asentadas, desde hace años, varias colonias agrícolas.

         Los descendientes de dicha persona fallecida, apenas fueron beneficiados con tan fabulosa herencia, se pusieron a transferir sus derechos y acciones a distintas personas, civiles y militares, las que ahora procuran hacerse cargo de la propiedad, la que se encuentra -repetimos- ocupada por miles de agricultores. Y no sólo ocupada, sino que con título de propiedad que el IBR otorgó en base a una sentencia judicial que declaraba al Estado propietario de las tierras; partes de las cuales ahora aparecen como bienes de la citada persona fallecida hace más de sesenta años.

         Nos llama la atención que los beneficiados con la "herencia" hayan vendido las tierras a personas con alguna influencia. ¿Fue casualidad o un deliberado propósito? Hacemos esta pregunta, porque ya han habido varios casos en que terrenos ocupados son transferidos a personas influyentes, como una manera de obviar desalojos judiciales. Y entonces vienen las quemas de ranchos y capueras, los apresamientos y otras persecuciones.

         Mal que les pese a muchas personas, se debe cumplir aquello de "la tierra es de quien la trabaja", y castigar ejemplarmente a quienes, valiéndose de trampas, y sin más derechos que la fuerza llevan el desaliento, la desesperanza y la ruina a modestos y esforzados agricultores.

         (3 de octubre de 1982)

¿ACASO SE PUEDE ESCONDER LA VERDAD?

         Hace unos días, el editorialista del diario "Patria" nos llenó de una fugaz esperanza. Al leer los primeros párrafos de su escrito creíamos que al fin estaba interesado sinceramente en los derechos humanos. Nuestra ilusión duró poco. De todos modos, estas expresiones nos conmovieron: "Puede asegurarse -expresó el editorialista de "Patria"- que toda la legislación nacional e internacional es concordante en la proclamación y defensa de esos valores (libertades y garantías), así se enuncien como derechos humanos o como garantías del hombre y su libertad. Nuestra Constitución, por ejemplo, establece el derecho de toda persona a ser protegida por el Estado en su vida, su integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación". Y más adelante agrega: "Según la misma Constitución, la ley reputa inocente a quien no haya sido declarado culpable en virtud de condena de juez competente, garantizando el derecho de defensa, que la misma Constitución declara inviolable".

         Al leer estos conceptos pensábamos que el editorialista, iba a concluir por condenar los actos arbitrarios de los que resultaron víctimas, en los últimos tiempos, el escritor Augusto Roa Bastos, Luis Alfonso Resck, los dirigentes del MOPOCO, el Dr. Mario Milciades Melgarejo, el Lic. Rubén Darío Verón, el Cnel. (SR) Héctor Franco Narváez, nuestro compañero de tareas Ramón Santiago Moreno y todos los demás presos en la Guardia de Seguridad, que se encuentran sin proceso judicial.

         Dejamos un párrafo aparte para nombrar al señor Eugenio Ocampos Llama, en huelga de hambre desde hace más de un mes, procurando de esta dramática manera obtener su libertad, porque se cree inocente de cualquier delito. Según habría confesado su señora esposa, no está dispuesto a suspender su protesta. Prefiere la muerte a seguir viviendo preso.

         No conocernos de ningún delincuente que acuda a la huelga de hambre para obtener su libertad. Tiene conciencia de su delito y lo asume. Sólo el que está convencido de su inocencia se hace de agallas para soportar el martirio de una huelga de hambre. Un martirio, seguramente, más leve que el apresamiento injusto. De todos modos, es otra manera de manifestar indignación contra las injusticias.

         El editorialista del diario "Patria" conoce, sin duda, la Constitución, ¿Y cómo, entonces, en su enumeración a los atropellos a nuestra Carta Magna no menciona a quienes se les niega el derecho de defensa?.

         El editorialista de "Patria" habla -es su especialidad- de la ley que "reputa inocente a quien no haya sido declarado culpable en virtud de condena de juez competente".

         De acuerdo a esta ley, es inocente Augusto Roa Bastos, sin embargo se lo expulsó del país; es inocente Luis Alfonso Resck, a quien también se lo expatrió; son inocentes los ahora detenidos en la Guardia de Seguridad, y quien está muriendo en el Policlínico Policial, el nombrado señor Eugenio Ocampos Llama. Ninguno de ellos ha sido "declarado culpable en virtud de condena de juez competente". A ninguno de ellos se le ha dado "el derecho de defensa".

         ¿Es que para el editorialista de "Patria" la Constitución fue promulgada sólo para algunos? ¿No tienen acceso a los derechos y garantías constitucionales los compatriotas a quienes hemos nombrado? Y conste que hemos dado una lista muy incompleta.

         Es censurable el periodista que miente. Pero no tiene nombre el que manipula la Constitución con el propósito de esconder la verdad.

         (10 de octubre de 1982)

EL INTENDENTE ABUSA DE SU AUTORIDAD

         Previo pago de treinta mil guaraníes, recuperó su libertad el "churero" de Coronel Oviedo Roberto Rojas, después de estar 22 días en la cárcel de Villarrica y cuatro en la Delegación de Gobierno de Caaguazú. Su apresamiento tuvo origen en el ilegal monopolio de la carne que rige en Coronel Oviedo, a igual que en Villarrica y otras ciudades del interior.

         La intendencia municipal, a cargo del señor José Segundo Decoud, en vez de hacer cumplir la Constitución que garantiza a todos los habitantes de la República dedicarse "a la actividad lucrativa de su preferencia", y la libre circulación dentro del territorio del país de los productos nacionales, no hace otra cosa que amparar hechos irregulares en beneficio de un grupo que no se apiada de los consumidores.

         Se recordará que Roberto Rojas se encontraba vendiendo menudencias en los alrededores de la ciudad cuando apareció el inspector municipal Villalba Zúñiga y le decomisó la mercadería. Posteriormente este mismo Villalba Zúñiga -cuyos antecedentes dejan mucho que desear- dijo haber sido amenazado de muerte, por cuya razón Rojas fue detenido en la Delegación de Gobierno y luego trasladado a la cárcel de Villarrica.

         Y aquí empeoró la situación del modesto trabajador, hijo de un excombatiente de la Guerra del Chaco.

         Al ser decomisada arbitrariamente su mercadería, Rojas perdió todo su dinero a más de su libertad. Cuando nos enteramos que había salido de la cárcel, nos fuimos a visitarle en su casa, ubicada en una compañía cercana a la ciudad de Coronel Oviedo. Le encontramos pesando caña de azúcar para la fabricación de miel. Después de identificarnos, nos respondió de inmediato que ahora se dedica "a una actividad más dulce".

         Luego de expresarle nuestro deseo de que no apareciese algún grupo que se adueñe de la miel, nos sentamos a conversar sobre la infeliz circunstancia que culminó con su apresamiento. Enseguida se nos juntó el señor Teófilo Ramón Rojas, excombatiente de la Guerra del Chaco y padre de Roberto.

         Don Teófilo nos contó, con una mezcla de dolor e indignación apenas contenidos, todo el trajín que tuvo que hacer en procura de obtener la libertad de su hijo. Buscando abogado estuvo en Asunción, en Coronel Oviedo, en Villarrica. "Removí cielo y tierra -nos dijo don Teófilo- para encontrar quien le saque a mi hijo de la cárcel. Si hubiera tenido dinero no me hubiese esforzado. Pero somos pobres, vivimos al día. Al final tuve que vender mi sueldo de excombatiente para completar el 50 % de la suma que me pidió un abogado para sacarle a mi hijo".

         En nuestra última nota sobre este caso habíamos dicho -porque conocemos la tarifa- que el profesional con más espíritu cristiano iba a pedir entre 25 y 30 mil guaraníes para obtener la libertad de Rojas. En efecto, se le pidió 30 mil guaraníes. Pero el anciano padre sólo pudo reunir 15 mil. Por el resto se firmó un pagaré que habrá de levantarse, seguramente, con lo producido por la miel.

         Don Teófilo no pudo entender lo sucedido. Nos enseñó el permiso municipal para la venta de menudencias, creyendo que con ello estaba a salvo de una intervención semejante a la llevada a cabo por el tal Villalba Zúñiga.

         El señor Teófilo Ramón Rojas tiene permiso municipal para revender menudencias. Esto es todo el requisito que se necesita para tal actividad. Dicho permiso es válido en todo el distrito. La patente municipal no puede -no debe- limitar la acción de su poseedor a un barrio o a una compañía respecto a sus actividades comerciales. Al almacenero que paga su patente no se le puede prohibir que transporte mercaderías, para su venta, de un barrio a otro, o de una compañía a la ciudad o de la ciudad a las compañías.

         En uso de su derecho, el señor Teófilo Rojas, por intermedio de su hijo, compra y vende achuras. Y siguiendo en el uso de su derecho, compra las achuras de quien mejor precio le ofrece. Es decir, de quien más le conviene. Todo esto es absolutamente legal.

