SEXTO PERIODO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA DE
D. JUAN G. GONZÁLEZ
25 DE NOVIEMBRE DE 1890- 9 DE JUNIO DE 1893
El nuevo magistrado constituyó su gabinete con los siguientes ciudadanos:
Interior - Sr. José T. Sosa.
Relaciones - Dr. Venancio López.
Hacienda - D. José S. Decoud.
Justicia - Dr. Benjamín Aceval.
Guerra - D. Juan B. Egusquiza.
Llamaba la atención en este ministerio la iniciación de algunos hombres nuevos, hasta entonces sin actuación, como el Dr. López, recién llegado de Buenos Aires, donde se había recibido de abogado, y el teniente coronel Egusquiza, desenterrado de una comandancia militar de Misiones, donde jalonara recientemente toda su carrera pública.
El Presidente González era el exponente de un momento de transición y evolución civilista del partido colorado, y no obstante su vinculación tradicional, estrecha, con los jefes militares de su partido, se había propuesto adaptar su obra de gobierno a las nuevas ideas y aspiraciones del país.
A esta visión inicial de su política, responde la incorporación premeditada, aunque imprevista por la opinión, del comandante Egusquiza, al seno del gobierno; factor de renovación, que habría de ultrapasar la esfera de aptitud que le atribuyen en el primer instante el nuevo jefe de Estado, algún tiempo después.
El día 28 fueron nombrados miembros del Superior Tribunal, los Dres. César Gondra, Fernando Yturburu y D. Emiliano González Navero. El mismo día se prorrogaron las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 31 de Diciembre.
Mientras tanto, la crisis bancaria arreciaba; los malos manejos en el Banco oficializado daban sus frutos, y el régimen de la inconversión, ya decretado por seis meses, tendía irremisiblemente a perpetuarse.
El 6 de Diciembre una nueva ley sobre el particular sanciona el desenlace de la crisis: prorroga, por dos años, el plazo de inconversión de los billetes del Banco Nacional del Paraguay, y por seis meses más, para los demás Bancos que se acojan a dicha ley, y declara de curso legal forzoso los billetes del Banco Nacional, fijándoles una circulación máxima de $ 2.500.000.
La misma ley obligaba a los demás Bancos particulares a convertir sus billetes, a la par, por billetes del Banco Nacional del Paraguay, dentro de los seis meses, con prohibición de hacerlos circular en plaza, vencido dicho término, y establecía, como garantía de los billetes en circulación, durante la inconversión, las tierras y yerbales a venderse o hipotecarse para aumentar exclusivamente el encaje metálico del Banco Nacional. Destinaba también a éste la cuarta parte del 50% de las rentas aduaneras en oro, más el producto del empréstito a celebrarse en el exterior.
El 75% de las utilidades del Banco se reservaba al pago del Presupuesto general de gastos de la Nación.
Promulgada esta ley de emergencia, primer fruto cosechado de la anterior administración, siguen sucesivamente los arbitrios del apremio fiscal más desahuciado, leyes tras leyes, que pudiesen apuntalar o atenuar, en algo, las averiadas finanzas nacionales.
El 18 de Diciembre se autoriza por ley al Banco Hipotecario del Paraguay a emitir cédulas hipotecarias en billetes de curso legal, de acuerdo a su ley orgánica, y si al cabo de tres meses no hiciere uso de esta facultad, al P.E. a fundar un Banco Hipotecario Nacional con facultad de emitir cédulas hipotecarias en billetes de curso legal hasta la suma de $ 3.000.000, debiendo el Banco Nacional abrir a este Banco un crédito de $ 500.000.
Con la misma fecha, otra ley, autorizaba la contratación de un empréstito exterior de $ 2.500.000 oro, al 6% de interés anual y 1 % de amortización acumulativa, de cuyo producto líquido se destinaban, las tres quintas partes, al servicio de los empréstitos ingleses del 71 y 72, pago de la garantía del F.C. del Paraguay y cumplimiento de los compromisos de esta ley. Afectábanse al servicio del empréstito: las entradas de la Contribución Directa, las acciones de preferencia del Estado en el Ferrocarril, la cuarta parte del 50% de las rentas aduaneras cobradas en oro, en fin, todos los bienes y rentas de la nación.
El nuevo gobierno asume sin pérdida de tiempo una serie de disposiciones de trascendencia: a objeto de fomentar la agricultura, destina $ 200.000 de premios a los agricultores e industriales que se ajusten a ciertas instrucciones recomendadas por el gobierno; crea el primer impuesto territorial, la Contribución Directa, por ley del 22 de Diciembre, en que se establecía que, a partir del 1° de Enero de 1891, todos los terrenos y edificios de propiedad particular pagarán al año, por Contribución Directa, el 3 por mil de su valor sobre el avalúo que se practique.
El 31 de Diciembre se prorrogan por 15 días más las sesiones extraordinarias del congreso.
El 7 de Enero de 1891 se adopta como presupuesto general de gastos y recursos de la Nación, el del año anterior, con rebaja del 20%, en las asignaciones superiores a 100 pesos; del 10%, en las de 50 a 100; del 5%, en las menores de 50; exceptuándose únicamente de toda rebaja los sueldos de los militares activos.
El 22, queda promulgada la ley de Presupuesto, en $ 1.316.100, para los gastos generales.
La plenipotencia del Sr. Juan Crisóstomo Centurión ante varios países de Europa, se deja sin efecto, por razones de economía.
El 16 de Febrero, por previsión de política policial se prohíbe introducir por manos de particulares en la República, armas y pertrechos de guerra, propios de militares.
Un nuevo diario La República, aparece apoyando las inspiraciones del partido imperante.
El 1° de Abril, la apertura del congreso despeja varios puntos del pensamiento presidencial.
Declara el P.E., sobre política interior: el limitado número de hombres preparados para el desempeño de los diversos servicios públicos, nos revela hasta la evidencia que debemos utilizar todas las aptitudes sin distinción de colores políticos; y defendiéndose de los cargos formulados sobre las últimas sangrientas elecciones, añade: La prueba de su prescindencia está en que un partido triunfó en ciertos departamentos y en otros, la fracción disidente.
En cuanto a otros aspectos de la situación, confiesa el magistrado las verdades desnudas del momento: que la inconversión se había decretado, como única medida de salvación, para evitar el retiro total del oro metálico de los Bancos, la suspensión de los descuentos y liquidación de los negocios a que llevaba la conversión, bajo el rigor de la crisis y el pánico de los malos manejos financieros.
