LA CRISIS DE 1899

Y LA CUESTIÓN MONETARIA

Por WASHINGTON ASHWELL

 

            LA BONANZA COMERCIAL

Hacia comienzos de 1899, todos los renglones de la economía nacional operaban de modo ascendente. El comercio asunceno se desenvolvía en un ambiente de abundancia. La producción de bienes exportables aumentaba continuamente. La actividad económica se acercaba al más alto nivel de recuperación que su estructura productiva le permitía. La fuerza impulsora de esa expansión provenía del exterior. La economía mundial pasaba por una fase de prosperidad que se propagaba desde los centros industriales a los países de la periferia, con la compra masiva de materias primas, la exportación de capitales y el financiamiento de sus exportaciones de productos manufacturados. Desde mediados de 1895, los precios de los productos primarios habían aumentado en los mercados mundiales a una tasa mayor que la de los bienes manufacturados,¹ favoreciendo la elevación de los ingresos y la expansión económica de los países productores de materias primas como el Paraguay. Con mercados favorables para los productos básicos, el comercio exterior absorbía todo lo que el país podía exportar. El incremento de las exportaciones, junto con el ingreso de capitales, estimulaba la prosperidad que intensificaba el comercio. Los mayores ingresos internos sustentaban una demanda aumentada de bienes de consumo y de productos importados. En ese marco favorable, el comercio se multiplicaba para dar salida a la exportación de frutos del país y para abastecer adecuadamente la demanda local.

 

 

            LAS FUNCIONES DOMINANTES DE LA BANCA COMERCIAL

Los bancos de la plaza operaban con holgura. El área monetaria, es decir, el conjunto de personas y entidades que usaban regularmente dinero en sus pagos y cobros, se había expandido. Con el auge de los negocios y la confianza sobre las perspectivas próximas, la comunidad mantenía un grado mayor de liquidez en forma de tenencias aumentadas de dinero para sus transacciones o simplemente con fines de ahorro. Con esa fuente ampliada de recursos a su alcance, los bancos no necesitaban ya de la facultad de emisión para financiar sus operaciones. Captaban en la plaza recursos líquidos temporalmente ociosos, recibiendo depósitos en efectivo, a plazo o a la vista. Como compensación a los depositantes, ofrecían el pago de un módico interés y los servicios de caja que prestaban con la custodia de los fondos depositados y el pago de los cheques emitidos contra saldos en cuenta. Los recursos reunidos se destinaban a financiar préstamos a personas y empresas que podían dar al dinero un uso rentable.

            Con ese mecanismo, los bancos intermediaban en el comercio del dinero y el crédito. Recolectaban dinero de aquellos que no podían invertirlo directamente, o que simplemente no tenían un uso inmediato para sus reservas, y lo transferían, en forma de créditos, a quienes lo necesitan para financiar operaciones que con sus ganancias habrían de permitirles el repago oportuno de las sumas prestadas. Esta intermediación constituye la función característica de los bancos en las economías modernas. "Solamente son banqueros, decía Von Mises, aquellos que prestan el dinero de terceros; los que meramente prestan su propio capital son capitalistas, pero no banqueros".²

            Al mismo tiempo, el uso del cheque se había expandido en la capital, especialmente en el área del comercio. Ofrecía su empleo ventajas diversas. Evitaba el riesgo y las molestias del transporte de billetes y monedas. El cheque podía librarse por la cantidad exacta de la cuenta a pagar y suministraba, además, un documento probatorio de la transacción. Estas conveniencias eran aún mayores cuando el acreedor residía en otra ciudad.

            Con el uso generalizado del cheque, los comerciantes se transferían mutuamente saldos bancarios que no se convertían en efectivo sino que se mantenían en cuentas para su empleo en futuras transacciones y pagos. Los depósitos bancarios asumieron de este modo las funciones regulares del dinero. Podían ser transferidos indefinidamente de mano en mano en pago de bienes y servicios o en la liquidación de deudas u obligaciones de cualquier clase. Cabe destacar que fueron los depósitos bancarios a la vista los que se convirtieron en dinero, no el cheque, que no es sino un instrumento de transferencia de tales depósitos.

            En esas circunstancias, los bancos comerciales entraron a ejercer otra actividad nueva, la de creadores de dinero en forma de depósitos a la vista. Esta creación de depósitos la llevan a cabo a través de sus operaciones de crédito. Veamos un ejemplo simplificado del proceso para visualizar el ejercicio de esta importante facultad de la banca comercial. Un Banco de Comercio recibe inicialmente de sus clientes depósitos por un monto de 100.000 pesos. Su contabilidad registra el ingreso del dinero depositado y la obligación a la vista hacia los depositantes del modo siguiente:

            Debe                                                  Haber

            Existencia en Caja 100.000         Depósitos a la vista    100.000

           

            Posteriormente le otorga al Señor A un préstamo por 20.000 pesos, y a la empresa B otro préstamo por 30.000 pesos. Lo que presta el banco es el poder de pago acumulado en sus arcas. Pero en lugar de entregarlo en forma de billetes y monedas, lo hace mediante una simple inscripción de la cantidad prestada en la cuenta acreedora del cliente. Con los créditos así otorgados se originan depósitos nuevos que pueden igualmente movilizarse como los otros, mediante cheques. Sus registros consignarán esas operaciones del modo siguiente:

            Debe                                      Haber

            Préstamos       50.000       Depósitos a la vista 50.000

 

            La creación de depósitos a la vista mediante la concesión de préstamos, es exactamente equivalente a la creación de billetes de banco por las mismas operaciones, y tiene el mismo efecto expansivo sobre la capacidad de pago de la comunidad. Con esos créditos, la cuantía de los depósitos en manos del público habrá aumentado en 50.000 pesos, sin que se haya producido ninguna emisión de billetes o monedas. Al cierre del día, los registros contables del banco mostrarán el siguiente estado:

            Debe                                                  Haber

            Existencia en Caja 100.000        Depósitos a la Vista   150.000

            Préstamos 50.000

 

            Esta capacidad de multiplicación de los depósitos a la vista deriva de la naturaleza irregular del depósito bancario. El depositante entrega a un banco cierta suma de dinero que debe restituírsele en la misma especie y cantidad en el momento que lo requiera, o en la oportunidad y forma convenida. Pero el Banco no se obliga a guardar la suma recibida, sino sólo a devolverla en las condiciones acordadas. Al recibir el depósito, asume la facultad, expresa o tácita, de utilizarlo total o parcialmente, sin alterar su obligación de disponibilidad permanente a favor del depositante. Para esa disponibilidad, le basta mantener un grado de liquidez que le asegure una capacidad continua para hacer efectivos, a su demanda, los retiros que realicen los depositantes. Esa liquidez la mantienen guardando en efectivo una reserva equivalente a una fracción del total de los depósitos. Con ese encaje limitado, los bancos pueden satisfacer adecuadamente los retiros de sus clientes, siempre que otros factores no alteren el reflujo regular de fondos que compense los retiros y permita el crecimiento de sus operaciones.

            La creación de depósitos que pasan a aumentar la cuantía de los medios de pago de la comunidad no tiene para los bancos otros costos que sus gastos operativos normales. No les crea, además, ninguna responsabilidad en el mantenimiento de su valor o de su convertibilidad. Por el contrario, los bancos normalmente especulan en el mercado de cambios, y hacen de esas operaciones una fuente regular de utilidades. Esas responsabilidades siguen siendo exclusivas del Gobierno o de los entes emisores de billetes y monedas.

            A pesar de la nueva función que ejercían en la creación de medios de pago, los bancos seguían actuando como meros intermediarios del crédito. Desarrollaban sus actividades libres de todo control estatal. Podían dedicarse a cualquier clase de negocios, sin más limitaciones que las impuestas por las costumbres y las establecidas por sus directores. El círculo de sus prestatarios era reducido, y se concentraba generalmente entre sus propios directores y accionistas. Normalmente, los grandes comerciantes se asociaban a un banco para tener acceso al crédito y financiar más fácilmente la ampliación de sus actividades. No existían límites del monto de crédito que podía otorgarse a una sola persona o a una empresa.