         Pero como también en Coronel Oviedo un grupo de autoridades partidarias se apoderó de la carne vacuna, con el apoyo de la intendencia municipal, se persigue a los revendedores que adquirieron carne de quienes no forman parte del grupo monopolizador. Para la Municipalidad, los únicos revendedores "legales" son aquellos clientes del grupo protegido por la Comuna. Y entonces lanzan inspectores a la caza de revendedores que esquivaron el monopolio.

         Hemos conversado con algunos de esos revendedores. La razón principal por la que prefieren comprar carne de otros faenadores, es que éstos venden más barato que los componentes del grupo monopolista.

         Es así que pudimos enterarnos de que los inspectores municipales -con el tal Villalba Zúñiga a la cabeza- reciben "propinas" de los faenadores para perseguir de manera implacable -el caso de Roberto Rojas es bastante significativo- a los revendedores que adquirieron carne por otros medios.

         Dedicarse a la venta de menudencias supone carecer de posibilidades para una actividad más lucrativa. Es un trabajo sacrificado, pero que deja muy poca ganancia. En la escala del comercio, el vendedor de "churas" está entre los más modestos. Son los muy pobres. Naturalmente estamos refiriéndonos a la generalidad. Y ponerse a perseguir, hasta mandarlo a la cárcel, hasta dejarlo sin mercaderías, a un vendedor de achuras, nos parece que no es de cristiano hacerlo.

         ¿Cómo? ¿Sacarle la menudencia, dejarle sin capital, dejarle sin la insignificante ganancia, además mandarle a la cárcel a un revendedor, sólo para proteger los bolsillos de los "peces gordos"? ¿Esto debe hacer quien se cree autoridad, quien pretende ser el representante de su comunidad?.

         El intendente municipal, señor José Segundo Decoud, confesó a nuestro diario que las menudencias decomisadas a Roberto Rojas fueron repartidas "a los pobres". Seguramente quiso impresionar con su bondadoso corazón. Seguramente pretendió que se lo aplaudiese. ¿Pero a quién pertenecía esa mercadería? A alguien tan pobre como el que comió las achuras. Pero la gravedad del caso no está precisamente en haber perjudicado a un prójimo en su parte más sensible, -el estómago- sino en la tremenda injusticia de la acción.

         ¿Qué le hace creer al intendente municipal de Coronel Oviedo que está bien perseguir a estos trabajadores que viven al día con lo poco que ganan? ¿Qué cree que está haciendo cuando impide -a través de un inspector de la fama de Villalba Zúñiga- a un ciudadano, a un pobre infeliz que busque cliente para su mercadería en el sitio que se le antoje? ¿Acaso el señor José Segundo Decoud prohíbe, por ejemplo, que los macateros lleguen con sus mercaderías y recorran todas las casas de Coronel Oviedo? Naturalmente no lo hace, ni tiene por qué hacerlo. Entonces, ¿por qué con los vendedores de carne? La respuesta es sencilla: porque el faenamiento de ganado está a cargo de un grupo de privilegiados; de un grupo que gana millones a costa del indefenso consumidor y de los indefensos revendedores.

         Ningún intendente, ni ninguna otra autoridad municipal o estatal, debe atribuirse la facultad de obstaculizar y menos de impedir, que los ciudadanos trabajen "en la actividad lucrativa de su preferencia".

         Perseguir a los revendedores tiene el propósito de amparar el monopolio. No hay otra causa. Por ello, cualquiera que sea hostigado en su actividad, debe acudir a los diarios y denunciar a quienes abusan de su autoridad y atropellan la Constitución.

         Con la actitud de la Comuna ovetense, al perseguir a modestos trabajadores, sólo crea un ambiente de miedo, de intranquilidad, de zozobra, de distanciamiento entre los pobladores. Todo el mundo tiene el derecho de ganarse el pan honradamente. Como suele decirse, el sol sale para todos. La Municipalidad oventense no tiene por qué perseguir a ningún trabajador, y menos aún con el propósito de favorecer a un grupo que se desenvuelve de espaldas a la ley, como es el caso del monopolio en el faenamiento de ganado vacuno.

         (16 de octubre de 1982)

EL APRESAMIENTO DEL DR. LAÍNO

         El comunicado del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía de la Capital, que da cuenta de la detención del Dr. Domingo Laíno, dice, entre otras cosas, que se "procedió a la incautación del libro "El general comerciante", escrito por el sujeto (sic) Domingo Laíno. Asimismo, se procedió al arresto del autor, en razón de contener conceptos infamantes contra el ex mandatario nicaragüense, general Anastasio Somoza...".

         Antes que nada, conviene aclarar que la Policía se enteró de esos "conceptos infamantes" cuando el libro todavía se estaba imprimiendo. Es decir, antes del lanzamiento público, que estaba previsto para el viernes último. Al Dr. Laíno se lo detuvo el día antes. Y junto con él, fue apresado también el propietario de la imprenta.

         Esta nueva medida que afecta los derechos y garantías de un ciudadano, nos parece injusta desde todo punto de vista.

         El general Anastasio Somoza fue acogido por el Gobierno. No por el pueblo. ¿Vale la pena engañarnos? El ex dictador nicaragüense nunca gozó de la simpatía popular. Sus antecedentes -aun el más suave de ellos- hicieron que se lo mirase con desconfianza.

         Pero hay más. El general Somoza fue un hombre público, y, como tal, expuesto a todos los comentarios, buenos y malos. El mismo John F. Kennedy, que gozaba de un gran afecto mundial, ha tenido -y sigue teniendo- detractores. Igual ha sucedido con muchos otros líderes cuya lista sería interminable. Hasta el mismísimo Jesucristo ha pasado por los martirios de la censura pública, que no se silenció ni después del calvario. ¿Y Sócrates? ¿Y Galileo? ¿Y Gandhi?

         Y si estos personajes -y muchos otros semejantes- han sido cuestionados, ¿por qué no un general Anastasio Somoza, a quien resulta imposible comparar, por ejemplo, con San Francisco de Asís?

         El general Somoza no abandonó el convento de los Trapenses para llegar a nuestro país. Fue dictador con todas sus ganas hasta que las papas quemaron. Cuando, era dueño de Nicaragua, se hablaba de él en la misma Nicaragua. Es decir, hubo quienes desafiaron el riesgo de su enojo. Y es así. Todos los gobernantes, y ex gobernantes; buenos o malos, están al descubierto de las calumnias, de las censuras, de las verdades quemantes. Nadie que sea, o haya sido, una personalidad pública, está exenta de juicios justos o infamantes.

         No conocemos el libro del Dr. Laíno. No sabemos qué cosas habrá dicho del Gral. Somoza. Pero casi queremos asegurar -o sin casi- que nada nuevo habrá encontrado en la personalidad de Somoza. Es decir, no habrá introducido ningún juicio nuevo, ninguna opinión que ya no estuviera rondando por el mundo, mucho antes que el Dr. Laíno los acogiera en su fallido libro.

         Nos parece una exageración -aparte de la cuestión legal que no cabe- apresar a un ciudadano digno porque el Gral. Somoza no le cayó en gracia. Adónde iríamos a parar si fuésemos a apresar a todas las personas a quienes Somoza no les resulta santo de su devoción.

         Es doloroso que los paraguayos pasemos por estos sobresaltos. Y todo porque se habría hablado mal del general Anastasio Somoza en un libro que se estaba imprimiendo. Si el parecer del Dr. Laíno resultare difamatorio para el difunto general, están sus familiares, que pueden acudir a los tribunales solicitando el enjuiciamiento del autor del libro.

         (12 de diciembre de 1982)

UN CASO DE ESCOPETA

         En su edición del jueves último, nuestro diario publicó un hecho incalificable. Se trataba de un diputado nacional, en función de agrimensor, que levantó su campamento a la disparada, a fin de ponerse a salvo de las amenazas del hijo de un alcalde.

         El caso fue así: En un juicio de mensura, promovido ante el Poder Judicial, el señor Sila Estigarribia fue designado en el carácter de agrimensor. En cumplimiento de esa orden judicial, se trasladó con sus bártulos a la colonia Naranjal, Alto Paraná. En momentos de instalar su campamento, se le acerca el hijo de un tal comisario Irrazábal, con base -muy firme- en la localidad cordillerana de Santa Elena. El tal hijo, de muy malos modos, pide al señor Estigarribia que espere 24 horas para que iniciara los trabajos de mensura. Cumplido este plazo, y como el tal Irrazábal (hijo) no diera señales de vida, el diputado nacional se dispuso a cumplir con la tarea que el juez le encomendara. En eso, aparece nuevamente el hijo del Comisario, en un vehículo del Ministerio del Interior, acompañado de varios soldados aparatosamente armados.

         Esta vez el diputado nacional recibió la orden de mandarse mudar de inmediato. Es más. De regreso a Asunción, tenía que presentarse a Irrazábal, en su despacho de Santa Elena.