Exhaustos de metálico los Bancos, sin poder convertir más los billetes fiduciarios, éstos se deprecian con exceso, pero ante las perspectivas de una reacción gubernativa y de los nuevos empréstitos, el tipo del oro se mantiene al 150%, con tendencia a la suba, por la demanda de giros a oro inexistente y la merma de frutos exportados.
Las rentas habían disminuido sensiblemente y montaban en el último ejercicio a $ 1.724.588.28 y los egresos aumentado a $ 3.081.391.30, lo que arrojaba un déficit de $ 1.356.803.302.
Para nivelar dicho déficit se había recurrido: a la emisión del 18 de Junio de 1890, de $ 500.000; a los vales de venta de tierras y yerbales retirados por valor de $ 750.000, y a un adelanto del Banco Nacional de $ 230.000.
El gobierno pudo pagar, en cambio, por garantías de las nuevas vías del ferrocarril a Villarrica, la suma de $ oro 81.764.30, provenientes de sus bonos reservados en Londres.
En materia de instrucción pública, gastos del año, $ 314.615.23, contándose 292 escuelas, 18.944 alumnos, sobre un cálculo de 20.000 niños analfabetos.
El 2 de Abril, la antigua estación de Tacuaral, es convertida en el pueblo de Ypacaraí con sus linderos y jurisdicción actuales.
El 16, se nombra al Dr. Facundo Insfrán, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, en reemplazo del doctor Benjamín Aceval, que había renunciado.
El 8 de Mayo créase por ley el cargo de Intendente Municipal en la Asunción y se designa para desempeñarlo al ciudadano francés Francisco Casabianca.
Una ley de becas militares a la República Argentina, autoriza al P.E. a costear la educación de seis becados en el Colegio Militar y Naval de dicho país.
En cumplimiento de ella, fueron después enviados a Buenos Aires los siguientes jóvenes cadetes: Manuel J. Duarte, Adolfo Irala, Elías Ayala, Martín R. Báez, Pastor C. Saguier e Hipólito Núñez.
La situación financiera sigue concentrando toda la atención del gobierno.
La crisis bancaria no estaba resuelta con la inconversión, y antes bien, todos los síntomas de una liquidación inminente, llenaban de zozobra a los expertos y conocedores de sus fallas.
Bajo aquel creciente apremio de las circunstancias, los hombres del gobierno, trabajados por los banqueros desahuciados de administración, averiada, y las conexiones subterráneas de la política, intentan otro complicado paso financiero: la refundición de los Bancos del Comercio y Nacional, en uno solo.
El 19 de Junio, este plan, abortado de los apuros, es un hecho y se promulga la ley respectiva que autoriza al P.E. a contratar con el Banco de Comercio su fusión en el Banco Nacional, con su activo y pasivo, renunciando a sus privilegios.
De acuerdo a la ley, los accionistas del Banco de Comercio recibirán por el valor escrito de sus acciones, del Banco Nacional del Paraguay, certificados del 6% de renta anual, pagaderos en moneda de curso legal, a 6, 12 y 18 meses de plazo; el Banco Nacional retirará de la circulación los billetes del Banco refundido, que la Nación garante como los del Nacional.
Y el 13 de Julio, el P.E., a efecto de practicar la combinación legislada, comisiona al Ministro de Hacienda, Sr. José Segundo Decoud, a concertar con el Banco de Comercio el contrato de refundición.
En el mes de Agosto son promovidos en el ejército al grado de coroneles, los tenientes coroneles Sres. Juan B. Egusquiza, Santos Miño, Ángel Ozuna, y a tenientes coroneles, los mayores Gregorio Narváez y Facundo González.
El 29 de Agosto se crean nuevos derechos sobre exportación e importación, aumentando en un 20% los de esta última, destinándolos a amortización de la emisión circulante del Banco Nacional del Paraguay.
Los nuevos derechos de exportación gravaban la yerba morobiré en $ 0.30 la a; la molida en 0.25; tabaco con ibira, $ 0.25 y sin ibira $ 0.15; cuero vacuno a $1 cada uno.
El 1° de Septiembre se establece una legación permanente ante los gobiernos del Brasil y del Uruguay.
Declárase vigente en la República el Código de Comercio Argentino; se otorga una concesión el 3, al astillero Andrés Scala para la libre introducción de artículos navales, con vista de proteger dicha industria.
El 14 se designa Jefe de Policía de la Capital al comandante José C. Meza, ciudadano paraguayo traído de la Banda Oriental; el 15, muere el obispo D. Pedro Juan Aponte.
El Ministro titular de Hacienda e interino de Relaciones, D. José S. Decoud, había presentado renuncia de ambas carteras en Julio. El 26 de Septiembre es nombrado en su reemplazo, el ciudadano D. Esteban Rojas.
Mientras tanto, graves contingencias de carácter político iban a cruzarse en la vida del país, como resultado de las intensas luchas del Partido Liberal, que se condensaban en el ambiente.
El camino recorrido por la vigorosa agrupación, a partir del año de su fundación, se hallaba jalonado de una serie de resistencias heroicas, que la conducían fatalmente, por el mismo empuje de su misión controladora de los poderes constituido, a la revolución armada.
REVOLUCIÓN DEL 18 DE OCTUBRE
ANTECEDENTES - LAS ELECCIONES DE YBYCUÍ - CONSECUENCIAS
Los esfuerzos del Partido Liberal por allegar representantes al congreso, electos constitucionalmente, habían sido ahogados en sangre y en la derrota, repetidas veces, por el fraude organizado desde el poder y la violencia de sus coerciones.
Sus reiterados reveses, las reincidencias tenaces de la coacción, concluyeron por producir en el ánimo de sus hombres dirigentes el convencimiento de que era inútil todo recurso pacífico en la lucha legal con los poderes electores, y de ahí, sentaron la conclusión que, a un nuevo atropello del régimen, había que responder con la resistencia abierta por la fuerza.
Se resolvió afrontar una última campaña electoral en aquel año y según el grado de garantías constitucionales que se obtuviese, apelar a la revolución.
Las elecciones practicadas en el mes de Febrero decidieron finalmente al Partido Liberal.
