PARTIDO COLORADO

LA MÁXIMA ORGANIZACIÓN MAFIOSA

ANIBAL MIRANDA

MIRANDA & ASOCIADOS

ASUNCIÓN - PARAGUAY

2002 (296 páginas)

CONTENIDO

PROLOGO

PRIMERA PARTE

I.       LA CASA GRANDE

MÚLTIPLE PERO ÚNICA

PARADIGMA AMIGO-ENEMIGO: ALDO ZUCCOLILLO

II.      IDEOLOGIA Y POLÍTICA

SINOPSIS HISTÓRICA

CORRIENTES IDEOLÓGICAS

EL DISIDENTE NELSON ROLÓN

III.     ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

MAGNA CONVENCIÓN

JUNTA DE GOBIERNO

SECCIONALES Y SUB-SECCIONALES

IV.     FUENTES DE PODER

GOBIERNO CENTRALIZADO/GOBIERNO COMPARTIDO

FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES

BASES SECCIONALES, FUNCIONARIADO Y OTROS

SEGUNDA PARTE

V.      CAUDILLOS PRINCIPALES

BERNARDINO CABALLERO

ALFREDO STROESSNER

ANDRÉS RODRÍGUEZ

VI.    JEFES Y OPERADORES

LINO OVIEDO

JUAN CARLOS WASMOSY

LUIS GONZÁLEZ MACCHI

TERCERA PARTE

VII.   MAFIA, PARTIDO, GOBIERNO

EL STRONATO

PRIMERA GUERRA DE MAFIAS

SEGUNDA GUERRA DE MAFIAS

VIII.  EL GRAN DESAFIO

CAPITALISMO DE MAFIAS

EL ENEMIGO PÚBLICO N° 1

CONCLUSIONES

ANEXOS

MOVIMIENTOS, LÍDERES Y CANDIDATOS

ORGANIGRAMA

PRONTUARIO DE LA ANR

LISTA DE TABLAS

AUTORIDADES CON FALTANTES EN RENDICIÓN DE CUENTAS, DESVÍO DE FONDOS U OTROS DELITOS ECONÓMICOS

VENTA DE TIERRAS PÚBLICAS

DEUDA PÚBLICA PARAGUAYA, 31 DE DICIEMBRE 1890

PRINCIPALES FIRMAS Y RENGLÓN DE ACTIVIDAD, 1910-1915

OBLIGACIONES DEL ESTADO POR EMISIÓN DE BONOS (ABRIL 1999-DICIEMBRE 2002)

ACTIVOS MAYORES DEL CÍRCULO DE PODER (MITAD 1989)

LATROCINIO BAJO GOBIERNOS DE LA MAFIA

INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOBRE DELITOS ECONÓMICOS

PROCESADOS POR DELITOS ECONÓMICOS

TRIANGULACIÓN DE CRÉDITOS PÚBLICOS Y FUGA DE CAPITAL

PRÓLOGO

El Partido Colorado ha ejercido el poder durante 72 años de los 115 que lleva encima. Próximo a la entrada de la primavera su aniversario parece renovarlo al paso que se adapta a las presiones alrededor y evoluciona sin perder para nada su esencia, mezcla de codicia obsesiva y astucia impenitente. Son sus integrantes y en particular los que llegan a la dirección quienes poseen tales rasgos que se transmiten entre ellos como si fueran genes, marcando al conjunto.

Marcial A. Riquelme, Benjamín Arditi, Esteban Caballero Carrizosa, Paul Lewis, Carmen Colazo y Miguel Angel Pangrazio hicieron significativos aportes sobre los partidos desde la perspectiva de la ciencia política y la historia, precedidos cronológicamente por Gomes Freire Estévez y Justo Pastor Benítez (este último con una monografía publicada en portugués). En los periódicos se encuentra otro tipo complementario de análisis breve como los escritos por Alfredo Boccia Paz, Edwin Brítez, Estela Ruiz Díaz y José María Costa. Las libertades de expresión, de prensa y de pensamiento junto con la actividad proselitista que realizan los movimientos de dispar orientación ideológica ayudan al flujo relativamente amplio de información.

Al Partido Colorado específicamente lo trataron dentro de los artificios de la propaganda sus propios integrantes y con apasionamiento contrario los afiliados de otros partidos. El cuerpo de literatura producido por los primeros es muy superior en cantidad al opuesto. Dado que básicamente se trata de fijar lo bueno en casa y lo malo en el vecino, el nacionalismo nuestro y la antipatria de los otros, no sirve gran cosa para mirar por dentro. No hay radiografía, no se ve el estado de los órganos y tampoco lo que ocurre en ellos.

El Partido Colorado cual estructura y entidad dinámica en realidad no ha sido examinado. Por ello es fundamentalmente desconocido a pesar de su predominio como institución sociopolítica, el más eficiente movilizador de masas, la agrupación que en función gubernativa más lejos llevó la reforma del Estado a pesar de cuanto se alegue sobre su comportamiento tradicional y reacio a los cambios. Desde que Stroessner lo pusiera en orden se convirtió en el partido-estado y su ideología, siendo flexible con este concepto, la del Estado Paraguayo:

Al no haber comprendido qué fuerzas la sostienen y cómo se transformó aquella corporación, los opositores no pudieron hacerle frente de igual a igual y mucho menos derrotarla. Erraron en sus estrategias que fueron casi indistintamente de corto plazo, a menudo de colaboración y en su extremo francamente servil. Sin diagnóstico del poder real ni de sus ramificaciones y del Partido Colorado como expresión de ese poder, otros partidos ora se acoplaron a él en carácter de legitimadores de la violencia a cambio de migajas, ora lo descalificaron en el discurso para cada cual por su lado terminar aceptando unas reglas aplicadas primariamente para bloquear la alternancia. Llegado a este punto mediante el recurso legal con participación y aprobación opositora -la Constitución de 1967 y bajo situación diferente la Constitución de 1992 con sus adecuaciones en la Justicia Electoral- el Partido Colorado ya no pudo ser coherentemente acusado de propiciar el quebrantamiento de la ley. Aunque lo estuviera haciendo así en los hechos, en lo principal por fraude masivo y abuso sistemático de poder.

La serie sobre estos problemas estrechamente ligados comenzó con Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas (2000) en el cual se ofrece los datos y traza la evolución del uso del Estado con sus instituciones y recursos para traspasar coactivamente el producto a propiedad privada, en contraposición al servicio público e intereses nacionales. En el segundo, Crimen Organizado en Paraguay (2001) se devela en sus aspectos relevantes qué objetivos orientó y quiénes hicieron gobierno, o mandaron, para instalar aquí un feudo de la mafia y proteger el delito transnacional en la medida de integrarse a él.

En ambos se individualizó a los responsables, familias y respectivos capos, lugartenientes, beneficiarios con o sin cargo oficial y los reagrupamientos en torno a los grandes negocios con su corolario de mega-fortunas. Esta tercera obra pasa revista al núcleo del sistema antes descrito, esto es, al aparato y su instrumentación para llegar del poder al enriquecimiento rápido y del enriquecimiento rápido al sostenimiento del poder en un movimiento retroalimentado de circularidad que con los desnaturalizados controles e institutos puestos a su disposición ha abortado la emergencia del estado de derecho.

En atención a ello Paraguay es un país sin ley, o como señalan jactándose los que mandan, "la ley se aplica para favorecer a los amigos y dar palo a los enemigos". Este orden promueve, sin proponerse, su remoción por el camino de la rebelión. O en otra dirección conduce a la fragmentación del Estado por el choque de grupos antagónicos que no se descarta como escenario resultante de una prolongada impunidad donde ya no se halla presente la figura del jefe para mediar entre aquéllos.

Esta trilogía insumió 6 años desde la recolección inicial de datos, en cuyo procesamiento se tuvo cuidado de tomar distancia de los testimonios y declaraciones cuando éstas no estuvieron documentadas y de cruzarlas donde fue posible con otras fuentes. No se agregó ni desechó y tampoco se maquilló la exposición de los hechos. Ciertamente archivos enteros quedaron fuera de acceso. Hay secretos de estado, decisiones de alto nivel, eventos sórdidos del mando discrecional que probablemente un mejor investigador podrá sacar a luz más adelante. Al dar por terminado este emprendimiento que muestra la cara oculta del poder no se cierra la indagación acerca de tan fascinante y compleja cuestión. Hay mucho por desentrañar aún, mucho más por actuar de parte de la justicia y los órganos de prevención y represión del delito. Lo que falta recorrer para lograr el imperio de la ley parece tan lejano.

Sin embargo, desde distintos sectores de la ciudadanía hubo esfuerzos de resistencia. Por citar solamente lo que surgió en los años "70 bajo los nombres Ligas Agrarias, Organización 1° de Marzo (OPM) y Movimiento Independiente, no se puede soslayar la persistencia de la rebeldía ante la violencia terrorista de arriba. Estas incipientes organizaciones fueron combatidas, sus dirigentes detenidos o diezmados por el régimen militar-partidario con participación directa de la Junta de Gobierno presidida entonces por Juan R. Chaves. Más recientemente los varios colectivos de la comunidad local de derechos humanos formaron CODEHUPY, otros tantos integrados también por ciudadanos en distintos distritos y localidades se agruparon en la Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay, aparte las federaciones rurales entre las que resaltan la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y Federación Nacional Campesina (FNC). De parte de los jóvenes y las mujeres, los ex presos políticos y sus familiares, los empleados, amas de casa, discapacitados, estafados por bancos quebrados, asociaciones vecinales y otras minorías que en número agregado hacen mayoría han multiplicado contactos para defenderse del ominoso saqueo por parte del establecimiento político con su cúpula gobernante. En ésta el Partido Colorado corta la torta. Tienen cabida y se nutren en ese antro de mafias sin fronteras definidas gavillas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Partido Encuentro Nacional (PEN) con sus legisladores, sus gobernadores e intendentes, magistrados y altos funcionarios de empresas del Estado y hasta miembros del Ejecutivo. Su desempeño privilegia la urgencia por agenciarse de dinero mediante conductos en su generalidad aviesamente ilícitos.

La línea divisoria entre autoridades Coloradas y de otras carpas se ha desdibujado de tal manera que las primeras, con haber quitado la porción del león a lo largo de medio siglo de repartija e invertido las sobras para comprar o domesticar opositores, deciden sobre actos de corrupción. Esto procede de acuerdo al selectivo criterio amigo-enemigo que los Colorados utilizan hasta con sus correligionarios caídos que no se alinean dentro de lo tolerado. En ese papel son magistrales, habiendo extremado su audacia para promover campañas anticorrupción y de integridad pública. Siempre que no se vaya demasiado lejos en investigar las dependencias bajo su control todo es negociable entre bancadas, movimientos y sectores de las cúpulas que cohabitan en el Gobierno.

A partir de ello cualquier arreglo es permitido, hasta la matanza de activistas sociales y con similar lógica los desfalcos al erario que se cuentan por centenares desde el advenimiento de la partidocracia. La consecuencia ha sido funesta: el Partido Colorado ganó las elecciones generales de 1998 por más del 50 por ciento de votos a su favor, recuperó en las municipales del 2001 las principales intendencias que había cedido una década atrás y se perfila como favorito para las generales próximas.

Tal el resumen de antecedentes en lo que concierne a la actividad política rentada, la más lucrativa y menos riesgosa de las empresas a nivel nacional. No exige trabajo ni disciplina, no implica inversión con fondos propios ni probidad en el cargo, no conlleva sanción penal por delitos económicos de gran porte salvo pérdida de investidura ante otros cotizantes fuertes en el mercado del voto. En éste los Colorados permanecen invencibles merced a su cuantioso activo malhabido, manejo del electorado cautivo y a la venalidad de las cúpulas opositoras que además han probado ser extremadamente complacientes. En el curso de 13 años de transición, los avances en materia de reforma legal y libertades públicas han sido ampliamente superados por la extensión siniestra del gasto político junto a la pérdida de puestos de trabajo, desborde de la inseguridad y precarización de los servicios públicos esenciales.

Por tanto no es razonable afirmar que el Partido Colorado sea único responsable del desorden y la miseria tirada sobre la población. Pero como persona jurídica, por su actuación durante el stronato y las administraciones que lo sucedieron es pasible de sanción civil con suspensión de personería por el tiempo equivalente al máximo del que estuvo implicado en crímenes de lesa humanidad y operaciones de la mafia. Todas sus autoridades y las del Gobierno son además pasibles de sanción penal e incautación de bienes hasta el límite del daño patrimonial al Estado y personas físicas afectadas. Habida cuenta los actos atroces cometidos con abuso de poder será apropiado abrir ese postergado juicio para así transitar hacia la verdad y la justicia. Valga precisar algunos puntos.

Primero. Ser Colorado no significa ser delincuente. Hubo miles que fueron perseguidos y salieron del país o fueron desterrados. Desde los tachados de mendez-fleitistas expulsados a partir de 1955 seguidos por los disidentes de la juventud y de los sindicatos, los reprimidos luego del cierre del Congreso en 1959 con el grueso del MOPOCO y sus líderes Osvaldo Chaves, Angel Florentín Peña, Mario Mallorquín, Waldino Ramón Lovera, Eduardo San Martín, etc., eran Colorados que se opusieron a la vesania de Stroessner. Varios lo apoyaron por algún tiempo pero luego se abrieron de él y trataron de tumbarlo. Desde el exilio siguieron trabajando en la línea anti dictadura y algunos se unieron a la insurrección. En cuanto a los que permanecieron en el país, un número indeterminado nunca se involucró en delito alguno ni colaboró con las violaciones de derechos humanos. Hubo técnicos, empleados y dependientes que cumplieron con la prestación de servicios como el personal de hospitales públicos y las maestras, sin desestimar que otros médicos y docentes hayan entrado en el engranaje de las prebendas o espionaje interno. Hubo Colorados que nunca ingresaron a la función pública ni recibieron dádivas o renunciaron para preservar su dignidad.

Segundo. El antiguo Partido Colorado por más de 3 décadas actuó en la llanura y en algunos periodos no se presentó a elecciones ni tuvo representación parlamentaria. Habida cuenta ello más la ausencia de control sobre el Ejecutivo no existe motivo para englobar en los excesos de aquellos años a quienes nada tuvieron que ver ni exigirles cuentas. Cada cual responde históricamente por lo que le hubiese tocado hacer u omitir. El derecho a disentir desde la posición que fuere no se pone en duda. Por lo mismo tampoco hay razón para descontar, disminuir ni justificar lo que afiliados a otros partidos efectuaron en contravención a la ley.

Tercero. Este escrito no reviste carácter oficial ni institucional. En ese entendimiento la responsabilidad por los datos sin notas de pie, el contenido y la interpretación corresponde al autor exclusivamente. Dado el volumen de registros y fichas sobre las autoridades se ha optado por no mencionar fuentes para cada caso sino solamente para los de mayor relevancia general.

La intención de esta serie excede lo puramente académico. Va orientada a generar crítica, incidir en la toma de decisiones contrapoder, impulsar acción ciudadana y coadyuvar a la pesquisa independiente. En una perspectiva de largo plazo busca concretar y dar vigencia a lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su protocolo adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También a la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional e instrumentos conexos y la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas para prevenir las prácticas corruptas, la transferencia ilícita de fondos y repatriación de esos fondos a sus países de origen aprobada el 20 de diciembre 2000, en adición al derecho positivo local que los entendidos dicen "se acata pero no se cumple".

Esta última frase encierra mucha sabiduría y toca al meollo de la deficiencia que aqueja a las instituciones. El no cumplimiento de la ley por parte del estamento que manda induce fallas en la gobernabilidad y éstas desembocan en recurrentes episodios de violencia entre competidores que anteriormente estuvieron juntos, en el poder o cerca de él. Los Colorados se dividieron y atacaron entre ellos, peleas de gángsters en las que desde 1993 los principales partidos opositores prestaron su concurso aliándose a una u otra facción. Si el Partido Colorado fuese pequeño las peleas no hubieran pasado a mayores pero por ser el más grande, el de más recursos y con primacía sobre el aparato estatal sus confrontaciones intestinas devinieron en crisis nacionales y sus vicios se contagiaron a los demás componentes del sistema. Gran parte del sector empresarial, el Congreso, las federaciones sindicales del sector público, los comandos militares y policiales, la administración de justicia y la justicia electoral, las delegaciones de gobierno [más adelante las gobernaciones], las conducciones municipales y todas las empresas del Estado ya fueron desde el stronato agentes privilegiados de la corrupción. No se conoce el foco inicial de contagio, si fue el Ejecutivo o la cúpula de las Fuerzas Armadas o la Junta de Gobierno. Lo cierto es que trabajaron coaligados y recién con la ruptura entre tradicionalistas y militantes el edificio comenzó a tambalear.

Pero en febrero 1989 no cayó el edificio sino cayeron los ocupantes. De inmediato los mismos Colorados por largo tiempo fieles al viejo general presidente -interesadamente fieles hasta la penúltima hora- apoyaron al sucesor, incorporaron a los contestatarios y de cara para afuera respondieron a las demandas de la transición. Fue una transición tramposa pues los beneficios nada más mudaron de un grupo mafioso a otro grupo mafioso.

De la mano de la jerarquía Colorada, el mayor y más persistente problema del Paraguay es la infernal corrupción con impunidad. En la Junta de Gobierno se halla el tumor que inficiona al Gobierno y sus dependencias con los 3 poderes incluidos. Condiciones histórico-estructurales preexistentes obstaculizan remover aquel tumor desde el aún maltrecho tejido social. El tejido social vapuleado, agujereado y rearmado espuriamente alrededor de las prebendas con el culto al líder único en su centro -propaganda más desinformación al lado- tuvo un contradictorio proceso de regeneración atado a ese pasado. Los Colorados por su lado no pudieron, si lo intentaron seriamente alguna vez, sanear la dirección y por ende tampoco limpiaron sus cuadros. Las sanciones entre ellos se dieron por derivación de las pugnas facciosas, una suerte de persecución del vencedor sobre el vencido sin importar que unos y otros hubiesen violado los derechos humanos o echado a saco los bienes públicos. Alfredo Stroessner, por cierto el caso paradigmático, conserva todos sus derechos de afiliado. Nadie dentro se tomó la molestia de incoar causa sabiéndolo lejos y quieto en Brasilia.