         Al señor Sila Estigarribia no le quedó más remedio que doblar la carpa, meter en su sitio los elementos de medición junto con la orden judicial, y salir con un "sálvese quien pueda". Lo único que no hizo el diputado nacional fue presentarse al alcalde. Hasta aquí la historia. Si tuviera música sería una estupenda opereta. O por lo menos una de nuestras folklóricas zarzuelas.

         Tenemos que agradecer -pensando en la dignidad de nuestra democracia representada, bien o mal, por el Parlamento- que el diputado nacional Estigarribia se topara con el hijo del alcalde, y no con el mismísimo alcalde en persona.

         Sintetizamos la biografía del señor Sila con estos datos: excombatiente de la Guerra del Chaco; diputado oficialista, hijo de don Eulojio Estigarribia, aquel caudillo colorado que con Juan León Mallorquín, Juan Manuel Frutos, Domingo Montanaro, Ángel Florentín Peña, etc., etc., lucharon toda su vida -casi siempre desde la llanura- contra los hechos que creían inmorales, prepotentes, abusivos. Eran caudillos formidables que se dieron íntegros a los ideales democráticos del Partido Colorado, para que la patria llenase el pulmón de aire sano.

         ¿Cómo? ¿El hijo, el heredero de uno de esos líderes, estando en el Gobierno, soporta casi en silencio uno de los hechos contra los que su padre tanto ha luchado, sufrido, renegado? ¿Qué hubiera hecho don Eulojio Estigarribia al saber que la investidura de su hijo ha caído desgarrada a los pies de un comisario? ¿y este comisario? ¿De dónde le han crecido tanto las alas? ¿Quién lo mantiene para llegar al punto de prohibir la ejecución de una orden judicial y humillar la calidad de parlamentario de un ciudadano? ¿No se dice que vivimos en un estado de Derecho? ¿Un comisario está por encima de la Ley, se alza contra ella, y no es castigado?

         En la última reunión de la Cámara de Diputados, posterior a la publicación de este curioso hecho, ni un solo parlamentario salió en defensa del colega. Más bien -o más mal- se acudió al rayado disco de culpar, a este diario de los males del país en el preciso instante en que un destacado miembro de la Cámara de Diputados sufría un acto humillante, que ABC se limitó a publicar.

         Pensamos que ese solo hecho debiera mover a los diputados, y dirigir su atención hacia la conflictiva localidad de Domingo Martínez de Irala, donde cientos de familias reclaman justicia. ¿No piensan estos diputados que si uno de sus miembros también ha sido víctima de los abusos, cómo estarían siendo tratados los indefensos colonos?

         (19 de diciembre de 1982)

EL "SUPUESTO" SINDICATO DE PERIODISTAS

         Algunos personajes que hacen de voceros del oficialismo, al referirse a la entidad que nuclea a los periodistas independientes, suelen decir: "Supuesto sindicato", "sindicato clandestino", "sindicato fantasma", etc. Estos calificativos provienen del hecho de que a tal sindicato, a más de cinco años de su asamblea constitutiva, la Dirección del Trabajo todavía le niega su personería gremial.

         Esta negativa es absolutamente ilegal, como veremos enseguida.

         Lo pintoresco del caso es que un organismo estatal es el que hace "supuesto" o "clandestino" al sindicato de periodistas. Sin embargo, para hacer más cómica la cuestión, se pretende culpar a los periodistas de una irregularidad con la que nada tienen que ver. De una irregularidad que, les perjudica. De una irregularidad que, por lo menos para los hombres de prensa, pone de resalto que no existe la tan cacareada libertad sindical.

         La formación del Sindicato de Periodistas del Paraguay obedeció a la iniciativa y el apoyo de casi doscientos profesionales del periodismo que se desenvuelven en calidad de trabajadores en relación de dependencia, en la mayoría de los medios de comunicación social del país.

         La constitución de este sindicato fue realizada cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley para estos casos: Tanto la Constitución Nacional como el Código del Trabajo garantizan la libre agremiación de los trabajadores en relación de dependencia.

         Haciendo uso de este derecho consagrado por la Ley Fundamental de la República y legislado por el código laboral, y tomando como principio básico la libertad sindical, es que los socios del Sindicato de Periodistas del Paraguay han solicitado, en el mes de junio de 1979, de la autoridad administrativa del Trabajo, la legalización y el registro de la nueva entidad para todos los efectos jurídicos que demande el cumplimiento de los objetivos fijados en sus estatutos.

         El Artículo 109 de la Constitución Nacional dice: "Se garantiza la libre agremiación de los trabajadores manuales, intelectuales y profesionales, y de cuantos ejerzan una actividad afín como medio de vida, para la defensa de sus fines gremiales. Tales agremiaciones no estarán sometidas a otros requisitos que los establecidos por la Ley con el propósito de asegurar su organización y funcionamiento democráticos, y garantizar los derechos de sus miembros".

         El Código del Trabajo establece en su Artículo 281: "La Ley reconoce a los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo o nacionalidad y sin necesidad de autorización previa, el derecho de constituir libremente, organizaciones que tengan por objeto el estudio, la defensa, el fomento y la protección de los intereses profesionales, así como el mejoramiento social, económico, cultural y moral de los asociados".

         El Sindicato de Periodistas del Paraguay no dejó de cumplir un solo requisito legal para obtener, como le corresponde, su personería gremial, sin la cual ni siquiera, puede gestionar su personería jurídica.

         Queda claro, entonces, que la "clandestinidad" del Sindicato de Periodistas está dada por el incumplimiento de la Constitución y de las leyes del que hace "gala" la Dirección General del Trabajo del Ministerio respectivo.

         La cuestión, claro está, no es con el sindicato, cuya conducción se ha ajustado siempre a las normas legales.

         Sin embargo, existe la idea unánime entre los asociados de la entidad de seguir sin personería gremial; toda vez que el precio para obtenerla sean las hurras sin ton ni son.

         Preferimos seguir perteneciendo a un "supuesto sindicato". Nos aferramos con amor a nuestra condición de periodistas independientes, porque ello nos permite tratar las cuestiones nacionales con entera objetividad.

         (22 de enero de 1994)

SE NECESITA DE UNA VOZ MÁS JUSTA Y SERENA

         Estos de "La voz del coloradismo" tienen un humor inagotable. Ahora se vinieron con un "espacio reservado" en el diario "Patria".

         Con la perspicacia del genio y el exquisito gusto literario que les caracterizan; con la decencia y la seriedad tan propias de quienes escriben y leen en esa audición encadenada, me acusan de haber sacado "la nalga a la jeringa".

         Se valieron de tan original y graciosa imagen para hacerme aparecer como queriendo evitar la responsabilidad del pronunciamiento del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Sucedió lo siguiente:

         En diciembre del año pasado, los muchachos de "La Voz... " se dejaron llevar por su entusiasmo e íntimos deseos, y amenazaron con sacar un batallón de asalto para reducir a escombros el diario ABC Color.

         Esta amenaza, del más subido tono terrorista, fue denunciado al juez del crimen para que tomase intervención en el asunto. El uso legitimo de este derecho, al que tiene acceso cualquier ciudadano cuando cree que sus intereses o su persona están en peligro, fue tomado por las de la voz encadenada como la intención de clausurar un medio de expresión. Con este argumento, bastante raquítico, quisieron hacer ruido con la esperanza de sepultar el delito en el que se enredaron. Denuncia judicial confundieron con querella criminal y se hicieron los enojados. Resultaron simpáticos como nunca. Hasta salieron con la ingeniosa idea de que       iban a ir a la cárcel, que "La voz del coloradismo" seria clausurada, y otras ocurrencias del mejor humor.

         Cuando se denuncia, por cualquier causa, al responsable de un medio de comunicación, y el juez da curso favorable al pedido del denunciante, va preso el denunciado. Eso no equivale a clausurar el medio. ¿Cuántos directores, por ejemplo de radios y diarios, ya han ido presos? Y no por eso se han clausurado sus respectivas radios o diarios. Otros directores siguen al frente de los mismos. Si Cáceres Almada y Alberto Lares van presos -que se me disculpe este ejemplo disparatado, que, por Dios, nunca podría ocurrir-, "La voz del coloradismo" tendrá otros responsables. Eso es todo.

         Pero los de la voz encadenada pretendieron desviar la atención del verdadero asunto: que amenazaron con sacar a la calle grupos paramilitares. Y dentro del plan de embarullar, solicitaron el pronunciamiento del Sindicato de Periodistas del Paraguay.

         Como se trataba de un hecho muy grave -amenazar con reducir a escombros una fuente de trabajo- el Sindicato aprovechó el pedido de socorro de los señores Cáceres Almada y Alberto Lares, para que la entidad gremial mencionada reitere su posición pacifista y legalista. Como era de esperar, se rechazó con energía la presencia de grupos paramilitares. Este pronunciamiento se publicó íntegro en el Diario ABC Color, y en forma parcial en los demás medios de información. Además, como correspondía, antes de su publicación se remitió copia a quienes dicen ser responsables de "La voz del coloradismo".