Fueron lanzadas las candidaturas de Taboada, Queirolo, Pedro P. Caballero, Avelino Garcete y José de la Cruz Ayala. Llegadas las elecciones, todas sin excepción, corroboraron de nuevo los excesos empedernidos del régimen sobre la libertad del sufragio.
Las elecciones de Ybycuí, particularmente, culminaron en nuevos desbordes terroristas del poder, que sobrepujaron, por su fría premeditación y el tinte dramático de sus episodios, las escenas del 12 de Junio y del 23 de Diciembre.
Actuaba en ellas, como candidato liberal, D. José de la Cruz Ayala.
Una columna volante de tropas de línea y de bandidos escogidos, había sido despachada por el oficialismo a aquel departamento, con la consigna de desbaratar los trabajos electorales de Ayala y de aventarlos por la violencia.
Ayala, por su parte, llevaba consigo de la Asunción el núcleo de los cabecillas liberales más afamados por su denuedo, encabezados por Nicolás Vargas, alias Lampiño, y afrontaría en las cuchillas de Ybycuí, las persecuciones previstas.
Efectivamente, no tardan éstas en producirse.
Encontrábase aquél en el paraje denominado Isla Paú, en una casa de familia, mientras Lampiño y los suyos sesteaban en otro rancho del villorio, durante una de sus excursiones de propaganda por el departamento.
Sabedores los colorados comisionados en su nombre, del lugar de su hospedaje, resuelven asaltarlo allí y vienen sobre Isla Paú en número de cuarenta hombres a caballo.
En la creencia de dar con la casa de Ayala, atacan el rancho de Lampiño y los suyos, con interminables descargas de fusilería. Préndenle, además, fuego.
Pero la sangre fría de los agredidos, conjura el trance: encerrados dentro del rancho y parapetados en sus puertas, repelen Lampiño y los suyos, también a tiros, a los asaltantes, y tras unas cuantas bajas causadas en sus filas, logran finalmente dispersarlos.
Resultaron de éstos, varios muertos y heridos.
La enérgica defensiva de Lampiño y los suyos había producido un momento de vacilación en la patrulla asaltante, y gracias a ello, se salvaban milagrosamente todos.
La elección, en cambio, quedaba a exclusiva merced del oficialismo.
De allí en adelante, José de la Cruz Ayala no cabría más en el país. Condenado a muerte por la saña implacable de sus adversarios, de que le daba nueva prueba aquel atentado, no le quedaba otro camino a seguir que la emigración inmediata al extranjero.
El paladín del espíritu público de su patria, así lo comprendió, en aquel duro trance de su azarosa existencia, y tornaría seguidamente a la República Argentina, donde iba a morir, dos años después, en la flor de su juventud.
Ante tales sucesos, los liberales tenían ya a qué atenerse.
Los desastres financieros, las espesas inmoralidades de la administración, que se sumaban con los años, abonaban a más el pensamiento subversivo.
La revolución estaba decretada, sin remedio y sin dilación.
Los jefes del partido se pusieron en campaña y todas las medidas de seguridad y previsión fueron tomadas para la realización del movimiento.
La primera de ellas fue la resolución de la jefatura militar que había que dar al partido y a la revolución.
Por unanimidad fue designado en ese puesto, el mayor D. Eduardo Vera, héroe eximio de la gran guerra, quien además de sus virtudes patricias, concentraba en sí la fe instintiva de las masas populares, para ser seguido a los campos de batalla sin hesitación.
En cuanto a la jefatura civil, estaba designado a ejercerla, D. Antonio Taboada. Así las cosas, los preparativos del movimiento se desarrollan rápidamente.
Escógense de la enorme masa liberal del interior hombres graneados para la acción, en el mayor secreto.
No obstante la existencia de numerosos partidarios entre las tropas del ejército, el golpe se consumaría por medio de un asalto franco a los cuarteles.
Acordóse producirlo el día 18 de Octubre.
Era un domingo.
Subrepticiamente se habían deslizado en la ciudad los hombres de acción, seleccionados de la campaña, que iban a servir de base a la columna atacante de los cuerpos.
Dividióse ella en tres grupos: dos, que debían operar en el primer momento, simultáneamente, sobre la Escolta y la Infantería, al mando respectivo del mayor Vera y D. Pedro P. Caballero, y uno, de refuerzo inmediato, a cargo de D. Antonio Taboada.
El gobierno no tenía conocimiento de los preparativos de la conspiración. El Presidente recibe una denuncia, momentos antes del hecho, pero no le da crédito. Se decomisa también un cajón de balas destinadas a los revolucionarios, sin prestársele mayor gravedad.
A las 7 p.m., con el pretexto de asistir a un bautizo, previa complicidad de algunos empleados, varios coches de tranway, partían del puerto, conduciendo el primer grupo del mayor Vera.
En el camino, los conductores se alarman y se niegan a continuar, siendo entonces forzados a ello.
El convoy debía llegar junto a la Escolta, después de las 7 p.m., hora en que salen del cuartel los soldados de franco, pero se apresura demasiado y llega antes, en tres coches seguidos por la calle Paraguayo Independiente, a la misma esquina del cuartel, calle 14 de Mayo, en número de sesenta ciudadanos.
El mayor Vera, seguido de una parte de su grupo, avanza hacia la guardia de prevención, compuesta de 25 hombres, matándose de paso al centinela de la esquina. Apodérase de la prevención y zaguán del cuerpo, tras varias descargas que ocasionan la dispersión de sus guardianes.
Pero no tarda en iniciarse la resistencia en el interior de la Escolta.
Organiza Vera desde el zaguán la lucha, no obstante la ausencia de una gran parte de sus adictos.
El comandante Santos Miño, que se encontraba cenando, al tratar de acudir, es muerto de un balazo en el corazón.
Los revolucionarios se creen ya dueños del campo; óyense voces de rendición desde las azoteas en que se guarecía la resistencia.
En eso, cae también muerto el mayor Vera, iniciándose con ello la desmoralización de los suyos.
Al rato, concurría a ocupar el puesto de Vera, D. Antonio Taboada, con su grupo de refuerzo, que no tarda en evacuar el sitio, ante una notoria reacción del enemigo.
El otro grupo revolucionario, comandado por el Sr. Caballero, sube, retrasado, por la barranca del parque y ataca también el cuartel de infantería. El comandante Ozuna, al enfilar sus compañías, es muerto de un balazo que le entró por el ojo derecho.