Resulta sorprendente que el Partido Colorado, con tantas lacras acumuladas en el ejercicio del poder, haya podido seguir aferrado a éste y que los demás partidos no hayan logrado capitalizar a su favor tales antecedentes para desplazarlo. Conste que la antes mentada unidad granítica desapareció, desaparecieron de escena los métodos sanguinarios para quebrar opositores y la censura de-prensa quedó atrás. No se podría argumentar ausencia de libertades o cercenamiento de derechos políticos por parte de los Colorados cuando que comparten el Gobierno con Liberales y Encuentristas. De modo que con achaques a cuestas, el Coloradismo del cual expresan orgullo sus huestes con pegatinas y afiches ["Soy Colorado ¿y qué? "] desafía a que le ganen en la cancha. No evita la confrontación. Es un peleador de primera que sabe transar y nunca pierde de vista su ganancia cuando concede algo.

A continuación se desnuda a este peleador ventajero que exhibe corrientes encontradas, cicatrices, acciones y obras que jalonan su historial. Es altamente probable que por rémora de las élites, otro partido que hubiese mantenido el poder tan prolongadamente cayera en los mismos vicios y excesos. El contenido de esta investigación en tal caso habría sido igualmente crítico hacia ese otro partido, sobre la base de los hechos, sin quitar ni agregar nada a lo acontecido.

TERCERA PARTE

VII MAFIA, PARTIDO, GOBIERNO

La Junta de Gobierno del Partido Colorado y el Poder Ejecutivo son los dos centros capitales del crimen organizado en Paraguay. Así fue desde que Stroessner se consolidara en el poder. Así continúa hasta el presente no obstante la rotación de figuras en la cúpula partidaria y en la Presidencia de la República. Un tercer núcleo, el estamento militar y específicamente el alto mando de las Fuerzas Armadas, ha venido perdiendo carácter decisorio dentro de la estructura criminal desde la salida de escena de Lino Oviedo, ex comandante del Ejército y caudillo político con importante arrastre electoral. Esto no significa que en las Fuerzas Armadas haya terminado la corrupción. Pero su papel y función es actualmente secundario dentro del esquema corporativo-partidario.

La característica de la mafia en Paraguay, contrario a la definición académica y a su posición en los países avanzados e incluso en los demás estados miembros del MERCOSUR, es que aquí se sitúa dentro del Gobierno. Es por tanto visible, no clandestina, y sus más importantes jefes son reconocidos como autoridades del más alto nivel. Es el poder real, el que decide y manda ejecutar esas decisiones para el país en su conjunto. De ahí el concepto Estado criminal, vigente sin interrupción desde que Stroessner articulara, encuadrara y pusiera en marcha el crimen organizado en torno a su persona, hasta nuestros días. Los que le sucedieron en la cabeza o dirección fueron sus lugartenientes y colaboradores. Haciendo gala de notable ductilidad política acorde con lo que dictaba el cambiado contexto internacional pos-Guerra Fría, ellos predicaron la democracia, se adaptaron a sus formalismos y cedieron cuotas de participación en el Gobierno a partidos de oposición.

Sin embargo, nunca compartieron el poder.

Nunca abdicaron de las prácticas corruptas, su base sustentación. El propósito de tales prácticas, la acumulación, mantuvo la muy alta concentración del ingreso y profundizó en el tiempo los desequilibrios socio-económicos.

Las mafias acumulan riqueza, obtienen poder político por medio del voto y la información dirigida, la asignación de empleos en la burocracia y en sus empresas particulares, la concesión de contratos de obras y servicios públicos, el crédito estatal. El resto sencillamente lo compran. Compran adhesión en las Cámaras del Congreso, por encima de bancadas, en especial cuando de grandes créditos internacionales o movimientos financieros se trata. Compran también votos, negociación sobre monto o contraprestación mediante, cuando el temario establece el desafuero de sus miembros o el juicio político de las máximas autoridades. Trafican influencias para designar a los titulares de la Corte Suprema, Ministerio Público, otros institutos y entes no dependientes directamente del Poder Ejecutivo.

Sobre todo, el crimen organizado sostiene la sartén por el mango.

Pero mafia ya no hay una sola. Son varias. Ellas se han declarado la guerra, una guerra sin tregua y sin cuartel. Stroessner y su consuegro Rodríguez no pudieron ser reemplazados en su calidad de capomafiosos. Los que siguieron en el mando no pudieron ocupar el sitial que dejaron cada uno a su turno aquellos jefes militares. Surgieron distintos competidores, lo cual ha sido evidente a nivel del Partido Colorado con argañistas, riquelmistas, wasmosistas, oviedistas, más recientemente desprendimientos de estas ramas y del tronco común del stronismo como argañonicanoristas, baderistas, barchinistas y otros.

Al lado o enfrente, en pugna por porciones mayores de negocios y buscando a la vez influir sobre las corrientes partidarias y sus caudillos, actúan grandes empresarios que se enriquecieron o que multiplicaron colosalmente sus fortunas bajo Stroessner. Ellos también están en esta guerra de mafias que no tiene frente definido. Las batallas son sórdidas.

¿Cómo empezó? ¿Quién prendió la chispa?

EL STRONATO

El crimen organizado surgió en Paraguay como elemento de control del Estado, distribución de beneficios y movilización de masas con el stronato. El marco legal bajo el que éste se estructuró fue la Constitución de 1940 que otorgó al Ejecutivo la suma de decisiones políticas, administrativas, legislativas y judiciales, esta última por la potestad del decreto-ley y la designación de miembros de la Corte Suprema y demás magistrados judiciales. La guerra civil de 1947 abonó el terreno para instalar la violencia y ésta fue efectivamente utilizada por facciones del Partido Colorado en alianza con distintos mandos militares para vencer al adversario, hacerse de la Presidencia de la República y desde ahí distribuir prebendas a costa del erario público. La ideología dominante durante aquellos años de creciente polarización mundial y convulsión interna intermitente, en la medida que progresaba la Guerra Fría, fue una mezcla de nacionalismo con militarismo propicia a la concentración del poder en el jefe providencial. La ausencia de mecanismos de control institucional permitió que los recursos del Estado, presupuestados o no, fueran apropiados como botín por los jefes militares y en menor proporción por las autoridades civiles asociadas a ellos.

Stroessner se erigió en caudillo desde el Ejército, posterior a la dislocación de éste en 1947. A partir de entonces su carrera se hizo meteórica hasta llegar a la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, posición desde la cual desató el golpe contra su benefactor el presidente Federico Chaves en mayo 1954.

Como jefe del Ejecutivo, Stroessner realizó purgas periódicas en el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas hasta consolidarse definitivamente en el poder. A tal punto que ante la exigencia de la mayoría parlamentaria para destituir al jefe de Policía Ramón Duarte Vera por reprimir una manifestación estudiantil, disolvió la Cámara de Representantes cuya totalidad de miembros eran Colorados. El gasto no fue más que un decreto. La disolución de la Cámara de Representantes era facultad presidencial de acuerdo a la Constitución de 1940, obra póstuma y réproba de los Liberales que lo habían refrendado mediante un simple decreto.

Stroessner echó mano de la prerrogativa que le otorgaba la misma Constitución para deshacerse de los dirigentes Colorados que pretendieron discutir su jefatura, imponiendo con ello su hegemonía absoluta sobre adversarios y enemigos. Después que diezmara los movimientos insurrectos de exiliados Liberales, Febreristas y Comunistas (14 de MAYO y FULNA), su condición de caudillo único se torno indiscutida. Estaba avanzando la democracia sin comunismo. En lo político la suya fue una dictadura, con participación de la cúpula Colorada alineada en la Junta de Gobierno bajo Tomás Romero Pereira, J. Bernardino Gorostiaga, Rigoberto Caballero y Juan R. Chaves sucesivamente. Estos y su propia `claque' fueron los brazos ejecutores para imponer el verticalismo partidario en tanto el número de afiliados iba en aumento. La ANR stronista se hizo el primer y único partido de masas. A la afiliación de militares, policías y demás funcionarios en una primera fase, el copamiento de la sociedad civil se produjo por medio de la afiliación de candidatos a docentes y magistrados, contratistas y proveedores de reparticiones públicas, comerciantes, obreros, campesinos y coincidente con la promulgación del derecho al voto para la mujer, de las mujeres y sus hijos 1/.

Con la progresión de afiliados fue en aumento la creación de puestos públicos y beneficios no presupuestados como los permisos para sacar o introducir mercaderías sin pago de impuestos por la frontera, además de servicios de ayuda social al correligionario para atención de salud, educación y hasta sepelio. La corrupción se hizo parte del sistema. Quienes se beneficiaron con el grueso de los negocios legales e ilegales, sin que hubiera un límite claro entre uno y otro, fueron Stroessner con su familia extendida, su entorno de leales ubicados en posiciones ministeriales y direcciones de empresas estatales algunos, otros en comandos militares, organismos de seguridad y control del comercio exterior.

La membresía al Partido Colorado y la lealtad probada a su caudillo único fueron exigencias para acceder a oportunidades vedadas a los no Colorados. Fueron dos requisitos sencillos para ascender en lo económico, asegurar promoción en lo profesional y gozar de una vida tranquila sin acoso policial. La excepción se dio para los empresarios, hacendados y comerciantes de gran capital nucleados en la UIP, FEPRINCO, Asociación Rural, Cámara de Importadores y otros para quienes la afiliación no era obligada. A condición de no hacer oposición ni mancillar la investidura presidencial con rumores maliciosos ellos tenían las puertas abiertas para hacer dinero, más aun cuando se asociaban a algún alto jefe militar o director partidario.

Así fue estructurándose el stronismo con:

a. Una organización de masas, el Partido Colorado dirigido por la Junta de Gobierno y diseminado por todo el territorio con las seccionales, sub-seccionales, organismos auxiliares y asociaciones filiales (CPT, Agrónomos Colorados, Ingenieros Colorados, Economistas Colorados, centros de estudiantes secundarios y universitarios Colorados, etc.). Como apéndice, una extendida red de pyragués pasaba información a las Comisarías, Juzgados de Paz y demás organismos de seguridad. La complementaban los seccionaleros armados que infundían terror entre los opositores y la población en general.

b. Un aparato militar-policial dependiente de los Ministerios de Defensa e Interior, Policía y Delegaciones de Gobierno que respondían a la orden superior para reprimir y neutralizar cualquier disidencia al sistema o denuncia contra el jefe de la mafia y sus lugartenientes. Los asociados a ellos en las grandes empresas contratistas del Estado gozaron asimismo de los servicios de este aparato para quebrar huelgas, invasión de latifundios y reivindicaciones laborales.

c. El Gobierno, que aparte de los 3 poderes del Estado bajo el mando omnímodo de Stroessner, incluía también en rango dependiente todos los municipios, todos los `entes descentralizados' como el Banco Central, Banco Nacional de Fomento, Banco Nacional de Trabajadores, ANDE, ANTELCO, CORPOSANA, IPS, Crédito Agrícola, Universidad Nacional, INC, Justicia Electoral y todas las demás entidades asociadas al Partido Colorado y al aparato policial-militar propiamente. El Gobierno era centralizado, sus autoridades ejecutiva y legislativa eran elegidas por voto popular obligatorio y su electorado cautivo siempre mostró fidelidad al jefe máximo.

Esta vasta organización Partido Colorado-Fuerzas Armadas-Gobierno tenía como cabeza a Stroessner. De manera similar a la Nicaragua de Somoza, Gobierno y Estado no se diferenciaban. Por otro lado, se confundían patrimonio público y privado tratándose de los que detentaban el poder. Los regímenes militares de Brasil a partir de 1964, Chile desde 1973, Argentina entre 1976 y 1984 también surgieron de golpes de estado y tenían la similitud de estar dirigidos por generales, pero en Paraguay y Nicaragua lo distintivo y principal fue que mafia y gobierno eran uno solo. Más allá del discurso ideológico que exaltaba patria, seguridad interna y unidad nacional, en los hechos tanto el stronismo como el somocismo fueron estructuras articuladas de dominación orientadas a acumular. El poder tuvo como función fundamental obtener, apropiar, amasar fortuna. Lo que en efecto ocurrió. Como quedó comprobado documentadamente, Stroessner con sus secuaces y unas pocas familias asociadas a ellos se convirtieron en los mayores potentados del país. Somoza y sus familiares habían escalado a lo mismo en Nicaragua 2/. En ambos casos la extorsión, el bandidaje, la violencia y el pillaje no fueron armas de mafias enquistadas en el poder. La mafia tenía el poder. Operaba a la luz y abiertamente bajo el mandato de la ley -sus autoridades hacían la ley, la administraban y la ejecutaban o no de acuerdo a su conveniencia.

En la práctica, y esto era lo resaltante del Estado criminal, había abuso sistemático del poder manifestado en lo siguiente.

1. La represión como instrumento de gobierno con su secuela de finados, desaparecidos forzosos, torturados, apresados sin orden ni intervención judicial, exiliados y confinados por motivo político, garroteados en las calles y plazas por disentir u oponerse al Gobierno, y en la impunidad a los autores de tales procedimientos.

2. La extorsión para obtener contribuciones y la confiscación de bienes por parte de los organismos de seguridad contra perseguidos políticos y sus familiares, productores y comerciantes no alineados y grupos sindical-campesinos. Los integrantes de las Ligas Agrarias y de la Organización 1° de Marzo (OPM), anteriormente los miembros de movimientos disidentes como Obdulio Barthe, Martín Venialgo y Carlos Madelaire sufrieron tales despojos. Esa práctica era rutinaria y tenía un efecto devastador, aplicada dentro de la normativa del mbareté cual política oficial.

3. La integración a la red del terrorismo de estado transnacional y consiguiente coordinación policial-militar para intercambiar y/o ejecutar prisioneros políticos entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en la OPERACION CONDOR 3/.

4. La corrupción como precio de la paz, extendida a todos los niveles de la administración pública desde la cabeza para abajo. Impuestos desviados en Aduanas y Tributación, sobrefacturación de obras e insumos en INC, ACEPAR, ANTELCO, CORPOSANA, IPS, BCP y ANDE, sobrecosto en construcciones y equipamiento en todos los ministerios y en gran magnitud especialmente en MOPC, MEC, MDN, MI, MSP También peajes y tasas depositados en cuentas particulares de altas autoridades, sobreprecio en compra de crudo y flete en PETROPAR, evasión de divisas y desfalco en BCP, sobrefacturación de buques y aeronaves en FME y LAP, cobro por órdenes de libertad y de embargo como también por sentencias de favor en la justicia penal y civil, entre otros tantos casos, eran la norma 4/.

5. La legalización de hecho del tráfico de drogas, armas y vehículos robados, monopolio de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía junto con un selecto grupo de privilegiados cercanos a Stroessner y Rodríguez (Alcibíades Britez Borges, Carlos Barreto Sarubbi, Gustavo Stroessner, Humberto Garcete, Lino Oviedo, Alejandro Fretes Dávalos, Sabino A. Montanaro, Pastor Coronel, Justo Eris Almada, etc.)

6. La legalización del contrabando de electrodomésticos, bebidas y perfumes, computadoras y periféricos, videojuegos y otros electrónicos por el régimen de mercaderías en tránsito y turismo de compra decretados oficialmente. Los mercados de Argentina y Brasil fueron inundados con productos americanos, taiwaneses, coreanos y de Hong Kong libres de impuestos. Ciudad Presidente Stroessner, Pedro Juan Caballero, Encarnación y Paranaguá fueron utilizados preferencialmente para esta triangulación comercial. Por esas aduanas pasó además la mayor cuantía de exportaciones como soja y algodón.

7. La cesión de derechos sobre la soberanía y el patrimonio nacional en Itaipú contra pago directo a las autoridades paraguayas, fuera de los canales administrativos y en oposición al tratado binacional, para contratar créditos leoninos y canalizar parte de ellos a cuentas privadas, fijar el precio de la energía por debajo del costo de generación y aceptar una posterior deuda espuria por USD 4.200 millones cargados a los balances de la EBI. La amortización correspondiente lo hace Paraguay en un 50 por ciento.

8. Los negociados de consultoría y estudios de factibilidad, expropiaciones e indemnizaciones, tasaciones y fiscalización de servicios y obras, construcción de obras civiles principales y provisión de equipamiento electromecánico, construcción de obras auxiliares, seguro, contrataciones de mano de obra, temporal y subcontrataciones por parte de los consorcios adjudicados en Itaipú y Yacyretá. Los mayores beneficiarios de ese esquema de apropiación ilegal y lavado de dinero fueron Stroessner, Rodríguez, Enzo Debernardi, Juan Carlos Wasmosy y asociados por el lado paraguayo. La denominada burguesía fraudulenta surgió como producto de aquel saqueo.

9. La liberación de tasas portuarias e impuestos aduaneros y derechos de importación, concesión de créditos públicos, reparto de divisas al cambio preferencia) y otras franquicias a empresarios amigos del entorno mafioso tales como José y Conrado Pappalardo, Blas N. Riquelme, Nicolás Bo Parodi, Alberto H. Antebi y Roberto L. Antebi, Antonio y Aldo Zuccolillo, Elías A. y Gustavo Saba, Humberto Barchini, Miguel Angel Napout, Julio y Humberto Domínguez y otros merced a los cuales ellos pudieron introducir todo tipo de productos. Los vendieron en el mercado interno y/o regional a precios que subsidió el fisco y diversificaron sus inversiones a la actividad financiera. La economía de privilegios funcionó como un oligopolio que distorsionó cualquier atisbo de libre competencia, permitió que el ahorro de unas pocas familias se tornara sideral y que parte significativa del mismo fuera transferido libremente al exterior. No había una ley que previniera el lavado ni institución alguna que rastreara el origen de los fondos, situación que convirtió a Paraguay en plaza financiera privilegiada para blanquear dinero sucio. Los traficantes usaban las facilidades disponibles; bancos incluidos, para sus operaciones.

