DOMINACIÓN POLÍTICA Y LEGITIMIDAD
EL STRONISMO EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA
Por LORENA SOLER
Quienes pensamos América Latina como problema e indagamos comparativamente procesos políticos y económicos, percibimos que la dictadura stronista aparece generalmente sometida a tratamientos analíticos singulares por no circunscribirse a los modelos o categorías con que suelen abordarse los regímenes autoritarios de la región. En efecto, es posible constatar su ausencia en la bibliografía sobre las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur, salvo en su referencia al Plan Cóndor, de la misma manera que en los estudios sobre los regímenes autoritarios de Centroamérica y el Caribe. Parte de esto, amén de sus efectivas diferencias políticas y sociales, pero también de la construcción de un discurso político acerca de la «excepción latinoamericana», debe relacionarse con la temporalidad de la experiencia de la dictadura paraguaya que se inicia, a excepción de la nicaragüense y en coincidencia con la guatemalteca, en los comienzos de la liberalización política de los procesos autoritarios de Centro América y a casi diez años de la inauguración de la Dictadura Institucional de las Fuerzas Armadas en Brasil (1964-1985). Sin embargo, en una mirada de conjunto es posible hallar elementos comunes, especialmente con Brasil, pero también con las experiencias de Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), tanto como con las centroamericanas.
En tal situación, el trabajo se propone alumbrar la dictadura stronista desde otras experiencias autoritarias y militares en América Latina, pretendiendo repensar «el caso paraguayo» en una mirada en y desde de la región. Para esto, considera previamente elementos de larga duración en la propia estructura social sobre la cual el régimen stronista se asienta como los cambios y experiencias acaecidos en el mapa político de la región.
Finalmente, el problema central es reflexionar en torno a las formas de organización de la dominación de estos órdenes políticos y, especialmente, a los argumentos y mecanismos de legitimidad democrática liberal a los cuales apelaron. En tal sentido, el análisis se hace eco del señalamiento de Juan Carlos Portantiero (1994) que, a instancias de la transición a la democracia en Argentina, indicó que el esfuerzo de las ciencias sociales por dar cuenta del fracaso y la distancia entre la ingeniería constitucional liberal y las prácticas políticas tanto como la imposibilidad de transformar el Estado Liberal en Estados democráticos liberales, desestimó la fuerza y la inercia de la tradición constitucionalista y republicana que desde los discursos emancipatorios fueron mitos fundadores de estos cuerpos políticos, que llegaron a provocar que inclusive las dictaduras debieran recurrir a ellos.
LA DICTADURA STRONISTA Y LA ESTRUCTURA SOCIAL
Alfredo Stroessner Matiauda arriba a la presidencia de la nación luego de profundas modificaciones en el sistema político. Especialmente, el triunfo en la guerra del Chaco (1932-1935) se suelda, en este espacio, con lo que Antonio Annino ha llamado la crisis del consenso liberal, expresado en la necesidad de ampliación de la nación. De este modo, la guerra coloca a los militares en un escenario propicio para reivindicaciones nacionales y antiliberales y se convierte en la proveedora indiscutida de legitimidad política para quien pretendiera gobernar Paraguay en los años venideros.
Esta legitimidad se debe, en parte, al rescate de imágenes en disponibilidad de un pasado nacional clausurado por los resultados de la guerra Grande (1865-1870), que permite al nuevo orden político encontrar a los «auténticos» héroes nacionales, sumando la evidencia histórica acerca del fracaso de los mecanismos de la democracia liberal para la instauración de un orden político estable. Además, en términos objetivos, la guerra Chica impulsó la profesionalización de los ejércitos, la correlativa autonomización de éstos con relación a los caudillos políticos, dando lugar a la configuración de un nuevo actor político: la Asociación de Ex Combatientes, la «prolongación del ejército dentro de la sociedad civil» (Flecha, 1995: 51). Los cambios radicales en la relación Estado-Sociedad Civil y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el estricto campo de la política, convirtieron al nacionalismo en un elemento gravitante del sistema político, alimentando a corrientes muy heterogéneas, cuando no encontradas, que terminaron por dotar al sistema político de un carácter fuertemente excluyente en manos del Partido Colorado (Rivarola: 1988).
Es por lo tanto un dato a retener que, más allá de la insistente inestabilidad política que distingue al orden político, todos los presidentes hasta la guerra del Chaco son civiles pertenecientes a los partidos tradicionales: el Partido Colorado y el Partido Liberal. Estos partidos habían sido creados antes del derecho al sufragio, bajo los escombros del Estado y de sus extinguidas fuerzas militares y de los catastróficos resultados arrojados por la guerra de la Triple Alianza. Por consiguiente, la institución con más longevidad y durabilidad en la sociedad paraguaya la constituyen los partidos políticos, antes que el propio Estado y las Fuerzas Armadas.
Precisamente por este entrecruzamiento de contingencias históricas, la Constitución liberal de 1870 obliga a la formación de organizaciones políticas nacionales que, en una sociedad mayoritariamente rural bajo un sistema semicompetitivo, indujo al desarrollo de una extensa maquinaria de influencias políticas con las «masas» y, en consecuencia, a la conformación de fuertes identidades.
La estructura económica, especialmente de posguerra, actuó como un facilitador para la creación de lazos políticos entre campesinos de subsistencia que dependían de los «comerciantes locales» que controlaban el crédito, el transporte y finalmente la posibilidad de venta de las cosechas, frente a un Estado sin recursos propios, que necesitaba asimismo de los patrones1.
En consecuencia, a medida que se desarrollaba una mayor urbanización y se reconstituía el Estado con sus burocracias y la emergencia de una clase media urbana, se activaron otras organizaciones políticas que, dada la estructura social paraguaya, nunca dejarían de ser expresiones minoritarias. En el Paraguay de Stroessner, el 65% de la población vivía en zonas rurales, el 50% era ocupante de hecho de las tierras y el 87% de las explotaciones pertenecían al 1.1% de los propietarios, mientras que el 7% de la población formaba parte del sector industrial.
El sistema político quedará, pues, monopolizado por la representación política de liberales y colorados. Desde aquí entonces, deben ser entendidas las implicancias de la identidad político partidaria en la estructura social y la inexistencia de gobiernos a-partidarios2, aunque autoritarios y encabezados por militares.