De la policía, el jefe Juan C. Meza, colabora en la defensa del gobierno. El ministro Egusquiza, acompañado de un sargento, aprovechando la evacuación de la Escolta por los revolucionarios, se constituye en los dos cuarteles, y concluye con el resto de los insurgentes.
Refuerza la Escolta con fuerzas de la infantería, pues el grupo de Caballero se había retirado.
En conclusión: muerto Vera, los liberales son rechazados.
Se continuaba peleando, sin embargo, detrás de las columnas; pero cerradas las puertas de los cuarteles y acantonadas en las azoteas sus tropas, comenzaban a barrer los focos de tiradores sueltos que se desbandaban por las calles.
La dispersión general se había producido y el combate terminaba completamente, al cabo de tres horas.
Organízase después la persecución de los prófugos.
El Sr. Juan B. Rivarola, con un grupo considerable, se escapa en el Teniente Herreros; otros se asilan o se esconden.
El diputado D. Juan B. Machaín, miembro destacado del movimiento, en los primeros momentos de la lucha, había sido muerto por los tiros de la Escolta.
Otro detalle: la casa del general Caballero fue asaltada simultáneamente que los cuarteles, por un grupo de revolucionarios capitaneado por el comandante José del C. Pérez, sin resultado alguno. El general fue llamado después, por el Presidente, viniendo en su busca una compañía de infantería, a las once.
Entre los muertos en la acción, se citan: los coroneles Santos Miño y Ángel Ozuna, el teniente Sixto Molas, numerosos clases y soldados, por parte del gobierno, y por la revolución, el comandante en jefe, mayor D. Eduardo Vera, el diputado Machaín, y muchos ciudadanos; entre heridos, los coroneles Luis Cristaldo y Facundo González, el teniente Francisco Centurión, numerosos clases y soldados de los gubernistas, y de los revolucionarios el ciudadano Bartolomé Yegros y varios más.
Al día siguiente fueron reducidos a prisión ciento cuarenta y tantos ciudadanos, entre los cuales, figuraban Ignacio Ibarra, Manuel Irala, José Macías, José Urdapilleta, Fernando Saguier y Riquelme, Manuel I. Frutos, Francisco Guanes, Benigno Riquelme, Fernando A. Carreras, Víctor Soler, Enrique Soler, J. M. Carrillo, Manuel Ávila, Pedro Riquelme, etc., y heridos varios.
Se encontraron muchas armas, balas, y dinamita, principalmente en la casa del Sr. Emilio Cabañas Saguier, Paraguayo Independiente, número 48, donde había un cantón revolucionario, y en otras casas alquiladas expresamente.
D. Antonio Taboada, Queirolo, Juan B. Rivarola, Adolfo Soler, Cecilio Báez, Caballerito, Daniel Candia, habían logrado escaparse.
Los presos políticos fueron tratados con toda consideración en la Policía, a pedido especial del primer magistrado, más en la campaña se cometieron inauditas vejaciones sobre familias indefensas y ciudadanos liberales.
El esfuerzo había sido tronchado por la derrota.
Quedaban, en el campo de batalla, los caídos de la revolución, inmolados por el credo, de una manera poco común en la historia de las agitaciones civiles de Sud América: Vera, Machaín y demás compañeros; fuera del territorio nacional, los jefe civiles escapados del movimiento; presos, los demás, en poder del gobierno.
La situación estaba asegurada; la paz, inconmovible.
Pero el gesto debía de rebasar los estrechos límites del cuarto de hora y hasta del escenario en que se produjo: más hondo que el alcance de sus armas, el eco de la revolución penetraría en el alma popular y va a presidir, desde entonces con la sugestión irresistible del martirio, todos los sacudimientos generosos de la nacionalidad y llegará al extranjero mismo magnificado por el heroísmo de la jornada.
La derrota material iba a afianzar el régimen por algunos años de forzosa inacción, pero la moral del movimiento quedaba sedimentada en la República, para forjar de ella, una fuerza futura más popular e incontrastable, como la que llevó al triunfo definitivo, en 1904, la causa vencida.
El comité revolucionario compuesto de los ciudadanos Eduardo Vera, Antonio Taboada, Pedro P. Caballero y Juan B. Rivarola, lanzó un manifiesto, cuyos principales párrafos decían:
AL PUEBLO DE LA NACION PARAGUAYA
Ciudadanos:
La Junta Ejecutiva del Comité Revolucionario que suscribe, cumple el deber de anunciaros que de hoy en adelante no seréis ya los hijos desgraciados de una patria esclavizada, sino los ciudadanos de un pueblo libre, porque desde este día os serán devueltos vuestros derechos usurpados por la pandilla de caudillejos obscuros que han escalado las alturas del poder y que para vergüenza de la Nación que explotan, de la civilización que ultrajan y de la justicia que escarnecen, se conservan aún al frente de los destinos de la República.
Ya no es posible que dure por más tiempo el estado de cosas creado por la usurpación, la violencia y el fraude. No sólo es deber de patriotismo levantarse en armas contra el actual régimen, sino también de humanidad, porque si de un lado la patria corre el riesgo de ser vendida al extranjero, por la insaciable codicia y la venalidad de los gobernantes, de otro el pueblo sufre horriblemente por la miseria y la ruina a que fue reducido y por las persecuciones de todo género de que ha sido objeto, sin que jamás tanto agravio fuera reparado.
En el quinto período presidencial se esperaba, que a pesar de tanto mal arraigado en el organismo político, alguna mejora se operase; que la quebrantada moral administrativa se restableciese; que se respetasen los derechos del pueblo y que algún impulso progresivo se imprimiese al país; pero bien pronto un hecho luctuoso y sangriento, con que se inauguró el funesto gobierno del general Escobar, vino a demostrar que poco o nada halagüeño iba a ser y que era necesario poner un freno al desbocado poder de los mandones. Nos referimos a los sucesos del 12 de Junio de 1887, en Villa Rica, en que con motivo de tener que procederse a la elección de un senador y un diputado al Congreso la fuerza pública hizo fuego sobre el pueblo reunido en los comicios, con el fin de dispersarle a impedirle elegir sus representantes, sin que tan grave crimen fuera reprimido por el gobierno, que más bien otorgó recompensas a la autoridad local culpable del atentado, demostrando así que no era su propósito establecer la justicia y garantir a los ciudadanos sus derechos e intereses, sino continuar el reinado de la fuerza con todos sus criminales abominaciones.