Aparte estos ítems hubo un cúmulo de negociados en torno de los préstamos internacionales -documentados en detalle en los casos de la Industria Nacional del Cemento (INC) y los emprendimientos de Gustavo Gramont Berres- la mayoría de los cuales fueron dilapidados.

El crimen organizado rindió inmensos frutos que fueron concentrándose hacia arriba, en una élite dominante, específicamente y en particular en las cabezas de familia consistentemente depredadoras. Las más voraces y soberbias de esas familias eran Coloradas, pero sobre todo orgullosamente stronistas y mbareté a rabiar. Los altos funcionarios, sus parientes y asociados en empresas privadas conjuntas que contrataron con el sector público aparecen a continuación, cada cual individualizado bajo la respectiva cabeza pero englobando al grupo empresarial familiar, al lado de sus respectivos activos.

ACTIVOS MAYORES DEL CÍRCULO DE PODER

(Millones USD, mitad de 1989)

- Alfredo Stroessner - 1.600// Delfín Ugarte Centurión - 500

- Andrés Rodríguez - 1.300// César Romeo Acosta - 500

- Juan C. Wasmosy - 900// Hugo D. Araujo - 450

- Blas N. Riquelme - 850// Roberto Knopfelmacher - 400

- Gustavo Stroessner - 850// Conrado Pappalardo - 400

- Enzo Debernardi - 800// Juan E. Pereira - 300

- Sabino  Montanaro - 750// Germán Martínez - 300

- Alcibíades Brítez B. - 700// Alejandro Fretes Dávalos - 300

- Carlos Barreto S. - 650// Benito Guanes Serrano - 250

- Graciela Stroessner/    // Justo Eris Almada - 250

- M. González Llamas - 550

Fuente: Anibal Miranda, Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas, tablas 8 y 12, notas técnicas y notas de pie de página de esas tablas con sus respectivos detalles de cálculo.

PRIMERA GUERRA DE MAFIAS

El deterioro del stronato tuvo variadas causas, dos de las cuales son atribuibles primordialmente al factor externo.

Primero, la transición en Argentina tuvo fuerte impacto sobre la estructura monolítica del poder en Paraguay. El presidente Raúl Alfonsín de la UCR dio su apoyo y el de su Gobierno a las fuerzas anti-stronistas concentradas en Buenos Aires, la segunda ciudad de mayor población paraguaya después de Asunción. Se conoce como antecedente que el jefe de la mafia paraguaya había intervenido con dinero y propaganda a favor de los candidatos peronistas para las elecciones de provincias limítrofes. Había adicionalmente un nexo de negocios sucios entre financistas del peronismo, entre los que sobresalían Jorge Antonio y Alberto Kohan, con los Stroessner. Tráfico de drogas y armas más lavado de dinero que se realizaba entre otros por conducto del BCCI --cuyo directivo Gaith Pharaon se reveló activo facilitador de tales negocios-- eran intereses compartidos por ambos grupos.

El Gobierno Alfonsín fue un problema mayor para Stroessner hasta su derrumbe en 1989. Este tuvo como componente el soporte logístico argentino a los militares paraguayos que desataron el golpe. Previamente tuvo lugar una prolongada disputa entre ambos gobiernos ante las acusaciones del entorno stronista sobre el presidente argentino que desarrollaba una campaña de desestabilización contra Stroessner. Eso era cierto. El MOPOCO y PLRA, varios de cuyos dirigentes habían permanecido en exilio por Buenos Aires, al retornar contribuyeron a ahondar dicha desestabilización. La transición en Brasil, donde el presidente civil José Sarney tomó la posta y rápidamente acordó con Alfonsín lo que sería luego el MERCOSUR, sirvió para aislar aun más al régimen paraguayo.

Segundo, el Gobierno de Estados Unidos envió a Asunción un representante diplomático que no bien presentó sus cartas credenciales, tomó contacto con el Acuerdo Nacional conformado por el PLRA, MOPOCO, PRF y PDC. El embajador Clyde Taylor a continuación tuvo un inusual gesto. Visitó en el local del PRF a los dirigentes de dicho Acuerdo Nacional. Se reunió además con la jerarquía de la Iglesia Católica cuyas críticas a las violaciones de derechos humanos iban subiendo de tono.

El presidente Ronald Reagan y el secretario de Estado George Shultz expresaron que en Chile y Paraguay, como también en Cuba y Nicaragua, regían dictaduras militares y que la política exterior norteamericana se dirigía a contribuir a la transición democrática en esos países. El conflictivo tema del tráfico de drogas volvió a destaque en las relaciones paraguayo-norteamericanas, con visible irritación de la mafia stronista. Una serie de incidentes que de los pronunciamientos pasaron a los hechos deterioró aun más las relaciones a nivel oficial. Grave fue el ataque policial con bombas lacrimógenas en una reunión donde Taylor se hallaba participando. Un formal pedido de explicaciones del Departamento de Estado, respondido con evasivas en un primer momento, se sumó a agravios similares a diplomáticos de Bonn y Buenos Aires. El dictador Stroessner tuvo que dar marcha atrás, finalmente, con disculpas canalizadas vía Cancillería.

Para entonces las manifestaciones y marchas ya se habían ganado las calles, no obstante la represión desatada por fuerzas policiales y garroteros salidos de las seccionales Coloradas.

Entre los manifestantes también había Colorados. Eran del MOPOCO, ANRER, MOPOCONA, de la juventud universitaria contestataria y de otros movimientos que se iban desprendiendo de la ANR stronista.

Pero las facciones que aglutinaban más cantidad de afiliados eran todavía oficialistas, los tradicionalistas y los militantes. La pugna entre ambas se había generado por una de esas periódicas luchas de poder que se dan en cualquier partido. Mario Abdo Benítez, amanuense de Stroessner, fue proclamado por sus acólitos como candidato a ocupar una de las vicepresidencias de la Junta de Gobierno. Detrás de esa proclamación se jugaba el posicionamiento de los varios lugartenientes por la sucesión presidencial. La progresión de tal pugna provocó precisamente la división de cúpula entre los militantes volcados a la fórmula Gustavo Stroessner Presidente, contrapuesta a la de sus veteranos rivales tradicionalistas que ocupaban puestos claves en el aparato partidario y respaldaban el liderazgo del general Rodríguez.

Se discutía pues la suerte de los mafiosos ante el eventual impedimento o muerte de su máximo caudillo. En ese ambiente de confrontación irrumpió otro elemento. Fue el control sobre los negócios acaparados por los miembros de la mafia, de los cuales el narcotráfico con la actividad financiera conexa era bocado mayor. Andrés Rodríguez y Gustavo Stroessner (este último por delegación de su padre) tenían sus hombres, intermediarios y conexiones separadas en dicho campo. Eran competidores por el dinero grande y territorio. La disputa de poder que se inició en el frente partidario repercutió en los cuarteles y destruyó el orden de repartición de los beneficios dentro del Estado criminal. De momento los militantes ganaron la batalla por la Junta de Gobierno donde se impuso el cuatrinomio con Sabino Montanaro en la Presidencia en lugar de Juan R. Chaves.

La mafia tuvo pues su primera división y se hallaban enfrentados los stronistas pro-Stroessner contra los stronistas pro-Rodríguez. Las unidades militares quedaron dispuestas en uno y otro bando. El golpe en realidad fue preventivo para evitarla sucesión dinástica, una vez cerciorado Rodríguez que ello lo llevaría al retiro -que ya estaba en curso. El que terminó fuera fue Stroessner con su familia al concluir la primera guerra de mafias 5/. La jefatura se definió por las armas, como es costumbre entre gangsters.

Terminó la dictadura. Pero el crimen organizado no.

La dirección de los militantes fue desarticulada y encarcelada bajo acusación de estafa al Estado y enriquecimiento ilícito. Los militares no plegados al golpe fueron depuestos. Unos pocos fueron retenidos en los cuarteles donde se negoció su liberación contra entrega de parte de sus bienes malhabidos a los nuevos jerarcas. Los generales desplazados pasaron a la condición de jubilados pagados por el Estado.

En la reconformación de fuerzas la purgada plana mayor de las Fuerzas Armadas continuó dominando la escena política. Pero ya con un jefe y un discurso diferentes. Esta vez ellos eran los garantes de la democracia. Se permitió volver a los exiliados y la reapertura de los medios de prensa clausurados, se dejó actuar libremente a los partidos y sindicatos, se llamó a elecciones generales y el Partido Colorado unificado postuló a Rodríguez candidato. La unanimidad de las corrientes internas detrás de esta candidatura, con la sola exclusión de los militantes, exhibió crudamente lo que sería en adelante la realpolitik de la transición: coexistir con la mafia.

Los partidos de oposición aceptaron participar en las elecciones, sin ninguna condición o pacto de limpieza ni cronograma de transición. Fue decisión de sus dirigentes en mayoría entrar al proceso con el propósito de construir la democracia desde dentro. Era la tesis gradualista, la que soslayaba que el derrumbe de la dictadura dejó intactas las bases de sustentación del crimen organizado. Cuestión que no fue objeto de discusión en los directorios partidarios en 1989, tampoco en 1993. Tampoco lo fue en 1998.

El que inició la gesta libertadora arrasó electoralmente en mayo 1989. En el Congreso ingresaron los Colorados ex contestatarios, Liberales y Febreristas, pero en mayoría los que hasta meses antes habían sido stronistas declarados. Fueron electos también ex represores y ladrones que habían perdido su puesto en las movidas de pieza previas.

En retrospectiva, la transición fue construida como una casa sobre la arena. No hubo Comisión de Verdad y Justicia para investigar a quienes saquearon y violentaron a la población, no hubo reparación a los familiares de los muertos y desaparecidos ni a las víctimas de los campos de concentración e inválidos por tortura. Ningún gobernante pidió perdón por los excesos represivos. Las víctimas que tuvieron energía suficiente debieron transitar los pasillos tribunalicios donde salvo excepciones se encontraron con magistrados que habían sido digitados por su servilidad al dictador. Denuncias archivadas, querellas rechazadas, causas penales fraguadas en represalia y amenazas fueron el pan duro de los accionantes.

El Ejecutivo y los líderes políticos sentados en el Congreso firmaron cuanto pacto de protección y defensa de los derechos humanos se les puso enfrente. Pero el buscar justicia quedó librado a la persistencia de cada afectado, sin apoyo oficial. Los partidos se desentendieron del tema, más allá del discurso. Excepción de las pensiones graciables concedidas como favor a algunas víctimas y el proyecto de ley de indemnización a las víctimas de la dictadura presentado por los senadores Waldino R. Lovera, Nelson García Ramírez y Carlos Romero Pereira en 1993 (aprobado en 1996 con severos cortes, vetado y atacado de inconstitucionalidad por Juan Carlos Wasmosy) 6/. Todo lo demás fue pura retórica.

En cuanto a los bienes malhabidos, una ley de 1989 fue aprovechada por el presidente Rodríguez y sus yernos Gustavo Saba y Antonio Saccarello, Humberto Garcete, Francisco Sánchez González, Lino Oviedo y allegados para quedarse con bienes que sacaron a los mafiosos caídos. Una porción menor de lo recuperado fue destinada a la reforma agraria. Las causas incoadas contra dos docenas de ex altos funcionarios no resultaron mejor para el fisco, sí para los abogados y jueces que intervinieron en ellas. Aquello fue una comilona como lo confirmaron los expedientes Delfín Ugarte Centurión, Ramón Centurión Núñez y otros s/estafa en INC, y Eligio Tomás Franco y otros s/asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos públicos en BNAPV.

No es de extrañar que ante tanta desidia e incuria la mafia siguiera campante. Stroessner se asiló en Brasil y no se lo molestó siquiera con un exhorto de extradición. Rodríguez y los suyos no se hartaron de meter mano a las arcas del Estado. Algunos pocos generales cayeron por autotráfico y apropiación de dinero pero la repartija del presupuesto por contratos de obras públicas y aprovisionamiento sobrefacturados, las coimas, los negociados sobre la deuda externa y el tráfico de estupefacientes continuaron viento en popa. Ciertamente fueron derogadas las leyes liberticidas y se desmontó gradualmente la maquinaria represiva levantada durante el stronato. Las libertades públicas, libertad de prensa, de reunión y sobre todo los derechos políticos se ampliaron en el marco de un reformado Código Electoral y una nueva Constitución Nacional que entraron en vigor durante aquella primera etapa de transición. La tarea parlamentaria, habida cuenta las limitaciones opuestas por los poderes fácticos, fue en general lo mejor que se tuvo de 1989 a la fecha.

Hacia el final del mandato Rodríguez, los desencuentros en el Partido Colorado resurgieron alrededor de las internas para candidato a las elecciones de 1993. Por disposición constitucional Rodríguez ni sus consanguíneos inmediatos estaban habilitados a entrar en carrera para la Presidencia de la República. De modo que dos grupos compitieron en pos de tan codiciado trofeo. Luis María Argaña lideraba el mayoritario Movimiento de Reconciliación Colorada. Juan Carlos Wasmosy era el favorito de la cúpula militar y de los conocidos como barones de Itaipú.

Estaba visto que la mafia con mayores recursos y soporte militar no aceptaría perder, independientemente de lo que dijeran las urnas. El esquema se repitió en las elecciones generales que ganó con generoso aditamento de votos argañistas el candidato del PLRA, Domingo Laíno. Pero de nuevo Wasmosy quedó adelante en las amañadas cifras oficiales finales 7/. Artífice de la elaborada trampa en ambos casos fue un equipo técnico-militar que respondía al general Lino Oviedo, la nueva estrella en el firmamento del crimen organizado. La segunda guerra de mafias estaba gestándose.

SEGUNDA GUERRA DE MAFIAS

La asunción de Wasmosy representó el punto de largada de la partidocracia por ascenso de las cúpulas partidarias al centro de la arena política. El alejamiento del alto mando militar de su preeminente posición mantenida hasta entonces con presidentes-generales no fue fácil ni repentino. Su desarrollo provocó conatos de alzamiento y golpes frustrados que fueron desactivados con intervención de los gobiernos de países del MERCOSUR, Estados Unidos y la UE.

En la prensa y entre los analistas políticos se interpretó coincidentemente que las movilizaciones de cuartel contra los presidentes civiles fueron amenazas contra la democracia. Si se considera que la estructura del poder real básicamente no cambió en la transición, democracia es un concepto demasiado ambicioso para describirla. Sí hubo amenazas al proceso de transición por el repliegue del estamento militar al papel profesional asignado en la Constitución de 1992, repliegue resistido por las cúpulas del Ejercito y de un sector del Partido Colorado confesamente militarista. Ellos reaccionaron contra la pérdida de sus privilegios sostenidos fuera de la ley durante largo tiempo, por un lado, y por el otro atemorizados ante la prohibición a los militares y policías de participar en política partidaria. Detrás de la `falta de respeto' a las Fuerzas Armadas manifestada como protesta, se agazapaba el deseo de preservar el maridaje bastardo Partido Colorado-Fuerzas Armadas. El objetivo era que generales y directores partidarios gobernaran per sécula. Oviedo se puso a la cima de dicho proyecto y se ganó la adhesión de un considerable contingente militar-partidario. Paralelamente estaba ganando considerable fortuna en el ramo de los negocios sucios como contrabando de drogas, armas y el control de una porción de los contratos sobrefacturados con el Estado -la otra porción de estos últimos quedó en manos de Wasmosy y colaboradores.

Oviedo fue escalando aceleradamente en activos a la par que extendía su influencia en el ámbito partidario. Pero su audacia unida a un exhibicionismo tipo vaquero de western barato le granjearon la antipatía y el recelo de las otras armas y sus respectivos comandos [de la Fuerza Aérea y Armada]. Argaña había quedado con la sangre en los ojos por la maniobra de Oviedo que le arrebató la oportunidad de acceder al cargo del repetitivamente vituperado "usurpador" Wasmosy. Con el Partido Colorado escindido, sin base electoral significativa y ante la hiperactividad de su díscolo comandante del Ejército, Wasmosy realizó movidas tácticas hacia la oposición. Esta contaba con mayoría propia en Diputados y el Senado, mayoría que se volvía abrumadora si se agregaban los votos argañistas.

Las negociaciones entre Wasmosy, Domingo Laíno y Guillermo Caballero Vargas concluyeron positivamente para sus respectivos intereses. El Pacto de Gobernabilidad condujo a la repartición de cargos en el Poder Judicial desde Corte Suprema hasta Juzgados y Fiscalías, en la Justicia Electoral y Consejo de la Magistratura que entraban a funcionar, en la Fiscalía General y Contraloría. En algunas embajadas y consulados fueron nombrados afiliados al PLRA y PEN, lo mismo que en el Directorio del Banco Central y en varios otros entes descentralizados. Laíno se hizo gran elector y obtuvo beneficios en tal carácter como gratitud presidencial. Wasmosy cobró con creces y a varias manos la rúbrica del Pacto de Gobernabilidad con el visto bueno de las bancadas Liberal y Encuentrista en el Congreso. Visto bueno con el que se llevó a cabo el vaciamiento de los bancos privados Desarrollo, Corfán, Oriental y Unión, el BNT y de paso el IPS, como asimismo la aceptación de la deuda espuria de casi USD 4.200 millones a cargo de Itaipú por virtud del ilegítimo Acuerdo de Sao Paulo. El presidente tiró unos cuantos huesos a sus codiciosos aliados de la oposición para quedarse él con el lomo y la carnaza 8/.

La partidocracia estaba en marcha.

Pero Oviedo no quedó quieto. La marginación de sus seguidores de las cuotas del Pacto de Gobernabilidad le mostró que Wasmosy no era de fiar. Aumentó su nivel adversarial el hecho de que la Fuerza Aérea pusiera en apresto sus aviones de combate con el ostensible propósito de cortar una eventual movilización ofensiva de la Caballería. La Caballería disponía de armamento, equipo y tropa muy superiores a las de las otras armas combinadas y era leal a Oviedo. Este movía sus piezas en el Congreso donde contaba con su propia bancada informal de diputados y senadores. De tanto en tanto ordenaba acuartelamientos para presionar sobre Wasmosy La presión fue tan mal dosificada e insolente que terminó por poner frente a frente a los dos amigos.