            Con la expansión que lograban en sus operaciones, los bancos aumentaban sus ganancias y su gravitación en la sociedad. Las repercusiones de la actividad bancaria, aunque poco visibles, son enormes. Llegan hasta los últimos rincones de la vida social, desde la economía doméstica hasta la economía misma del Estado; desde el ahorro familiar hasta el financiamiento de las grandes empresas.³ Todo el proceso productivo en la tierra o en la industria, como el comercio, se desenvuelven en gran parte con la ayuda del crédito bancario, el cual contribuye así a dotar a la población que directamente e indirectamente depende de ellos, del poder adquisitivo que requiere para proseguir sus consumos, tanto de artículos importados como de mercaderías y servicios de producción local.⁴ Por estas causas, los banqueros tendrán en adelante una influencia gravitante, y muchas veces decisiva, en la vida del país.

            Con esas características nuevas de sus operaciones, la actitud de los banqueros, con relación al Estado, había cambiado radicalmente. Mientras necesitaban de la emisión de billetes para financiar sus operaciones, buscaban la concesión de ese privilegio y el amparo y la protección de la ley para su ejercicio. La participación del Gobierno en sus capitales era codiciada como una garantía de su favor y apoyo.

            Con la nueva modalidad de su desenvolvimiento, los bancos pasaron a resistir toda injerencia estatal. Buscaban desarrollar sus actividades con la más completa libertad. Resistían la competencia de los bancos del Estado así como cualquier intervención oficial en sus operaciones. Querían si el manejo de los depósitos del Estado, que era una fuente considerable de liquidez, quizás la más importante del sistema.

            En ese marco nuevo, y con el beneficio de la prosperidad reinante, los bancos locales expandían continuamente sus operaciones. El financiamiento al comercio era abundante. Mediante el descuento de documentos y de anticipos a sola firma, financiaban principalmente el comercio de importación y la fase final del acopio y despacho de las exportaciones. Prácticamente se especializaban en la atención de las operaciones vinculadas al comercio exterior, que era el sector de mayor liquidez y el que más ganancias generaba. Por el contrario, el crédito a los sectores productivos era reducido. El cuadro siguiente muestra la expansión sostenida de los depósitos y operaciones del Banco Mercantil, que era el más importante de la plaza.

 

 

            La prosperidad y sus contradicciones. Los pagos al exterior se hacían con regularidad. Las facturas de las importaciones normalmente traían plazos de 90 y 120 días. El ingreso de capitales y el crédito externo permitían el financiamiento de las importaciones a un nivel mayor que el de las exportaciones. Según la memoria del Banco Mercantil, el país había entrado "en un período más próspero, gracias a la mayor producción, eficazmente secundada por una buena administración pública".⁶

            Como puede deducirse de ese comentario, la alta banca del país no percibía o no quería reconocer la influencia decisiva que la demanda externa y la expansión del crédito bancario estaban ejerciendo sobre el nivel de ocupación de las actividades productivas. De acuerdo con las ideas dominantes, la prosperidad reinante se debía exclusivamente a factores internos, a la ausencia de interferencias gubernamentales, a la buena administración de la justicia, y, principalmente, al esfuerzo de la iniciativa privada.

            La prosperidad del comercio trascendía al sector público, aunque no en medida suficiente como para resolver las penurias que en sus recursos arrastraba. La expansión del comercio exterior aumentaba el rendimiento de los derechos aduaneros, que eran la fuente principal de ingresos del fisco. Sobre la base de ese aumento, en las esferas oficiales reinaba un optimismo similar al de los círculos comerciales. El Gobierno anticipaba un ejercicio fiscal ordenado, con rentas aumentadas. Esperaba que para antes de terminar el año de 1899, el Tesoro tendría al día sus pagos. Era esa una expectativa optimista, que no todos compartían. Si bien los ingresos fiscales aumentaban, los gastos también se elevaban y quizás a una tasa todavía mayor. Las erogaciones excedían continuamente a los recursos. La mora acumulada era grande. Por esas causas, en la esfera privada prevalecía un marcado escepticismo sobre las perspectivas del fisco. Era evidente que la ola de bonanza que vivía el país no bastaba por sí sola para resolver todos los problemas que arrastraba la economía. A pesar de la prosperidad reinante, las penurias fiscales y la inestabilidad cambiaria se mantenían con igual o mayor intensidad, en tanto que los beneficios de los mejores precios de los bienes exportados no llegaban adecuadamente hasta los sectores más numerosos de la población.

 

            LA DISTRIBUCIÓN REGRESIVA DEL INGRESO

La distribución del ingreso que la actividad económica del país generaba era extremadamente desigual. La concentración desproporcionada de sus beneficios en un reducido número de comerciantes y exportadores, y la marginación de la gran mayoría de la población a niveles de precaria subsistencia, eran características salientes del comportamiento de la economía en el marco del libre comercio. El grupo superior, que representaba menos del 10% de la población total, recibía casi el 50% del ingreso interno, mientras que el 60% de la población, que integraba el estrato de bajos ingresos, recibía sólo aproximadamente el 15% del ingreso nacional.

            El primero en percibir y señalar ese fenómeno fue Fulgencio R. Moreno. En su análisis de la cuestión monetaria lo destacó en los términos siguientes:⁷

            "De que las grandes empresas industriales exportadoras prosperan, que los bancos progresan y el comercio internacional sigue adelante, no hay duda: ahí están los balances, memorias y estadísticas que lo prueban; pero de que el pueblo sufre, el trabajador se halla agobiado, el verdadero productor se desalienta, nuestro crédito sufre constantemente, y todo parece encaminarse a una regresión general, lo proclaman a diario los hechos que a nosotros mismos nos afectan, el presupuesto de nuestras propias familias. El obscuro campesino que se inclina diariamente sobre la gleba durante meses enteros, el peón obrajero, el minero de las grandes empresas yerbateras, el pueblo en fin, trabajador y paciente, ¿qué recibe en cambio del producto que extrae de la tierra, de la materia a cuya elaboración contribuye a veces con su vida entera?".

 

            EL DÉFICIT FISCAL Y EL PROBLEMA MONETARIO

A pesar del aumento de las recaudaciones, los recursos fiscales no alcanzaban a cubrir todos los gastos del Estado. Los atrasos se repetían con reiterada frecuencia. La insuficiencia de fondos obligaba al Ministerio de Hacienda a demorar continuamente el pago de sueldos de los empleados, a suspender el servicio de la deuda pública y a postergar la cancelación de las cuentas de los proveedores del Estado. La deuda a corto plazo aumentaba con la acumulación de los compromisos pendientes, Estas dificultades del Tesoro no eran un fenómeno ocasional o transitorio, sino una deficiencia casi permanente de las finanzas públicas. Y el problema no estaba originado por un exceso de gastos que pudieran ser reducidos. El presupuesto no incluía mayores inversiones. En general, los gastos se limitaban al mínimo indispensable para el elemental desempeño de las funciones básicas del Gobierno. En esas circunstancias, la cuestión fundamental no era la de economizar. Los gastos estaban ya comprimidos a un mínimo tal que no admitían cortes más o menos significativos que pudieran producir un alivio importante al desequilibrio financiero.

            El problema tenía otra causa. La administración fiscal operaba atrapada en un callejón sin salida, por la afectación de recursos regulares para el rescate de la emisión fiduciaria en circulación. Parte importante de los recursos del Estado no ingresaba al tesoro público sino que se acumulaba por separado para la garantía y amortización de emisiones anteriores.