Fue entonces cuando nació el Partido Liberal, con el fin de poner un freno a las demasías del poder arbitrario y encaminar al gobierno por el buen sendero de que se había separado, como está declarado en su acta de fundación.
El Partido Liberal no pensaba, sin embargo, apelar al legitimo recurso de la revolución armada para conseguir el triunfo de la justicia, de la moral y del derecho, torpemente ultrajados por los ensoberbecidos del poder, sino que esperaba que por la propaganda sensata en la prensa y por la lucha pacífica en los comicios, el gobierno reformaría su conducta, encaminándola por la senda de lo legal y lo justo; pero lejos de corregirse y de obrar con la cordura requerida y deseada, llevó sus avances a tal distancia, que puso al pueblo en la dura y triste necesidad de hacerse justicia por sí mismo en uso del derecho natural de la defensa.
No bastaron las dilapidaciones, despojos, permutas y latrocinios cometidos bajo la presidencia del general Caballero. Su sucesor el general Escobar no estaba contento con la sangre anteriormente vertida, ni con el lucro que obtuvo en el negocio de los yerbales de Tacurupucú. Así es que su administración no fue sino una serie de violencias, crímenes y dilapidaciones interminables. A más de los sucesos sangrientos ya mencionados del 12 de Junio, en Villa Rica, se produjeron otros no menos salvajes y que dan la medida de la maldad de las hombres del poder. El 23 de Diciembre de 1888, en la capital, cuando los ciudadanos acudían tranquilamente a los juzgados de paz, según es práctica, para inscribirse en los registros electorales, y esperaban todos que el acto se efectuaría de una manera pacífica, aparece de improviso en el distrito de la Encarnación un pelotón de gente de caballería y hace fuego sobre el pueblo, dejando en la calle varios muertos y numerosos heridos. Y tras este criminal atentado, la policía pónese en persecución de los fugitivos, los prende y llena con ellos la cárcel y los cuarteles, tratándolos corno a delincuentes.
Después de estos asesinatos alevosos, cuyos autores materiales fueron promovidos a grados superiores por el presidente Escobar, no se quiso todavía sublevar el pueblo, en el interés de no aumentar los males y sobre todo, en la esperanza de que se aplacarían el furor y la codicia de los gobernantes. Se tentó una conciliación entre el partido popular nuestro y la fracción imperante, en el sentido de cambiar el orden de cosas; pero ella no pudo realizarse por la notoria mala fe de aquellos que, una vez más, atropellaron e hirieron a los electores en la misma capital, en Enero de 1889 y luego el 21 de Setiembre del mismo año en Villa Rica.
Cuando estos hechos ocurrían aproximábase el día del cambio presidencial, y túvose aún la paciencia de prescindir de la lucha electoral en la inteligencia de que la situación mejoraría con el nuevo gobernante. Notóse luego, sin embargo, que nada se conseguiría pues la presidencia del 6º período se había adjudicado al mejor postor en combinación fraguada por los susodichos generales. Pero el agraciado había hecho, de otra parte, la promesa de que bien pronto se desligaría de sus tutores y que este caso llegado el país entraría en un nuevo orden de cosas en un período de renovación y de adelantamiento de todas clases.
Tal promesa fue vana: demostróse, una vez más, que la palabra oficial no era distinta de un juramento púnico es decir que era tan falsa y traidora como el ósculo de Judas. Vióse así claramente cuando las últimas elecciones de senadores y diputados practicadas en los comienzos del año corriente en que no solamente el derecho del sufragio fue violado y se cometieron toda clase de excesos por la fuerza pública y los agentes del oficialismo sino que también las Cámaras Legislativas rechazan a los que verdaderamente habían triunfado en los comicios por el voto de los pueblos.
Ya no fue posible entonces silenciar tanto agravio y tanta ofensa máxime cuando la inmoralidad había llegado a su colmo. Los bancos de emisión, incluso el Agrícola, fueron saqueados por los gobernantes lo que dio lugar a la bancarrota y general desastre cuya prueba palpitante es la enorme depreciación del papel moneda que era al seis por uno con relación al oro el desequilibrio económico producido y la alarmante miseria del país.
¿Qué hacer en presencia de tan tirante situación? ¿Qué medida adoptar a la vista del peligro creado por la camada de industriales políticos enseñoreados del país?.
Una conspiración permanente contra la nación existe en las alturas del poder. Los código en que están reconocidos nuestros naturales derechos señalados los lindes y atribuciones de cada poder y consagradas las reglas a que cada funcionario debe ajustar sus actos no se observan sino que se falsean para favorecer los planes menguados de persecuciones y venganzas contra los que poseen el valor de provocar y desafiar las iras del oficialismo intransigente y abusivo. El gobierno de la nación no es en una palabra sino una sociedad comanditaria que la explota y la saquea la humilla y la envilece.
A tal grado de corrupción venalidad y torpezas han llegado las cosas que la sociedad principia ya a temblar de espanto esperando a cada momento peores y más afligentes males. Todo el mundo ha llegado a temer por sus vidas, intereses, honor y libertad, porque los tribunales lejos de ampararlos como poder creado para el efecto, los ponen a merced de los mandones, pues si acaso se atreven a hacerlo, sus miembros son inmediatamente arrastrados a la banqueta de los acusados y precipitados, con notas ignominiosas, de sus puestos, como se arrojaba en otra época de la roca tarpeya a los malvados.
Compatriotas:
Creed que no es la ambición personal la que nos mueve, ni ninguna otra idea mezquina, sino el deseo de restituiros a vuestra condición de ciudadanos libres y de ver a la nación regida por sus instituciones liberales por el imperio de la ley y del derecho, y engrandecida por el trabajo y la ilustración de sus hijos, emprendiendo de lleno la tarea de su regeneración moral y política, de modo a figurar dignamente en el concierto de los pueblos cultos si no por el prestigio de la fuerza y de la riqueza material al menos por la doble influencia de su civilización y libertad.
Contamos con vuestro apoyo en las horas solemnes de la prueba. Llenos de varonil entereza y de noble ardimiento acudid a nuestro auxilio para arrojar de nuestro seno, con el baldón y el oprobio que merece, a la infame y espuria raza de los malvados traficantes del poder, que deshonran a la Nación, ofenden a la humanidad, manchan el suelo que pisan y ponen el encendido carmín de la vergüenza en los rostros de los hombres honestos por sus abominaciones inauditas, sus degradaciones de subido bizantinismo, sus prevaricaciones irritantes, sus injusticias que indignan, sus maldades que aterran y por todos sus vicios repugnantes e infamias increíbles, que hacen del pueblo paraguayo, tan grande y glorioso en la historia, un pueblo de ilotas, sin derechos, sin libertad y hasta sin el sentimiento de la dignidad humana.