         Dicho pronunciamiento fue acompañado de una breve nota, firmada por uno de los miembros de la Junta Directiva. Y de esta pequeña cuestión, absolutamente insignificante, meramente administrativa, los de la voz encadenada pretendieron hacer otro ruido, siempre con el mismo fin: procurar esconder el delito en el que irresponsablemente incurrieron.

         El pronunciamiento es lo importante y no la nota de remisión. Lo publicado por los medios de difusión es el documento que expresa, con absoluta claridad, la actitud de la Junta Directiva del Sindicato de Periodistas con respecto a la libertad de expresión, la libertad gremial, la obligación de la Dirección del Trabajo, al intento terrorista de sacar a la calle batallones de asalto, la necesidad de que "La voz del coloradismo" con estos o con otros directivos, contribuya con una vida armónica entre paraguayos, mediante una voz más serena, más honesta, más humilde, más ecuánime. En una palabra, más digna de las brillantes páginas que en su lucha cívica ostenta la Asociación Nacional Republicana.

         (5 de febrero de 1984)

LAS CALLES DE LOS CEMENTERIOS

         Si de la vida dijo Shakespeare que es aburrida como cuento escuchado dos veces ¿qué diremos nosotros de los discursos tantas veces repetidos? Discursos que hacen aparecer a nuestro país con más comunistas que la propia Rusia.

         De un tiempo a esta parte, se agregó a tales discursos un curioso tema: los medios de comunicación que tienen su local sobre algunas de las calles que pasan por los cementerios, Y así escuchamos que ABC Color está "sobre la calle del cementerio del Sur" y que Radio Ñanduti está "sobre la calle del cementerio de la Recoleta". Y después de este hallazgo, se llega a la conclusión asombrosa de que tales coincidencias son la prueba de que ambos medios de comunicación están en algo turbio, tenebroso y fantasmal. Por estar en la calle donde están, ABC y Ñandutí son una especie de luisón. Pero ¿cuántas residencias e instituciones están "sobre la calle del cementerio del Sur" y "sobre la calle del cementerio de la Recoleta"?.

         Pero hay más.

         Con el tono con que se anuncia que ABC y Ñandutí se encuentran sobre tales calles, se está diciendo que los cementerios son sitios repulsivos. Pareciera tratarse de muy grave delito tener la vivienda o la oficina sobre la calle -no importa la distancia- en que está situado el camposanto.

         Presentar como denigrante ese hecho no es un error. Es una torpeza. Primero, burlarse de un cementerio es burlarse del dolor de quienes tienen a sus seres queridos en esos sitios; segundo, quienes ya no son de este mundo no se encuentran en los cementerios por propia voluntad, salvo dolorosas excepciones; tercero, la religión católica -que es la religión del Estado- tiene en su calendario un día especial que memora a los difuntos, como expresión de respeto y reverencia.

         Presentar a Radio Ñandutí y a ABC Color como aliados en una siniestra operación, porque ambos medios están sobre calles que conducen a cementerios, nos parece un caso de exuberante imaginación. Entonces en este "aberrante" hecho -siguiendo la lógica de los sostenedores de esta teoría- debemos también incluir como entidades tenebrosas, por ejemplo, al Hospital Barrio Obrero y el Colegio Naciones Unidas, que también están sobre la calle Yegros y, por lo tanto, sobre la calle que conduce al cementerio del Sur. Y no hablemos ya de las residencias o instituciones que están sobre la avenida Mariscal López y la avenida Choferes del Chaco, que llevan al cementerio de la Recoleta. Y está también el cementerio del Este.

         Cabe recordar -y no queremos cortar la digestión de nadie- que a cualquiera de esos cementerios irán a parar quienes ahora se están burlando de esos sitios. Lástima que ya no les llegarán diarios ni radios ni televisión para leer, escuchar o ver la burla que, seguramente, se seguirá haciendo de los camposantos con la intención, de muy extraña manera, de descalificar la prédica que los citados medios de expresión hacen sobre la realidad nacional.

         Y con la misma falta de respeto hacia quienes "en el mundo han sido" suelen calificar a ABC de "diario de la mayor estantería fúnebre". Sólo porque, como cualquier diario del mundo, da cabida a los avisos que, con infinito dolor, hacen los deudos sobre el fallecimiento de algún ser querido.

         Todavía es tolerable burlarse de los vivos, pues podrían defenderse; pero mofarse de los muertos nos parece una crueldad. Tomar los cementerios como sitios aborrecibles; considerar como un delito vivir o trabajar sobre alguna calle que conduce a un camposanto, es un caso atrozmente inhumano.

         Ya no hay pecado en los cementerios. Ni vanidad ni soberbia. Ni ricos ni pobres, ni colorados, ni liberales, ni febreristas. Sólo recuerdos, o tal vez olvido o tal vez nada. Se puede vivir tranquilamente sobre cualquiera de las calles que conducen al cementerio. No es delito. Los muertos ni denigran ni envilecen; ni difaman ni calumnian. Estas son tareas de los "vivos".

         (12 de febrero de 1984)

SE DESTAPÓ UNA OLLITA

         En la Junta Municipal se destapó una ollita. El concejal radical Carlos Bonzi Jiménez, al renunciar de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, distribuyó a la prensa un informe policial que relata las andanzas de la presidenta de la mencionada Comisión, doña Carmen Cáceres de Thomas, y dos concejales más, Carlos Alderete (liberal) y Ramón Lezcano Torres (liberal radical). En la época del informe policial, todas esas personas componían la Comisión de Moralidad de la Junta.

         Del informe policial, de amplia difusión, se desprende que se anduvo pidiendo dinero para permitir la reapertura de prostíbulos o simplemente su funcionamiento. Es decir, sin pasar por la clausura. En el lenguaje de la mafia esto se denomina "protección".

         Al ser requerida por la prensa, doña Carmen negó su participación en los hechos mencionados. Carlos Alderete aclaró, que su presencia junto con los demás miembros, en los prostíbulos, era para verificar "el informe enviado por el Departamento Ejecutivo".

         Preguntado el presidente de la Junta Municipal, Dr. Cubilla Zacarías, sobre estos hechos, contestó: "Como documento, desconocemos ese informe y, por el momento, no le damos todavía validez". Y terminó diciendo: "Si alguna vez ese documento policial tiene entrada oficial en la Junta Municipal, va a merecer el estudio que corresponde a todos los documentos".

         Por el sistema que se ha estructurado en nuestro país nunca -o casi nunca- las tragadas son un acto individual. Por instinto de conservación, nadie come solo. Detrás de una inmoralidad, de una corrupción administrativa, está siempre un grupo. Y detrás de este grupo, los indiferentes. En definitiva todos somos culpables, de una a otra manera, de las sinvergüencerías que están carcomiendo los cimientos del país.     Tomemos el caso de los concejales. Suponiendo que sea auténtico el documento policial, y suponiendo que el informe del mismo sea veraz, estamos frente a un hecho sumamente grave que merece la más minuciosa investigación. Sin embargo, y por lo que por allí hemos escuchado, el enojo va dirigido solamente contra doña Carmen. Pareciera existir el propósito deliberado de hacerle aparecer a ella como la principal o la única responsable. Y esto obedece al hecho de que se la cree inamovible, porque siempre ha corrido la versión de tener muy buenos compadres.

         Sin embargo, no tenemos por qué detenernos en esa señora que, en definitiva, y de ser cierto el informe policial, no sería sino una tuerca de la maquinaria, la que comienza en los propietarios de los prostíbulos, pasa por los clientes, los vecinos que se callan, la comisaría que hace la vista gorda, el Departamento Ejecutivo de la Comuna por su extraña tolerancia, la Junta Municipal que no toma -ni tomará, al parecer- medidas ante el hecho denunciado.

         En efecto, llaman la atención las declaraciones del Presidente de la Junta Municipal. Cuando todo el país está poniendo en entredicho la moralidad de algunos concejales; cuando se está publicando a diario un caso que compromete el honor y la seriedad de la Junta Municipal de Asunción, su Presidente dice que "si alguna vez ese documento policial tiene entrada oficial va a merecer el estudio que corresponde a todos los documentos. Es decir alguna vez se dará a este hecho el mismo trato que a cualquier chuchería.

         Pero hay más culpables. El documento policial data del año 1983. ¿Por qué no se lo ha presentado a los tribunales? ¿Por qué no se lo ha dado a conocer a la Junta Municipal y a la opinión pública? ¿Por qué se lo estuvo guardando tan celosamente?.

         Y ahora que ya se hizo público ¿qué hacen los fiscales? ¿Por qué no interviene y, como suelen hacerlo tan eficazmente cuando quieren encarcelar a los disidentes del Gobierno?

         Y el mismo señor Bonzi, cuya actitud de ventilar el caso es plausible ¿desde cuándo tuvo en su poder el documento policial?.

         Y, por último, ¿qué hacen los demás concejales por aclarar esta mancha que salpica a todos?