Ambos se habían convertido en jefes de las mafias más poderosas dentro del establecimiento militar-empresarial y arrastraron tras de sí al Gobierno en pleno.

Aquella vez, abril 1996, la batalla fue verbal y diplomática. La oportuna intervención de los embajadores de Brasil, Estados Unidos y Argentina, del secretario general de la OEA y de los ministros de Relaciones Exteriores de los países del MERCOSUR evitó un enfrentamiento armado que parecía inminente. Oviedo cedió y trató de maniobrar pero ya el espacio se le había reducido y Wasmosy lo tiró a la cuneta. Recibió el mismo trato que él había dado a Argaña tres años antes. Sin embargo, ni uno ni otro se dio por vencido.

Argaña y Oviedo se enfrentaron de nuevo un poco más adelante, como cabezas del Movimiento de Reconciliación Colorada y Unión Nacional de Colorados Éticos. Ninguno practicaba la reconciliación ni tenía un ápice de ética. Contrario al proverbio, a esa altura el peor enemigo de un Colorado era otro Colorado. La lucha de mafias se había vuelto a todo juego. Tanto que hasta la Corte Suprema se vio obligada a resolver sobre la condena a 10 años impuesta a Oviedo en sede militar por los sucesos de abril 1996. El proceso lo llevó un Tribunal Militar Extraordinario ex profeso convocado para hundir al acusado. El motivo fue que Oviedo venía realizando una campaña de eficacia fulminante para alzarse con la postulación de la ANR de cara a las elecciones generales de 1998. Era amenaza brava para Wasmosy que Oviedo lograra convertirse en presidente de la República, e iba camino de lograrlo. Ello implicaba que el presidente saliente con absoluta seguridad iría a dar con sus huesos a la cárcel o en el exilio.

El fallo de la Corte Suprema convalidó lo actuado por el Tribunal Militar Extraordinario y tuvo el efecto de abortar la eventual victoria de Oviedo, en aquel momento ya elegido candidato de la ANR para disputar las presidenciales. Acto seguido se acordó la grotesca chapa Raúl Cubas Grau (segundo de Oviedo) - Luis María Argaña.

Los dos bandos tendrían ocasión para el desquite una vez concluidas las elecciones.

Fue algo más que desquite. El binomio Colorado ganó aquellas elecciones y apenas inaugurado Cubas Grau le dio la libertad a Oviedo. Utilizó la misma treta que Wasmosy, un fallo en revisión del Tribunal Militar Extraordinario. Desde aquel momento las compuertas de las pasiones políticas desbordaron. Oviedistas y argañistas se trenzaron en lucha sicopolítica, lucha de propaganda, lucha judicial y al final en una no asumida guerra. El elaborado complot oviedista ante la conspiración argañista -ésta buscaba desalojar a Cubas Grau de la Presidencia vía juicio político- tenía dos propósitos:

a. Eliminar al vicepresidente Argaña y así descabezar definitivamente al Movimiento de Reconciliación Colorada. Esto se logró a medias. Argaña fue asesinado pero su movimiento no se desbandó.

b. Despejar el camino al ascenso de Oviedo por medio de la convocatoria inmediata a elecciones de vicepresidente, las que aquél tenía asegurado ganar. Seguiría la renuncia de Cubas Grau y su reemplazo por el vicepresidente, extremo que implicaba la extensión del complot contra el propio presidente. Oviedo no participó a Cubas Grau de su diabólico plan, el cual concluyó al revés de lo previsto por uno de esos imponderables que definió prematuramente el curso de los acontecimientos.

Organizaciones campesinas habían convocado a sus bases para dejar saber a las autoridades sobre la crítica situación de pobreza que las agobiaba y peticionar medidas urgentes para la reactivación rural. De esas peticiones la principal iba dirigida al Legislativo para obtener una ley de condonación de deudas con entidades de crédito oficial. Unos 3.000 campesinos llegaron a Asunción de acuerdo al programa establecido. Esto ocurrió temprano el 23 de marzo 1999. Argaña fue baleado camino a su despacho esa misma mañana. Operadores oviedistas habían canalizado dinero para cubrir gastos de transporte y alimentación de los campesinos a objeto de utilizarlos para sitiar el Congreso, acorralar con denuncias a los legisladores corruptos (los no-oviedistas) y provocar caos en filas del argañismo. El dinero se entregó a algunos de los organizadores entre los cuales el más activo entonces era Alberto Areco, de la Federación Nacional Campesina (FNC).

Por tratativas paralelas con Laíno y Caballero Vargas, la facción oviedista mantuvo en un nivel manejable la cantidad de votos parlamentarios para prevenir la apertura del juicio político. Estas negociaciones tuvieron al diputado Conrado Pappalardo, los senadores Francisco Appleyard y Octavio Gómez como activos intermediarios. Ellos contaban con que los 2/3 de votos a favor del juicio político no se alcanzarían en la Cámara de Diputados y la iniciativa quedaría de esa forma constitucionalmente rechazada. Los números le daban la razón.

Sin embargo, esa aritmética comenzó a variar ante la presión de los Jóvenes por la Democracia, miembros de centrales sindicales y de la comunidad de derechos humanos que trataron de marchar hasta el Palacio de Gobierno. Fueron repelidos violentamente por fuerzas policiales, acción que alcanzó imprevistamente a los campesinos ya ubicados frente al Congreso. La posición de estos últimos dio un giro ante el ataque, repetido varias veces con mayor intensidad, agregado a la oferta de legisladores anti-oviedistas que estuvieron acompañándolos en el sentido de aprobar la ley de condonación de deudas y su rápida implementación bajo un nuevo Gobierno. En los días siguientes el número de manifestantes fue en aumento, plegándose sucesivamente universitarios y secundarios, activistas del PLRA, argañistas, PEN, PRF, personal de la salud pública, taxistas y varios otros colectivos de la sociedad civil. A la cuarta noche de vigilia fuerzas policiales y para-policiales desataron una balacera que resultó en la muerte de 7 jóvenes y centenares de heridos entre los manifestantes 9/.

Los diputados argañistas junto con sus pares Liberales y Encuentristas alcanzaron unas horas después el número necesario de votos para acusar al presidente por mal desempeño de funciones, e inmediatamente pasaron el pliego acusatorio a la Cámara de Senadores para el juzgamiento de rigor.

Veinticuatro horas después de aquella decisión, inédita desde la década del 20, Cubas Grau abandonó el cargo. La intervención conjunta del presidente de Brasil con el Departamento de Estado norteamericano, los representantes de la Santa Sede, de la UE y de los demás países del MERCOSUR definió la cuestión.

Los planes para sacar del medio al vicepresidente y luego al presidente se cumplieron, pero no como tenían previsto Oviedo y sus lugartenientes. El presidente renunció prematuramente ante la inminencia de ser echado por decisión condenatoria del Senado y el aislamiento de su Gobierno por la comunidad internacional. El complot fue en algunos tramos tan burdo que la convocatoria a elecciones para vicepresidente fue preparada por el ministro del Superior Tribunal de Justicia Electoral Carlos Mojoli antes que Argaña fuera declarado muerto. Otras pistas condujeron a la detención de uno de los partícipes del magnicidio y en base a su confesión a la de otros 2 miembros del equipo y al militar allegado a Oviedo que materializó el pago para realizarlo.

La secuela política de los trágicos sucesos de marzo 1999 fue el relevo de la mafia oviedista por la argañista al frente del Gobierno, con inclusión de Liberales y Encuentristas en el Ejecutivo de relevo. El entendimiento duró poco. Los Liberales se retiraron aquel mismo año, tapujados por el no honrado pacto de caballeros según el cual un vicepresidente Liberal acompañaría al presidente Colorado para enderezar rumbo. La cúpula del Encuentro Nacional se mantuvo al lado de los argañistas y se benefició con cargos, flete sobrefacturados de petróleo y contrabando de azúcar entre otros.

Los pactos Wasmosy-Laíno-Caballero Vargas y González Macchi-Laíno-Caballero Vargas fueron desastrosos para el país. En lo económico-social hicieron posible que el robo institucionalizado fuera llevado a extremos insostenibles para el fisco y forzara a la miseria a un creciente sector de la población. No pocos en ese contingente de indigentes ingresaron al delito marginal, con el consecuente crecimiento de la inseguridad en las calles. El pacto más reciente fue acompañado en un primer momento por quienes le sucedieron luego a Laíno al frente del PLRA. Dentro del directorio Liberal Julio César Franco y Miguel Abdón Saguier estuvieron en contra de integrar el gabinete del Gobierno de Unidad Nacional. Dicha postura fue llevada al debate político previo a la conformación del nuevo Gobierno, pero la mayoría se manifestó a favor y así fue que los Liberales integraron aquel gabinete. El error no tuvo otra consecuencia que probar a la conducción del PLRA la calidad de sus ocasionales socios.

Los últimamente mal avenidos argañistas se sacan la piel unos a otros. Entretanto van carneando todo lo que pasa por sus manos con un rigor digno de mejor propósito. Se tragan hasta las sobras.-Las empresas privatizables son su coto de caza preferido. Ante tal embate los empleados públicos adoptan una suerte de huelga de brazos caídos tratando de proteger sus puestos de trabajo -y los sindicalistas sus privilegios paralelos. González Macchi tiene en esos empleados unos acérrimos adversarios que podrían torcer la balanza. La conspiración dentro de su propio movimiento toma fuerza por etapas 10/. Las otras mafias no esperan su turno: trabajan activamente para llegar primero

NOTAS

1/ Dos obras comprensivas que explican el proceso de copamiento de la sociedad civil por el Partido Colorado stronista son de Marcial Antonio Riquelme, Stronismo, golpe militar y apertura tutelada (Asunción: CDE/RP Ediciones, 1992). Miriam Yore, La dominación stronista. Orígenes y consolidación (Asunción: BASEIS, 1992). Más precisiones se encuentran en la obra de José Ma. Blanch y otros, El precio de la paz cit., primeros capítulos

2/ El somocismo fue creación del general Anastasio Somoza García, primer director en jefe de la Guardia Nacional y más tarde presidente de Nicaragua. Se lo encuentra junto a Stroessner en la Reunión de los Presidentes de las Repúblicas Americanas en Panamá, julio 1956, donde se entrevistaron por separado con el presidente Dwight Eisenhower. Somoza García fue asesinado en septiembre 1956 luego de 2 décadas de aguda corrupción y ostentoso enriquecimiento de su familia, reemplazándolo en el cargo su hijo Anastasio Somoza Debayle. Desde la Presidencia y en control de la Guardia Nacional y el Partido Liberal, Somoza II continuó por otras 2 décadas el saqueo de su país hasta renunciar y huir en julio 1979. Un mes después llegó a Asunción donde Stroessner le dio refugio. Fue asesinado en septiembre 1980 por un comando guerrillero. Los Somoza y Stroessner, típicos gendarmes anticomunistas, desarrollaron políticas calcadas para sojuzgar y expoliar a la población con pilares en ejército de ocupación y partido político a su servicio

3/ Referencias sobre el terrorismo de estado como política gubernamental en Gladys M. de Sannemann, Paraguay en el Operativo Cóndor. Represión e intercambio de prisioneros políticos (Asunción: RP Ediciones, 1989). Alfredo Boccia, Myrian González y Rosa Palau, Es mi informe (Asunción: CDE, 1994). Una lista extendida de presos políticos y disidentes prisioneros durante el stronato se encuentra en Comité de Iglesias, Testimonio contra el olvido. Reseña de la infamia y el terror (Asunción: CIPAE, 1999)

4/ Los variados mecanismos y casos de corrupción y los abusos de poder relacionados a ellos se exploran, entre otros, en Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó (comp.), Dictadura, corrupción y transición (Asunción: BASE-IS, 1990). José Ma. Blanch, Edith Acuña y otros, El precio de la paz (Asunción: CEPAG, 1991). Aníbal Miranda, Corrupción y represión en el Cono Sur (Asunción: Intercontinental, 1993).También en Contraloría General de la República, Dictamen sobre el caso Itaipú, ABC, 20 de mayo 1998. Ricardo Canese, Corrupción en Itaipú: delito impune (Asunción: La Nación, 1997). Itaipú Binacional, Informe sobre el proyecto, 1974-1995 y Memorias 1990-1998. Yacyretá Binacional, Balances 1980 a 1998. Serie de notas de Ramón Casco Carreras en Suplemento Económico de ABC, 1999-enero 2001. Más referencias en Rogelio García Lupo, Paraguay de Stroessner (Barcelona: Grupo Zeta, 1989). Seguimiento en Carlos Martini y Myriam Yore, La corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo (Asunción: CIDSEP/UCA, 1998). Cifras en ABC edición especial, 31 de diciembre 1997

5/ Síntesis de los acontecimientos en Ultima Hora edición especial, 3 de febrero 1990. Referencias y contexto en José Luis Simón, La dictadura de Stroessner y los derechos humanos, vol.1 (Asunción: CIPAE, 1992). Anibal Miranda, Prisionero en Paraguay (Asunción: Intercontinental/ M & Asociados, 1989)

6/ La ley N° 838 que indemniza a la víctimas de violaciones de derechos humanos (1954 a 1989) fue sancionada en 1996 en base a una versión modificada presentada por los senadores Carlos Romero Pereira, Miguel Abdón Saguier y Elba Recalde. La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, vuelta a ratificar por el Congreso Nacional y atacada de inconstitucionalidad por el mismo Ejecutivo en 1996. En julio 1998 la Corte Suprema rechazó dicha acción, a partir de lo cual la referida ley se halla vigente. Pero no ha sido cumplida debido a innumerables trabas burocráticas. El Defensor del Pueblo que debe dar trámite a las acciones recién fue nombrado a fines del 2001. Hasta el presente no fue asignada partida presupuestaria para hacer frente al pago de las víctimas y el Ejecutivo en forma consistente se niega a reconocer la obligación del Estado a indemnizar

7/ Las internas de la ANR para elegir al candidato oficial del partido fueron trabajadas en secreto por un equipo de expertos bajo comando del general Lino Oviedo. Una de sus tareas fue mandar confeccionar más de 200.000 cédulas de identidad en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, documentos auténticos pero que no correspondían a personas físicas sino a personas virtuales. Esos documentos sirvieron para ingresar nombres en los padrones de la ANR y para votar, una vez distribuidos en los diferentes distritos del país. Aun así Luis María Argaña obtuvo más votos que Juan Carlos Wasmosy, lo que llevó a las autoridades de la ANR detener el conteo de votos, fraguar y adulterar actas hasta alcanzar el resultado deseado. AI efecto el representante del argañismo Diógenes Martínez fue comprado por la lista contraria, colaboración que le valió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Las cédulas de personas virtuales fueron luego utilizadas en las elecciones generales de 1993, pero de nuevo Wasmosy perdió, resultado que fue `arreglado' por el mismo equipo de expertos con agregado de compra de autoridades electorales. Los datos están reseñados en el Informe del Grupo de Observadores Independientes sobre las elecciones generales en Paraguay (LASA, 1993), Comité de Iglesias, Apuntes Trimestrales N° 42, enero-marzo 1997, pp. 9/11, y registros del Departamento de Identificaciones entregados al Tribunal Superior de Justicia Electoral previo a las elecciones generales de 1998

8/ Sobre el Pacto de Gobernabilidad y sus consecuencias ver Comité de Iglesias, Derechos Humanos en Paraguay, años 1994 a 1998. Marta González A. y Madelín Otazo, Porqué quebraron los bancos (Asunción: s/e, 1999). Contraloría General de la República, Dictamen sobre aspectos económico-financieros en la Itaipú Binacional (1998), con detalle sobre las deudas incurridas por las empresas FURNAS y ELETROSUL y las rebajas en el precio de la energía contrarias al tratado bilateral, bajo égida de los equipos A.. Stroessner-E. Debernardi y J. C. Wasmosy-C .A. Facetti

9/ Información abundante aunque contrapuesta, análisis y entrevistas en ABC, 23 de marzo al 30 de marzo 1999, El Día, edición especial, 23 de abril 1999. El director propietario de ABC y el co-propietario de El Día, Aldo Zuccolillo y Juan Carlos Wasmosy, son cabezas de dos de las mayores fortunas en Paraguay, quienes en aquella guerra de mafias se ubicaban el primero a favor y el segundo en contra del proyecto oviedista. El Día cerró a principios del 2000 pero Wasmosy siguió como empresario de prensa con Radio Uno y el periódico Popular, aparte del semanario Dinero y Negocios

10/ Una de las conspiraciones salió a luz con las declaraciones del senador Esteban Samaniego, de la ANR, quien acusó al presidente González Macchi y al vicepresidente Franco de recibir fuertes sumas de dinero desviadas de Aduanas y CONATEL. Samaniego expresó no tener ninguna prueba para avalar sus graves acusaciones, lo que restó toda credibilidad a las mismas. La intención tras lo expresado por el oscuro senador argañista era la renuncia del presidente y vicepresidente para así dar paso a nuevas autoridades, proyecto en el que se citó como involucrados a Juan Carlos Wasmosy, el presidente del Senado Juan Roque Galeano y otros parlamentarios afines a ellos. Crónica del caso en ABC, 7 de febrero 2001, pp. 3 - 4, derivaciones en Ultima Hora, 9 de febrero 2001, p.12. De momento el intento no prosperó pero tampoco finalizó la conspiración para tumbar desde su mismo Partido al presidente, aprovechando las crecientes protestas y movilizaciones ciudadanas contra su administración.

VIII EL GRAN DESAFIO

Paraguay no es el único país en la región que ha sobre explotado sus recursos humanos y naturales y generado inmensas riquezas, concentradas éstas en un muy pequeño estrato de la población. El examen de los grandes negocios transnacionales por parte de la Comisión de Investigaciones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina revela que el estamento parasitario vecino tuvo idéntica o mayor solicitud para acumular. En comparación a la deuda externa paraguaya registrada de USD 2.200 millones los USD 150.000 millones de Argentina parece sideral. Su Gobierno declaró la cesación de pago o moratoria y el sector público entró en virtual bancarrota a principios del 2002. Meses antes la diputada Elisa Carrió, quien había motorizado las investigaciones sobre los negocios sucios que darían lugar a aquel colapso, mencionó un punto de singular importancia histórica. Al reseñar el vaciamiento de la que fuera la décima potencia económica en el mundo -al presente quebrada- ella aludió a Potosí. En busca de metales preciosos siglos atrás los colonizadores españoles abrieron picadas en medio de la selva orientados por vagas referencias de los nativos y acicateados por el tesoro exhibido ante la Corona tras las correrías en territorio incaico. En algún lugar debía encontrarse la mina de la que se extrajo tamaña riqueza.