¡A los cuarteles, pues, esta noche a celebrar el triunfo de la buena causa!.
Vuestros conciudadanos y correligionarios políticos.
Por el Comité Revolucionario: - La Junta Ejecutiva.
Eduardo Vera, Antonio Taboada, Pedro P. Caballero, Juan B. Rivarola
Asunción, 18 de Octubre de 1891.
El día 19, el gobierno decretó en estado de sitio toda la República por el término de treinta días.
Habiendo tomado parte en la revolución empleados públicos, fueron destituidos de sus puestos sucesivamente todos los sospechosos y complicados en los últimos sucesos.
El 6 de Noviembre se aprueba el contrato celebrado entre el Banco Nacional y el Banco del Paraguay y Río de la Plata, adquiriendo aquél toda la moneda de plata de éste y haciéndose cargo de su emisión circulante que montaba a $ 678.250.
El 8 de Enero de 1892 se crea una escuela práctica de Agricultura.
El 13, es nombrado el Sr. José Segundo Decoud, ministro plenipotenciario ante los gobiernos del Brasil y del Uruguay.
El 15 de Febrero se aprueban los nuevos estatutos de la sociedad anónima Agencia Mercantil del Paraguay, constituida en 1890 por el Sr. Antonio Plate, y que servirá de base a la formación del Banco Mercantil del Paraguay.
El 28 de Marzo se establece por primera vez el Tribunal Militar, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal Militar.
Constitúyese en ese mismo mes una importante sociedad anónima, denominada La Agrícola Tabacalera, formada por los principales hombres del gobierno y algunos extranjeros caracterizados, con el objeto de dedicarse a transacciones y explotaciones agrícolas.
Al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, en Abril, el P.E. se ocupa de la gran crisis económica financiera que sigue trabando la marcha del país, y preconiza, como medida de defensa, severas economías y reformas, supresión de gastos autorizados fuera del presupuesto que insumían, según datos de la Contaduría general, como el 50% de las rentas percibidas.
Se inician el entredicho entre el Ferrocarril y el Estado, que debía durar largos años, con motivo del incumplimiento por parte de la Empresa de las condiciones de la concesión, que origina a su vez la morosidad de parte del Estado al pago de las garantías.
El 28 de Abril se aceptan las renuncias de los ministros de Hacienda y Justicia, D. Esteban Rojas y Dr. Facundo Insfrán, y es nombrado en reemplazo de éstos, D. Otoniel Peña.
Los déficit en el presupuesto volvían a crecer tanto que imposibilitaban su servicio. A efectos de cubrirlos, el 13 de Mayo, otra ley de emisión autoriza al P.E. a lanzar hasta la suma de $ 1.000.000, con la denominación de Notas de Tesorería. Para su amortización, se afectan el 50% del producido de la venta y arrendamiento de tierras y yerbales, el producto de la venta del papel sellado y el 10% adicional de los derechos de importación.
Las Notas de Tesorería tendrían curso legal, como los billetes del Banco Nacional, y se quemarían mensualmente según se amorticen, empleándose para su circulación, los billetes no firmados del Banco Nacional.
Coincidían con aquel apurado trance de las finanzas, los estertores agónicos del Banco Nacional, cuyos capitales malversados y pillados por la aparcería política, desde la época de su oficialización, habían arrastrado a la institución a su ruina completa.
Bajo la presión de ese desastre, el 18 de Mayo, se declara en liquidación el mencionado Banco Nacional, destinando el capital de su Sección de Colonización y Obras de Utilidad Pública a servir de cartera a un nuevo Banco Agrícola.
La liquidación quedaba a cargo de tres personas, nombradas por el P.E., que fueron los Sres. Norberto Molinas, Cristian Heisecke y Guillermo de los Ríos.
El 25 de Mayo se otorga al Sr. Félix Guerbert una concesión para instalar una fábrica de pólvora y explosivos de uso en la balística moderna.
El 6 de Junio es nombrado el Dr. César Gondra, ministro plenipotenciario ante la Santa Sede, con la misión de recabar del Papado el nombramiento de un nuevo obispo en la República. Se le confirió después, al mismo, otra plenipotencia ante España, para representar al Paraguay en la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América.
Se autoriza, en el mismo mes, a la Municipalidad a abrir nuevas calles en la capital, y se esfuerza el sistema rentístico aduanero con la creación de derechos de almacenaje y eslingaje.
El 2 de Julio, el P.E. veta una ley del Congreso disponiendo que los jefes de las reparticiones públicas sean paraguayos, alegando que ella implica un signo de estrechez para los extranjeros, a más de su inconstitucionalidad, dado que la Carta Magna establecía explícitamente en ese respecto cuales son los cargos públicos condicionales. El Congreso se ratifica y la ley quedó promulgada el 16.
Liquidado el Banco Nacional, se hacía indispensable reorganizar el antiguo Banco Agrícola. El 30, una ley especial autoriza al P.E. a restablecerlo, según su primera ley de fundación, con el capital de $ 2.000.000.
Contrátase con D. Vicente Niguez, en Setiembre, la construcción de un muelle y tinglados en Villa del Rosario.
El 1° de Octubre, créanse las Oficinas Revisadoras de Frutos, llenándose con ello una sentida necesidad de la plaza comercial.
El 12, se lleva a cabo la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América, con grandes proporciones; exposiciones, paradas militares, desfiles escolares, fiestas brillantes.
Autorizase la venta del cañonero Pirapó, y se promulga el presupuesto general, para 1893, fijándose el monto de los gastos en $ 1.225.963.92.
Las industrias habían registrado un nuevo factor de progreso, con la concesión F. Saguier y Cía., que fundan el primer Molino Nacional. Otra concesión, otorgada al Sr. José R. Mazó, establecía una sociedad anónima de Monte-Pío.
La política del gobierno, mientras tanto, comenzaba a agitarse, bajo la acción de las tendencias encontradas del partido colorado.