         (11 de marzo de 1984)

II

ARTE, ARTISTAS Y AFINES

EL TEATRO SUFRE LA CENSURA PREVIA

         No hace mucho criticábamos las contradicciones de un sector de la oposición. Concretamente, la del Partido Liberal y la del Partido Liberal Radical. Decíamos que, al mismo tiempo de protestar contra las limitaciones de la libertad de expresión que el Gobierno les impone, ellos -liberales y radicales- ejercían la censura justamente contra la manifestación artística más necesitada de libertad: el teatro.

         En efecto, los representantes de esas dos agrupaciones políticas en la Junta Municipal, y como integrantes de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, practican la medieval censura previa. Y conste que este hecho -la censura previa- está prohibido por nuestra Constitución, como todas las civilizadas del mundo.

         El Partido Liberal y el Partido Liberal Radical tienen candidatos propios para las próximas elecciones presidenciales. Soñemos por unos minutos, y supongamos que uno de ellos salga victorioso. Si en la oposición -que es el sitio donde los políticos son demócratas y patriotas sin par- ejercen la censura previa contra el teatro, es para pensar que después tal censura la extenderían a otras expresiones culturales.

         El sábado último, el suplemento de Arte y Espectáculos de este diario incluyó las declaraciones del Dr. Diógenes Martínez, miembro de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal; del Dr. Concepción Lezcano Torres y del señor Esteban Alderete, también de dicha comisión. Igualmente, la de Teresita Pesoa, responsable de un meritorio grupo teatral.

         Tales declaraciones se referían a la versión de que la obra de Antonio Escobar Cantero, "Ñoráirõ opa rire", habría sido descalificada por la citada comisión de la Junta Municipal.

         El Dr. Diógenes Martínez, colorado, dijo que nada sabía, y que "la única que puede decidir es la presidenta (de la Comisión de Moralidad y Espectáculos) doña Carmen Cáceres de Thomas, que en este momento está de viaje".

         ¿Cómo? ¿La única que puede decidir en una cuestión donde está en juego la libertad de expresión? ¿Una sola persona es la que determina qué deben escribir los dramaturgos, qué deben representar los elencos y qué es lo bueno y lo malo para el público, para el país?

         Si la única que pueda decidir "es la presidenta doña Carmen Cáceres de Thomas", entonces no debiera llamarse Comisión de Moralidad ni de nada. Una comisión no es una persona. Es decir, no debería ser nunca en una corporación que pretende adecuar sus actos a la ley.

         Las expresiones del Dr. Martínez, de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal, son como para preocupar a quienes hacen teatro. Supone que toda esa gente está en manos de una sola persona. De sus opiniones depende que se haga o no teatro. Sus puntos de vista son suficientes para que el teatro -que tiene 25 siglos en Occidente- se produzca o no en el Paraguay.

         Si "la única que puede decidir es la presidenta", ¿cuál es la función de los demás miembros? Hacemos esta pregunta dejando constancia de que, de todos modos, la tarea de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos es ilegal, por lo menos en lo concerniente al teatro, porque la Constitución prohíbe la censura previa.

         El hecho de que los elencos presenten el libreto, antes del estreno, a la Comisión mencionada, significa censura previa. El teatro, como vehículo de expresión, está amparado por los artículos 71 y 72 de nuestra Carta Magna, que dice, respectivamente: "La libertad de pensamiento y la de opinión quedan garantizadas por igual para todos los habitantes de la República...". "La libertad de expresión y la de información, sin censura previa, son inviolables, y no se dictará ninguna ley que las limite o imposibilite...".

         Es cierto, no se dictó ninguna ley, pero se dictó una ordenanza municipal, que invalida nada menos que la Constitución. Y este hecho irregular involucra también a los nombrados opositores. Es decir, están haciendo la misma cosa que con frecuencia, y en todos los tonos, dicen que el Gobierno hace con ellos: negarles el sagrado derecho a la libre difusión de las ideas y el pensamiento.

II

         La actividad teatral en nuestro país padece de muchas privaciones. A veces da la impresión de una franca convalecencia, pero al poco tiempo le vuelve la recaída, haciendo temer que aparezca, no en la página de espectáculos, sino en la de mortuoria.

         El teatro, como todo vehículo de la idea y el pensamiento, necesita de libertad para vivir y desarrollarse. Sin ella, el raquitismo le hace dar pasos vacilantes.

         La censura previa que el teatro sufre en manos de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal, es obsoleta, dañina e ilegal. A todo esto debemos agregar la discriminación. Los censores son muy puntillosos con el teatro mientras que los cines se llenan de películas doblemente inmorales: atentan contra la estética y las buenas costumbres.

         ¿Qué función pretende cumplir la Comisión de Moralidad con el teatro? Justamente con el teatro. Justamente con esta actividad que nunca pudo dar una compañía de revista porque jamás se han encontrado más de dos muchachas que quisiesen exhibirse ligeras de ropa. Esto, suponiendo que la moralidad habite en los vestidos, o mejor, en la ausencia de ellos.

         ¿Un teatro paraguayo inmoral? ¿Un teatro paraguayo como esas películas de trasnoche? ¿Sara Giménez, Teresita Pesoa, Blanquita Villalba, etc., haciendo liviandades en el escenario? Que estas buenas amigas nos disculpen por nombrarlas, pero no concebimos a nuestras actrices -ni jóvenes ni de las otras- haciendo indecencias. No. Nuestras actrices no están para hacer cabriolas más o menos sugestivas, de esas capaces de animar concupiscencias. Igualmente los actores.

         Tampoco nuestros dramaturgos, en cuestiones de moralidad, jamás dieron dolores de cabeza a la comisión respectiva de la Junta. En nuestra gente de teatro va prendido un curioso pudor. Las osadías más descomunales no suelen pasar de algunas palabras o frases más o menos verdosas, que nada tienen que ver con la moralidad. A lo sumo, con la gramática o la estética. Y esta actitud recatada no obedece al temor de una reprimenda municipal, sino al sentido ético de nuestros actores y dramaturgos.

         En cuestiones de moralidad teatral, la comisión de censura tiene demás su tijera. Esto se sabe. Es que esa comisión apunta hacia otro blanco, para hacerlo negro. Aunque con el gris ya suele conformarse.

         Dos de los miembros de la comisión, representantes del Partido Liberal y del Partido Liberal Radical, el señor Esteban Alderete y el Dr. Lezcano Torres, dijeron a nuestro diario, en referencia a la obra de Antonio Escobar Cantero, "Ñorairõ opa rire", que "es una obra atemporal. No tenemos nada que cuestionar", y "Es una obra maravillosa".

         La temporalidad o atemporalidad de una obra nada tiene que ver con la moral. Tampoco lo maravilloso. Una comisión de moralidad, si va a cumplir solamente esa función, debe limitarse a decir si una obra es o no inmoral. Claro que aun así es para preguntarse qué es lo moral o lo amoral. O por lo menos, qué conceptos se han utilizado para llegar a determinada conclusión. Pero cuestiones son éstas que por ahora dejaremos a un costado.

         De acuerdo también a lo publicado, la señora de Thomas habría dicho que la obra, "Ñoráirõ opa rire", no se ajusta a la realidad. Esta opinión abre muchos interrogantes. Deseamos que se vaya aclarando para que en adelante los dramaturgos sepan a qué "realidad" deben ajustar sus obras. Esto es, si desean verlas representadas.

         El juicio de la presidenta de la Comisión de Moralidad, que según el Dr. Diógenes Martínez es la única persona que puede decidir en este asunto, es otra prueba de que se extralimitan en la función censora. Es otro testimonio de que la "moralidad" no es el único tema que les interesa.

         El teatro es una manifestación artística y cultural. Sólo por ello -de acuerdo a lo establecido en la Ley 222 "Orgánica Municipal"- la Junta debe prestarle su apoyo. No conocemos de un solo gesto en este sentido. De los obstáculos creados sí existen varios testimonios. Uno de los más notorios es la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos. Los inconvenientes que causa su presencia son innumerables, nocivos y malograntes.

III

         La censura previa no es la causa única de los males que tienen tan anémico a nuestro arte teatral. Pero sí figura entre los principales motivos. Los obstáculos puestos a la libre expresión han sido siempre los más censurados en cualquier época de su imposición. No porque sea tan antigua como la humanidad, la censura debe ser el pan diario de quienes se apoderaron de la fuerza, aboliendo el derecho.

         El más famoso de los censores es sin duda el Califa Omar, quien tuviera la travesura de quemar la biblioteca de Alejandría y calentar con los libros el agua de su baño. Este ha sido el honroso origen del calefón moderno.

         Desde entonces -y aun mucho antes que Ornar- los libros continúan irritando con graves males para el pensamiento, para el avance de la cultura, para el encuentro de la verdad. Impedir el ejercicio de la libre expresión es anular todas las libertades.

         Si mal no recordamos, fue en abril de 1975 que se dictó una ordenanza por la que los elencos debían presentar los libretos con 15 días de anticipación al estreno, a la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal.