Resultó que hubo no uno sino varios Potosí. Europa se llevó gran cantidad de oro y plata pero además tabaco, café, madera, cacao, azúcar, algodón, yerba y otros bienes producidos con mano de obra esclava. En ciclos sucesivos la empresa colonial ejecutó un vasto pillaje, trasladó el producto a las metrópolis a la par que localmente impuso esclavitud, usó siervos. LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA, de Eduardo Galeano, referencia útil sobre aquel fenómeno, no se podría dejar de mencionar.

Sin la brutalidad de entonces, la apropiación contemporánea tuvo un ágil mecanismo en el crédito por un lado, la inversión directa extranjera por el otro. Mediante ellas y con soporte del servicio bancario a escala, la extracción del excedente se volvió más eficiente y redujo drásticamente el costo agregado. Las grandes empresas transnacionales y los principales centros mundiales del capital financiero no fueron los únicos beneficiarios, sin embargo. De la deuda externa cuyo montante subió vertiginosamente durante las últimas 4 décadas, también los prestatarios y en especial los contratantes con representación oficial ganaron. El Estado y sus empresas se hicieron responsables en cuanto al compromiso de pago, tratándose de préstamos públicos y aquellos privados con aval del fisco. Las respectivas autoridades quedaron a cargo de la administración de los recursos recibidos, el cual no fue efectivo en su totalidad. En los proyectos llave en mano y créditos de proveedores hubo un componente variable de equipos, servicios y tecnología -de magnitud considerable en los aprovechamientos de infraestructura como Itaipú y Yacyretá, por ejemplo. El circuito deuda inversiones permitió agrandar e institucionalizar la fuga de dinero. Este retornó a los países prestamistas y a paraísos fiscales por comisiones no registradas, sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, especulación financiera, sobornos varios y en no pocos casos fraude simple. De resultado aproximadamente un tercio de la deuda externa total de los países de América Latina se recicló de vuelta al exterior.

Con el tiempo quedaron al descubierto los nombres de poseedores de abultadas cuentas bancarias y bienes raíces, entre ellos dignatarios civiles y militares que comenzaron de la nada. Se volvieron inmensamente ricos, aseguraron su jubilación afuera y evitaron ser alcanzados por el brazo de la justicia mediante compra de resoluciones judiciales o apoyo político-legislativo.

La diputada Carrió estuvo cierta en hurgar los paralelos del Potosí para explicarla exacción de Argentina, que ha sido asimismo con diferencias de grado la exacción de la mayoría de los países de la región.

CAPITALISMO DE MAFIAS

En algunos análisis del Banco Mundial se lee capitalismo de claque para ilustrar la distorsión recurrente en las economías políticas tercermundistas. En Paraguay ha sido, por efecto de la relación entre dinero y poder político, capitalismo de mafias.

Más que exacción, se observa aquí pillaje sistemático llevado a cabo por las autoridades en connivencia con la burguesía fraudulenta 1/. Acerca de los desequilibrios socioeconómicos algunos afirman que han sido sobre-diagnosticados. No hubo tal exceso de diagnóstico. Se escribió mucho pero eludiendo en general la cuestión delictiva de fondo, la estructura del poder contraria a reformas que en su implementación fueron convertidas en remiendos de política.

Bajo el stronato esa estructura era jerárquica y ordenada, el Ejecutivo con el alto mando de las Fuerzas Armadas sus núcleos principales. El Parlamento y Poder Judicial eran órganos dependientes de los primeros. Con la transición aquel orden se destruyó. Los presidentes de la República y generales se vieron compitiendo por la porción de ganancias, prebendas y presupuesto con los políticos sentados en ambas Cámaras del Congreso y altos magistrados. En las mesas de negociación entre movimientos y partidos, no ya un solo partido, se intercambiaron cuotas y cargos, fondos e impunidad. Del férreo control de una cabeza se pasó a grupos enfrentados en los que una mezcla amorfa y cambiante de ex stronistas, opositores participacionistas y advenedizos más jóvenes tornó caótica la distribución. Se perdió la prelación. Los partidos fueron atacados por el dinero sucio y sometidos ante la necesidad de sus operadores por el voto a cualquier precio. El anterior banquete de iniciados alrededor del dictador degeneró en merienda de negros, expresión criolla que no alude al color de la piel sino a lo oscuro de la repartija. El mercado introdujo elementos que desbordaron la posibilidad de más comensales. Cuando Arturo Jara Avelli era presidente de la Unión Industrial Paraguaya propuso privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Consejero entonces del Banco Nacional de Fomento y empresario, Jara Avelli es todavía actor por el ramo de la industria. En cualquier caso su propuesta estuvo vigente a lo largo del stronato y quienes sacaron rédito de ella se vieron luego amenazados por el selectivo corte de exenciones durante la Presidencia de Juan Carlos Wasmosy. Algunas empresas sí, otras no, tal la nueva regla de juego que puso fuera de lugar a muchos viejos parásitos. El criterio de selección se basó en cuán cerca o lejos estuvieran del propio Wasmosy o su círculo los respectivos dueños de empresa. Los que dejaron de recibir favores gubernamentales se volvieron contrabandistas a tiempo completo o salieron del mercado. Al lado creció un tipo de inversionista que aprovechó las oportunidades de mayor competencia, a más del dinámico sector de economía cooperativa. Entraba a tallar la eficiencia dentro del arcaico sistema de privilegios bajo embate de clientelas que exigían un pedazo de la torta tales como gremios de empleados públicos, partidos de la oposición parlamentaria, bancadas y miembros individuales del Congreso y del Poder Judicial, gobernadores, intendentes municipales y otras autoridades de institutos creados por la Constitución Nacional '92.

Esta diversidad de fuerzas e intereses sin un árbitro capaz de conciliarlas, acabados los últimos caudillos por defunción o retiro, desembocó en una doble crisis:

a. de la estructura del crimen organizado

b. de la representación o liderazgo de sus grupos componentes.

Una y otra tuvieron sus raíces en las siguientes tendencias y/o elementos.

- Globalización de la información, tecnología e intercambio comercial con pérdida progresiva de los límites tradicionales de la soberanía estatal, acelerado por la integración al bloque supranacional MERCOSUR

- Preeminencia de la economía de mercado y democracia liberal en el continente y la sub-región, con su correspondiente sistema de equilibrios, contrapesos y regulaciones para las que el caudillo en función política se tornó anacrónico

- Presión de las convenciones internacionales y los organismos respectivos creados por ellas para la protección de los derechos humanos, para la lucha contra el crimen organizado transnacional, la piratería, el narcotráfico, el lavado de dinero, el contrabando de armas y personas y las acciones conjuntas de instituciones multilaterales y gobiernos en la prevención y represión de tales delitos

- Bancarrota del Estado por grandes fraudes contra el patrimonio público, déficit fiscal, retracción productiva y colapso de la triangulación de productos y consiguiente agotamiento del esquema clientelista-prebendario con base y dirección en el Partido Colorado

- Fragmentación de la mafia y pugna entre grupos mafiosos por acceder al Gobierno en alianza inestable con distintas facciones de las cúpulas partidarias no Coloradas y extensión de la delincuencia de alto nivel, vaciamiento de empresas del Estado y protección de grupos criminales desde el poder

- Pérdida de legitimidad de las autoridades por generalizada transgresión a sus obligaciones en los cuerpos ejecutivo, legislativo, judicial y de control con especial efecto adverso en materia de seguridad para las inversiones y condiciones para el crecimiento económico.

De esta confluencia de factores devino la errática conducción política ejemplificada por los gobiernos Cubas Grau y González Macchi, habiendo declinado progresivamente la capacidad de mando desde las confrontaciones de mafias. Desde mediados del 2000 se volvió de público conocimiento el trasfondo y los entretelones de los conflictos de poder así como la verdadera naturaleza de esta democracia implantada por los generales mafiosos, sostenida por políticos mafiosos y vacía de todo contenido salvo para quienes lucraron a su sombra y amparo.

No todos los generales y políticos estuvieron involucrados y entre ellos ciertamente hubo grados de participación y responsabilidad de acuerdo a su posición en la cadena de mando. Al Partido Colorado, institucionalmente, le cupo la mayor responsabilidad legal y política por incorporar e imponer candidatos a cargos electivos y sostenerlos en dichos cargos a pesar de la comisión de ilícitos objetiva y fehacientemente probados.

El problema que para la oposición se personalizaba en Stroessner no era en el fondo el de más peso, sino el Partido Colorado como estructura y la función que ha venido cumpliendo durante y después del stronato.

EL ENEMIGO PÚBLICO NÚMERO 1

Un partido que incorpora criminales en funciones gubernativas difícilmente puede deshacerse de ellos. La lógica del mando impone encubrirlos, defenderlos y apoyarlos sin importar que ello pervierta las leyes y demerite a los ojos de la comunidad internacional la imagen de la República. Tampoco importa, siguiendo tal lógica, la bancarrota del Estado teniendo su jerarquía los recursos y medios para evitar el pago de los platos rotos. Las riquezas malhabidas de los jefes Colorados, del stronato en adelante, ellos lo pusieron a resguardo en el exterior. Aquí dejaron el resto, en parte activo fungible a corto plazo de modo a expatriarlo ante la eventualidad de incautación o pérdida por expropiación de grupos contrarios. Las 2.100 familias más acaudaladas tienen sus casas de campo y residencias en Punta del Este, el más caro balneario de recreo en el Cono Sur. Otras 400 familias son propietarias de lujosas residencias en Miami y cercanías. Entre las que poseen villas en Camboriú y Florianópolis, Sao Paulo, Buenos Aires, Ginebra y Zúrich, Madrid y Nueva York hay no menos de 500 2/. Son 3.000 familias, aproximadamente 90 por ciento de ellas con pater familia Colorado y 10 por ciento favorecida por contratos y exenciones de presidentes Colorados.

Esas familias, especialmente los padres e hijos varones, sacaron del país una suma enorme que depositaron en cuentas bancarias protegidas por el secreto o confidencialidad de nombres y transacciones salvo indagación judicial o parlamentaria. Invirtieron además en bonos garantizados por el tesoro norteamericano y de países europeos, en acciones cotizadas por la bolsa paulista y neoyorkina, en participación de capital de sociedades anónimas desde Uruguay a Estados Unidos, en estancias concentradas mayormente en los estados y provincias limítrofes de Brasil y Argentina. Sin descontar algunas en Texas y California y hasta hoteles de lujo como el Internacional de Foz de Yguazú propiedad de Alfredo Stroessner y Humberto Barchini que fuera inaugurado en febrero 1984. Este hotel-casino 5 estrellas solamente tenía competencia en nivel de servicios con el Bourbon, y del lado paraguayo con el hotel-casino 3 estrellas Acaray del emprendedor Carlos Barreto Sarubbi 3/.

El menos prevenido de estos personajes -no se pasó a tiempo a filas del bando ganador en la puja de poder mafioso que eclosionó en febrero 1989- fue el general de Sanidad Hugo Dejesús Araujo quien cayó preso y tuvo que devolver porción de lo robado en su proficua administración al frente del IPS. Parte de esa rapiña lo había invertido en un rancho ubicado en el sur de California donde para pasatiempo mantenía su haras de pura sangre.

La gran masa de dinero no fue recuperada pese a datos específicos por denuncias, informes o publicaciones sobre depositantes y bancos en los cuales fueron colocados parte de aquellos fondos. Entre ellos destacan los nombres de Alfredo Stroessner y Gustavo Stroessner (Citibank Nueva York, Departamento de Banca Privada), Andrés Rodríguez y Gustavo Saba (Banca Velox y Banco Pan de Azúcar de Montevideo), Juan Carlos Wasmosy (Swiss Bank de Islas Caimán), Lino Oviedo (Banestado/Brasil y First Union National Bank de Miami), Enzo Debernardi (Scandinavska Bank de Estocolmo), Delfín Ugarte Centurión (Banque Worms/París), Luis González Macchi y esposa y hermanos (Ocean Bank de Miami y Trade and Commerce Bank de Islas Caimán), además de Gustavo Gramont Berres (condenado), César Romeo Acosta (sobreseído), Justo Eris Almada (condenado), José Tomás Centurión (condenado), Eligio Tomás Franco (sobreseído), Jotvino Urunaga (procesado), Luis González Macchi (imputado) y varios otros buenos paraguayos. Las varias veces presidenta de la seccional del barrio Ricardo Brugada Del Rosario Riveros, alias Ña Deló, tuvo la genialidad de llamar buen ladrón a su correligionario González Macchi "porque es Colorado". Habría que corregir aquello de buenos paraguayos por buenos ladrones para acercar algo de realidad a la terminología política local. Es probable que en algún tiempo futuro se los conozca como grandes ladrones, lo que ya se insinúa a partir de la condena impuesta en 1ª. Instancia por el juez Jorge Bogarín al ex presidente Wasmosy y al ex ministro Carlos Facetti por el fraude en el quebrado Banco Desarrollo.

Una golondrina no hace primavera pero es indicativa de cambio de estación. Con esfuerzo adicional más golondrinas podrían sacar de hibernación profunda los numerosos expedientes archivados en la Fiscalía General, Corte Suprema e instancias inferiores, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, Contraloría General de la República y otras.

Los grandes ladrones han sido previsores en exceso y fuera de toda proporción con su gestión se volvieron grotescamente afluentes. El presupuesto que año tras año iba creciendo goteaba cada vez con mayor velocidad a las cuentas privadas de los administradores de turno. Entre 1970 y 1999 el monto del fraude total al Estado fue del orden de los USD 33.000 millones, lo que representa un desvío promedio de USD 1.100 millones por año. Sin embargo, desde 1996 en adelante la cifra correspondiente superó aquel promedio histórico 4/. Si se tiene en cuenta que el PIB registrado no supera los USD 8.500 millones al año parece casi imposible que cuatro veces esa cantidad fuera apropiada por un pequeño estamento de rapaces altos funcionarios, grandes contrabandistas y contratistas privilegiados del pervertido círculo del poder -aquel núcleo duro de 3.000 familias con ingentes posesiones en el exterior, básicamente.

¿Porqué acumular tanto afuera, como lo corroboran adicionalmente las tablas del Anexo? Por dos razones estrechamente vinculadas.

Primero, por la inseguridad que impera en el país. Para los grandes ladrones no es suficiente protección la policía, los militares, guardias privados, jueces y fiscales a su disposición. Desconfían que en algún momento algo pueda ir mal, sea una lucha de poder que pierdan como grupo o una campaña de prensa `enemiga' demasiado vigorosa unida a la presión antimafia desde el exterior y algún magistrado no comprable. Desconfían que repentinamente pueda sobrevenir una `dictadura comunista' -eufemismo por `gobierno no complaciente con la mafia' sea de cualquier tendencia o filiación ideológica. Desconfían de las instituciones. Desconfían de sus amigos Colorados que mañana bien podrían ser sus peores enemigos, como la experiencia les ha enseñado. Ellos mismos crearon esa situación y de manera imprevista si no fortuita los efectos de largo plazo se están volviendo contra sus intereses.

Segundo, porque así como ganaron por caminos torcidos temen perder todo. La cárcel, la pérdida de sus bienes plantados dentro, la expulsión de su territorio de poder y círculo social, la exposición en los medios los impulsa a precaverse. La honra puede caer aunque se repita que en Paraguay nadie pierde o gana reputación, pero más que honra a los temerosos multimillonarios les importa el efectivo. Lo más expeditivo es sacar mucha cantidad, comprar residencias confortables y mantener reserva líquida suficiente para resistir el invierno de la jubilación forzada, la manutención de la familia, el estudio de los hijos, etc. En cierto sentido es como tender una red de salvamento habida cuenta el origen ilícito de esas fortunas, para no sufrir por el camino las estrecheces del exiliado ni la pobreza que debieron soportar de niños. Por el primitivismo que permea la política el exilio sigue siendo referencia aunque no masiva como bajo la dictadura. Por otro lado las ex autoridades prófugas suelen acogerse al asilo político.

La cantidad de bienes acumulados y concentrados resulta extraordinaria en comparación a la que se conoce de otros países. En Argentina los multimillonarios principales no están lejos en cifras: Gregorio Pérez Companc y familia USD 1.700 millones, Roberto Rocca y familia USD 1.600 millones, Amalia Lacroze de Fortabat y familia USD 1.000 millones, Ernestina Herrera de Noble y familia USD 1.000 millones. De este lado Juan Carlos Wasmosy y familia USD 1.400 millones, Aldo Zuccolillo y familia USD 1.200 millones, Gustavo Saba y Mirtha Rodríguez de Saba USD 1.150 millones, Blas N., Riquelme USD 1.100 millones son desproporcionadamente archimillonarios visto que la economía paraguaya es una enana frente a la argentina. Ya no se sitúan entre los primeros Nicolás Bo y familia desde que esa fortuna se partió en dos. Tampoco Lino Oviedo y asociados ni Alfredo Stroessner y Gustavo Stroessner que han venido perdiendo terreno frente a sobrevivientes más hábiles en las circunvoluciones de los negocios y en evitar encuentros brutales con enemigos de peso. En Chile se registra un número incluso menor de familias por encima del rango de USD 1.000 millones, encabezados por el grupo Luksic y el de Eliodoro Matte cada uno con USD 1.300 millones 5/. La economía chilena es mucho más estable y crece sin los altibajos pronunciados que exhiben las de Argentina y Paraguay. Tiene a su favor un menor índice de corrupción, lo que en mucho se debe a la rápida recomposición del sistema democrático en la transición.