            Para organizar su sistema monetario, la Nación no tenía otra alternativa que la del papel moneda, y no sabía cómo manejarlo. La teoría económica de la época no le proporcionaba ninguna guía. De acuerdo con las ideas dominantes, el circulante debía ser metálico o de billetes bancarios convertibles a su presentación. El papel moneda no era un dinero permanente, destinado a circular indefinidamente como medio normal de pago de la comunidad, sino una deuda espuria de la Nación que debía ser redimida. Los billetes debían ser rescatados de la circulación mediante impuestos especialmente afectados a ese objeto, y destruidos con la quema formal de los mismos. Este procedimiento, recomendado por las doctrinas en boga, producía el doble efecto de reducir los ingresos disponibles para el financiamiento del gasto público y de disminuir el medio circulante de que la comunidad disponía para sus transacciones. No había sentido alguno. Era una respuesta equivocada a la frustrada e imposible aspiración del comercio de una circulación metálica. La expansión monetaria había tenido todos sus efectos sobre los niveles de precios e ingresos, internos. Nada cambiaba la disminución del circulante que podría producir la amortización. Los precios internos y la cotización del cambio no iban a bajar. Lo aconsejable hubiera sido estabilizar los precios y el cambio con la contención del circulante a un volumen compatible con las transacciones corrientes y los precios vigentes. Retirar papel moneda de la circulación, so pretexto de amortizarlo, no sólo no tenía justificación económica, sino que resultaba contraproducente. Se convertía en un freno inoportuno a la expansión de las actividades económicas y al desenvolvimiento regular de las transacciones, y, por otra parte, esa amortización en nada ayudaba a la ansiada conversión del circulante de papel a metálico.

            El objetivo implícito de la conversión del total del papel circulante en metálico, era una meta imposible. Un lujo que el país no podía permitirse, por más que el comercio lo quisiera. Para lograrlo, hubiera sido necesario destinar la mayor parte de las exportaciones, durante largos años, sólo para producir el ingreso de oro y monedas extranjeras, al costo de la reducción drástica de las importaciones que abastecían las necesidades del consumo local. Era una fórmula irrealizable. Otra era la solución más conveniente. Hubiera bastado establecer un sistema de conversión para los pagos al exterior, y administrar el papel moneda como medio legal de pago en las transacciones internas, como finalmente se tuvo que hacer más tarde en todo el mundo, ante el colapso del patrón oro. Desgraciadamente las teorías económicas y monetarias de la época atendían sólo las necesidades de los países exportadores de manufacturas, y no tomaban en consideración la realidad y las posibilidades de los países de la periferia.

            Pero más absurdo aún era el destino dado a los fondos que se acumulaban en la Caja de Conversión, con la supuesta finalidad de restablecer la conversión. Por disposición de la ley debía destinarse a la adquisición de oro en el mercado, con lo que se aumentaba su demanda en momentos en que la tendencia de las cotizaciones era ascendente. En un mercado cambiario abierto, las compras de un organismo regulador se justifican sólo cuando la demanda es insuficiente para absorber toda la oferta, a fin de evitar la baja del cambio. Comprar por comprar no tenía sentido. Con esas adquisiciones se restituía él papel moneda a la circulación, y se aumentaba el poder de compra de la población. Consecuentemente, la demanda de cambios también aumentaba. Las medidas que supuestamente debían tener un efecto correctivo, servían más para intensificar el desequilibrio ya agudo del mercado. Y para más, la distracción de los recursos fiscales usados para esos fines se hacía en momentos en que las rentas fiscales eran insuficientes para cubrir debidamente los gastos del Gobierno.

            Los recursos fiscales eran de por sí reducidos. El ingreso interno del país era bajo, y la participación del Estado no podía ser grande. Y cuando menor es el presupuesto de una nación, mayor es el componente que debe destinarse a gastos administrativos, y escaso el remanente que puede aplicarse a inversiones. Con esa menor disponibilidad de recursos, el Gobierno debía atender un cúmulo mayor de necesidades, como las de educación, salubridad, fomento de la inmigración y la producción, que requerían erogaciones considerables, y que, en economías más desarrolladas, son atendidas ordinariamente por la iniciativa privada. En ese marco de limitaciones agudas, el tesoro vivía acosado por la insuficiencia de fondos para atender sus compromisos más perentorios. Las crisis de pago se sucedían rápidamente. Y para hacerles frente, los gobiernos repetían la misma receta de elevar el límite de emisión y comprometer recursos adicionales para su rescate. Con ello se solucionaba el problema inmediato de los atrasos, pero se evadía la cuestión de fondo de la incapacidad del sistema tributario para solventar adecuadamente los gastos del Estado. Teóricamente se emitía papel moneda como anticipo de ingresos futuros, cuando en realidad se estaban convirtiendo las prensas impresoras de billetes en fuente regular y obligada de recursos del fisco. Aun cuando parte de las emisiones era destinada al financiamiento de créditos para el sector privado, el factor determinante de las mismas era siempre la angustia de fondos del Gobierno.

            Con este procedimiento, de 1892 a 1897, el límite de la emisión fue elevado progresivamente de 1.2 millones de pesos a 10.0 millones. Cada aumento producía un alivio temporal a las finanzas del Estado. Permitía la liquidación de una sola vez de toda la deuda acumulada de corto plazo. Se abonaban los sueldos atrasados, se cancelaban los créditos de los proveedores, y se regularizaba el servicio de la deuda interna. Pero al mismo tiempo que eliminaba la mora del fisco, cada emisión preparaba la recurrencia de futuras dificultades de pago, que no tardaban en reaparecer, y que obligarían a nuevas emisiones, pues la solución aplicada no resolvía ni el problema de fondo de la necesaria restructuración del sistema tributario, ni remediaba la cuestión monetaria. Y como a mediados de 1898 el límite de emisión autorizado estaba prácticamente agotado, no era aventurado anticipar la proximidad de nuevas dificultades, salvo que el pronóstico optimista del Gobierno, de mayores recaudaciones, se cumpliera.

 

 

            Cabe destacar que la emisión de papel moneda para proveer fondos al fisco, no tenía en los círculos locales del comercio mayorista y de los exportadores, el difundido horror europeo, y la resistencia que la teoría económica predicaba. Con la expansión de las actividades comerciales, resultaba necesario un aumento correlativo de los medios de pagos para facilitar las transacciones y evitar la caída o congelamiento de los precios. "El numerario circulante en el Paraguay es escaso, es insuficiente para el desarrollo de los negocios y obstáculo que se opone a la prosperidad del país", se decía en la Cámara de Comercio de la Asunción.⁸

            Por otra parte, la emisión destinada a proporcionar recursos al gobierno eximía al gran comercio de las contribuciones adicionales a que se hubiera visto obligado si el fisco hubiese optado por establecer nuevos impuestos para sufragar el déficit, ya que era el único sector con capacidad suficiente para soportar la carga tributaria adicional. Las emisiones operaban como un impuesto invisible, cuya carga la soportaban los consumidores finales, a través de la erosión continua del poder adquisitivo de sus ingresos y ahorros. Por estas circunstancias, no sólo en el sector público existía una disposición emisionista, también en el llamado sector privado, que agrupaba al reducido grupo del gran comercio, a la banca y a la industria de exportación, tácita o manifiestamente, existían partidarios de las emisiones por más inorgánicas que fueren. Los únicos opositores activos eran los importadores, a quienes el aumento del cambio que las emisiones producían, les encarecían sus costos y les reducían sus beneficios.

 

            LA INCERTIDUMBRE CAMBIARIA

La continua expansión del medio circulante empujaba en forma acumulativa al aumento de los precios y del cambio. La cotización del oro, que a fines de 1895, era de $565 por cien pesos oro, en marzo de 1898 sobrepasó el nivel de 700$, y llegó al máximo de 780$ cuatro meses después.

 

 

            Los efectos negativos de esta tendencia ascendente del cambio resultaban acentuados por la incertidumbre de la fluctuación continua de las cotizaciones. En la ausencia de un mecanismo regulador de la oferta monetaria y cambiaria, el agio y la especulación en las transacciones con monedas extranjeras estaban a la orden del día. El tipo de cambio variaba constantemente, de día en día y de hora a hora. Por la estacionalidad de la producción interna de bienes de exportación, entre la oferta y la demanda de cambios existía un desfasaje que necesitaba ser compensado. Mientras las exportaciones se concentraban en unos pocos meses determinados, las importaciones y las necesidades de pagos al exterior se repartían, en forma más o menos balanceada, a lo largo del año. Como consecuencia, la cotización cambiaria, de no mediar otros factores, tendía a bajar en los meses de concentración de las exportaciones, y a elevarse en los otros meses. Al mismo tiempo, mientras la demanda de cambios estaba distribuida en un número mayor de compradores (importadores, individuos, organismos oficiales), la oferta se concentraba en manos de un reducido número de exportadores mayoristas, que ejercían una total discrecionalidad en sus ventas. Naturalmente, buscaban vender cuando las cotizaciones estuvieran más altas. El aumento del cambio elevaba continuamente el costo y los precios de los productos importados, que eran la fuente principal del abastecimiento del consumo interno.