         El pasado año, el plazo de 15 días se extendió a un mes por una zoncera: la Comisión recibió una obra en guaraní, y como sus miembros confesaron que no sabían leer en nuestro idioma nativo, pidieron un mes de tiempo para deletrear. Después veremos que este plazo es excesivo.

         La señalada ordenanza es extensiva a los elencos y obras nacionales y extranjeras. De vez en vez nos visitan grupos que hacen teatro en alemán, francés, inglés. Estos son los más frecuentes. Y si los miembros de la Comisión de Moralidad no leen en el idioma nacional -tal como los diarios habían publicado el pasado año- ¿cómo hacen para autorizar una obra escrita en los señalados idiomas? ¿O porque está escrita en lengua extranjera la pieza se halla exenta de censura previa? ¿Cómo? ¿No se puede ser inmoral en alemán, pero si en castellano o guaraní? ¿Tampoco subversivo?

         Hay más. También suelen visitarnos estupendos mimos. Estos desarrollan una idea, un argumento, naturalmente sin palabras. ¿Cómo actúa la Comisión de Moralidad en estos casos? ¿Pide, como hace con las películas, una exhibición previa?.

         Respecto al plazo de los 30 días, es demasiado. Aclaremos que la Comisión de Moralidad ejerce la censura previa solamente con las obras que serán representadas fuera del Teatro Municipal. Esta sala tiene sus propios Catones.

         Esperar treinta días para firmar contrato con la sala -que podría ser el Centro Cultural Paraguayo Americano, la Misión de Amistad, Arlequín, etc. etc.- se corre el riesgo de perder la fecha deseada o todo el año. Hacerse de compromiso sin tener la bendición de la Comisión de Moralidad es un riesgo. Por ahí no autoriza, o sobrepasa el límite de tiempo que ella misma había fijado -30 días - se arma entonces un descalabro en las previsiones de la sala y del elenco.

         Esto mismo está sucediendo con la compañía que encabeza la admirable Teresita Pesoa. Tenía previsto estrenar en la segunda quincena de noviembre pasado la obra de Antonio Escobar Cantero, "Ñoráirõ opá rire". En cumplimiento de la inconstitucional ordenanza, el elenco presentó la obra en el mes de octubre a la Comisión de Moralidad. Hasta hoy -a más o menos dos meses de la presentación- el elenco no ha recibido ninguna respuesta. Sólo versiones informales, periodísticas, callejeras. Resultado: un año perdido.

         Si la Comisión de Moralidad exige a los elencos un plazo ¿por qué ella no cumple con los elencos? Sobre que la censura previa es ilegal y dañina, se le agrega esta irresponsabilidad. La misma Teresita Pesoa dijo a nuestro diario que "Este año ya no vamos a presentar la obra". Claro. La pieza de Escobar Cantero suponemos que no ha de ser un pesebre viviente.

         Esta es una de las muchas afirmaciones de la presencia negativa de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos en el quehacer teatral. Justamente porque la censura previa es un estorbo para el desarrollo del pensamiento y las ideas, es que las leyes la han eliminado. Sin embargo, aquí fue revivida por una sencilla, lacónica y tenaz ordenanza municipal.

IV

         Allegados a los concejales de la oposición, el radical Lezcano Torres y el liberal Esteban Alderete, nos dijeron que era injusto que involucráramos a tales políticos en un hecho tan antipático como la censura, pues ninguno de los concejales nombrados ha prohibido jamás la representación de obras teatrales. Por tanto -recalcaron- no ejercen la censura.

         Los buenos señores que se acercaron a nosotros están, lamentablemente, confundidos. La censura previa -que Lezcano Torres y Esteban Alderete, entre otros, vienen practicando- no significa que precisamente se debe prohibir, en este caso, la representación de una pieza teatral. Autorizarla, después de haber leído la obra, igualmente tiene el alcance de una censura previa. Esta no se da por la aprobación o la negativa sino por la acción de presentarla obra a la Comisión de Moralidad antes de su puesta en escena. Este hecho es la esencia, la razón de ser de la censura previa. Es más, hasta pueden dejar de leer la obra. Aun así es censura previa.

         De manera que nos ratificamos en nuestra opinión de que el Partido Liberal y el Partido Liberal Radical, representados por Lezcano Torres y Alderete en la Junta Municipal, tienen una postura contradictoria respecto a la libertad de expresión. Que demuestren a la ciudadanía que son sinceros, y luchen por la abolición de la censura previa ejercida contra el teatro.

         Justamente en su edición de ayer, nuestro diario publicó estas hermosas expresiones: "Para que exista una democracia plena se deben respetar todos los valores, la libertad de las personas, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, etc. Es la única forma de practicar una democracia plena". Sabias palabras. Ellas pertenecen al concejal Esteban Alderete. Sí, es el mismo que ejerce la censura previa contra los elencos, contra los dramaturgos, contra el público.

         Estamos de acuerdo con el concejal Alderete. La única forma de practicar una democracia plena es con la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. ¿Y? Señor concejal: procure usted que la gente de teatro no decline su derecho a la libre expresión a los pies de esa anticuada Comisión de Moralidad, de la que usted es integrante. Demuestre la sinceridad de sus convicciones con algo más que seductoras palabras. El teatro necesita de libertad para vivir. Ella es su oxígeno. Los dramaturgos escribirán mejores piezas sin el peso de que podrían ser desautorizadas, sólo porque algunas palabras, o algunas escenas, no serían del agrado de los censores.

         Si alguna obra resultare sospechosa de inmoral o subversiva, tenemos leyes de todos los colores para enjuiciar al autor. Cuando el teatro vaya del productor al consumidor, eliminando ese terrible intermediario que es la censura, nuestra actividad artística tendrá nuevos bríos.

         Por el momento, tenemos que aguantar el ingrato suceso de ver que una obra de teatro es considerada al mismo nivel, tiene el mismo tratamiento, siguen iguales métodos que los utilizados para considerar los asuntos de burdeles, prostíbulos y demás yerbas semejantes. Un día de estos se les van a mezclar los expedientes y van a cerrar un teatro en vez de una casa de cita. O quizás la confusión podría ser beneficiosa. Hay tantos burdeles funcionando, que por ahí sin más trámites se autorice la representación de una obra teatral. También de esto se trata. La burocracia, con todos sus males, se agrega a la censura previa.

         Recordamos que a dos meses -si, dos meses- de haberse presentado copia de "Ñoráirõ opa rire" a la Comisión de Moralidad, hasta hoy no se ha dado el dictamen, con lo que se ha ocasionado un daño enorme al elenco de Teresita Pesoa, pues se pensaba estrenarla en la segunda quincena del pasado noviembre. Para ello se venía ensayando intensamente.

         ¿Saben los miembros de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal, el esfuerzo que supone a un actor, a una actriz, dejar sus ocupaciones para dedicarse a los ensayos durante varias semanas? Además, un esfuerzo sin compensaciones. Es la pura gana de trabajar por la cultura del país. ¿Y por qué estos señores de la Comisión de Moralidad siguen poniendo obstáculos a los que hacen ese estupendo y desinteresado trabajo?.

         Porque la Comisión no se expidió a tiempo -un plazo máximo de 30 días - el elenco que venía ensayando " Ñoráirõ, opa rire" ya no la va a estrenar este año.     ¿Ñorairõ opa rire? Entonces hay todavía para rato.

V

         El arte por el arte es una formulación estética muerta y sepultada. Los tiempos no están para arrobarnos por una expresión artística que sólo nos ofrece belleza. Lo bello que adormece nuestra capacidad crítica es feo. Es nocivo.

         El teatro -que también es arte- se encuentra cómodo cuando se convierte en vehículo de ideas renovadoras, capaces de fortalecer nuestras convicciones, o mostrarnos otras que nos ayuden a percibir con claridad el mundo que nos rodea.

         Desde este punto de vista -y desde cualquier otro- el teatro es un medio de expresión. Y como tal, necesita andar libremente, moverse sin los obstáculos de la censura previa.

         Un dramaturgo limita su capacidad creadora, su disposición crítica, ante la certeza de que necesitará la bendición de la censura para convertir su texto en hecho teatral. Igualmente los elencos. En el momento de seleccionar una obra, sus preocupaciones están puestas en la censura. Y pasa igual con las empresas o instituciones que administran la sala.

         Muchas veces las ganas de hacer teatro inducen a elegir una obra que, por su frivolidad, tendría la aprobación de la censura. Para estos casos, se evita toda pieza cuestionadora de situaciones arraigadas en los poderes de decisión. Esta manera de proceder es falsa. Y también muy cómoda. Pero casi no hay otro camino cuando se tiene que pasar por la censura.

         Dijimos "casi", porque hay un atajo para esquivar a la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta. Las obras representadas en el Teatro Municipal no pasan por la señalada comisión. La Junta Municipal no interviene para nada en la temporada teatral del "Ignacio A. Pane".