En este contexto, que amalgama la legitimidad provista por el Partido Colorado y el militarismo triunfal bajo los elementos estructurales descriptos, debe leerse la llegada de la dictadura encabezada por Alfredo Stroessner (1954-1989). El posterior líder colorado logrará la presidencia, previo golpe de Estado, mediante elecciones, lugar que conservará utilizando el mismo mecanismo institucional y la legalidad provista por la reforma constitucional de 1967 y la enmienda de 1977. En efecto, y de acuerdo a la hipótesis de Jorge Lara Castro (1992), la reelección de Stroessner de 1968, con todos los partidos políticos devueltos a la legalidad tras la constituyente de 1967 podría considerarse como «el inicio de la consolidación de la dictadura bajo la forma de un gobierno de democracia representativa». Así, la dictadura o, en la acertada caracterización de Delich (1981), el despotismo republicano fue una construcción política realizada desde el partido, a partir de la cual edificó el sustento de la dominación.
Como sosteníamos, Stroessner comprendió rápidamente que el partido proveía, además de una base de identificación nacional, una penetración institucional y territorial, de la cual carecía el propio Estado-Nación. Sus primeras medidas atienden, entonces, a construir su hegemonía en el partido, disciplinándolo3, dado que hasta entonces se había mantenido prescindente de las corrientes políticas predominantes –los democráticos de Federico Chaves y los guiones de Natalicio González–.
Sin muchas fuerzas propias, tampoco en el ejército, como lo demuestra el alzamiento de los oficiales de 1955, eliminó a todos los oficiales con prestigio y, entre éstos, a cualquier elemento heroico de la guerra del Chaco4. Construyó así fuerzas leales al partido y a su gobierno, metodología «colorada» también utilizada para renovar las burocracias estatales.
Como lo ha demostrado Diego Abente (1996), el Partido Colorado, reorganizado y distribuido en 240 seccionales, cumplió con la doble función de cooptación y de control político. Fue el agente principal de reclutamiento de las burocracias estatales, a las que les prohíbe constitucionalmente los paros y las huelgas (Art. 55. Cap. V) y el mayor proveedor de ayuda social para la población, desde escuelas hasta centros de salud, pasando por servicios fúnebres y asesoría jurídica5. Si bien los recursos que solventaban tales políticas provenían del Estado, los espacios territoriales estaban asegurados por la presencia del partido oficial.
De esta manera, edificó una productiva partidización del Estado y las Fuerzas Armadas conjugada con una buena dosis de personalismo (Soler, 2007). No faltaron elementos constitucionales que le dieran amparo legal y legitimidad para su acción política. Una Constitución que equilibraba la representación entre la «nación» –cámara de representantes–y el Consejo de Estado integrado por los sujetos corporativos del «pueblo», otorga así a la representación liberal una «corrección». Al igual que la Constitución de 1940, el Consejo de Estado6 funcionaba como un colegiado corporativista legitimando los actos del Ejecutivo, los «defectos» del parlamento y/o los partidos políticos. Bajo esta misma lógica de juego representacional y considerando la función de los partidos para la dictadura, con clases medias participando de grupos insurgentes por encontrarse excluidas de este juego político, queda establecida la prohibición de «(…) partido político alguno que tuviere por propósito destruir el régimen republicano y democrático representativo de gobierno o el pluripartidismo. Queda prohibida la subordinación o la alianza de los partidos políticos paraguayos con organizaciones similares de otros países». (Art. 118. Cap. V. Partidos Políticos).
Así, el régimen stronista no sólo se amparaba en la legitimidad de la legalidad, aún en los estados de sitio, hasta en la persecución política («No se permitirá predicar el odio entre los paraguayos, ni la lucha de clases, ni hacer la apología del crimen o de la violencia» Art 71. Cap. V), sino también en la legitimidad que durante todo el período le otorga el acto electoral. Aunque éstos eran controlados y tutelados, imprimieron una lógica por la cual el Estado asume el papel de garante coactivo de esa lógica de «ejercicio ciudadano».
Otro elemento más de una nueva configuración histórica, pero también de otras legitimidades, es el fuerte crecimiento económico, alentado por la reorientación de su política económica y comercial con Brasil, rompiendo con la exclusividad y subordinación a la Argentina7.
Históricamente, la guerra Grande había favorecido la radicación de capitales argentinos para el ejercicio del comercio, que conjuntamente con el monopolio de la navegación y la salida forzosa con el puerto de Buenos Aires, aseguraron la dependencia económica de la Argentina.
A la guerra del Chaco y el papel desempeñado por Brasil, la caída del presidente Perón en 19558, las tradicionales intrigas sobre la hegemonía pergeñada por ambos Estados, se agregaron, nuevamente, los reclamos sobre las condiciones de usufructo del puerto de Buenos Aires.
Las reiteradas quejas de los gobiernos paraguayos sobre el precio de las mercancías de EEUU y de Europa que ingresaban por este puerto, más el histórico reclamo de que se permitieran barcos de bandera paraguaya para la comercialización con el extranjero, confluyeron en una política exterior más vinculada con Brasil. Como han demostrado Liliana Brezzo y Beatriz Figallo (1999) esta nueva orientación, con algunos intentos previos de G. Vargas, proveerá un fuerte impulso modernizador a la economía paraguaya, que cristalizará en 1956 con la concesión de privilegios de puerto libre en Paranaguá. Esta decisión estuvo acompañada de un conjunto de tratados y acuerdos comerciales para desarrollar obras destinadas a la integración geoeconómica y el incremento de la inmigración brasileña en las fronteras, dando paso a la expansión de la producción agrícola y a la ocupación de tierras por parte de colonos y propietarios brasileños. La culminación de las nuevas relaciones se expresará en la represa de Itaipú, donde entre 1976-1982 había 10.000 operarios permanentes.
Las nuevas relaciones políticas entre Brasil y Paraguay, deben enmarcarse en la tradición de los militares brasileños que vincularon la seguridad nacional a un proyecto de desarrollo económico, proveniente de los teóricos de la Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento–elaborada en la Escola Superior de Guerra (ESG), creada por el presidente Eurico Dutra en 1949.