El Partido Colorado que propició y prestó su concurso para levantar grandes fortunas y ayudó a consolidarlas en manos de un grupo mafioso que hizo uso y abuso del poder, no fue considerado como peligro hasta recientemente. El peligro era visto en los stronistas y sus secuaces, luego en los oviedistas dependiendo desde qué óptica se miraban. Los opositores se cuidaron de no expresar en público sus pensamientos cuando los ataba alguna prebenda en el Congreso o en Juntas Municipales.

Quizás el no haber contado con un análisis a fondo del stronato o el hecho que Alfredo Stroessner tuviera notoria preeminencia sobre los directores partidarios llevara a restar importancia al aparato, considerando desde aquí y ahora aquel periodo de rígido control bajo estado de sitio. Quizás se debiese a que el partido-estado brindara cierta seguridad y abriera fuentes de empleo a sus adherentes, obviamente bajo condiciones de lealtad y silencio sin que existiera otra opción de movilidad o ascenso para la mayoría de la población.

Aliado a Stroessner y sus generales, el Partido Colorado subordinado fue parte de la maquinaria del terror con corrupción. Una vez instalada esa maquinaria se convirtió en enemiga de la ley y por ende de los derechos de la persona humana, del ciudadano, de la comunidad como un todo. Pervirtió la ley, violentó la ley y dado sus intereses en cuanto a sociedad criminal con la Junta de Gobierno cual engranaje político, reprimió y torturó a los de la vereda de enfrente e hizo desaparecer a los que consideró irrecuperables. Estos últimos chocaron frontalmente contra el régimen y su jefe, tomaron la vía de la insurrección o se prepararon con armas. Fueron relativamente pocos en número (efectivos del Movimiento 14 de Mayo, FULNA, OPM, EPR, núcleos de la juventud Liberal, Febrerista y del MOPOCO rebelde en el exilio). La actividad de estos movimientos al no erosionar la sustentación del régimen con su ancha base partidaria permitió que se afianzara. Al derrotar a sus enemigos divididos dentro y fuera y entre ellos, Stroessner quedó cada vez más firme y aprovechó la circunstancia de aquellos alzamientos para apretar al resto de los disidentes, negociar con absoluta ventaja el ingreso de fracciones opositoras al ruedo electoral y ganar en legitimidad. Tenía su partido y su oposición.

Con Rodríguez algunos factores cambiaron. El recompuso parcialmente la unidad partidaria abriendo las puertas de la Junta y del Congreso para que los contestatarios proscritos anteriormente tuvieran cabida, dejando fuera a los militantes. El presidente que inició la transición bajo tutela militar tuvo el privilegio de contar con apoyo de su partido pero éste se dividió ante la decisión del alto mando a favor de Wasmosy como sucesor digitado, quedando Argaña de contendiente interno. La puja permitió una inusual fluidez de alianzas transitorias en medio de la prematura campaña electoral en cuyo transcurso se sancionó una Constitución pluralista, garantista y con recortes drásticos a las facultades del Ejecutivo. La Convención Nacional Constituyente tuvo representación Colorada (con varios movimientos en su seno), del PLRA, PRF, PDC y Constitución para Todos, este último con Asunción para Todos, liderado por el intendente de Asunción Carlos Filizzola junto con las centrales sindicales CUT, CNT y Coordinadora Nacional Campesina. Hubo pues variedad de tendencias, corrientes y liderazgos en aquel cónclave que al Partido Colorado le sirvió para promover figuras jóvenes. Más adelante estos Colorados jóvenes habrían de incorporarse a la función ejecutiva, parlamentaria y a distintas administraciones de empresa.

No obstante aquella renovación de cuadros superiores, la jefatura continuó como coto de los tradicionalistas, si bien ya dispersos en varias facciones y teniendo de fondo el abierto enfrentamiento entre Wasmosy y Argaña. A partir del fraude orquestado por la Junta y la plana mayor del Gobierno con el respaldo de Rodríguez, Wasmosy salió ganador en las internas convocadas para elegir al candidato presidencial. Desde aquel trance la ruptura entre argañistas y wasmosistas-oviedistas quedó sellada, dejando ancho espacio a la oposición para alzarse con el poder en las primeras elecciones bajo la nueva Constitución, libertad amplia para proselitismo y nueva autoridad fiscalizadora/juzgadora de las elecciones.

El robo de la candidatura a Argaña probó que en el Partido Colorado, a pesar de cuanto pudo avanzarse en el marco legal institucional, las prácticas delictivas no podían ser desterradas. El fraude se repitió en las elecciones generales. Cédulas falsas, padrones manipulados y votantes fantasmas no fueron suficientes, de modo que el equipo bajo dirección de Oviedo adulteró urnas y actas para proclamar ganador a Wasmosy. Laíno ganó en votos, igual que Argaña anteriormente, pero le fue arrebatada la victoria en los cómputos. El gran elector fue Rodríguez, secundado por sus generales, sus órdenes dócilmente acatadas por el presidente de la Junta Blas N. Riquelme. La sociedad criminal mudaba de cara pero no de hábito.

En lo sucesivo las trampas de padrones y urnas fueron en descenso, habiéndose conformado una justicia electoral con su propio Tribunal Superior de tres miembros y representación de los 3 partidos mayores, Colorado, Liberal y Encuentro Nacional. Pero en sentido contrario aumentó el monto de dinero puesto tras candidaturas compradas y los levantamientos militares a su vez condujeron a judicializar procesos electorales de parte de los caudillos Colorados remisos en sanear su partido. El saqueo de bienes públicos se salió de madre y ya no tuvo un solo equipo beneficiario sino varios en disputa al mismo tiempo. Fue absoluto el predominio de los bandos Colorados en esta tarea vía Presidencia de la República, ministerios y empresas del Estado bajo su control.

El enemigo no es solamente de discurso, es de hecho y fundado en las desembozadas prácticas de una agrupación que no fue capaz de purgarse desde dentro. Sus actos son criminales partiendo del abuso de poder de las mafias mejor dotadas económicamente que por su conexión con las estructuras gubernamentales se trasladan a los tres poderes del Estado y tienen como víctima a la nación entera. El Partido Colorado cual organización victimiza a la población para beneficio de los caudillos, operadores y lugartenientes en alta proporción reciclados del stronato. En lo esencial su dirigencia es producto del dinero robado que adquiere votos en arreglos de trastienda. La oferta política se utiliza nada más como cosmética de aquellos arreglos. Antes que competencia libre hay soborno, amenazas de despido de los puestos públicos, tráfico de influencias y sobre todo fuerza abierta o encubierta.

Esa es la faz oculta del Partido Colorado, enemigo público número 1 por violación sistemática y grave de la ley, por generar pobreza abyecta mientras sus principales roban a manos llenas. Ellos nunca se cansan y no tienen piedad por sus víctimas. Las cúpulas de los demás partidos que desde 1963 han venido encubriendo tal estado de ilegalidad ¿hicieron algo significativo para combatir realmente a ese enemigo y ganar el respeto de la ciudadanía? Sobre el punto valga repetir lo que ya expresara en 1915 Eligio Ayala, el más destacado estadista paraguayo:

"Los partidos en vez de ser útiles a la patria utilizan la patria; en vez de servir sanos intereses nacionales en el gobierno, hacen que el gobierno les sirva a ellos. Dos o tres caudillos a la cabeza de sus partidos han luchado unos contra otros... como si en todo el Paraguay no existiera espacio suficiente para ellos. Cada uno busca su fortuna en la ruina del otro. Derrocan y son derrocados, persiguen y son perseguidos, encarcelan y son encarcelados, destierran y son desterrados" 6/

La consecuencia del prolongado extravío político, criminalizado de la dictadura en adelante, ha sido la exclusión miserable de gran parte de la población. AI final de la década pasada la mitad de ella sobrevivía con menos de USD 2 por día según los indicadores compilados por el Banco Mundial. En América del Sur solamente Bolivia y Ecuador superaban ese índice con 51 por ciento y 52 por ciento de las poblaciones respectivas sobreviviendo con menos de USD 2 por día. Países africanos como Zambia, Namibia, Tanzania y Senegal se ubicaban en proporción que iba de 55 por ciento a 67 por ciento de sus respectivas poblaciones en aquel rango de extrema pobreza 7/.

No es una posición que pueda ser glorificada o alabada, contrario a lo que hacía la propaganda oficial para restar crédito a las denuncias durante la dictadura, en la transición admitida para pescar donaciones del exterior.

Después de toda la rimbombante propaganda sobre la Revolución Pacífica y posteriormente sobre la Democracia sostenida por los panegiristas Colorados y sus aliados de otras cúpulas, quedaron nada más que las cifras de una realidad oprobiosa. Esta realidad oprobiosa es la desnuda contratara del latrocinio brutal que el sindicato del crimen ejecutó mediante la violencia en Paraguay, latrocinio cuya magnitud se halla resumida en la tabla siguiente.

LATROCINIO BAJO GOBIERNOS DE LA MAFIA

MONTO - PROMEDIO X AÑO (MILLONES DE USD) */

Gobierno Stroessner 1954-ago.1974  - 9.200 - 460

Gobierno Stroessner 1974- feb.1989 - 15.400 - 1.030

Gobierno Rodríguez 1989 - ago.1993 - 4.500 - 980

Gobierno Wasmosy 1993-ago.1998  - 6.500 - 1.300

Gobierno Cubas Grau 1998 -mar.1999  - 300          -

Gobierno González. 1999-mar.2002  - 4.200 - 1.400

Gran Total Del Periodo 1954-marzo 2002 - 40.100

*/ Cifras redondeadas a partir de centena de millón en valores constantes del año 1999. Excluye triangulación de mercaderías, narcotráfico, armatráfico y delitos transfronterizos conexos. Corresponde a la sumatoria de evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, malversación, apropiación de caudales, estafa y fraude al Estado, gobernaciones y municipalidades con inclusión de desvíos por Itaipú y Yacyretá del lado paraguayo. Detalles en la última tabla de Anexos. Valores deflactados según estadísticas del FMI, conversión a moneda de EE.UU.

Fuentes: Ministerio de Hacienda, Presupuesto general de la Nación 1954-1967. Congreso Nacional, Presupuesto general de la Nación 1968-1989 y 1990-2001. Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales/Balanza de pagos hasta año 2001. Secretaría Técnica de Planificación, Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, diagnóstico 1971-1975 y síntesis del diagnóstico socioeconómico 19701975. Secretaría Técnica de Planificación, El esfuerzo nacional y el financiamiento externo (1982). Alfredo Stroessner, Mensaje del Excelentísimo señor presidente de la República y comandante en jefe de las FF.AA de la Nación al Honorable Congreso Nacional, 1958/1988. Luis Campos y Ricardo Canese, El sector público en el Paraguay: análisis de sus inversiones y empresas (1987). Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó, comp., Dictadura, corrupción y transición (1990). ABC edición especial 31 de diciembre 1997. Congreso Nacional, Comisión Bicameral de Investigaciones, Expediente sobre bienes malhabidos (1994). Contraloría General de la República, Informes de auditoría a distintos Ministerios, Empresas del Estado, Gobernaciones y Municipalidades 1994-2002. Anibal Miranda, Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas (2000), en especial tablas 10 y 12. Banco Mundial/FMI, Country reports-Paraguay 1959 ss. Banco Mundial, Social Indicators of Development 1990 ss.

Emprendedores inversionistas han hecho de los juegos de azar, el entretenimiento y los espectáculos una industria integrada de proyección mundial. Las Vegas es su escaparate más vistoso y colorido. Los mayores traficantes con poder de Paraguay gustan del colorido y la fastuosidad pero no van a Las Vegas. Ellos hicieron aquí mismo su mercado de las apuestas de alto riesgo y del Partido Colorado su buque insignia. El Partido Colorado del último medio siglo se compara a un consorcio muy cerrado por arriba, CASINOS SA, permeable por los costados donde funcionan zonas de libre tránsito. Es un emporio de juegos sucios legalizados que atrae a incautos y también advenedizos en busca de hacer saltar la banca con buena suerte. A la larga los únicos que ganan dinero grande son los accionistas-directores, sus asociados y administradores, si bien ellos reparten dinero chico en los miles de tragamonedas, ruletas, punto y banca, timba diversa y mantienen trastiendas para la prostitución organizada de donde recolectan con rigor y sin pausa.

A los casinos respetables del Primer Mundo se otorga licencia para operar, se les controla los libros y sus ganancias están sujetas a gravamen. AI Partido Colorado nadie le controla y hace lo que le da la gana ya que el aparato estatal está integrado, no precisamente subordinado, a él. Opera en base a trampas sistemáticas. El patriarca Alfredo Stroessner impuso dura lección a los audaces que ganaran mucho y mostraran intenciones de llevarse la plata a casa cuando no eran de su séquito. Sus feroces guardias se amontonaban e iban directo sobre el ocasional ganador, le vaciaban los bolsillos y molían a golpes para luego tirarlo por cualquier baldío si no lo desaparecían definitivamente. El trabajo se refinó con los sucesores, quienes nunca perdieron el control de los negocios pero aceptaron mayor participación de no Colorados para mantener ordenadas las mesas de dinero.

En CASINOS SA se puede ganar dentro de los límites permitidos. Pero nadie puede tomar la caja fuerte ni molestar en la contabilidad y el monopolio real descansa exclusivamente en la jerarquía Colorada. Ella defiende por la fuerza su territorio. Le sobra oficio en los ramos de extorsión, soborno, chantaje, saqueo, represalias violentas y con asiduidad cada vez mayor en la compra de gente -que se dice todavía finamente compra de conciencia. Toda vez que el mercado o la jerarquía se encuentra en riesgo extiende un poco más su red operativa para adscribir potenciales competidores. Así han ido cayendo políticos participacionistas de distinto origen y bandera, la informe burocracia sindical por sus cabezas, el infame empresariado parásito por sus más corrompidos titulares y una amplia gama de aspirantes a la gloria rápida y el poder efímero. La extendida seguridad se encarga de mantener a racha posibles infiltrados, expulsar competidores rebeldes, educar usuarios y evitar desorden. La Colorada es una cadena con fuerte resguardo y altos rendimientos, el máximo sindicato del crimen en el Paraguay contemporáneo.

Desde que Lino Oviedo, aventajado estudiante de las prácticas del stronato, intentara tomar por asalto el tesoro y desplazar a la jerarquía aquel sindicato ya no es el mismo. Se ha venido a menos y descompuesto. En sus filas hay conatos de motín alimentados por la visión de una riqueza fabulosa que sus poseedores han ido transfiriendo afuera por precaución (ver tabla correspondiente en Anexos). CASINOS SA está en franca crisis, pero quien crea que resignará sus privilegios por las reglas de la alternancia va muy equivocado.

NOTAS

1/ Ver de Andrew Nickson, Paraguay power game (London: Latin Amerícan Bureau, 1980). Paul Lewis, Paraguay under Stroessner (Chape) Hill, N.C.University of North Carolina Press, 1980). Más información en Anibal Miranda, Crimen organizado en Paraguay cit., cap. 3 a 6

2/ Datos basados en Atalaya de Inmuebles, empresa de compra-venta de propiedades con sucursal en Punta del Este y casa central en Asunción, TeVeo Revista, febrero 2000. Registros sobre inmuebles en Miami Beach y condado Miami-Dade, Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires y las otras ciudades aparecen en Anibal Miranda, Crimen organizado en Paraguay cit., cap. 10

3/ Datos en inmobiliaria y agencias de turismo de Ciudad del Este y Foz de Yguazú, confidencial, recabados años 1988 y 1995. Ver ubicación de otras propiedades y nombre de los respectivos propietarios en ABC edición especial, 31 de diciembre 1997, y en Anibal Miranda, Dossier Paraguay, Los dueños de grandes fortunas cit., tablas 12 ss.

4/ Cifras desagregadas en Anibal Miranda, Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas cit., tabla 10

5/ Forbes, June-July 2001. Forbes, October 2000. Merryll Lynch Investment Bank/ Cap Gemini Ernst & Young, World Wealth Report 2001. Para fortunas de paraguayos ver Anibal Miranda, Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas cit., tablas 8 y 9

6/ Eligio Ayala, Migraciones paraguayas. Algunas de sus causas (Asunción: Archivo del Liberalismo, 1989), pp. 108 y 110. Ministro de Hacienda en el gabinete del presidente Manuel Franco, Eligio Ayala asumió la Presidencia de la República en agosto 1924. Su buena administración mostró que en Paraguay es posible hacer servicio público y atender el interés nacional cuando la conducción es austera, firme y laboriosa

7/ Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002, resumen en ABC, 23 de abril 2002, p. 15. La cifra de Paraguay corresponde a 1998.

ANEXOS

PRONTUARIO DE LA ANR

1885 ss. El general Bernardino Caballero, presidente de la República, su también adinerado compadre el ex ministro de Hacienda general Patricio Escobar en colusión con quienes más adelante conformarían la plana mayor del partido oficialista propician e implementan la venta masiva de tierras públicas. Estas son transferidas a precio de remate y en cuotas, algunas nunca canceladas o no asentadas como ingreso en los registros que comienzan a ser publicados por el Ministerio de Hacienda en 1914. Se reimplanta la esclavitud en las grandes explotaciones yerbateras y madereras bajo el mensú. De esas explotaciones las más ricas y extensas en la región Oriental quedan en poder de Caballero, Escobar y sus asociados extranjeros entre quienes sobresalen capitalistas con firmas domiciliadas en Londres que obtienen adicionalmente el monopolio sobre el transporte ferroviario.

1887. Fundación del Partido Colorado bajo la égida de los generales-terratenientes Caballero y Escobar. Se acentúa la subasta de tierras públicas y aumenta el número de mano de obra en los yerbales. La Industrial Paraguaya surge como factoría principal en términos de producción. Sus ramas conexas explotan el ferrocarril del Estado (subastado directamente), los dos mayores bancos (uno de ellos con participación temporal del Estado), el comercio exterior y las recaudaciones aduaneras en el litoral norte de los rios Paraguay y Paraná. En las inmensas posesiones de LIPSA el hombre desciende a la categoría de esclavo comparable a los negros en el sur de Estados Unidos, Brasil y las posesiones inglesas en el Caribe, cuyo valor se mide por la cantidad de arrobas o quintales que produce efectivamente. Subyace en la política gubernativa de favorecer la inmigración de europeos blancos la concepción racista que descalifica al mestizo como "indolente y poco afecto al trabajo".

