El gobierno de Stroessner reprimió a toda la sociedad no solo a través del encarcelamiento, el exilio y la tortura de cientos de ciudadanos y ciudadanas, sino en su más grave expresión, recurriendo a la privación premeditada de la vida, alcanzando un total de 395 víctimas confirmadas acordes los casos que la CVJ ha podido documentar durante el periodo. Una de las características del comportamiento y el proceder del sistema represivo fue la privación del derecho a la vida como potestad inherente de la autoridad, tanto como la crueldad y la intencionalidad de exhibir ante la población el sufrimiento de las víctimas. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La población percibía estos sufrimientos como formas de terror ejemplificante, al momento de la ejecución o antes de ser desaparecidas, como corroboran la presencia de cuerpos mutilados de los integrantes de las guerrillas del Movimiento “14 de Mayo” y del FULNA en su momento; o el hacer percibir a la comunidad, los familiares, el vecindario, las torturas a las que eran sometidas previamente las víctimas, tal como sucedió en el caso llamado la “Pascua dolorosa” en el predio de Abraham Cue.