LA DICTADURA DE STROESSNER DESDE OTRAS EXPERIENCIAS POLÍTICAS AUTORITARIAS Y MILITARES
I
En general, las conceptualizaciones sobre dictadura, con sus matices o énfasis, acuerdan en que dicho régimen político implica (Sartori; 1987) la ruptura de un orden constitucional a la hora de la toma del poder, la concentración del mismo en una o pocas personas y el intento de ejercer el poder de forma ilimitada, es decir, sin restricciones (Neumann; 1957). Claro, que todo intento ilimitado de ejercicio del poder se ubica mucho más en el orden de la voluntad política que en el orden del efectivo ejercicio de la dominación. Por definición, todo ejercicio del poder encuentra obstáculos o restricciones. En realidad, el carácter absoluto parece reposarse en la imprevisibilidad e irregularidad de la conducta del dictador o de su élite, donde aún existiendo verdaderos límites fácticos al poder que le pudieran conferir cierta regularidad a la acción, no existen garantías legales o de otro tipo para dotarla de validez permanente.
Si bien las experiencias políticas autoritarias y militares bajo análisis pueden ser caracterizadas como dictaduras, su devenir histórico y sus propias tradiciones nacionales muestran sendas diferencias. Históricamente, y a lo que aquí se refiere, quien o quienes toman el poder no siempre quiebran órdenes constitucionales previamente existentes. Pueden, en todo caso alcanzar el poder, por la fuerza o por procesos electorales, más o menos controlados y fraudulentos, y poner en funcionamiento mecanismos constitucionales, económicos y hasta las propias fuerzas militares para garantizar la reproducción de dicho jefe, élite o familia, clausurando cualquier otra posibilidad de competencia política.
Las Dictaduras de Centroamérica, por elementos del retraso del desarrollo capitalista, por la forma en que se estructura el poder, por la época en que se implementaron o bien por la forma de organizar la dominación con dotes más o menos personalistas, fueron más cercanas al stronismo o han tendido a volverlas asimilables en algunos sentidos.
Otras, específicamente las Dictaduras Institucionales del Cono Sur, aún cuando comparten la diferencia más apreciable de quién es el sujeto que ejerce la dominación, tuvieron, dada la longitud de la dictadura stronista, diálogos fructíferos con ésta, especialmente en el marco de la implementación del Plan Cóndor, es decir, de la organización supranacional de la represión.
Sin embargo, todas las dictaduras, como todos los órdenes políticos, se preocuparon por encontrar mecanismos de legitimidad, ya que la utilización de la fuerza nunca asegura por sí misma la obediencia a un orden social. Es por ello, que recrearon un formato u organización de la dominación que asegure la reproducción de dicho orden bajo algunos criterios de legitimidad y hasta una estructura política para el ejercicio del poder.
Nuestra hipótesis es que una y otras experiencias comparten siempre una preocupación válida por la legitimidad, que intentan resolver apelando a los argumentos y mecanismos de la democracia liberal, en el caso de las Dictaduras Institucionales del Cono Sur, a las que suman la organización de la dominación bajo formatos democráticos en el caso de las Dictaduras de Centroamérica. En efecto, las Dictaduras de Centroamérica, a diferencia de las del Cono Sur, funcionan, como la stronista, bajo el formato de «democracia formal» recreando ingenierías políticas «liberales» que, articuladas en redes personales y familiares, tendieron a perdurar inclusive más allá de la figura en el poder que los aglutinaba. En tal sentido, puede sostenerse que estas dictaduras no se presentaron como regímenes de excepción, ni de transición hacia un régimen democrático futuro, situación explicitada en todas las Dictaduras Institucionales del Cono Sur. Parte de estas diferencias radica en los propios antecedentes de órdenes y tradiciones políticas que las precedieron y, en consecuencia, en el tipo de legitimidad a la cual deben apelar y construir unas y otras respectivamente.
II
La región de América Central comparte, inclusive con relación a los países del Cono Sur, un tardío e insuficiente desarrollo del capitalismo9.
La situación derivaba del tipo de inserción en el mercado mundial a través de economías de enclave expresadas en un tipo de alianzas de las clases dominantes locales con las extranjeras, devenidas de la presencia hegemónica de EEUU, que se reflejaron en la estructura social y en el ordenamiento político de estos países. Esta región se caracteriza, asimismo, por una profunda debilidad y precariedad del
Estado, situación que también debería indagarse en sus truncados procesos independentistas, en la carencia de fuertes mitos nacionales republicanos o constitucionalistas y en la mencionada forma capitalista.
La ausencia de institucionalidad, lleva a que «un Estado está para ser tomado», inclusive por caudillos militares que aún cuando pueden provenir de estas fuerzas, no son militares profesionales sino «empresarios de la política que emplean distintos medios para enriquecerse y consolidar su poder personal» (Rouquié; 1984:175). La debilidad del Estado, es también la debilidad de una institución militar y su comportamiento corporativo.
En razón de las características asumidas por la dictadura stronista, y por lo dicho anteriormente, es factible de asimilarla con las experiencias autoritarias de América Central. Así, las formas de acceso al gobierno, previos golpes de Estado y el posterior proceso eleccionario fraudulento o controlado10 por parte de figuras civiles y militares, son comprobables en Honduras con Andino Carías (1939-1949), en Nicaragua con los
Somoza (1937-1979), en Guatemala con Ubico (1931-1944) y en República Dominicana con Trujillo (1930-1961). Además, todas estas comparten, con el stronismo, largos períodos dictatoriales de gobierno y formas de organización de la dominación a partir de la presencia de mecanismos electorales, constituciones y partidos políticos dotando a la dominación de un funcionamiento formal de la democracia.
Sin embargo, deberíamos advertir que, más allá de las características comunes, son observables sendas diferencias en sus respectivos contextos políticos y económicos internacionales.
El régimen instaurado en Paraguay no debe enfrentar, como la región central, la doble situación de crisis del modelo agroexportador y del régimen oligárquico, como tampoco una situación de intervención política y económica directa por parte de los EEUU y, menos aún, en el sentido «militante» de la «Doctrina Monroe» (1904). Además de la marginal ubicación geopolítica del Paraguay, la ausencia de enclaves económicos rentables y estratégicos y la presencia cuasi monopólica primero, de capitales y comercio argentinos y, luego, brasileños no hicieron de este país un escenario privilegiado de intervención de los EEUU. Si bien Paraguay compartía, con sus pares centroamericanos, una fuerte inestabilidad política y la participación de diversas fracciones de las fuerzas militares en la política doméstica, no contó con la presencia de los marines (Nicaragua y República Dominicana), no formó parte de la Tratado de Paz y Amistad (1923) con los Estados Centroamericanos, ni de la política de creación de las Guardias Nacionales garantes de la paz y el orden interno en plena política de «buen vecino» impulsada por Roosevelt (1931).