            LA MARGINACIÓN RURAL 

El sector agrícola, que abarcaba aproximadamente el 75 % de la población del país, se desenvolvía prácticamente al margen de la economía monetaria, y en condiciones extremadamente precarias. Su capacidad de producción y sus niveles de ingresos resultaban constreñidos por la reducida dimensión de los predios que trabajaban, y por el opresivo régimen de comercialización de productos agrícolas que, al amparo de la libertad de comercio, se había desarrollado en el país.

            El minifundio era la forma dominante de explotación. La superficie promedia cultivada por unidad familiar, era de poco más de dos hectáreas. Un alto porcentaje de las parcelas apenas tenía una hectárea. Mientras la legislación nacional ofrecía al inmigrante extranjero, entre otros beneficios, el otorgamiento gratuito en propiedad de predios de dimensiones mayores, el agricultor nativo ocupaba su parcela en forma precaria, sin ningún título de dominio. El rendimiento posible de su reducida superficie era insuficiente para satisfacer las necesidades más elementales del grupo familiar que la trabajaba.

            La eficiencia de estas explotaciones se veía, además, disminuida, por la carencia de implementos adecuados, y la escasa difusión de la técnica agrícola necesaria para optimizar los rendimientos del esfuerzo productor. La falta de semillas seguras, de insecticidas, de utilaje agrícola, la ausencia de toda planificación y rotación de los cultivos, el manejo deficiente de las cosechas, la insuficiencia del crédito agrícola y la explotación resultante del régimen de comercialización de los productos agrícolas, eran males endémicos que agobiaban al agricultor paraguayo.

            El capital que poseía el pequeño agricultor, fuese propietario o simple ocupante, era mínimo. No le alcanzaba para atender los gastos de subsistencia de la familia hasta la época de comercialización de las cosechas y los costos que la preparación de los cultivos demandaban. Para cubrir esas erogaciones, el agricultor dependía del crédito a su alcance.

            Por las limitaciones de los recursos del Banco Agrícola, la única institución bancaria que otorgaba créditos al sector rural, la fuente obligada de financiamiento para la gran mayoría de los agricultores era el anticipo proveído por los acopiadores locales de productos agrícolas. Estos suministraban a los productores, en especie, a precios vilmente fijados, los bienes de consumo, y algunos insumos mínimos como semillas e implementos menores. El agricultor quedaba obligado a pagar éstos anticipos con sus productos, a precios preestablecidos, en las épocas de cosecha.

            Librado a los designios de los intereses comerciales, este sistema de anticipos no podía constituir una forma aceptable de crédito agrícola. Significaba la usura y la especulación con los productos del agro. Perseguía el acaparamiento de las cosechas, la mengua del precio que recibía el productor, y, en general, la especulación desorbitada con los productos y las necesidades del trabajador de la tierra. Constituía una explotación indeseable que anulaba todos los esfuerzos y sacrificios del agricultor, y afectaba duramente los ingresos y las condiciones de vida de la población rural. Con este mecanismo, los beneficios de los mejores precios externos nunca llegaban hasta el productor.

 

            LOS CUESTIONAMIENTOS INTERNOS 

El ambiente de prosperidad que vivía el país, estaba así cargado de contradicciones, de auge comercial por un lado, y de dificultades fiscales por el otro, de aumento de las exportaciones, y de fuertes fluctuaciones cambiarias; de bonanza de unos pocos y de angustias de los más. Era evidente que ni la libertad de comercio ni la prosperidad económica aseguraban por sí solas la extensión de los beneficios del progreso a toda la población.

            Con ese cúmulo de problemas y contradicciones, era natural que surgieran planteos y cuestionamientos acerca de las medidas y políticas aplicadas por el Gobierno. No sólo se criticaba el déficit presupuestal y las continuas fluctuaciones del tipo de cambio, sino que se cuestionaba la esfera misma de los deberes y responsabilidades del Estado. Se discutía qué funciones o acciones debía o no asumir el Gobierno para impulsar el mejoramiento de la situación del país, por una parte estaban los que rechazaban toda intervención estatal. Para ellos el Gobierno no tenía ninguna función útil que cumplir en el campo del comercio y la producción. La intromisión del Estado en los asuntos de esta naturaleza importaba un atentado contra la libertad de comercio, garantizada por la Constitución, y respetada por todos los hombres de ciencia y los pueblos civilizados. Lo mejor que podía hacer el Gobierno era no hacer nada, repetían.

            En otra parte se situaban los que propiciaban la intervención del Estado, como una condición necesaria para el desarrollo progresivo de la economía, y para la integración y mejoramiento constante del cuerpo social. Esa intervención era legítima y conveniente cuando la requería el interés común. El principal exponente de esta nueva corriente de ideas fue Blas Garay, quien desde su diario "La Prensa", difundía sus innovadores planteamientos.

            "La tesis que pertenece a la escuela liberal, sostenía, no nos parece defendible. El LAISSER FAIRE puede convenir a países viejos, en donde la regularidad con que todos los organismos funcionan, hacen innecesaria en la mayor parte de los casos de intervención del Estado; pero no creemos que deba ponerse en práctica en países nuevos, que empiezan a desenvolverse tropezando a menudo con obstáculos, para vencer los cuales no basta la acción natural y libre de los intereses empeñados en vencerlos. Es necesario que el Estado, con los poderosos medios de que dispone, concurra a allanar el camino y a hacer más fácil la evolución.

            Esa misión del Estado es legítima, y más reconocida cada vez como necesaria. Nadie tiene el interés que él para colocar rápidamente al país en situación de progreso. Como principal interesado se justifica su intromisión: como el más poderoso, como el que encaminando bien sus esfuerzos, ha de ser el que más haga, se hace esa intromisión necesaria.

            La repugnancia que a algunos inspira la acción del Estado en el orden económico, procede de la falsa idea de que únicamente existe para lo político.

            Somos partidarios de la intervención del Estado. La requerimos, sino como absolutamente necesaria, como sumamente conveniente. El Estado debe hacer algo, pensamos nosotros, en contraposición de los que creen que lo mejor que hay que hacer es no hacer nada" ⁹

            Con la gravitación de esas ideas, las orientaciones de los dos partidos políticos del país asumieron direcciones divergentes, El Partido Liberal mantuvo su posición de defensa del libre comercio y de la iniciativa privada. Rechazaba toda intervención del Estado en el campo económico. El Partido Colorado, en cambio, pasó a propugnar la intervención del Estado, no para reordenar la sociedad toda, sino para resolver problemas específicos, como lograr la estabilidad de los cambios, una mejor distribución del ingreso y un mayor acceso de la población campesina a la propiedad rural. Sostenía que el Gobierno no debía ser un factor pasivo en las relaciones económicas. Debía intervenir para precautelar y promover el interés social. Planteó reformas económicas y fiscales orientadas a esos propósitos. Las acciones propuestas no buscaban sustituir a la iniciativa privada en el ejercicio de la producción y el comercio, sino crear condiciones más adecuadas para su mejor desenvolvimiento y corregir desequilibrios económicos y sociales que el libre juego de las fuerzas del mercado no remediaba.