         Con este caso se produce un hecho de lo más incoherente. Los señores concejales no saben qué obras se van a representar en la sala propiedad de la Comuna. Mientras se preocupan -ilegalmente- por lo que sucede en la casa ajena, descuidan la propia.

         Los señores concejales deberían concentrar su atención, su interés, su entusiasmo por las cuestiones artísticas y culturales del Teatro Municipal. Que procuren que esta sala nos represente dignamente y dejen de levantar obstáculos a los elencos "off" Municipal.

         La ordenanza que obliga a la compañía presentar el libreto a la Comisión de Moralidad, no solamente es discriminatoria sino totalmente confusa en sus objetivos. Además, en la manera en que se pone en práctica dicha ordenanza, los concejales declinan sus funciones en favor de la directora de Cultura de la Municipalidad. Esta señora es la que da su visto bueno -o malo- a las obras que se van a representar en el Municipal, sin importarle la opinión que pudieran tener los concejales.

         El absurdo no termina aquí. La misma obra que se ha representado en el Municipal, al pasar a otra sala capitalina, debe ir acompañada de la autorización de la Junta.

         Ahora mismo está sucediendo lo que dejamos dicho. De acuerdo a lo publicado, la directora de Cultura, señora de Virgili, habría prometido al elenco de Teresita Pesoa -cualquiera fuese el dictamen final de la Junta - una fecha en la sala del Municipal para la representación de la obra de Antonio Escobar Cantero, "Ñoráirõ opa rire". El ofrecimiento de la señora de Virgili habría tenido su origen en la incertidumbre, para su puesta en escena, que está teniendo la señalada obra en el seno de la Comisión de Moralidad.

         También este caso deja constancia de los valores contradictorios que se manejan para juzgar una obra. De todo esto, nuestra actividad teatral es la única perdedora. Sin embargo, debemos señalar el gesto de la señora de Virgili. Nos parece que es lo apropiado. Cuando se duda sobre la suerte de una obra, la directora de Cultura habría prometido la sala del Municipal para esa obra. Esto significa que no va a quedar en aguas de borraja un esfuerzo artístico, un intento cultural. Bien por la señora de Virgili.

         Pero hay una cuestión.

         El autor del "Ñorairõ opa rire", y el elenco que está ensayando la pieza, tienen motivos para agradecer a la directora de Cultura de la Municipalidad. Bien mirado, su ofrecimiento es un favor. Es una gauchada.

         Nuestra actividad teatral -y todas las otras artísticas- se van a desarrollar con más vigor cuando se libren de las actitudes paternalistas. O mejor, maternalistas, porque dos respetables señoras son las que manejan la tijera.

         Por la salud del teatro nacional y en cumplimiento de preceptos constitucionales, es hora de eliminar la censura previa.

         (del 14 al 18 de diciembre de 1982)

LA COMUNA SE ATRIBUYE FUNCIONES POLICIALES

         La cultura nacional acaba de recibir otra paliza. Como siempre, va a poner la otra mejilla para la próxima bofetada. La prohibición municipal que pesa sobre la obra teatral "Ñoráirõ opa rire", de Antonio Escobar Cantero, nos pone -como país civilizado- en una situación incómoda. Mientras no superemos nuestra tendencia al obscurantismo en cuestiones culturales y artísticas, también nuestro teatro quedará rezagado como expresión del pensamiento y las ideas.

         La Junta Municipal de Asunción, empujada       por su comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, acaba de echarse encima una tonelada de mancha imborrable.

         Prohibir la puesta en escena de una obra teatral es un hecho muy grave por dos principales motivos:

         1) Se viola la Constitución.

         2) Se niega a la ciudadanía la posibilidad de tener su propio juicio sobre la obra. Pretender pensar por el resto del país es, no solamente una desmedida soberbia, sino vivir todavía con mentalidad medieval de creer conocer qué cosas convienen o no a las demás personas.

         Al mismo tiempo, se está obstaculizando el desarrollo del arte teatral del país.

         La Junta Municipal nos demuestra, con la reciente prohibición, que su actitud con respecto al arte y la cultura es meramente represiva. No se sabe que jamás haya movido un dedo en favor de las actividades artísticas, no obstante figurar entre sus obligaciones de acuerdo a la Ley 222.

         Al prohibir la representación de "Ñoráirõ opa rire" -llamativo título por las consecuencias que tiene la obra-, la Junta Municipal se alza contra la Constitución, a más de pisar sus funciones especificas claramente expresadas en el Art. 81 de la Ley 222, que dice: "En lo relativo a esta sección (Moralidad y Servicios Sociales) corresponde a la Junta: "Conceder permiso para la apertura de sitios y casas destinados a reuniones públicas; la realización de espectáculos, diversiones y juegos no prohibidos; impedir o clausurar los establecimientos o espectáculos que ofendan a la moral y a las buenas costumbres".

         Este artículo de ninguna manera contradice a la Constitución referente a la libertad de expresión y a la prohibición de la censura previa.

         Dice: "...impedir o clausurar los espectáculos que ofendan a la moral y a las buenas costumbres". Un texto teatral no es espectáculo. Se convierte en espectáculo recién cuando se pone en contacto con el público. Es decir, cuando la puesta en escena convierte el texto en hecho teatral.

         Esto supone también la presencia de un público.

         Mientras el texto -que es lo que leyó la Comisión de Moralidad de la Junta- siga siendo solamente texto, de ninguna manera es espectáculo. Por lo tanto, la Junta Municipal, de acuerdo al Art. 81 de la Ley 222, no tiene atribuciones para prohibir que un texto se convierta en hecho teatral, es decir, en espectáculo.

         Está claro que la intervención de la Junta debe ser después que el texto se convierta en espectáculo, y solamente si el mismo llegare a ofender la moral y las buenas costumbres. Si interviniese antes, como lo está haciendo, ejerce la censura previa, prohibida por la Constitución, a más de extralimitarse en sus funciones claramente expresadas en el citado artículo 81 de la Ley 222 "Orgánica Municipal".

         Por más vueltas que se le quiera dar a esta situación, está claramente demostrado -con firmas y sello- que se ha cometido un crimen contra la libertad de expresión, contra los valores morales y espirituales de la nación.

II

         La fundamentación de la presidenta de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos de la Junta Municipal, señora Carmen Cáceres de Thomas, contiene conceptos que nos hicieron acordar de don Hermógenes, el personaje de "La comedia nueva" de Moratin. Ese don Hermógenes acudía al latín y al griego, sin ton ni son, para encubrir sus despropósitos y darse aires de conocedor del arte teatral.

         Una vez más tenemos que lamentar que los integrantes de la comisión mencionada demuestren un increíble desconocimiento de la materia que pretenden juzgar. Conocer teatro no es cosa de otro mundo. Y precisamente por ello es censurable que en la Junta Municipal no se cuente con una o más personas versadas en cuestiones artísticas. O en todo caso, debieran por lo menos asesorarse para hacer y apoyar dictámenes con alguna coherencia, con un mínimo de conocimiento. El dictamen de la Comisión de Moralidad es dignó de las elucubraciones del nombrado personaje de Moratin.

         La señora de Thomas anduvo paseándose de lo más campante entre el latín y el griego sólo para demostrar que las creaciones artísticas no son su fuerte. Y así dice que "Su causa final (la obra) sería la puesta en escena de supuestos acontecimientos no acordes con la realidad histórica nacional".

         Repetimos la frase que interesa: "no acorde con la realidad histórica nacional". Esta es la razón por la que se prohíbe -ilegalmente- la puesta en escena de una obra de teatro.

         Cualquiera que hubiere leído, por ejemplo, a Shakespeare, sabe que sus obras, las de carácter histórico, muy poco tienen que ver con la verdadera historia, es decir, con lo que realmente ha sucedido. Justamente uno de los principios básicos del arte es la recreación de la realidad.

         Hacer teatro no es hacer un libro de historia.

         Con el criterio que sustenta la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, apoyado por la mayoría de la Junta Municipal, nunca habrían existido como autores teatrales los trágicos griegos, los isabelinos, los clásicos franceses, españoles, alemanes, etc. hasta cualquiera de los grandes de hoy.

         El artista tiene derecho de transformar una realidad para llegar a otra. Esto es tan elemental que nos sorprende leer un dictamen, salido de la Junta Municipal, que hable de que una obra no está "acorde con la realidad histórica nacional", y que ello sea motivo de prohibición.

         Y más nos sorprende que los señores concejales de la mayoría se hayan dejado impresionar por un dictamen desatinado. La realidad del arte no es la realidad de la vida, aunque se nutre de ésta. Descalificar una obra de teatro porque no está "acorde con la realidad histórica nacional" es ignorar lo que se dice, o se oculta otra intención.

         Además hay otra cuestión. ¿Cuál es la realidad histórica nacional? ¿Acaso no existen hechos muy concretos que, no obstante, tienen distintas interpretaciones? Acudamos al viejo cuento del vaso con agua hasta la cintura. Para algunos ese vaso está medio lleno y para otros, medio vacío.