Es claro que también debe considerarse la ausencia de actores políticos armados o de movimientos civiles o militares que impusieran u ofrecieran un desafío al orden político imperante, como el caso más paradigmático del sandinismo. El oportunismo pendular entre Argentina y Brasil, y el sometimiento más tardío a los mandatos de Washington, condujo a que en 1965 se enviara un contingente de militares paraguayos a restablecer junto a los marines el orden en la República Dominicana.
Sin embargo, Paraguay fue mucho más permeable a la política doméstica argentina, a causa de la instauración de capitales de esta nacionalidad al finalizar la guerra de la Triple Alianza y por haber sido históricamente la gran receptora de las elites políticas exiliadas por proscripción o persecución política. Es además el país desde donde se organizaron, a la llegada de Stroessner, la mayoría de los movimientos de resistencia a la dictadura stronista. De la misma forma que la elite «ilustrada» regresa después de la guerra de la Triple Alianza con voluntad de construir el Estado liberal paraguayo, los cuadros más importantes de la guerrilla se organizan desde Buenos Aires y la zona fronteriza con Argentina, ingresando para sus «operaciones» desde las provincias de
Misiones, Corrientes y Formosa. Por otra parte, los fuertes lazos políticos que mantienen las tres organizaciones armadas más importantes M14, fundada en el Municipio de Lanús (Buenos Aires), FULNA y, especialmente, OPM11, con Montoneros y el ERP, deben explicarse en la distracción de los gobiernos militares argentinos con las guerrillas armadas paraguayas, dadas las estrechas pero efímeras relaciones políticas entre Stroessner y Perón, además en el grado de organización y logística que las guerrillas argentinas podían brindar.
En los dos casos típicos seleccionados, y sobre los que nos detendremos, de las dictaduras patrimonialistas ofrecidos por las experiencias políticas de los Somoza y Trujillo, la reproducción de la dominación se asienta en la construcción de redes familiares o de confianza personal, en el control personal y familiar del monopolio de sectores claves de la economía y en fortunas personales que posibilitaron mantener «un alto grado de autonomía estatal respecto de las burguesías locales y –en el caso de Trujillo–inclusive de las compañías de Norteamérica» (Fernández, 2003: 295).
Por un lado, Somoza I, sin prestigio social, reforzado por su lugar en la Guardia Nacional, obtiene a partir de su casamiento, el ingreso a la clase dirigente nicaragüense desde donde captura al Partido Liberal y recrea los vínculos políticos necesarios para que la fachada constitucional permitiera legitimarse periódicamente, con inestabilidades, golpes de Estado y apresuradas enmiendas de recambio familiares. No menor es la fuerza de coerción que ejerce Sandino y la amenaza sandinista, tras la partida de los marines, lo que habilita procurarse la lealtad del nuevo ejército.
Jefe del ejército dominicano, también por gracia de los marines, Trujillo ejerce la dominación sin grandes diferencias con su par caribeño.
También sus redes de confianza ocupan los lugares claves del Estado, sin dejar de someterse al juego de la legalidad, aun controlando el poder desde sus servidores presidenciables. Al igual que Stroessner, Trujillo no goza, como Somoza, de la legitimidad política provista por su ingreso social y en ambos casos, necesitan servirse de un ejército que no termina nunca de ser leal. En tal razón, Stroessner y Trujillo deben crear una policía secreta, a la cual someten a la misma fuerza.
No obstante, los tres casos, son regímenes que someten a la organización militar a la desinstitucionalización o a la «desmilitarización», donde al igual que en las fuerzas neocoloniales, los ejércitos estatales se reproducen a partir de un sistema de poder asentado en la dominación autoritaria y personalista. (Rouquié: 1984).
En términos comparativos, Stroessner no pergeñó como base de su dominación fortunas personales escandalosas, no obtuvo el dominio personal de la economía ni armó una red familiar para el control de la reproducción de la dominación. Asimismo, mientras la fuerza policialmilitar, la Guardia Nacional, proporcionaron a Somoza y Trujillo de carreras militares hasta colocarlos como jefes y lograr el control militar del país para acceder al poder, Stroessner llegará sólo con una fracción del Ejército –inclusive del Partido Colorado– y deberá realizar amplios «desplazamientos» para asegurarse el control de los mismos12.
En este sentido y bajo la denominación weberiana, vale recordar que con la aparición de los cuadros administrativos toda dominación tradicional tiende al patrimonialismo y, en el caso extremo de poder, al sultanato. En términos generales, la dominación patrimonial está orientada fundamentalmente por la tradición, es decir, en la legitimidad que emana de ésta y si bien no obedece a normas racionales «contiene la creencia en el carácter inquebrantable de lo que ha sido siempre de una manera determinada». (Weber; 1996: 185).
Ahora bien, dentro de la dominación patrimonialista una de las formas posibles de organizar la estructura de dominación es la patriarcal, donde «se produce una sumisión en virtud de una devoción rigurosamente personal (y) su germen radica en la autoridad personal de un dominus dentro de la comunidad doméstica» (Weber; 1996: 753).
Si en las dinastías de Somoza y Trujilllo puede afirmarse que Gobierno, ejército y familia se amalgaman, en Paraguay debería decirse con mayor exactitud que Estado, Partido y ejército terminan siendo los núcleos duros de su dominación13. Así, en Paraguay el papel de la familia lo cumplirá el partido, entre otras razones porque elite política y económica no coinciden, lo cual impide desarrollar una red familiar.
Esta situación obliga a Stroessner a rearmar otras redes de confianza apoyadas en la única organización disponible: el Partido Colorado.
Asimismo, mientras la fortuna personal permite a Somoza tener una alta autonomía con respecto a la propia burguesía nacional, Stroessner carece de tal clase y ante todo, es el Estado quien debe encarnar un fuerte desarrollo económico con su gran socio y, finalmente aliado político, el Estado de Brasil.