El ministro Egusquiza, ascendido a general, después de los acontecimientos del 18 de Octubre, con el apoyo del primer magistrado, creaba un contrapeso en el ejército y en el gobierno, a la acción de los viejos generales Caballero y Escobar, y como resultado de esa circunstancia, se iban formando rápidamente, en el seno de la situación, dos corrientes de opinión antagónicas: las del caballerismo y la del gonzalismo.
El general Egusquiza era el punto de apoyo, el eje virtual de la evolución incubada por el primer magistrado, y su candidatura a la futura presidencia estaba pronto concebida por efecto lógico de ella.
Obedeciendo a las miras que perseguía esta modificación del viejo régimen, aparece un nuevo diario: El Progreso, redactado por un núcleo de jóvenes escritores, entre quienes figuran Manuel Domínguez, Fulgencio Moreno y otros.
El año 1893 encuentra menos agobiada la situación económica. Un sensible aumento del movimiento mercantil, tonificaba el comercio exterior y el saldo favorable de las exportaciones sobre la importación, que el año 1891 alcanza a $ 4.703.800.20 y el precedente a $ 7.073.15047, se afirmaba, con el activo incremento de los frutos exportados.
Asimismo, las rentas de la nación acusan un franco repunte, aumentando su capacidad tributaria en todos los órdenes.
Pero el fenómeno más interesante y auspicioso, para la república, era el del hallazgo de nuevos mercados a sus productos, en el exterior. Hasta entonces era tributaria, exclusivamente, del mercado argentino. Aquí se resolvía cada año de la suerte de nuestras cosechas y la cotización de nuestros valores económicos.
La excesiva dependencia no tardó en pesar perniciosamente sobre el desarrollo mismo de la producción.
Y de pronto, algunos mercados de Europa nos abren sus puertas y un activo intercambio se inicia directamente entre el Paraguay y ciertas plazas europeas, originando, por consecuencia inmediata de él, la liberación de algunos productos y el alza de sus precios.
Todo eso ocurría, precisamente, bajo las desesperantes manifestaciones de la más intensa crisis económica y financiera que haya soportado la nación.
Fundado en esa reacción, el P.E. sostiene, en su mensaje de Abril a las cámaras, que la depreciación del papel moneda no tenía razón de ser, por cuanto el monto de la emisión circulante no bastaba para atender las necesidades del trabajo, el comercio y las industrias.
Y reiteraba el presidente, como medio, de contener la depreciación, la protesta del gobierno de seguir amortizando mensualmente por la quema el papel emitido.
Otro fenómeno observado en este año es el de carácter esencialmente reproductivo de las importaciones. El país se defendía de su terrible crisis económica con las propias inspiraciones; elementos ferroviarios, materias primas para las industrias, etc., eran el recargo de su pasivo comercial con el exterior, a cambio del aumento enorme de sus ventas al extranjero, con lo cual se infería que la perturbación monetaria no había dañado a fondo sus fuentes de producción.
El servicio del presupuesto, desatendido desde Julio del año anterior, en que se agotaron las Notas de Tesorería, se reanudó regularmente, gracias a la mejora de las rentas, para cuya percepción escrupulosa, se tuvo que dictar severas medidas.
La situación financiera arrojaba en otros respectos estos datos: Emisión total circulante, -billetes de los Bancos Nacional, Comercio, Paraguay y Río de la Plata, Notas de Tesorería-, $ 5.767.804.85; billetes amortizados por la quema, al 31 de Diciembre de 1892, $ 375.047.70; créditos pasivos del Banco Nacional, pagados por la Comisión Liquidadora, $ 444.934,83; moratoria solicitada del Banco del Paraguay y Río de la Plata, con cuyo motivo interviene el P.E. en sus operaciones y preconiza la separación del Estado y la restitución de los bonos de £ 40.000 y £ 100.000 que pesaban sobre el crédito nacional; rechazo por el Senado del convenio ad referéndum celebrado con un representante de los tenedores de bonos de los empréstitos ingleses y accionistas del Ferrocarril, originando la protesta de éstos y baja de las acciones en Londres.
Menciónase también, en el año: la terminación de varias obras públicas, como la Cárcel, la Policía, la refacción del palacio de Gobierno, el Hospital de Caridad, etc., la fundación de algunas nuevas Colonias, contándose en el último año la llegada de 1.723 inmigrantes; una ley acordando la creación de un monumento conmemorativo a los próceres de la Independencia; la constitución y apertura del Banco Mercantil del Paraguay, con capitales particulares y sin pedir privilegios.
Finalizaba el año con una intensa crisis política dentro del régimen, motivada por la cuestión presidencial. Dos bandos definidos se habían formado en el campo republicano y se aprestaban a combatirse mutuamente, sin cuartel: uno, que adoptó el viejo nombre de la Asociación Nacional Republicana, bajo la presidencia del general Caballero, lanza las candidaturas, para el VII período constitucional, del general Bernardino Caballero y el coronel Manuel A. Maciel, a la Presidencia y Vice-Presidencia de la República; otro, constituido por los disidentes, proclama la candidatura del general Juan B. Egusquiza y el Dr. César Gondra, para dichas magistraturas, contando con el apoyo del primer magistrado.
Este estado de cosas, agravado por el juego incesante de las intrigas, no tardaría en producir las más graves perturbaciones en la marcha del gobierno.
El 2 de Enero de 1894, el P.E., trabajado por el malestar político reinante, reitera su veto a una petición de convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias, formulada por un grupo de senadores y diputados.
Por su parte, el partido liberal se aprestaba nuevamente a reorganizarse y a intervenir en la lucha presidencial próxima.
Después de la revolución del 91, se había llamado a un largo silencio. En ausencia de sus hombres proscritos, los que quedaron en el país se encargaron, no obstante, de preparar su resurgimiento. El Sr. Manuel I. Frutos, secundado de unos cuantos jóvenes, entre quienes activa el Sr. Fernando A. Carreras, había logrado constituir una nueva Comisión Central, que trabajó nuevamente el espíritu partidario, en tanto iban volviendo del extranjero los extrañados del 18 de Octubre.
En 1894, la reorganización general era un hecho, y nuevos hombres encarnaban la fe del Partido, principalmente, el Sr. Fabio Queirolo. A objeto de actuar en los comicios presidenciales, ábrese una subscripción popular en sus filas y se adquiere una imprenta, por donde se edita el órgano del partido, llamado a servir de tribuna a la nueva etapa de su actuación.