            EL BROTE DE PESTE BUBÓNICA

A fines de abril de 1899, un factor exógeno vino a perturbar el desenvolvimiento expansivo del comercio local. Un brote de peste bubónica se desató en la Asunción. Tres tripulantes de un barco procedente de Buenos Aires, que murieron en la Capital, fueron los portadores del mal. "La epidemia se extendió con rapidez, localizándose especialmente en el rancherío de la Encarnación, que fue incendiado como medida sanitaria; sus pobladores fueron trasladados a Loma Clavel y la Chacarita. Pronto, sin embargo, se registraron nuevas víctimas entre aquellos, así como en los cuarteles, suburbios y pueblos de la capital."¹⁰ Para prevenir la difusión del mal fuera de la ciudad, se estableció un cordón sanitario en torno a la Asunción, que paralizó el comercio con el interior, y determinó el cierre del puerto. Con la interrupción del comercio exterior, la oferta de cambio disminuyó abruptamente, y revirtió la tendencia descendente de las cotizaciones. La cotización del oro sellado, que de diciembre a marzo había disminuido de $ 718 a $ 647, a fines de abril saltó a $ 790. Las dificultades del Tesoro se acentuaron con la caída de los ingresos aduaneros. El Gobierno no disponía de recursos alternativos para atender sus compromisos inmediatos. El límite de emisión estaba colmado.

 

            LOS PLANTEOS MONETARIOS 

Con las nuevas incertidumbres, la opinión pública comenzó a inquietarse por las soluciones anticipadas para la cobertura de los atrasos. Las opciones más mencionadas eran el uso de los recursos de la Caja de Conversión y el aumento del límite de emisión. Para aplacar las preocupaciones del comercio, el ministro de Hacienda formuló declaraciones sobre la favorable situación económica que vivía el país, y prometió que la mora del tesoro quedaría resuelta pronto. Un diario local hizo entonces los siguientes comentarios:

            "...los optimismos del señor Ministro sólo nos sirven de fugaz consuelo; porque con lo poco que de nuestra hacienda pública conocemos, creemos tener lo bastante para estimar como cosa imposible que los atrasos del tesoro estén cubiertos, no ya a fines de julio, sino tampoco a fines de año.

            Esos atrasos representan, según nuestras noticias, que son noticias en buena fuente recogidas, cantidades considerables, y parece ser que de las rentas de la Nación sólo se podrá distraer muy poca cosa para atenderlos, a menos de abandonar el servicio de la deuda, abandono en que nadie piensa ni puede pensar. La mayor honradez en la percepción de las rentas ha de aumentarlas únicamente en cierta medida; pero nunca llegará a crearlas nuevas. La economía es un recurso socorrido y vulgar; con todo, es efectivamente la ocasión de emplearlo, y esperamos que el señor Ministro no tardará en echar mano a él, no en forma de supresión de empleos necesarios, ni de rebaja de sueldos, sino poniendo tasa en los gastos que no sean imprescindibles. Pero sumados todos estos nuevos elementos, el señor Ministro podrá considerarse feliz si alcanza a cerrar el año económico sin el déficit de los anteriores.¹¹

            Con la perspectiva de un nuevo aumento del límite de emisión, el problema monetario volvió a cobrar actualidad, y pasó a concentrar la preocupación de público. A invitación de Blas Garay, el Dr. Ramón Zubizarreta divulgó en las columnas del diario "La Prensa", una serie de cartas, en las que analizó la experiencia monetaria del país en el período constitucional. Aun cuando sus argumentos y conclusiones no resisten hoy el análisis moderno, tuvo en su época el mérito de haber puesto en evidencia la gravitación de la política y el déficit fiscales sobre el mecanismo monetario.¹² Una conferencia del Dr. Tomás Caivano, que se distribuía y leía en la plaza, decía que la depreciación del papel moneda era debida al monopolio y la especulación de los tenedores del oro.¹³ El Dr. Olascoaga insistía en sus planteos sobre la necesidad de un mayor circulante. Para contrarrestar esas afirmaciones, los directores del Centro Comercial repetían "que todas las dificultades que se experimentan en la plaza provienen principalmente del exceso de importación y los gastos excesivos de la Nación que no guardan bastante relación con la capacidad económica del país". Negaban que la suba extraordinaria del oro se debiera a la especulación de sus tenedores.¹⁴ Y hasta un gran poeta, contagiado del apasionamiento que el tema había suscitado en el ambiente, volcó en unos versos satíricos la relación y el enjuiciamiento de todos los argumentos que se esgrimían al respecto.¹⁵

 

            EL AUMENTO DE LA EMISIÓN

A pesar de todos los argumentos esgrimidos en contra, el Gobierno se decidió nuevamente por la solución más fácil. Para proveerse de los recursos que necesitaban para financiar sus gastos, resolvió repetir el expediente del aumento del límite de la emisión. Para ese efecto, creó primero la Administración de la Deuda Pública como dependencia del Ministerio de Hacienda, y le transfirió los recursos y funciones de la Caja de Conversión. Se le encargó, entre otras responsabilidades, de la emisión y amortización del papel moneda circulante, y de la administración de los recursos asignados para su amortización. Para aplacar a los importadores, se ampliaron las funciones de la nueva institución, para que pudiera otorgar créditos al comercio con los recursos que colectaba. Estableció la ley que "mientras el Congreso no determine el tiempo y forma de la conversión de los billetes, el Consejo de la Deuda Pública queda facultado para emplear los fondos acumulados en comprar oro, prestar a los comerciantes, industriales y particulares a un plazo que no exceda de noventa días, bajo caución real de su valor, en papel moneda efectivo de curso legal al tipo corriente de la plaza, cobrando por este servicio una comisión que no podrá exceder del 2% ¹⁶. Con ello, el sistema impositivo se transformaba en un instrumento de movilización de recursos para financiar la expansión de las actividades comerciales. La tasa del 2% que aplicaría a sus préstamos, estaba muy por debajo del costo del dinero en el mercado.

            Poco después, por ley del 18 de noviembre se aumentó el límite de la emisión en circulación, de diez a quince millones de pesos fuertes. Se afectó a la Administración de la Deuda Pública una serie de recursos nuevos que debía aplicar a la amortización del circulante. Al mismo tiempo, se amplió considerablemente el destino asignado a los recursos a su disposición. Debía cubrir los atrasos del Tesoro de los tres últimos meses, cancelar la deuda flotante acumulada con las "Ordenes de pago" en poder de los proveedores, cubrir un crédito extraordinario que había sido votado para atender las necesidades de la salubridad pública, y hacer, además:

            1) adelantos al comercio de exportación sobre promesas a oro, que no excedieran de 180 días;

            2) adelantos sobre depósitos a oro a un tipo que no excedieran del 700% y de un plazo de seis meses, y

            3) compras de giros sobre mercados extranjeros, por cuenta de terceros, con adelanto por los interesados de una cuarta parte de su importe a la caja de la Administración de Deuda Pública.

            Con esas responsabilidades y facultades nuevas, la Administración de la Deuda Pública quedó convertida en un instituto emisor que podía hacer adelantos al fisco, a los exportadores, a los importadores, y operar, además, en el mercado de cambio, adelantando fondos a futuro, y efectuando compras y ventas de giros sobre el exterior. A pesar de la amplitud y trascendencia de esas funciones, la ley no le definía ningún objetivo o condicionamiento para el ejercicio de esas facultades.

 

            LA REACCIÓN DEL COMERCIO 

No obstante el cuidado puesto para satisfacer a todos los sectores de opinión, la reacción no se hizo esperar. Esta vez fueron los importadores y los banqueros los que se movilizaron en contra de la nueva ley. A los bancos les molestaba la competencia privilegiada que la Administración de la Deuda Pública entraría a ejercer en el comercio del crédito. A los importadores les preocupaba la presión alcista que en el mercado de cambio podría producir el aumento de la emisión. Y el Gobierno tuvo que acceder a esa influyente presión. Para aplacar el descontento suscitado, el Ministro de Hacienda fue reemplazado por un representante del comercio, cuya preocupación fundamental pasó a ser reducir, en todo lo posible el monto de la emisión adicional. Explicó a este respecto la Memoria del Centro Comercial:

            "El comercio en general, cuya vida está íntimamente ligada con la económica y financiera del país, se ha preocupado siempre de la marcha de las finanzas públicas. El año anterior al que corresponde esta memoria, hizo manifestaciones públicas de desagrado cuando se sancionó la ley de nuevas emisiones, y durante el curso de 1900 sólo ha tenido oportunidad de intervenir cuando la presentación al Congreso del proyecto de ley de 23 de agosto, referente a la disminución de la emisión autorizada por el anterior proyecto, y esta vez fue para apoyar tan feliz idea, después de celebrar una gran reunión en este local, a invitación del Directorio.