La explotación de bienes primarios con destino al mercado externo bajo el régimen de esclavitud disfrazada determina el estilo de desarrollo de Paraguay, altamente concentrador de la renta y totalmente dependiente de los centros metropolitanos a través de Buenos Aires.

1947. Junta de Gobierno decide apoyar al general Higinio Morínigo para aplastar la insurrección de una mayoría del Ejército y partidos políticos anti-moriniguistas. Se desata la guerra cívico militar en cuyo transcurso los prisioneros son pasados a degüello 0 fusilados, sus propiedades y las de sus aliados son sistemáticamente saqueadas. El éxodo masivo de paraguayos a Argentina es la resultante de ese conflicto, junto con la Coloradización del raleado Ejército. Fuerzas de seguridad y administración pública son copadas y utilizadas para servir a las facciones victoriosas Coloradas que se turnan en el poder.

1955. El general Alfredo Stroessner inaugura el terrorismo de estado como estrategia política dentro de los lineamientos de la `doctrina de seguridad nacional', con adhesión de una parte de la dirección Colorada. Se profundiza la afiliación compulsiva de funcionarios públicos desde los más altos rangos hasta policías, maestras y enfermeras. El Partido Colorado purgado se convierte en la única organización de masas y el más eficiente instrumento de control sobre la población para facilitar su encuadramiento, por un lado, la explotación de la mano de obra por el otro. La extrema derecha partidaria y militar se identifica con el programa del régimen que privilegia la guerra contra la subversión y la apertura indiscriminada del territorio a criminales prófugos, traficantes y terroristas que hacen del anticomunismo una pantalla apta para todo tipo de negocios sucios (Miro Baresic, Ante Pavelic, Auguste Ricord, Gerardo Vianini, Alexander Barton, Anastasio Somoza Debayle, etc.). Teniendo de base la trilogía Gobierno-Partido Colorado-Fuerzas Armadas Stroessner instala el crimen organizado cual gobierno, fenómeno sin precedente en la historia política de Paraguay.

1959/1960. Luego de expulsados los dirigentes Colorados inclinados a una tímida apertura, el régimen se endurece ante los intentos de insurrección que son combatidos con ferocidad y. destruidos. La movilización de guardias Coloradas desde sus bases seccionales, complementos de la fuerza policial-militar, sirve para imponer por el terror la realidad de un orden segregado donde hay privilegiados o ciudadanos de primera, y excluidos a quienes se aplica el mbareté. En los hechos los excluidos no gozan de derechos, son objeto de maltrato y en el peor de los casos de encierro o entierro. Los sindicados como `subversivos peligrosos' o `comunistas' acaban desaparecidos después de interrogatorios que por su brutalidad se asemejan a los de la GESTAPO durante la II Guerra Mundial. El súbdito alemán Stroessner y sus generales tienen en la Junta de Gobierno un colegiado totalmente complaciente tanto para los excesos represivos como para llenar las urnas y actas electorales con los resultados que se les antojan.

1968 ss. Gran parte de la oposición partidaria entra en el juego del régimen y lo legitima ampliamente a cambio de ocupar 1/3 de curules en el Congreso bicameral que reemplaza a la Cámara de Representantes y en las juntas municipales. Los políticos Liberales y Febreristas en su mayoría aceptan la hegemonía del Partido Colorado y esperan que cumpla con la alternancia al cabo de los dos periodos que establece la Constitución como límite para el mandato presidencial. Se equivocan, se pelean entre ellos y se dividen más de lo que ya están. El estado de sitio, contrabando a escala y latrocinio de bienes del Estado concede a los que mandan una ventaja insalvable en relación a la oposición fragmentada y desorganizada.

1976. El régimen desata la más amplia cacería de subversivos desde los sucesos de 1959/1960, esta vez contra la OPM, Ligas Agrarias, EPR y una serie de organizaciones de base que incluye centros de formación secundaria y cooperativas. De las redadas anteriores y de las realizadas durante el primer semestre de 1976 el número de detenidos es tan alto que se agrega a las comisarías, alcaldías y otras prisiones los campos penales de Emboscada y Abrahán-Cué. Los desaparecidos también van en aumento.

Voceros partidarios Patria y La Voz del Coloradismo hacen frenética apología del delito -los delitos de poder son ensalzados como actos de patriotismo- azuzan por más represión, amenazan abiertamente, calumnian y fabrican cargos contra los disidentes que son indistintamente catalogados de comunistas, idiotas útiles o malos paraguayos. Años después se descubriría que en realidad eran personas rebeladas, muchas simplemente difamadas, y por tal razón oficialmente segregadas.

Completada la limpieza de subversivos el Partido Colorado vuelve a proclamar candidato a su líder máximo y éste gana cómodamente las elecciones de 1978, sexta consecutiva de la serie. La Constitución es al efecto arreglada en una Convención falazmente denominada Nacional Constituyente dirigida por Juan R. Chaves, J. Augusto Saldívar, Sabino A. Montanaro, Ezequiel González Alsina, Luis María Argaña, Carlos A. Saldívar, Saúl González, César Barrientos y Raúl Sapena Pastor. Los halcones Colorados ejercen control absoluto de las decisiones partidarias, de la actividad legislativa, judicial y propagandística, si bien acatan sin discusión las directivas de Stroessner. Entre ellos se sostiene un matrimonio de conveniencia en parte por las ganancias compartidas, en parte por el temor de los primeros a la expulsión y el ostracismo. Mediante la sumisión rastrera los Colorados evitan procesos stalinistas sumarísimos, como los que habían determinado inapelables sanciones contra muchos correligionarios anteriormente. Las condiciones imponen trepar y evitar las trampas esparcidas por correligionarios más codiciosos, o quedar fuera de juego. Rige la ley del silencio.

1988 ss. Octava elección presidencial de Stroessner como candidato oficial del Partido Colorado en medio de creciente resistencia ciudadana y activismo opositor, previa purga de una facción de los halcones con Juan R. Chaves a la cabeza. La corporación Colorado-militar se ve sometida a los rigores del aislamiento internacional por sistemáticas transgresiones a la Constitución, violaciones de derechos humanos, agresiones a la jerarquía religiosa liderada por el arzobispo Ismael Rolón y a representantes diplomáticos de Estados Unidos, Argentina, Alemania. Investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el régimen es instado a adoptar medidas conducentes al restablecimiento de las libertades cívicas ante la comprobación que continúan las detenciones arbitrarias, tortura y maltrato de prisioneros políticos. La suma de presiones internas y externas, descomposición del oficialismo Colorado y enfermedad del dictador resulta en una primera guerra de mafias y su epílogo el levantamiento militar de febrero 1989. Unos 25 soldados y cabos muertos y otro centenar de heridos es el saldo de aquel golpe palaciego que termina con la dictadura stronista.

Los militares triunfantes imponen a Andrés Rodríguez, capo narcotraficante multimillonario, al frente del nuevo Gobierno salido de las entrañas del sistema. Lo secundan los directores Colorados desplazados en agosto 1987 y las facciones contestatarias, estas últimas en base a cálculos políticos en general de buena fe pero sin ningún asidero analítico sobre la realidad del crimen organizado ni noción de los riesgos que implica involucrarse. Por el camino salen perdiendo lejos después de ser utilizados y dispersados, neutralizados o integrados a los grupos herederos mayores del stronato. El aparato Colorado cambia todo para no cambiar nada, desde jefes y operadores hasta Constitución Nacional y autoridades electorales, con lo que asegura su permanencia en el poder.

La herencia de la dictadura se resume en lo principal:

* 408.000 detenidos por motivos políticos, para averiguación de antecedentes, por participar en demostraciones o marchas y concentraciones no autorizadas, para verificar documentos o por no contar con documentos personales, por sospecha de transportar o poseer literatura comunista, por intriga o denuncia de miembros de seccionales Coloradas, por ser vecino o pariente o visitar el domicilio de comunistas, por supuestos delitos comunes como hurto o amenaza de muerte en represalia a convocatoria de reivindicación de derechos laborales, por pertenecer a organizaciones de filiación marxista-leninista o hacer propaganda de esa ideología (Ley No. 209), por alteración del orden público o transgresión al edicto policial de cierre de locales públicos a la 1:00 hs. de la madrugada, por ofender al presidente de la República y otras altas autoridades del Gobierno (bajo recaudo del estado de sitio), para prestar declaración sobre actividades políticas, para prestar declaración sobre ingreso o estadía en el país (extranjeros sospechosos), para prestar declaración sobre tentativa de derrocar al Gobierno o poner en peligro la seguridad interna, por predicar la lucha de clases o el odio entre paraguayos, por abuso de la libertad de prensa, por atentar contra las buenas costumbres, por alzarse contra los poderes legítimamente constituidos, por propalar información tendenciosa contra la República. La cifra de detenidos corresponde a los 19 departamentos (luego 17 departamentos) según informes de comisarías y Policía de la Capital, Delegaciones de Gobierno y Juzgados del Crimen recabados por el investigador Nemesio Barreto Monzón, en HISTORIA SINCERA DEL PARAGUAY CONTEMPORÁNEO (REPRESION: GRAN NEGOCIO), próxima publicación.

Excepto los probadamente leales, comandantes de divisiones y cuerpos de ejército, directores partidarios y los integrantes de las roscas político-comerciales alrededor del rapaz dictador, nadie estaba exento de persecución. La lista al azar de 10 personas en estamentos relativamente privilegiados, personas detenidas y torturadas, varias exiliadas, da fe de ello.

Militares de alto rango. Aureliano Ortiz, Sigifredo Ayala, Néstor Ferreira, Juan B. Ortigoza, Quintín Parini, Pastor Pineda Rodas, Merardo Pino, Alfredo Ramos, Enrique Giménez, Alberto Meyer.

Sacerdotes. Ramón Talavera, Francisco de Paula Oliva, Vicente Barreto, José Luis Caravias, Luís Farré, Bartomeu Meliá, Antonio Caballo, Braulio Maciel, José Munárriz, Ignacio Parra.

Periodistas. José Portillo, Isaac Kostianovsky, Alcibíades González Delvalle, Eduardo Arce, Osmar Sostoa, Ilde Silvero, Augusto Barreto, Oscar Acosta, Juanita Carracella, Benjamín. Fernández Bogado.

Médicos. Oscar Acuña Torres, Carlos Arestivo, Juan Félix Bogado Gondra, Jorge Canese, Alfredo Boccia Paz, José Bellasai, Carlos Filizzola, Anibal Carrillo, Héctor Lacognata, René Recalde.

Diplomáticos y periodistas extranjeros. Armín Steuer, Nicolaus Brender, Eduardo Johnson, Fabián Rainer, Peter Wendt, Teobaldo Pinzás, Brayan Healey, Roland Bordelon, Pilar Larraya, Javier Arancón.

Empresarios. Federico Ortiz Cabral, Teresio Silvera, Carlos Madelaire, Martín Venialgo, Enrique Riera, Enrique Chávez, Rubén Urbieta Valdovinos, Carlos Romero Pereira, Aldo Zuccolillo, Humberto Domínguez Dibb.

Parlamentarios. Waldino Ramón Lovera, Evaristo Méndez Paiva, Diosmel Bécker, Nelson Rolón, Mario Mallorquín, Luis Oscar Boettner, Evaristo Zacarías Arza, Faustino Centurión, Eladio Montanía, Bernardo García.

Las fuentes de este listado son Comité de Iglesias, TESTIMONIO CONTRA EL OLVIDO. PARAGUAY 1954-1989. José María Blanch y otros, EL PRECIO DE LA PAZ.

* 1.708 desaparecidos asesinados que incluye paraguayos víctimas del OPERATIVO CONDOR en el exterior, extranjeros detenidos en Paraguay que desaparecieron posteriormente y las víctimas de las campañas antisubversivas o contrainsurgencia en las décadas del '50 al '80. La lista abarca los nombres de personas reportadas bajo homicidio o accidente en el interior del país que en realidad fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad o jefes locales en casos que no tuvieron intervención de la justicia, especialmente en localidades de frontera (Pedro Juan Caballero, Ciudad Presidente Stroessner, Hernandarias, Salto del Guairá, Capitán Bado, Encarnación y alrededores), y puntos de tráfico con resguardo militar (Curuguaty, Coronel Oviedo, Juan E. O'Leary, San Juan Bautista, Concepción). Misma fuente que el primer apartado.

* 280.000 personas deportadas por persecución política y las que emigraron luego de redadas, detenciones arbitrarias con tortura y confinamiento, pérdida de puesto de trabajo, contrato e ingreso e imposibilidad de sustento por el apremio límite impuesto por el régimen. Muchos de esos exiliados fueron motivados por la posibilidad de trabajo en Buenos Aires y alrededores (familias campesinas, migrantes rurales de barrios pobres, albañiles, artesanos, personal doméstico) pero con cada oleada represiva el número de expulsados por la fuerza o impedidos de retornar al país fue en aumento. A tal punto llegó la fuga de capital humano que en Buenos Aires, Clorinda, Resistencia, Posadas, Foz de Yguazú, Montevideo, Nueva York y otras ciudades se formaron Casas de Paraguayos en el Exilio, varias de ellas conectadas con la resistencia interna. Los exiliados políticos comenzaron a retornar por grupo a partir de 1984, especialmente los del MOPOCO. Desde febrero 1989 se permitió el ingreso de los demás exiliados.

* USD 24.600 millones (incluyendo sobrecostos en Itaipú y Yacyretá) en diversos activos desviados o apropiados y traspasados a cuentas y posesiones particulares de altos cargos Colorados y sus asociados por privatización informal de bienes públicos con el resultante enriquecimiento ilícito de las aproximadamente 3.000 familias encabezadas por los Stroessner, Rodríguez, Montanaro, Brítez Borges, Debernardi, Wasmosy, Riquelme, Barrientos, Ugarte Centurión y otras que de la condición humilde de cuna se volvieron potentados. Administradores de la hacienda del Estado y contratistas o proveedores principales actuaron como si el Estado fuera su hacienda y en tal carácter designaron capataces, guardianes y recaudadores, se repartieron rutas de tráfico y se beneficiaron con seudo-licitaciones y concursos amañados. De cada uno de los empréstitos, obras, programas, adquisiciones, ampliaciones, reprogramaciones, despachos y cargas las autoridades quitaron un porcentaje que significó la merma equivalente de inversiones productivas y gastos sociales. Lo que se robó de las arcas públicas se restó de educación, salud, seguridad y justicia para la población en su conjunto, para los excluidos en particular.

La represión por un extremo y la corrupción por el otro funcionaron como bisagras del acceso a la gran fortuna, y en ese proceso que duró ininterrumpidamente 35 años el crimen organizado se institucionalizó como poder del Estado. Acerca de este problema el estamento opositor y contestatario no tuvo la referencia adecuada ni le prestó atención, yendo a embarcarse en la aventura miserable de la falsa democracia bajo control y tutela de la mafia. Abandonado el espacio de la resistencia por muchos de los actores políticos que habían luchado contra el dictador, los reciclados del antiguo orden tomaron a su cargo la transición y la condujeron para su propio beneficio.

1993 ss. El presidente Juan Carlos Wasmosy, integrante del círculo del poder y contratista de las entidades binacionales devenido multimillonario, inicia la progresiva retracción del estamento castrense a una posición secundaria en los grandes negocios. Su equipo de burócratas y operadores políticos sustituye a la nomenklatura argañista, teniendo de su lado al hombre fuerte del Ejército Lino Oviedo. El acto Wasmosy es de sustitución y a la vez de equilibrio, a falta de un electorado propio, apoyado en tramos por la jefatura militar y por otro lado en alianza con los jefes de los partidos opositores para contrarrestarla fuerza del Ejército. Mientras negocia esos pasos inestables de ingeniería política lleva adelante una agenda paralela que hace a sus intereses empresariales. Los amplía y consolida, integra nuevos servicios, transfiere por decreto a sus empresas, compra o se apropia directamente de activos privados y bienes del Estado mediante abuso de poder. El primer gobierno civil en cuatro décadas de predominio de Los generales-traficantes surge de fraude en las urnas, su gestión es un fraude administrativo a escala y el gatopardismo su signo más notorio.

Durante esta administración cuyo principal prometió "hacer avanzar al país 50 años en 5" se democratizó la corrupción, yendo a compartir sus réditos las cúpulas de los partidos integrantes del Gobierno por vía de Domingo Laíno, Guillermo Caballero Vargas, más adelante la burocracia sindical representada por Alan Flores, Reinaldo Barreto Medina, Ronald Orrego & asociados. El estamento terrateniente-comercial parasitario recibió más créditos blandos de fuentes públicas, los banqueros recibieron auxilio financiero vía IPS y Banco Central. La mayor parte de tales recursos, en el orden de los USD 900 millones, pasaron a fondo perdido con el correr de los años. El fisco se encargó de las cuentas y los balances oficiales fueron maquillados. Wasmosy se llevó la parte del león en la medida que fueron cayendo las instituciones financieras desde la crisis de 1995 en adelante, fundando aquel año su propio banco con activos fiscales y privados rapiñados a través de intermediarios. Fue él quien avanzó 50 años en 5 y eventualmente desplazó a sus antecesores del primer lugar en el rango de megafortunas.

A partir de la vigencia del Pacto de Gobernabilidad, en esencia pacto de la complicidad y el encubrimiento de los grandes delitos de poder, las direcciones del PLRA y PEN compartieron la responsabilidad por el saqueo al patrimonio nacional. Bajo iniciativa de la cúpula Colorada aquéllas aprobaron las leyes de `saneamiento financiero', emisión de bonos públicos destinados a financiar el dispendio gubernamental, el horrendo Acuerdo de Sao Paulo que cedió a Brasil USD 2.050 millones (la mitad del valor de la deuda espuria aceptada por ambas partes en la Itaipú Binacional) mediante la disminución ilegal del precio de la energía. Se hicieron corresponsables además de tirar bajo la alfombra los casos de asesinato de campesinos, los procesos judiciales obstruidos en el Congreso por rechazo de pedidos de desafuero, las investigaciones de la Contraloría General negociadas por el recaudador de Laíno Daniel Fretes Ventre, etc.