La ausencia de redes familiares y el ejercicio del poder siempre en la figura de Stroessner, mediante actos eleccionarios y la presencia del partido como articulador y organizador de la dominación, permiten hallar diferencias con las formas de organización patriarcal que caracterizaron las dominaciones patrimonialistas en los casos de Nicaragua y República Dominicana. Sin dejar de ser la dictadura paraguaya patrimonialista, no lo ha sido patriarcal, sin que de esto se derive su germen sultanístico. Esta última, «si bien deriva de formas tradicionales de dominación (...) y puede en apariencia externa ser plenamente patrimonialista no está racionalizada, sino desarrollada en ella en extremo la esfera del arbitrio libre y de la gracia». (Weber; 1996: 185).
Aunque las tres experiencias poseen un marcado componente despótico o arbitrario encarnado en las fuertes figuras que asumen los ejecutivos, en el caso paraguayo la falta de redes familiares implicó, en un nuevo contexto internacional y puesto en crisis el régimen, que la ausencia de la figura de Stroessner determinará la caída de la dictadura.
Sin embargo, las dictaduras de sus pares centroamericanos pudieron subsistir, más allá de la presencia de sus jefes. Asimismo, sin bien tanto Trujillo como Somoza se apoyaron en partidos políticos, Partido Dominicano y Partido Liberal respectivamente, el fuerte sentido oligárquico de estos, o elitista si se prefiere, limitado a la reproducción en grandes familias dirigentes, propietarias de la tierra y sus enclaves, proporcionó una precaria identificación con sus bases sociales. En ambos casos, es por lo tanto, el «Estado padre» en términos weberianos el que proveyó, ante todo, las bases de su legitimidad. Por eso «el patrimonialismo patriarcal ha tenido que legitimarse ante sí mismo y ante los demás como protector del «bienestar» de los súbditos. El «Estado providente» es el lema del patrimonialismo, lema que ha surgido no por la fidelidad jurada a la libre camaradería, sino en virtud de la relación autoritaria entre el padre y los hijos. El ideal de los Estados patrimoniales es el «padre del pueblo» (Weber; 1996: 845).
III
A diferencia de las Dictaduras de Centroamérica y el Caribe, las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas del Cono Sur establecidas en Brasil (1964-1985), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983), inauguran en el marco de la Guerra Fría, la cercanía de la Revolución Cubana y el Plan Cóndor conducido por Estados Unidos, una experiencia política desconocida en el mundo.
Las tres fuerzas militares como institución (del propio Estado) se apropian del poder y llevan a cabo su ejercicio.
En tanto usurpan el poder del Estado al que pertenecen, las Fuerzas Armadas carecen de legitimidad de origen y deben apelar a diferentes principios para suplirlo. Según Ansaldi (2004, 2007), la búsqueda de legitimidad de ejercicio para suplir la de origen tiene un componente importante en la fundamentación ideológica de la Doctrina de Seguridad Nacional, a partir de la cual las dictaduras intentan constituir un fundamento ideológico14.
Al quebrar el orden constitucional existente, las Fuerzas Armadas se instalan en la paradójica situación de interrumpir el sistema político democrático bajo el argumento de garantizar su funcionamiento futuro.
De esta forma, se autofundamentan y legitiman en lo que, por definición, niegan: «la democracia». En efecto, las dictaduras modernas de la década de 1970 apelan a garantizar las condiciones sociales, políticas y culturales para el «correcto» funcionamiento del régimen democrático, que implica, entre otras cosas, la erradicación de los «elementos subversivos». Es decir, asegura el disciplinamiento social perdido a causa de la distribución de la renta nacional y de los altos procesos de movilización social, como consecuencia del populismo en Argentina y Brasil y del gobierno socialista en Chile, además de la presencia de movimientos políticos armados leídos como una amenaza potencial de la izquierda revolucionaria.
A diferencia de las experiencias patrimonialistas y del propio stronismo, las Dictaduras Institucionales se presentan como un estado de excepción15 del orden político, es decir, como un gobierno de transición hacia otro, apelando, en este caso, a una legitimidad con origen en el pasado (democracia conculcada) o en el futuro (democracia transformada).
De ahí que la legitimidad de la dictadura es siempre incierta y ambigua, y en tanto no logra un criterio de legitimidad permanente no puede dejar de ser transitoria. No obstante, aun cuando los órdenes de excepción contienen una precariedad constitutiva y son por definición transitorios deben resolver, mediante principios y mecanismos, algún tipo de la legitimidad de ejercicio.
Aún bajo los elementos comunes de apropiación del poder por parte de las Fuerzas Armadas, de combinar en un orden político medidas económicas que aseguren un tipo de funcionamiento de la economía de mercado con prácticas políticas represivas (O’Donnell, 1979) y, pese a tener como común denominador la Doctrina de la Seguridad Nacional, las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas fueron ejercidas con notables diferencias16, muchas de las cuales obedecieron a sus propias tradiciones políticas –que los militares nunca desconocieron ni negaron– y al posicionamiento de la élite política y económica nacional en el nuevo esquema de dominación. El contraste más notable lo expresa la dictadura brasileña que lleva adelante una política económica desarrollista mediante una alianza tecnoburocrático-militar, con importante intervención estatal, mientras puede observarse el éxito en la aplicación de políticas neoconservadoras en Chile y su fracaso en Argentina y Uruguay (Ansaldi, 2004).
Más allá de las diferencias en sus formatos institucionales, nos interesa marcar aquí la constante preocupación por dotar al ejercicio del poder de ingenierías demo-liberal, e inclusive legales y hasta constitucionales, bajo la necesidad de apelar a una legitimidad surgida de la democracia sin erradicar por completo mecanismos o prácticas del liberalismo político. En efecto, Chile, Brasil y Uruguay no prescindieron por completo de las elecciones, aun cuando no fueron del todo competitivas.
En tal razón, todas las Dictaduras Institucionales, menos la Argentina que ha sido temporalmente la más corta, utilizaron mecanismos electorales o bien para legitimar sus reformas o proyectos políticos (Uruguay y Chile) o para legitimar su gobierno (Brasil), aun cuando, a excepción del formato parlamentario brasileño, ninguna gobernó con partidos políticos preexistentes ni logró crearlos desde el Estado. La dictadura chilena y la argentina prohibieron la actividad de los partidos políticos, mientras la brasileña los reorganizó bajo un «bipartidismo coercitivo»17, en tanto que en Uruguay sólo fueron suspendidos.
Precisamente Bordaberry, el primer presidente de la dictadura, un civil elegido democráticamente bajo un ajustado triunfo electoral, debió renunciar cuando declaró su intención de eliminar a los partidos e instaurar un nuevo Estado autoritario.