            En aquella reunión se dijo que no era cuestión de tratar solamente la disminución de la emisión, sino también de definir mejor la cuestión entre papelistas y anti-papelistas, dos teorías cuya práctica no se ha visto sino en América del Sur; que ese proyecto no había venido solamente a disminuir en tres millones la emisión votada, sino que también demostraba el deseo de concluir con el sistema de hacerse de recursos con papel inconvertible. Que el país no tenga crédito, se dijo, es consecuencia del papel, pues cuando no hay fijeza en la moneda, cuando no hay certidumbre para el que trae fondos que la moneda valdrá mañana lo mismo, no habrá crédito, esto es, no habrá importación de capitales extranjeros, porque todo el mundo teme, todos huyen del país donde el oro se cotiza de 700 a 800 %.¹⁷

 

            LA CRISIS ECONÓMICA

A pesar de la reducción aplicada al límite de la emisión por el nuevo Ministro de Hacienda, los problemas fiscales y cambiarios se acentuaron. Un nuevo y decisivo factor entró inesperadamente a gravitar sobre la actividad económica del país. Hacia fines de 1899, una nueva crisis se había desatado en los centros manufactureros de Europa y en los Estados Unidos de Norteamérica, provocando una retracción en la demanda mundial de productos primarios y, por tanto, una baja en los precios de los productos nacionales de exportación. Aunque de una intensidad menor que las crisis anteriores, la contracción tuvo todas las características habituales. Según los registros de W. L. Thorp (Bussiness Annals), en el período 1900-1901, 15 países registraron estados económicos de depresión.¹⁸ Un Banco de Nueva York suspendió sus pagos, y quebraron varias firmas de Boston.¹⁹ En la Argentina, la tendencia expansiva de la economía fue igualmente interrumpida; "El curso desfavorable de la relación de intercambio, y la baja de los precios agrícolas a fines de 1899, incidieron sobre la economía argentina, a la que hicieron entrar en un breve receso que terminó (en 1902), apenas se produjo la recuperación de estos factores.''²⁰

            En el Paraguay, los efectos de la crisis se hicieron sentir de inmediato, aunque sus causas no fueron reconocidas. La tendencia expansiva de la economía se revirtió al desaparecer su principal fuerza impulsora. Se contrajo bruscamente la actividad del comercio. Cesó el acopio de bienes de exportación. Los recursos fiscales experimentaron una baja mayor. Pero en el ambiente local todos pensaban que la retracción era consecuencia del deterioro monetario y del desequilibrio fiscal. Así lo explicará más tarde el Presidente de la Cámara de Comercio de la Asunción, al hacer una relación de la situación recesiva que dominaba el mercado.²¹

            "La situación poco halagüeña de las finanzas nacionales, la desvalorización progresiva de la moneda nacional, las fuertes cuanto inusitadas oscilaciones en los cambios, son causas poderosas que influyen desfavorablemente sobre los intereses de todos los gremios aquí dignamente representados, y de los particulares en general; así es como vemos al comercio de la Capital retraído, temeroso de comprometer su crédito, y luchando con honroso tesón por salvarse: al comercio de campaña medio arruinado, con su crédito antes poco menos que ilimitado hoy restringido prudentemente por las medidas precaucionales tomadas por el de la Capital: vemos a las industrias llevando una vida dificultosa, anémica, que más bien puede llamarse de retroceso, excepción sea hecha de algunas pocas. Vemos a los productores en general abatidos, desanimados para emprender negocios o para dedicarse con afán a trabajos productivos, que a la vez contribuyeran eficazmente a robustecer los ingresos del erario y pudieran señalar una era de actividad y progreso nacional; y, vemos finalmente, que los capitales efectivos del exterior, se muestran remisos para venir en busca de negocios o de mejor interés".

            Con las secuelas negativas de la recesión, el gobierno del Presidente Aceval, que quiso ser de conciliación nacional y dio participación prominente a figuras de todos los partidos políticos y, particularmente, a representantes de la iniciativa privada, perdía apoyo y se desmoronaba. El deterioro económico alimentaba el descontento que se extendía a todos los sectores de la población. Poco después un golpe militar deponía al Presidente, y encargaba al Vice Presidente Carvallo un mandato interino que terminaría con la elección del Coronel Juan A. Escurra como Presidente Constitucional.

           

            LOS PROYECTOS DE MORENO

En medio de la crisis política y de incertidumbres intensas, Fulgencio R. Moreno fue llamado a ocupar el Ministerio de Hacienda del Gobierno del Vicepresidente Héctor Car vallo. La ciudadanía apelaba a uno de los más distinguidos intelectuales del país en procura de un guía que ayudara a restaurar la confianza en el manejo de la cosa pública, y ofreciera soluciones adecuadas a la difícil coyuntura que vivía la nación. La gestión de Moreno al trente de esa cartera será innovadora, creativa en sus planteos. Pero como sucederá igualmente más tarde con otros intelectuales volcados a la arena de la política, como Manuel Gondra y Natalicio González, sus realizaciones resultarán frustradas y truncas.

            La fuerza de los intelectuales es la idea, que es producto del aislamiento y la dedicación al estudio. La Política, en cambio, es el contacto con la opinión pública, es la comunicación con los cuadros y agrupaciones de bases. Es el accionar continuo en las filas de un partido, en el que la influencia personal se gana con la perseverancia y la dedicación al servicio de su causa. Es la gravitación sobre los acontecimientos a través de la solidaridad o el acuerdo con las personas y grupos que presionan sobre la vida y el desenvolvimiento de la nación. En ese trajín, el intelectual generalmente se pierde. Con la obsesión por las ideas, en las horas decisivas se le escapa la adecuada percepción de la realidad que le rodea. Resulta inflexible, y no sabe o no quiere hacer los ajustes o concesiones que las circunstancias requieren y entonces pierde apoyo. Desgasta su propia fuerza, y no puede concretar en realidades sus pensamientos, por más brillantes y acertados que fueren. Escribió al respecto Octavio Paz: "En general los intelectuales aman a las ideas sobre todas las cosas. Las aman en sus formas más perfectas y cristalizadas: como series de proposiciones enlazadas, es decir, como sistemas cerrados. Por esto, cuando llegan al poder, pretenden inmediatamente implantar sus hermosas geometrías. Pero la realidad es, por naturaleza, irregular y rebelde a las simetrías racionales. (...) El amor a las abstracciones es amor a la perfección, mientras que el amor a los hombres es paciencia y compasión ante lo inacabado y lo imperfecto".²²

 

            LA CUESTIÓN MONETARIA 

Moreno asumió la dirección de las finanzas nacionales en un momento dominado por los problemas económicos, y por las pasiones e intereses de los grupos políticos y económicos. Era, sin duda, uno de los cerebros mejor organizados del país. Conocía la cuestión monetaria mejor que cualquier otro hombre de su época. La había estudiado en el marco del pasado, y había recogido las lecciones de la experiencia vivida en el proceso de formación de la nacionalidad. Con sus conclusiones quería remodelar el futuro para hacerlo más justo y más próspero. Y quería hacerlo rápidamente. No admitía esperas ni vacilaciones. Buscaba reordenar la economía para asegurar la estabilidad de los cambios y dar facilidades a la intensificación del trabajo honrado. Tenía la firme convicción de que sólo de ese modo se podría iniciar la vigorización económica de la República, abrir las puertas del país al espontáneo contingente de brazos y capitales extranjeros, y, sobre todo, evitar que los nacionales abandonaran su propio suelo. Era un apasionado por la justicia social. Le rebelaba lo que pasaba en la propia tierra, "en donde el sudor campesino, oro traducido en valiosísimos productos, decía, es tan sólo fuente de penurias y estrecheces originadas por una oligarquía monetaria ruinosa para el pueblo trabajador".²³

            En sus planteamientos fue un innovador, un precursor, pero al mismo tiempo un incomprendido. Destacó con claridad la importancia de la cuestión monetaria para el desenvolvimiento ordenado de la economía nacional. Con vastos recursos naturales por aprovechar, con amplias posibilidades para la inversión de capitales nacionales y extranjeros, y con una actividad industrial todavía en su fase primaria, el problema monetario era la cuestión básica que debía ser resuelta para poder encarar luego el desarrollo intensivo de las actividades productivas.