El Partido Colorado siguió controlando lo fundamental de aquella asociación delictiva a través del Ejecutivo, teniendo a su cargo la hacienda pública, la fuerza pública, las principales bocas de recaudación fiscal y los corredores del tráfico de armas y drogas. Debido a disputa sobre estos negocios y cupos de poder, Wasmosy y Oviedo se distanciaron hasta volverse enemigos. El resultado de ello fue la condena del último a 10 años de prisión por el frustrado alzamiento de abril 1996 y la cancelación de su candidatura a las presidenciales de 1998. Se había producido otra división dentro de la mafia.

1998 ss. La división al interior de la mafia repercute en las elecciones que ganan los Colorados Raúl Cubas Grau y Luis María Argaña, pero por detrás el vencedor neto es Oviedo.

Ambas facciones, oviedistas y argañistas, arrastran a las cúpulas del PLRA y PEN, parte del empresariado, las fuerzas armadas y policiales, el funcionariado mayoritariamente Colorado. La justicia electoral y la ordinaria intervienen también en la sórdida puja de poder a través de sus altos magistrados. Otras dependencias se suman y el embrollo se resuelve prosaicamente a fines de marzo 1999 con la caída del Gobierno. Es una más de las definiciones de fuerza ya habitual al sistema, con votos y balas entremezcladas, reedición mitigada de lo sucedido en febrero 1989.

Asume provisoriamente Luis González Macchi al frente de un Gobierno de Unidad Nacional (ANR-PLRA-PEN) que acuerda transgredir la Constitución llevando el mandato hasta agosto 2003. La decisión es avalada por una resolución antijurídica del pleno de la Corte Suprema, notoriamente incompetente para entender en una cuestión que no tiene litigantes ni proceso previo. Una vez firme aquella resolución y con el argañismo en las riendas del Ejecutivo y del Congreso, los nuevos jerarcas Colorados se dedican a amasar fortuna, perseguir a los oviedistas no realineados y sabotear a sus cofrades Liberales que reclaman puestos y presupuesto por el servicio de ayudar a la salida de Cubas Grau. El Gobierno es compartido. El poder es de la mafia argañista que logra estirar como segundos a los irrefrenables Encuentristas con Euclides Acevedo, Mario Paz y Silvio Ferreira. Laíno y Caballero Vargas pasan a la condición de cadáveres políticos, para varios observadores también el prófugo Oviedo. En Paraguay donde la política es el arte de lo recóndito los cadáveres políticos logran revivir cada tanto, lo que sucedería con Laíno y Oviedo. El cuerpo nunca declarado difunto es el stronato cuyos oscuros laureles los llevan últimamente Luis González Macchi, el ex periodista y presidente de la Junta de Gobierno Nicanor Duarte Frutos, el presidente del Senado Juan Carlos Galaverna y el presidente de la Cámara de Diputados Oscar González Daher. El diablo los cría, ellos se unen.

En 13 años la herencia de la transición llevada por ex stronistas, anti stronistas adaptados y quienes no han sido lo uno ni lo otro pero persistieron en pescar el zoquete se resume en:

* USD 15.500 millones (incluyendo desvíos en Itaipú y Yacyretá) embolsados por las autoridades de los 4 gobiernos democráticos y sus clientelas respectivas, con tendencia al vaciamiento desordenado hasta el saqueo indiscriminado de los últimos años. Esto ha sumido en ruinas a la economía. La franja de población en pobreza extrema aumentó en relación a la observada una década atrás, entretanto disminuyó el ingreso promedio por habitante. De las grandes fortunas labradas a la sombra de la dictadura se pasó a las multiplicadas subsiguientemente y a las medianas fortunas que Colorados pobres, Liberales pobres y Encuentristas pobres lograron al amparo de un Estado sin ley donde la mafia original se ha dividido, reciclado e incorporado competidores maleables para continuar mandando y lucrando. Ver la última tabla de estos Anexos para detalles sobre origen y destino de los fondos desviados, el porcentaje remesado al exterior y en la tabla AUTORIDADES CON FALTANTES EN RENDICION DE CUENTAS, DESVIO DE FONDOSY OTROS DELITOS ECONOMICOS los que han efectuado tales operaciones prevalidos de sus cargos. Las fuentes están citadas bajo cada una de esas tablas. Los montos globales se pueden corroborar con los informes de la Contraloría General hasta el final del ejercicio 1997.

* 167 personas asesinadas, de las cuales el mayor número corresponde a niños que cumplían el servicio militar obligatorio seguidos de activistas campesinos caídos en el transcurso de cierres de ruta o desalojos de ocupaciones. El número más bajo corresponde a periodistas con solamente uno, Santiago Leguizamón. En el medio se encuentran obreros sindicalizados y estudiantes, estos últimos caídos en la balacera frente al Congreso Nacional por disparos de paramilitares oviedistas. Salvo este hecho ninguno de los otros fue apropiadamente investigado y los procesos judiciales no pasaron de la etapa sumarial. No se cuenta con estadísticas sobre detenciones arbitrarias si bien en los sucesivos informes de Codehupy, DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY, se menciona que esta práctica así como los casos de tortura en comisarías policiales persisten. En esos informes la sección dedicada a situación carcelaria destaca el problema de los menores, con saldo de una treintena de ellos fallecidos en motines, la mayoría en el correccional Panchito López.

* Una sola reparación por violación de derechos humanos se produjo durante todo este tiempo y corresponde a la demanda de Napoleón Ortigoza contra el Estado Paraguayo. Algunas familias de los que fallecieron el 26 de marzo 1999 frente al Congreso fueron adjudicadas con pensiones graciables. Cientos de miles de víctimas esperan indemnización en tanto tramitan por su propia cuenta ante la Defensoría del Pueblo. Las autoridades del Gobierno han rechazado repetidamente la formación de una Comisión de Verdad y Justicia. El motivo es simple: el partido responsable de las más atroces violaciones de derechos humanos y saqueo al patrimonio de la República sigue al mando.

INSTITUCIONES CON RESPONSABILIDAD SOBRE DELITOS ECONÓMICOS

Poder Ejecutivo

Presidencia de la República

- Presidente y Comandante en Jefe de las FF.AA.

- Gabinete de Ministros

- Secretaría Nacional de Informaciones

- Secretaría Nacional Antidrogas

- Secretaría Nacional de la Reforma del Estado

- CONATEL

- Consejo Impulsor del Plan Nacional Anticorrupción (o de Integridad Pública)

- Corte Suprema de Justicia Militar, Juzgados y Fiscalías

Ministerio del Interior

- Ministro

- Policía Nacional

(Comandante, Departamento de Investigación de Delitos, Departamento de Inteligencia, Departamento de Control de Automotores, Departamento de Delitos Económicos). (Identificaciones). (Justicia Policial). (INTERPOL)

- Dirección Antinarcóticos

- CORPOSANA

Ministerio de Hacienda

- Ministro

- Abogado del Tesoro

- Subsecretaría de Tributación, Dirección de Grandes Contribuyentes

- Dirección General Impositiva

- Dirección General de Aduanas

Ministerio de Industria y Comercio

- Ministro

- Subsecretaría de Comercio

- PETROPAR

Ministerio de Justicia y Trabajo

- Ministro

- Viceministerio de Justicia

- Dirección General de Institutos Penales

- Ministerio de Defensa Nacional

- Ministro

- Estado Mayor/Inteligencia Militar

- Comandos de Fuerzas

Poder Legislativo

Senado

- Plenario y Presidente

- Comisión de Hacienda y Presupuesto

- Comisión de Defensa Nacional

Diputados

- Plenario y Presidente

- Comisión de Lucha contra el Narcotráfico

- Comisión de Asuntos Económicos y Financieros

Bicamerales

- Comisión Bicameral de Presupuesto

- Comisión Bicameral de Investigaciones

Poder Judicial

Corte Suprema de Justicia

- Plenario y Presidente

- Salas Constitucional, Penal y Civil

- Superintendencia General de Justicia

- Tribunales de Apelación

- Tribunal de Cuentas -Juzgados

- Síndico General de Quiebras

Ministerio Público

- Fiscal General del Estado

- Fiscalías de Delitos Económicos, Fiscalías del Crimen, Fiscalía Antimafia, Fiscalía de Delitos Ecológicos

- Centro de Investigación Judicial

Institutos

Contraloría General de la República

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Procuraduría General

Defensoría del Pueblo

Banco Central del Paraguay

- Directorio y Presidente

- Superintendencia de Bancos

- Superintendencia de Seguros

- Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero

Instituto de Previsión Social

- Consejo de Administración y Presidente

- Departamento Jurídico y Síndico

Otros

Gobernaciones

(Gobernador y Junta Departamental)

Municipalidades

(Intendente y Junta Municipal)

Comisión Conjunta de Lucha contra el Contrabando

Entidad Binacional Itaipú

Entidad Binacional Yacyretá

PROCESADOS POR DELITOS ECONÓMICOS

Abdo Benítez, Mario - Secretario Presidencia

Acosta, César Romeo - Presidente del BCP

Almada, Justo Eris - Administrador Pto. Paranaguá

Amarilla Argabán, Antonio - Director de Puertos

Aquino, Ramón - Miembro del Consejo ANNP

Araujo, Hugo Dejesús - Presidente de IPS

Barreto Sarubbi, Carlos 1/ - Gobernador de Alto Paraná

Benítez Alarcón, Vidal - Director General del Tesoro

Benítez Trinidad, Filippo - Presidente del BNT

Brítez Borges, Alcibíades - Jefe de Policía

Brizuela, Elio - Presidente de IPS

Burgos, Sixto - Administrador MSP/SENEPA

Cáceres Almada, Alejandro - Director de Radio Nacional

Calvet, Raúl - Gerente General de LAP

Campos Alúm, Antonio - Jefe DNAT

Cataldi, Edgar - Presidente del BNT

Centurión, José Tomás 2/ - Secretario Ejecutivo SENAD

Centurión Núñez, Ramón - Presidente de INC

Colmán V., Augusto - Gerente del BCP

Cubas Grau, Raúl - Presidente de la República

Echeverría Meza, Alberto - Presidente de IPS

Esquivel, Manuel M. - Director de Correos

Estigarribia, Jacinto - Presidente del BCP

Estigarribia, Venancio - Administrador Caja Jubilaciones

Facetti, Carlos Alberto 3/ - Ministro de Hacienda

Filártiga, Darío - Presidente de IPS

Godoy Jiménez, Adán - Ministro de Salud

González Ugarte, Julio - Miembro Directorio BCP

Gramont, Gustavo - Cónsul Itinerante en Ginebra

Hellman, Arturo - Policía

Irala Amarilla, Bonifacio - Presidente de IPS

Jacquet, José Eugenio - Ministro de Justicia

Knopfelmacher, Liliana - Abogada de ACEPAR

Knopfelmacher, Roberto - Presidente de ACEPAR

Luján Melgarejo, Mario - Presidente de IPS

Montanaro, Sabino A. - Ministro del Interior

Napout, Emilio - Presidente de IPVU

Ortiz Ramírez,  Carlos A. - Ministro de Educación

Orué, Mario - Presidente de ANDE

Ovelar, Secundino - Administrador INC

Oviedo, Lino 2/ - Comandante del Ejército

Paniagua, Filemón  - Presidente de IPS

Pecci, Carlos - Superintendente de Bancos

Pereira, Juan Eudes - Administrador Aduanas/Diputado

Ramírez Patiño, Alberto - Gerente de CORPOSANA

Ramírez Reichert, Sindulfo - Presidente del BNT

Riveros, Juan Emigdio - Administrador del MEC

Ruiz Pérez, Egidio  - Gobernador de Misiones

Saldívar, Felipe Nery - Subjefe DNAT

Salomón, Felipe - Miembro Junta Municipal S. Lorenzo

Sanabria Cantero, Eugenio - Presidente de ANNP

Sánchez G., Francisco - Jefe de Policía

Segovia Boltes, José F. - Ministro de Defensa

Stroessner, Alfredo - Presidente de la República

Stroessner, Gustavo - Coronel de Aviación

Ugarte Centurión, Delfín - Ministro de Industria y Comercio

Vázquez Ballena, Máximo - Director de Impuesto a la Renta

Villalba, Raúl Ernesto - Presidente de FME

Wasmosy, Juan Carlos 3/ - Presidente de la República

Fuente: Congreso Nacional, Comisión Bicameral de Investigaciones, Carpeta sobre bienes malhabidos, 1994. Recortes de prensa ABC, Noticias, Ultima Hora y La Nación. Lista incompleta.

1/ Procesado en los autos Nélida Reig de Rodríguez y Carlos Barreto Sarubbi s/ usurpación de propiedad, homicidio y falsificación de instrumento público, Juzgado en lo Criminal de Ciudad del Este

2/ Procesados por fraude y malversación de fondos en la compra de 3 helicópteros para la SENAD, Juzgado en lo Criminal de Asunción

3/ Condenados en 1a. Instancia por el juez Jorge Bogarín en abril 2002 por el auxilio ilegal al Banco Desarrollo, lesión de confianza.

TRIANGULACIÓN DE CRÉDITOS PÚBLICOS Y FUGA DE CAPITAL

1. Deuda Externa - Resumen de pagos realizados y pendientes (millones USD) a/

a/ En números redondos y ajustados según agregados de Paraguay, Argentina y Brasil en lo referente a inversiones binacionales sobre el rio Paraná.

2. OBRAS REALIZADAS - INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (COSTO REAL EN MILLONES USD)

1/ Las obligaciones por los préstamos corresponden a las Altas Partes Contratantes (Brasil y Paraguay en Itaipú, Argentina y Paraguay en Yacyretá). Paraguay no paga directamente los préstamos pero la EBI y EBY le descuentan de los ingresos por cesión de energía, regalías y compensaciones

2/ Corresponde al total del financiamiento más cargas financieras menos amortizaciones al final del ejercicio 1989

3/ Ídem.

4/ Corresponde al total del financiamiento más cargas financieras menos amortizaciones al final del ejercicio 1999

5/ Ídem.

6/ En paréntesis la cifra total que corresponde a Paraguay por deudas acumuladas, de los cuales USD 3.800 millones son obligaciones que restan amortizar del periodo 1990-1999

7/ En paréntesis la cifra total que corresponde a Paraguay por deudas acumuladas, de los cuales USD 2.800 millones son obligaciones que restan amortizar del periodo 1990-1999

8/ Sumatoria de inversiones públicas con financiamiento externo para diversas infraestructuras, desde red del sistema eléctrico hasta rutas y escuelas

9/ Corresponde al periodo 1974-1989. Inversión real de Itaipú entre paréntesis, incluyendo aproximadamente USD 3.000 millones por extensión de líneas Itaipú Sao Paulo cargados a los balances de la EBI. AI Paraguay se canalizó USD 1.600 millones en el periodo señalado. En la siguiente fase, de 1990 al 2000, la inversión estimada fue de USD 500 millones en Paraguay

10/ Corresponde al periodo 1974-1989. Inversión real de Yacyretá entre paréntesis, de la cual al Paraguay se canalizó USD 700 millones en el periodo señalado. Entre 1990 y 2000 la inversión en Paraguay fue de aproximadamente USD 800 millones.

3. DESVÍO DE FONDOS EN OBRAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (MILLONES USD)

1/ Sumatoria del monto real de inversiones en infraestructura interna más las de Itaipú y Yacyretá canalizadas a Paraguay (según 2.), décadas del '60 al '80

2/ Sumatoria de los pagos de la deuda externa más la deuda externa pendiente y la deuda contraída por Paraguay en Itaipú y Yacyretá (según 1.)

3/ Sumatoria del monto real de inversiones en infraestructura interna más las inversiones y gastos de Itaipú y Yacyretá en Paraguay (según 2.), década del '90 y año 2000

4/ Corresponde a la sumatoria de los pagos de la deuda externa más la deuda externa pendiente y la deuda contraída por Paraguay en Itaipú y Yacyretá (según 1.), década del '90 y año 2000

5/ Excluye lavado por narcotráfico y armatráfico

6/ Incluye transferencias de sobrefacturaciones en Itaipú y Yacyretá

7/ Incluye lo anterior más compra de la deuda con sobrefacturación para pagos a Brasil:

5. RELACIÓN FUGA DE CAPITAL/SOBREFACTURACIÓN (MILLONES USD)

1/ Monto de capital proveniente de préstamos externos que terminaron en inversiones y depósitos en el exterior, excluyendo capital de fuente interna

2/ Corresponde a cifras anotadas en 3 para los periodos señalados por desvío de fondos provenientes de financiamiento externo.

Fuente: Elaboración propia en base a cálculos del Banco Central del Paraguay, estimaciones de la Contraloría General de la República, datos adicionales del Banco Mundial y CEPAL.

Notas: El monto total de fraude al Estado en el periodo 19702000 es del orden de los USD 35.000 millones (o USD 35 billones según numeración de Brasil y Estados Unidos) si se contabilizan los siguientes ministerios y agencias: Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay y Banco Nacional de Fomento, Itaipú, Yacyretá, IBR, IPS y BNT, INC, ACEPAR, ANDE, ANTELCO, CORPOSANA, PETROPAR, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y Policía Nacional, Ministerio de Educación y Universidad Nacional, Ministerio de Salud. Por otro lado los ingresos de 50 altas autoridades desde Alfredo Stroessner hasta Luis González Macchi con sus asociados y parientes hacen un total conjunto de USD 38.000 millones. Las fuentes de las cifras aquí actualizadas, método de cálculo y fórmulas matemáticas se encuentran enumerados en Dossier Paraguay. Los dueños de grandes fortunas, Anexos.

Las partidas incluyen desde comisiones iniciales por contratación de empréstitos hasta sobrefacturación por obras llave en mano. En números gruesos el desvío de dinero público a los bancos y empresas, inversiones inmobiliarias y cuentas en el extranjero bordea los USD 24.500 millones en el periodo señalado, sea por vía directa o por triangulación. Esta fuga de capital financiero se volcó principalmente a Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y paraísos de lavado del área Caribe.