         Ideologías políticas, religiosas, sociales, etc. difieren sobre una misma cuestión. Respetar ajenas opiniones es expresión de civismo. Pretender imponer nuestra creencia por la fuerza, validos de una situación circunstancial, es un acto despótico.

         La Junta Municipal tiene su concepto sobre "la realidad histórica nacional", y los dramaturgos tienen el suyo. ¿Por qué, en nombre de qué cosa, debe imponerse el criterio sustentado por la Junta?

         La señora de Thomas tiene su creencia sobre esa "realidad", y al parecer no concuerda con la de Antonio Escobar Cantero. ¿Y por qué debemos cargar con la de la presidenta de la Comisión de Moralidad? ¿Con qué derecho esta señora hace valer sus puntos de vista? Y, además, en una situación totalmente ilegal, en una actitud contraria a los preceptos constitucionales.

         ¿Qué ley le permite á la Junta Municipal prohibir una representación teatral con la sola lectura del texto?

         ¿Qué ley le permite a la señora de Thomas decir lo que dijo en su latinesco dictamen?.

III

         La presidenta de la Comisión de Moralidad y Espectáculos Públicos, cuyo dictamen fue protegido por la mayoría, dice entre otras cosas: "Una corriente de opinión de base falsa podría conducir a situaciones de desorden y descontento general, a una rebelión, subersión (sic) creadas por personas interesadas, que, obedecen a un plan político y a un propósito preconcebido a intereses extraños a nuestra realidad...".

         Estas son expresiones policíacas.

         A la Junta Municipal no le corresponde atender las cuestiones subversivas. La responsabilidad del orden público recae en los organismos de seguridad del Estado. ¿Desde cuándo una Junta Municipal debe vigilar y reprimir las "situaciones de desorden y descontento general" a más de la "rebelión" y la "subversión"? Estos son asuntos que competen exclusivamente a las entidades estatales y no municipales.

         La única Policía que tiene la Municipalidad es la de Tránsito. Su función no puede ir más allá de castigar faltas. Los delitos son penados en otras instancias.

         El párrafo señalado más arriba, extraído del dictamen de la señora de Thomas, demuestra el afán represivo que anima a la Comisión de Moralidad en cuestiones que no le competen.

         De aquí saltan dos garrafales errores más que manchan a la Junta Municipal: 1) Considerar que una creación artística o literaria debe ceñirse a la realidad; pero a una realidad subjetiva y personal de la censura. 2) Penetrar en terreno ajeno, avasallando principios jurídicos universalmente aceptados. Por ejercer circunstancialmente la censura de las obras teatrales, la señora de Thomas confunde sus funciones con las que son de exclusiva competencia del Estado.

         Lo único que la Comisión de Moralidad debe decidir sobre un espectáculo es retirarlo de la circulación toda vez que sea inmoral o vaya contra las buenas costumbres. Para ello, de acuerdo al artículo 81 de la Ley 222, el hecho a reprimir debe ser espectáculo. Es decir, debería primero estar en contacto con el público. Nunca antes, porque la Constitución prohíbe la censura previa. Consideramos innecesario -a más de ser redundancia- decir espectáculo público, porque, de ser privado, también esta condición -la privacidad- está garantizada por la Ley. Se entiende, entonces, que el espectáculo es, como lo señala el diccionario, "función o diversión pública de cualquier género".

         Un texto dramático no es "función o diversión pública". Por ello, la Junta Municipal no tiene atribuciones, ni ningún otro organismo municipal o estatal, para impedir que el texto se convierta en hecho teatral.

         La señora de Thomas -y con ella la Junta Municipal en mayoría- sostiene que la obra "Ñorairõ opa rire" contiene "una corriente de opinión de base falsa". Ya sabemos que esta "base falsa" es que la obra no está "acorde con la realidad histórica nacional".

         ¿Qué hace suponer a la Comisión de Moralidad que la pieza tiene "base falsa"? ¿Qué criterios ha manejado para llegar a ésta conclusión? ¿Sólo porque el juicio sobre la "realidad histórica nacional" manejado por el dramaturgo no coincide con el de la señora de Thomas, ya significa una "base falsa"?. ¿Y esa falta de coincidencia ya es suficiente para prohibir la puesta en escena de un texto teatral? ¿Esto quiere decir que todo el mundo debe pensar como la señora de Thomas? ¿Significa que la ciudadanía quedará sin teatro las veces que el texto contradiga la opinión que la señora de Thomas tiene sobre "la realidad histórica nacional"?

         ¿Realidad histórica nacional?

         Sobre esta realidad existen otras miles, porque cada realidad sugiere opiniones, criterios, sentimientos. Y cuando existe disparidad no se debe suprimirla con la fuerza. Avasallar las ideas ajenas es la expresión más acabada del subdesarrollo mental. Y en estas condiciones avanzaremos muy poco, o nada, en la dirección que fuese.

         Si llamásemos a un concurso literario sobre el tema "La realidad histórica nacional", o algo más concreto como "La realidad política actual del país", veremos que cada concursante tendrá enfoques distintos, así como cada integrante del jurado tendrá juicios dispares, de acuerdo a la ideología política con que se maneja. Y ésta es la única realidad, la disparidad de las ideas en cualquier asunto. Aceptar criterios divergentes es una obligación cívica. De lo contrario, merecemos andar todavía subidos a los árboles.

         (del 29 de enero al 1 de febrero de 1983)

INDICE

Al lector

Prólogo

La tierra prometida

El pueblo de Dios en apuros

La hoguera ya se cobró una víctima

La "solidaridad" entre periodistas

La prostitución en Hernandarias

Karaí Octubre llegó en junio

Los "comunistas" y la cría de lobos dan buena ganancia

El pueblo se vale de nuevos métodos

La prensa brasileña mucho se ocupa de las colonias

Volvamos a las estancias de la Patria      

¿Olvido o resignación?

Se vivió un año estupendo    

¿Dónde reside el pecado?

¿Dónde están los pagarés?

¿Quiénes son los agitadores?

¿Apóstoles o criminales?

¿Qué culpa tenemos los periodistas?

EE.UU. volvió a la normalidad      

¿De dónde viene la violencia?

¡Estos periodistas del IBR!

 La representatividad obrera

¿Qué hace la Dirección de Tránsito?

Autoridades despojaron a un colono

El humor de los comerciantes

¿Todo tiempo pasado debe ser olvidado?

Aplaudimos la expulsión de Roa Bastos 

Las expresiones de lealtad sin ton ni son

¿Para quiénes se promulgó la Constitución?

Roa Bastos y los organismos de seguridad       

Nos olvidamos a veces de que somos mortales

Las Malvinas nos hicieron olvidar del país

"Paraguay, un país con energía"

¿Dónde están las frazadas?

Situaciones anormales en la CPT

Una boutique para niños pobres    

El viejo problema del kilaje tope    

Perjudicial monopolio de la carne   

Las aventuras de un obrero

Firme actitud de la iglesia

Los consumidores no pueden defenderse

La Comuna y los excombatientes del 47

Las mujeres en la noticia

La comunidad villarriqueña sufre actos arbitrarios del Delegado de Gobierno

El artículo 79 de la Constitución

El comercio es enteramente libre

La juventud es la realidad de hoy

Las contradicciones de la oposición

La tierra debe ser de quien la trabaja        

¿Acaso se puede esconder la verdad?       

El Intendente abusa de su autoridad

Se necesitan nuevos dirigentes

¿Por qué renunció el director de Aduanas?        

Incapacidad para el diálogo

La CPT y los desocupados    

La mala suerte de los villarriqueños

La aplicación del artículo 79

El maltrato a los niños

Exoneración discriminatoria

El apresamiento del Dr. Laíno

Un caso de escopeta     

Los deseos de fin de año

¿Por qué no ha de ser la Virgen?

Y se nos dijo la verdad

Tenemos que salir fortalecidos       

Los pedidos de extradición

Una medida alentadora

Un acto ejemplarmente heroico y puro

En busca de la verdad y la justicia  

Por el camino de siempre (II)

El "supuesto" sindicato de periodistas     

Se necesita de una voz más justa y serena

Las calles de los cementerio   

Se destapó una ollita

Buena actuación del elenco de la CPT

II Parte

ARTE, ARTISTAS Y AFINES

¿Tiene tradición la grafía guaraní?

Plagios, morotokos y otros asuntos

¿Qué se pretende hacer de los estudiantes?       

Cervantes, don Quijote y nuestros profesores de Castellano y Literatura

Crítica y críticos teatrales

Las danzas tradicionales ya no son tradicionales

La tradición: Una enfermedad muy contagiosa pero curable

El teatro sufre la censura previa

La Comuna se atribuye funciones policiales

ENLACE INTERNO AL ESPACIO DE LECTURA RECOMENDADA

GENERAL ALFREDO STROESSNER MATIAUDA en PORTALGUARANI.COM

(Hacer click sobre la imagen)

ENLACE INTERNO RELACIONADO

(Hacer click sobre la imagen)