En tanto la legitimidad moderna emanaba de argumentos surgidos del liberalismo político, las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas tuvieron también preocupación por la legalidad, entendiendo que de ella emanaban, en estas estructuras sociales, consensos y una visibilidad social, que inclusive les permitía ocultar otras prácticas ilegales.
Así, en los casos donde se disolvió el Congreso, los militares crearon organismos especiales dedicados a la redacción y promulgación de leyes.
Ejemplo de estas prácticas son los militares chilenos que organizaron una Junta de Gobierno que acompañaría a Augusto Pinochet con funciones de Poder Legislativo y Constituyente, y con potestad de modificar la Constitución Nacional de 1925. También la Junta Militar Argentina estableció una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), que tenía como función preparar los proyectos de ley. En Uruguay, el Congreso bicameral fue reemplazado por un Consejo de Estado, y en Brasil se mantuvo la Constitución de 1964, aunque continuamente enmendada por los Ato Institucional, dirigidos a garantizar la concentración del poder político en el Ejecutivo y a la reorganización del funcionamiento del sistema político (elecciones indirectas, partidos políticos, etc.).
Tanto la dictadura chilena como la argentina fueron las menos propensas a levantar los criterios de legitimidad de la democracia representativa, paradójicamente cuando Chile contaba con profundos antecedentes de estabilidad democrática y un funcionamiento de partidos políticos que cubría todo el espectro ideológico. Si bien puede sostenerse que la dictadura encabezada por Pinochet es la que menos practica la retórica democratizante, propuso una Constitución que, sometida a plebiscito en 1980, preveía un régimen representativo integrado por partidos, Congreso y sufragio. El hecho de recurrir a un texto constitucional y a la fijación de un plazo de duración del régimen de excepción son pruebas de los límites del antiliberalismo y la necesidad de apelar a una ideología democrática dominante. Inclusive el texto constitucional de los militares uruguayos, si bien alentaba la participación de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Estado, preveía el retorno al sistema representativo y a un Poder Legislativo ejercido por dos partidos tradicionales.
Ahora bien, los escasos antecedentes democráticos impiden, o al menos obstaculizan, explicar el stronismo, al igual que los órdenes de Somoza y Trujillo, desde el binomio dictadura-democracia. Es difícil sostener, como en el caso de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que los primeros quiebran un orden democrático e instalan una dictadura. De hecho, cuando Stroessner arriba al poder no sustituye la legalidad política liberal democrática por otra más funcional a su dictadura o a la Doctrina de
Seguridad Nacional en tanto, el mismo sistema normativo vigente en 1954, la Constitución de 1940, es funcional a sus intenciones.
Asimismo, en Paraguay, pero también en Centroamérica, no necesitan apelar a un conjunto de mecanismos para suplir la ausencia de legitimidad de origen dado que, a diferencia de las Dictaduras Institucionales del Cono Sur, pueden reivindicarse como presidentes electos bajo los mecanismos electorales. Si bien, al igual que las Dictaduras Institucionales, Paraguay recurre a la democracia como discurso de legitimidad, el régimen stronista no viene a asegurar las condiciones para el regreso de la democracia sino que se propone establecerlo, entre otras razones, porque es una reivindicación histórica para este país. Despliega así todos los dispositivos electorales, constitucionales, parlamentarios, necesarios para construir su legitimidad «democrática» en el presente.
Tal vez por la coyuntura histórica del stronismo, la legitimidad también se asentará en otros discursos mucho más vinculados a un pasado nacional que a la lucha contra el comunismo. La preocupación está dada por un orden interno, pero ligado a las luchas intestinas del propio partido que involucraba a las Fuerzas Armadas. Claro que en Paraguay no se encuentra amenazado o en disputa el monopolio de la violencia del Estado como en el resto de las experiencias centroamericanas, especialmente el sandinismo, o los grupos armados del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay). Va de suyo que Stroessner pregonará en el marco de la Alianza para el Progreso, la cual le proveyó abultados préstamos financieros, una democracia sin comunismo. Pero esto fue mucho más un recurso retórico que la respuesta a una amenaza potencial de un grupo armado que disputara el poder o pusiera en juego la autoridad del soberano. Inclusive, las débiles guerrillas urbanas y rurales, bien posteriores a la llegada de Stroessner, nunca tuvieron la capacidad de disputar el monopolio de la violencia ni el de la decisión. En todo caso, el gran logro del régimen stronista es haber reconstruido el monopolio de la violencia y de la decisión política, en disputa con fracciones partidarias y de las Fuerzas Armadas desde finalizada la guerra del Chaco.
En América Central, «los reclamos culturales y políticos planteados por el liberalismo parecen no tener sentido en las causas populares, pues no forman parte de una tradición» (Portantiero; 1994:35). Las Dictaduras de América Central no poseían antecedentes de «democracia liberal» a los cuales apelar para presentarse como un régimen de excepción o inclusive de transición. Tampoco era el caso de Stroessner, quien desde el primer gobierno debió presentarse como garante de un orden que propiciaba el funcionamiento de la democracia. La historia de Paraguay no proveía de tales argumentos políticos. O los mismos eran escuetos y demasiado lejanos.
Otro nivel de análisis o discusión, es la capacidad o intención de monitorear un proyecto fundacional por parte de estos regímenes políticos.
Al entender del ya citado Rouquié, «las dictaduras no pretenden de ninguna manera crear un sistema político nuevo. Ellas se presentan todas, por su legitimidad y por sus objetivos, como adscriptas a la democracia representativa (…) y no se apela así a ninguna otra legitimidad que la tradicional del liberalismo» (Rouquié,s/f: 24). Sin embargo, para Ansaldi «La apelación a la restauración de la democracia no debe velar un cambio significativo, que en mayor o menor medida, comparten las cuatro dictaduras: la de proponerse como momento fundacional de un nuevo régimen político» (Ansaldi, 2004: 42). No obstante, aceptando el intento de crear nuevos regímenes, en ningún sentido estos proyectos negaron la configuración de un orden político democrático.
Todos tendieron a controlarlo, reformarlo, pero nunca a eliminarlo como organización preponderante de la dominación política. Los casos más paradigmáticos fueron los militares chilenos y uruguayos.