Aparece el primer número del diario liberal el 15 de Febrero, con la denominación de El Pueblo, bajo la redacción de los jóvenes intelectuales y periodistas del partido: Cecilio Báez, Fabio Queirolo, Alejandro Audivert y otros.
El partido se proponía sostener una campaba electoral propia, en los expresados comicios. Proclamóse de sus filas la fórmula: Dr. Benjamín Aceval y Juan B. Gaona.
La lucha sorda de los trabajos electorales enardecidos por aquellas perspectivas, continuó minando la estabilidad general.
En estas condiciones, abre en Abril el Presidente las sesiones ordinarias del Congreso y expone, por última vez, la situación del país. El movimiento comercial seguía siendo próspero. El último año el balance internacional acusaba otro saldo favorable de las exportaciones sobre las importaciones, de $ 6.601.638.23.
En 1893 entraron en los puertos de la República, del exterior, 355 vapores con 193.999 toneladas y 82 buques de vela con 8.754 toneladas; y salieron, con destino a puertos extranjeros, 314 vapores con 183.681 toneladas; 69 buques de vela con 7.965 toneladas. No menor Importancia revestía el cabotaje interior.
Las rentas nacionales de 1890 a 1893 habían casi quintuplicado de $ 1.736.112.92, que montaban aquel año, llegan en este último a $ 5.859.266.54 incluyendo venta y arriendo de tierras y yerbales.
Circulación de billetes emitidos, al 31 de Diciembre de 1893, total: $ 4.684.442.82; amortizados por la quema,$ 708.314.39.
No obstante la gran demanda de billetes en la circulación, para las transacciones ordinarias del comercio y las industrias y su insuficiencia sentida, la depreciación del papel seguía en aumento, y el gobierno no lo explicaba sino por el factor de desconfianza que se había apoderado de la plaza sobre la estabilidad política de la situación.
A las obras públicas ya terminadas y enumeradas el año precedente, había que agregar otras, como la refacción del Teatro Viejo, que fue destinada a la Oficina Revisadora de Frutos, del Departamento Nacional de Ingenieros; varios puentes en el interior y la solemne inauguración del monumento a los próceres de la Independencia, decretada el 11 de Mayo.
El adelanto del país, en relación al aumento de la población, de los negocios y nuevos capitales, estaba lisonjeramente encaminado y presagiaba días de bonanza para un futuro cercano.
SUCESOS DEL 9 DE JUNIO
DEPOSICIÓN DEL PRESIDENTE GONZÁLEZ
En eso, la crisis intestina del oficialismo cobra un giro inesperado.
El presidente de la República se ve objeto de una serie de maniobras dolosas, de parte de su partido, que no podrá ya remediar.
El 17 de Abril había sido aceptada la renuncia del ministro de Guerra, general Egusquiza, candidato oficial a la Presidencia, nombrándose en su reemplazo a D. Pedro Miranda.
Se confirma en el ministerio del Interior a D. Otoniel Peña y se nombra interinamente ministro de Justicia al Sr. Atanasio Riera.
Así las cosas, la fracción caballerista se aprestaba resueltamente a los recursos extremos, antes que ceder en la cuestión presidencial, y apercibido de ello todo el país, la zozobra había hecho presa del elemento conservador.
Un nuevo diario había aparecido en Abril, La Patria, como órgano del caballerismo, dirigido por Gregorio Benítes y redactado por Blas Garay.
El 26 de Mayo una petición suscrita por numerosos comerciantes, industriales, propietarios, dirigida al Presidente de la República, exteriorizaba aquel estado de inquietud de la nación y concluía requiriendo al primer magistrado pusiera en juego todos los medios de su influencia para calmar la ansiedad pública.
Resuelve entonces el Presidente dar un paso fehaciente en ese sentido, e invita a los dos candidatos en pugna, los generales Egusquiza y Caballero, a un avenimiento.
Celebrada la conferencia, el día 2 de Junio, el general Egusquiza manifiesta su conformidad para toda conciliación y el general Caballero pide tiempo para consultar a sus amigos.
Los momentos urgían y daban pábulo a las intrigas.
Una versión corrió, con todos los visos de la verosimilitud, propalada por los caballeristas, y a tal extremo llegó a insinuarse en los círculos interesados en revolver las cosas, que dio sus resultados deseados: de que el Presidente González estaba engañando al general Egusquiza con el cuento de su apoyo para la elección, y preparaba en cambio bajo cuerda, la de su concuñado D. José Segundo Decoud, a la sazón acreditado como ministro en el Plata.
Llega un momento en que el mismo Egusquiza se persuade de la especie y aprovechando los hábiles manejos que habían preparado esa combinación, se entiende con el general Caballero, resolviéndose de allí deponer al Presidente González.
El día 9, hallándose éste en su despacho, recibe una comisión enviada por el general Egusquiza, que se había hecho cargo a la noche de los cuarteles, con una nota en que le significaba haber asumido las responsabilidades del primer magistrado de la República hasta que el Congreso resuelva en esta cuestión, según el uso de sus atribuciones soberanas, y concluía invitándole a dimitir.
Acto continuo, negándose el Presidente a acceder este pedido, fue obligado y conducido al cuartel de la Escolta, donde le esperaban los generales Egusquiza, Caballero y Escobar.
El Presidente González protesta del atentado y se niega a renunciar.
Resuelven entonces los complotados lanzar un manifiesto explicativo de los hechos, reforzando con otro personal, el general Egusquiza.
Al día siguiente las cámaras de Diputados y Senadores, reunidas en Congreso, dictan una ley, poniendo en posesión del P.E. al Vice-Presidente de la República, D. Marcos Morínigo, sin expresar motivo. Refrendó el decreto legislativo, el general Egusquiza, con un Cúmplase.
El Presidente depuesto fue embarcado a bordo del vapor Mercedes, y destinado de hecho. Una vez en Buenos Aires, lanzó, con fecha 30 de Junio, un manifiesto de defensa y protesta contra los autores del golpe.
La intriga que le valió su caída, había sido enteramente desprovista de fundamento, según este manifiesto.
Fuente: HISTORIA CONTEMPORANEA DEL PARAGUAY (1869 - 1920). Por GOMES FREIRE ESTEVES. Prólogo de ALFREDO M. SEIFERHELD. Reseña biográfica del autor: MANUEL PESOA. Complementos: RAÚL AMARAL. Editorial NAPA. Asunción – Paraguay 1983 (396 páginas)
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