            "Nuestro crédito, explicó, nuestro peso económico se mide y se medirá por la potencia adquisitiva de nuestra moneda, y mientras ésta, lejos de robustecerse, siga en sentido inverso y sin porvenir conocido, no podremos aspirar ni siquiera a iniciar la gran restauración que anhelamos.

            La cuestión por resolver es, pues, la cuestión monetaria, la cuestión de los cambios, la cuestión de la suba y de la baja del oro, que no es, como se afirma, una simple cuestión suscitada entre los banqueros de la Asunción por ganar uno o dos puntos, sino una cuestión vital para el presente mismo de la República. Esa es la cuestión previa, la base de la gran obra de nuestra organización económica y financiera".²⁴

 

            LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

Para Moreno, la intervención del Estado en el campo monetario era un requisito ineludible. La absoluta libertad económica era insuficiente e ineficaz para remediar el malestar económico que sofocaba al país. Podía considerarse como una aspiración todavía ideal de la sociedad humana, la meta, si se quiere, hacia donde tendía lentamente la evolución social, pero no una solución. La realidad estaba todavía muy lejos, por lo mismo que el organismo de las sociedades no ofrecía aún la normalidad, la robustez necesaria para su libre funcionamiento.

            "La restauración de nuestras energías económicas, decía, requiere la aplicación armónica de las fuerzas sociales; ella debe iniciarse con la prudente intervención del Estado, como centro regulador, en medio de los graves trastornos que han producido los males indicados.²⁵

            La legitimidad y conveniencia de la intervención del Estado en el orden económico cuando lo requiere el interés común, han sido demostradas ya desde un punto experimental y científico.²⁶

            El error de los que todavía propalan la acción negativa del Estado, argumentaba, tiene su origen en el falso concepto que de éste tienen y en las preocupaciones ya envejecidas de la escuela clásica. El laisser faire ha sido relegado ya al museo de las antigüedades económicas".²⁷

            En la concepción de Moreno, la intervención del Estado no tenía por objeto competir con la iniciativa privada o impedirle su actuación en la esfera de la producción y el comercio. Por el contrario, buscaba sólo corregir las perturbaciones que afectaban su desenvolvimiento más eficiente en esos campos.

            "La solución de la cuestión económica exige como condición indispensable, sostenía, la normalización monetaria y ésta a su vez ha de obedecer a una combinación de medidas que aseguren las gestiones del gobierno en la dirección de los cambios, las facilidades para el trabajo honrado, el aumento de la producción y la espontánea importación de capitales que se asimilen al organismo económico de la República".²⁸

            "La normalización de los cambios y el saneamiento paulatino de la moneda habrá de ser el punto de partida; el trabajo honrado, su condición y coronamiento; trabajo del pueblo para el acrecentamiento de la producción; trabajo de los poderes públicos para la organización administrativa y el robustecimiento de la vida económica del Estado".²⁹

            Moreno fue el primero en señalar la necesidad de la acción de un organismo especializado para imponer un orden a la anarquía monetaria. Propuso la regulación del sistema monetario en la forma que más tarde asumirían los bancos centrales. La falta de control y coordinación del sistema era, para él causa de abusos e inestabilidades y de la pérdida de confianza en la moneda y el crédito nacionales.

            "El capital circulante, representado por la moneda, sostuvo, tiene bajo el influjo de una ley económica conocida hace varios siglos, una especie de instinto de propia defensa que rara vez falla; y, por lo mismo que la mala moneda rechaza a la buena, la moneda que sirve de tipo universal y buena por lo tanto, en todas partes no se aventura en los momentos de confusión ni campea en terrenos inseguros, y hace de su aparición intermitente materia de oportunidad, que cuando queda librada enteramente al arbitrio de la especulación particular, puede convertirse en el origen de las mayores calamidades. Débese a esto que en una plaza minada por la lucha monetaria constante, que se refleja en las oscilaciones extraordinarias de la cotización del oro, ésta no puede atribuirse a una causa única, ni es posible que su normalización surja espontáneamente de la lucha misma empeñada desde hace años con grave perjuicio para el país, fuera de toda intervención gubernativa".³⁰

 

            LAS CAUSAS DE LAS FLUCTUACIONES

Mientras en los círculos locales se hablaba del déficit fiscal, de la escasez de las exportaciones, de la carencia absoluta de metálico por el volumen excesivo del papel moneda y la cuantía exagerada de mercancías importadas, como causas de los cambios altos y las oscilaciones bruscas, Moreno sostenía que las intermitentes desapariciones del oro y las continuas fluctuaciones del cambio no se debían a la emisión existente ni al saldo de la balanza comercial, sino a la mala repartición del oro en el mercado.

            "En el Paraguay, decía, las grandes casas importadoras son a la vez fuertes exportadoras; puede decirse que la producción entera del país está en su poder. Entre tanto, los importadores de menor cuantía son numerosos. Al mismo tiempo aquéllos son los principales capitalistas a papel moneda, pues las emisiones hechas anteriormente han tenido la rara virtud de ir a parar en los Bancos de que forman parte como fuertes accionistas.

            Resulta entonces que cuando dichas casas han satisfecho sus necesidades a oro en el exterior, no tienen por qué ofrecer el sobrante, puesto que poseen capital suficiente de papel moneda".³¹

            Según Moreno, la especulación en el mercado cambiario se producía del modo siguiente:

            "El oro se cotiza, por ejemplo, al 900. Los comerciantes a, b, c, y d necesitan en conjunto 25.000 pesos oro para sus vencimientos. Nadie ofrece oro, las puertas de los Bancos y de los giradores se cierran. Al otro día el oro está al 1200, y a ese tipo lo compran dichos comerciantes para pagar sus deudas".³²

            Para iniciar la reacción contra esa especulación nociva, y poder situar el cambio en su verdadero nivel, Moreno estimaba indispensable una de estas alternativas:

            "1º) Que los importadores sean (todos) a la vez exportadores en proporción gradual y calculada; o 2º) Que la aparición u ocultación del oro en todo el Paraguay no dependa exclusivamente de las conveniencias particulares de unos pocos".³³

 

            LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

Como lo primero era imposible lograrlo en un plazo más o menos inmediato, Moreno recomendó lo segundo, para lo cual propuso la intervención del Banco Agrícola en la comercialización, y, si necesario fuere, en el estanco de todos o cada uno de los siguientes productos: yerba mate, cueros y tabaco. Su intervención no tendría por objetivo propósitos de lucro, sino solamente reunir divisas para regular la oferta cambiaría y evitar las oscilaciones de la cotización del cambio. El producto de la exportación de las especies acopiadas alimentaría un fondo en monedas extranjeras, que el Banco utilizaría para mantener la regularidad de la oferta en el mercado cambiario. Era un planteamiento insólito que se alzaba contra todos los principios librecambistas en boga. Proponía el control y la expropiación de los cambios para lograr la estabilidad cambiaría, amortiguar los efectos de las perturbaciones de origen externo sobre la economía nacional, e independizar, en cierta medida la circulación monetaria y los niveles internos de precios y de ocupación de las variaciones en los saldos de la balanza de pagos.

            Complementariamente proponía un conjunto de medidas para fortalecer la posición fiscal y eliminar la incidencia negativa del desequilibrio presupuestal sobre el sistema monetario.

            Se suprimía la quema de billetes que se acumulaban con las recaudaciones de varias rentas fiscales asignadas a ese efecto, y que en adelante ingresarían al erario, junto con otros impuestos que tenían diversos fines específicos. Se restauraría así la centralización del manejo de todos los ingresos y egresos en la Tesorería de la Nación. Al mismo tiempo, se creaban otros impuestos nuevos destinados a aumentar los ingresos del fisco. La mayor disponibilidad de recursos facilitaría la administración y el financiamiento de los gastos y la reducción del déficit fiscal.