Tanto unos como otros intentaron fundar regímenes democráticos limitados. En Chile, una democracia protegida y autoritaria con componentes corporativos como lo consagra la Constitución plebiscitada de 1980; y en Uruguay, una democracia limitada y tutelada que fracasa en las elecciones. Ambos proyectos desarrollaron programas tendientes a implementar reformas, que perdurarían más allá del momento de excepción, asegurando un nuevo funcionamiento del orden democrático.
Sin embargo, sin negar que se presentaran como un momento constituyente, aun en la excepción, sus reformas siempre estuvieron encauzadas a proveer un nuevo funcionamiento del orden democrático, sin desconocer las instituciones típicas del ordenamiento político liberal: elecciones, los partidos políticos y el Parlamento.
En el orden stronista, el funcionamiento de los mecanismos de la democracia formal no implicaron solamente un tipo de organización de la dominación. «Significó invariablemente la existencia real de un espacio político diferenciado y diferenciable, distinto a los regímenes militares dictatoriales, por eso «a diferencia de las dictaduras militares, la república despótica es capaz de instaurar la dominación política y hegemonía social» (Delich, 1981: 243). De esta forma, a diferencia de otras experiencias, el régimen stronista no conlleva a la negación de la política, cancelando toda mediación de representación política y conflicto.
Aunque tutelado y controlado permite cierto espacio para el conflicto social y al igual que en Brasil el régimen no radicalizó la incompatibilidad entre dictadura y democracia.
No son muchas las experiencias de generales presidentes que pudieron independizarse de su cuerpo corporativo, sus electores. En las Dictaduras Institucionales del Cono Sur, en tanto puede afirmarse la existencia de grados aceptables de institucionalidad de sus Fuerzas Armadas, los cuerpos militares que llevaron o permitieron el acceso al poder a una figura o gobierno, siempre impusieron límites para perpetuarse, siendo el argentino y uruguayo, por diferentes motivos, los casos más paradigmáticos. En cambio, en las dictaduras patrimonialistas, al no interrumpir un orden democrático previo, inclusive una tradición republicana, lograron mantenerse en el gobierno más allá de la voluntad de sus camaradas, yendo en busca de redes mucho más confiables e inclusive más institucionalizadas que el propio Estado.
CONCLUSIONES
La pregunta sobre la legitimidad en la dominación en todo régimen político es la pregunta sobre los elementos que confluyen para construir el consenso y la obediencia. La fuerza física en regímenes autoritarios y el terrorismo de Estado son elementos indisociables que obturan las posibilidades de disensos, e instauran lo que Hannah Arendt denominó el terror.
Sin embargo, ningún régimen moderno, inclusive una dictadura, puede negar el principio de soberanía popular como fuente de legitimidad y como fundamento de la justificación del gobierno, por lo cual deben recrear un conjunto de mecanismos (constituciones, plebiscitos, leyes, derechos, actos públicos, Consejos de Estado) para cubrir el consenso del pueblo al cual representan. No obstante, la apelación a este principio no le confiere legitimidad democrática a la dictadura, porque no puede eliminar el hecho crucial de que la autoridad política es transmitida de arriba hacia abajo, y no a la inversa como, por definición, es una democracia. Por esta razón y más allá de los esfuerzos por apelar a mecanismos de consenso electorales y reformas constitucionales, se asiste como sostiene Norberto Bobbio a una «democracia cabeza abajo».
En América Latina, las elites políticas dominantes, conscientes de la existencia de una legitimidad superior, deben apelar a una referencia futura, el régimen sucesor, «la democracia», o bien como en Paraguay, presentarse como su fundador.
Si bien, al igual que las Dictaduras Institucionales del Cono Sur, Paraguay invoca a la democracia como discurso de legitimidad, el régimen stronista viene a asegurar las condiciones para su instauración. Stroessner utiliza la legalidad como instrumento de legitimación ideológica del régimen. En tal razón, la legitimidad democrática, dada la historia de ausencia de esta práctica en el orden paraguayo, se instala buscando en ello su propia legitimidad. Por todo esto, el régimen de Stroessner no carece de principio de legitimidad de origen ni de ejercicio. Esto suelda la posibilidad de tener que presentarse como un gobierno de excepción y transición.
En el régimen stronista, como en todo orden político, se articularon un conjunto de estrategias que no se agotan en la mera instauración de la dictadura y el terror. La excepcionalidad de Stroessner, en relación con la propia historia política del Paraguay como con las otras experiencias observadas aquí, no reside sólo en la utilización de mecanismos institucionales propios del liberalismo político –a los cuales apelaron y recrearon las Dictaduras Institucionales del Cono Sur– sino precisamente en haber confluido de una forma particular todos esos mecanismos en una tradición política y en un contexto internacional dado. Finalmente, en un país donde la norma del juego político había sido el derrocamiento de gobiernos en manos de civiles, la partidización del Estado y las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el funcionamiento formal de la democracia y una legalidad a su medida, proporcionaron elementos victoriosos que se conciliaron en un tipo de legitimidad.
Muchas son las condiciones que posibilitaron que Stroessner obturara una demanda política histórica: la «estabilidad democrática». La presencia de una sociedad consistentemente agraria y en ella un fuerte aislamiento estructural de los campesinos con ausencia de sujetos sociales con posibilidades de presentar desafíos importantes al propio régimen; la fuerte autonomía del Estado por la carencia de superposición entre elite política y económica; la reinvención personal de Stroessner como heredero de las «familias fundadoras», los López y su heroísmo nacional; una fuente de legitimidad fundada en legalidad constitucional; un crecimiento económico inédito dado por la «liberación» de la dependencia económica con Argentina y su vinculación al proyecto económico de Brasil; la eliminación constitucional del derecho a la resistencia y el consenso político previsto por el funcionamiento del congreso, las elecciones y el juego representacional; la presencia del Consejo de Estado con poder de veto constitucional sobre la cámara de representantes y la posibilidad de disolución de éstas si es puesto en peligro el equilibrio de los poderes del Estado.
La forma de acceso al poder utilizada por Stroessner no es una novedad en la historia política del país. La novedad es la estabilidad política alcanzada (sólo hasta entonces por Francia y los López), a través de la construcción de un nuevo tipo de legitimidad que no desconoció los mecanismos y argumentos proporcionados por la democracia liberal.
NOTAS
1 En este punto, cabe señalar algunas consecuencias económicas de la guerra. La venta de grandes extensiones de tierras a capitales angloargentinos y el restablecimiento del intercambio entre la ciudad y el campo dado por el reéxodo de la población a su destino originario bajo la producción en minifundios del cultivo de yerba mate. En cuanto a la debilidad del Estado, el contrabando suponía la ausencia de rentas provistas por la exportación e importación. A esta situación se sumó la dependencia y sumisión económica con Argentina. Los productos de exportación no serán más despachados directamente a los mercados europeos en barcos de bandera nacional, como durante el gobierno de Solano López, sino que serán primero consignados a Buenos Aires y de allí reexportados por comerciantes de esa plaza o por representantes de casas europeas. Ver Liliana Brezzo y Beatriz Figallo (1999).
2 La «revolución» de febrero de 1936, finalmente comandada por el coronel Franco y la Asociación de Ex - combatientes de la Guerra del Chaco tanto como la sublevación y crisis de 1947 contra el gobierno del general Higinio Morínigo, son probablemente las experiencias de mayor autonomía política en relación a los núcleos duros de los partidos políticos. No obstante, no son en ningún sentido decisiones autónomas de las fuerzas militares. En otros trabajos sostuve, que la experiencia más cercana a una dictadura militar clásica lo fue el gobierno del general Higinio Morínigo, hipótesis que hoy reviso dado que rápidamente se alimentó del Partido Colorado para su perdurabilidad y, especialmente, para afrontar la crisis política de 1947.
3 En 1959, expulsa a los opositores colorados, que en exilio forman el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), el Movimiento Popular Colorado Nacional (MOPOCONA) y la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia (ANR-ER). A la vez, disciplina al resto de los afiliados, organizados y distribuidos en 240 seccionales, a reelegir una Junta del Partido por medio de lista única.
4 Parte de la purga militar de oficiales liberales y febreristas había sido realizada por el entonces presidente Natalicio González, ante el fracaso del intento de golpe de Estado realizado por Stroessner, quien, al igual que en 1989, se exilia en Brasil.
5 Según las fuentes citadas por Alain Rouquié (1984:206) para el ciclo escolar de 1963, el partido distribuyó 20.000 delantales, 40.000 cuadernos, 100.000 lápices y 6.500 libros de lectura.
6 Los miembros del Consejo de Estado son designados por decreto del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1967 modifica la composición del Consejo de Estado, agregando representantes de actividades agropecuarias, además de un representante por los trabajadores. Otra diferencia importante, es la suma de la aeronáutica, fuerza que no estaba integrada en 1940, donde la representación militar se circunscribía al ejér hegemocito y la marina. El resto de representación se conserva en: los Ministros del Poder Ejecutivo; el Arzobispo de Asunción; el Rector de la Universidad Nacional; el Presidente del Banco Central del Paraguay; un miembro por las industrias transformadoras y un miembro por el Comercio. En 1971, el arzobispo Ismael Rolón, en abierta oposición al régimen, renuncia al Consejo.
7 Argentina y Brasil desde la guerra Grande y en razón de sus resultados han mantenido en Paraguay no sólo influencia, sino una fuerte injerencia en la política y economía local, cuestión que no ha sido saldada aún con la inmensurable deuda conculcada en 1942 y 1943 respectivamente.
8 Al igual que al presidente argentino, Stroessner también concedió asilo político a Anastasio Somoza, cuando en 1979 huyó de Nicaragua. El mismo es asesinado en Paraguay, por acción de un grupo comando. Hasta mediados de la década de 1990, cuando fueron destruidos símbolos de la dictadura, Somoza también era recordado con un monumento.
9 «El patrimonialismo es compatible con la economía cerrada y con la economía basada en el cambio, con una estructura agraria pequeño burguesa o señorial, con la ausencia o presencia de una economía capitalista» (Weber; 1996:829).
10 La excepción a esta forma de acceso al poder es Hernández Martínez (1931-1944) en El Salvador, donde arriba por medio de un golpe de Estado e incumple el llamado a elecciones.
11 Otra institución de amparo y de resistencia a la dictadura ha sido la Universidad Católica de Asunción, creada en 1960. En la misma confluyeron intelectuales y organizaciones estudiantiles que rindieron oposición a la dictadura.
12 En tal sentido, es más asimilable a los países que no habían tenido intervención militar directa, tales como los gobiernos de Ubico, Hernández Martínez y Carías quienes debieron construir fuerzas leales para mantener su posición.
13 Linz sostiene, siguiendo a Weber, que el régimen es más próximo al sultanismo, basado en los incentivos y las recompensas materiales como vínculo de lealtad al gobernante, independientemente de la tradición -lo que distingue del patrimonialismo- y del carisma. Sin embargo, nosotros creemos que hay elementos ligados con la tradición pero más vinculados con el partido que con el líder (Linz; 1991).
14 Según Rouquié (1984;1994), la Doctrina de Seguridad Nacional no puede ser entendida como proveedora de una nueva legitimidad sino sólo como un medio para generar consensos activos en el seno militar, creando argumentos corporativos para justificar la intervención política del ejército y la presencia prolongada en el poder. Para un estimulante trabajo en clave comparada ver María Elena Besso Pianetto, «Una doble estrategia en versiones diversas. La doctrina de la seguridad nacional en Brasil, Chile y Perú» en e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Vol. 4, Nº 16, Buenos Aires, julio-setiembre de 2006, pp. 39-60. En http:// www.iigg.fsoc.uba.ar/elatina.htm
15 Hugo Quiroga (1994) discute la excepcionalidad de la dictadura argentina de 1976. Según el autor, la dictadura es parte, en términos históricos, de una forma de funcionamiento del sistema político a través de una articulación que combina gobiernos militares con gobiernos civiles.
16 Para un estudio comparado de las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur en torno a la política económica, el tratamiento de la oposición política y social, la magnitud de violación de derechos humanos y el ejercicio del terrorismo de Estado. Ver Waldo Ansaldi (2004).
17 Es posible establecer similitudes entre el formato parlamentario mediante el cual Stroessner organizó el régimen con partidos preexistentes reorganizados a la luz de los nuevos tiempos y la organización institucional de la dictadura brasilera.
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COMO CAMBIA LA POLÍTICA EN EL PARAGUAY DEL SIGLO XXI - TOMO II
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS NOVAPOLIS
Nº 4 - ABRIL-OCTUBRE 2009