            Simultáneamente se intensificaría el fomento de la producción de bienes exportables. El Banco Agrícola quedaría facultado para emitir obligaciones denominadas en pesos oro, hasta el equivalente de $f 10.000.000, que serían descontadas por la Caja de Conversión, de los cuales $f 3.000.000 se destinaba a cubrir los atrasos del Tesoro el equivalente de 200.000 pesos oro a la compra de armas, y el resto debía invertir el Banco Agrícola del modo siguiente:

            30% en préstamos agrícolas.

            20% en préstamos industriales.

            50%     en el fomento de la producción de tabaco, repoblación forestal, vialidad pública, adquisición de materiales y maquinarias agrícolas e industriales, y hasta 100.000$ para la Escuela de Agricultura y las Escuelas de Prácticos agrícola-ganaderos.

            El Banco Agrícola sería en adelante, no sólo un organismo de crédito, sino también un instituto de fomento. Pasaría a ejercer la superintendencia administrativa de todas las gestiones oficiales relacionadas con la agricultura y la ganadería, así como "el impulso económico de las mismas y de las industrias nacionales en general". Se creaba, además, la Dirección de Agricultura y Ganadería para el apoyo y fomento de las actividades productivas de esos sectores y para el desarrollo de la enseñanza agrícola en toda la República. El mensaje correspondiente fue elevado al Congreso el 14 de julio de 1902.

            Con las facultades y funciones nuevas que proponía el proyecto, el Estado entraría a intervenir activamente en el proceso económico, con el objeto de lograr el aumento de la producción de bienes de exportación, e incrementar la oferta de oro en la plaza. Destacó al respecto Emilio Fadlala: ³⁴

            "Realmente habrá parecido una innovación inaudita en tiempo del librecambismo en todo el mundo, en una época orgullosa de las regulaciones automáticas, que le brindaba el funcionamiento del patrón oro. La herejía se hacía más notoria aún cuando se expropiaba nada menos que el 50% del valor sobre uno de los principales productos de nuestro comercio exterior: la yerba mate. No deba extrañar, pues, la violenta reacción de los sectores afectados, ni de los círculos de opinión, imbuidos, sin duda, del más acendrado liberalismo económico y político".

            A pesar de una enjundiosa presentación hecha por Moreno en la Cámara de Diputados, el proyecto quedó paralizado a nivel de comisiones. No ganó el apoyo necesario en el ambiente legislativo, y, sobre todo, desató una resistencia intensa en los partidos de oposición y en los círculos bancarios y comerciales. En el Congreso Legislativo, el bloque mayoritario pedía una solución más simple y de efectos más inmediatos: el aumento del límite de emisión que permitiera cubrir de una sola vez todos los atrasos y, financiar, además, diversos emprendimientos que se encontraban suspendidos por falta de recursos. En la oposición, el sector cívico del Partido Liberal inició una intensa campaña periodística en contra del monopolio oficial del crédito y los cambios y de la intervención del Estado en la comercialización de los productos de exportación que el proyecto propiciaba.³⁵ Sus principales expositores fueron Cecilio Báez y Adolfo R. Soler. Los comerciantes mayoristas, por su parte, se oponían a la competencia privilegiada que el Banco Agrícola entraría a ejercer en el tráfico de exportación de los principales frutos del país. Particularmente se movilizaba en contra del proyecto el poderoso grupo de exportadores yerbateros, que tenían una gravitación considerable en los círculos financieros y comerciales de la plaza. Solamente un grupo de banqueros y de comerciantes mayoristas captó la trascendencia y el alcance de la propuesta. Era la primera que no buscaba la solución de las angustias fiscales con la emisión de billetes inconvertibles y cuyo verdadero objetivo era dotar a la economía nacional de una moneda estable. Ese grupo incluía a banqueros prominentes como los Sres. Jorba y Angulo. Este grupo ofreció al Sr. Moreno su cooperación para modificar el proyecto, a fin de eliminar los puntos de fricciones y fortalecer y hacer viables las medidas orientadas a lograr la estabilidad de los cambios y la convertibilidad del papel moneda.

 

            EL SEGUNDO PROYECTO

Confirmado en el Ministerio de Hacienda del nuevo Gobierno del Presidente Escurra, Moreno buscó reactivar la iniciativa de la reforma monetaria y fiscal, y procedió a modificar su proyecto original para adecuarlo a las recomendaciones del grupo de banqueros y comerciantes que lo apoyaba. El nuevo proyecto fue elevado al Congreso el 2 de mayo de 1903. Se eliminó en él la intervención directa del Estado en la comercialización de productos de exportación, y se substituyó esa fuente de ingresos en monedas extranjeras con un empréstito externo de un millón quinientos mil pesos oro, que serviría de encaje metálico a la Caja de Conversión, para la regulación del mercado cambiario y de respaldo al papel moneda en circulación. La Caja contaría con un fondo en moneda local que estaría alimentado con un impuesto adicional a la exportación. Tendría, además facultad para emitir contra metálico, lo que le permitiría una capacidad ilimitada de compra para hacer frente a una oferta aumentada de divisas en el mercado cambiario.

            La función principal de la Caja de Conversión consistiría en la venta del oro que poseyera o la compra del que se ofreciera en el mercado, a tipos determinados expresamente, a fin de producir la valoración gradual del papel moneda y evitar las oscilaciones en el precio del metálico. La nueva Caja de Conversión sería un organismo exclusivamente monetario, que no intervendría en el mercado del crédito. Se argüía en el mensaje de presentación del proyecto que el aumento de la circulación y la reducción de la tasa de interés vendrían, forzosamente, como consecuencia de la valorización de la moneda y la estabilidad de los cambios, que provocarían la influencia del capital extranjero, a más del movimiento que imprimirían a los (capitales) del interior.³⁶

            Destacaba el mensaje, que bajo el régimen de emisiones sin defensa alguna, libradas a los vaivenes de la especulación, la moneda fiduciaria, aunque relativamente escasa, había ido depreciándose sucesivamente hasta ultrapasar el tipo del 1000 %. Se consideraba que así como el tipo de cambio del 900 era agobiador, la baja repentina a menos del 800 % sería de efectos igualmente desastrosos puesto que en el transcurso de varios años, se habría acumulado una gran suma de intereses vinculados con esa cotización.³⁷Esta preocupación era justificada La política monetaria debe basarse siempre en la aceptación de la estructura de precios existente y no en la creación de una nueva. Lo contrario sería convertirla en un factor de distorsiones y conflictos.

            Como medidas complementarias, el proyecto proponía igualmente la Reforma de la Ley de Aduanas, la creación de la Dirección General de Impuestos Internos, el aumento del capital del Banco Agrícola y la creación de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

            Este proyecto tenía una gran limitante. Su aplicación dependía de la obtención de un préstamo externo cuya concreción era totalmente incierta. Aun cuando las medidas propuestas estaban enmarcadas en los más sanos principios monetarios, no podían producir acciones y efectos inmediatos que satisficieran las expectativas de la plaza. Podía pasar un examen académico, pero no resistía el escrutinio político del momento. Con esas características salientes, el proyecto recibió la calurosa aprobación de la Cámara de Comercio de la Asunción, pero no logró el respaldo de los círculos legislativos. Ante la evidencia de la obstinada oposición parlamentaria, Moreno elevó su renuncia al Ministerio de Hacienda el 12 de mayo de 1903. Fue llamado a sucederle el Sr. Antonio Sosa, un parlamentario prominente, que desde la prensa y la cátedra había abordado el tema monetario.

 

            LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Mientras el debate monetario proseguía, la economía nacional había iniciado su fase de reactivación. Se había revertido la tendencia recesiva de los mercados externos y la demanda de bienes primarios comenzaba a intensificarse. Las exportaciones aumentaban con el aporte nuevo de algunos productos más elaborados, como el tanino y el tasajo, que encontraban mercados favorables en el exterior. El valor de las exportaciones de 1903 excedería en más del 30% el nivel alcanzado el año anterior. Con el estímulo de la mayor capacidad de compra interna, resultado de la activación del acopio y procesamiento de bienes para la exportación, las importaciones también se elevaban, incrementando significativamente los ingresos aduaneros. Simultáneamente se había producido otros cambios de trascendencia en la economía nacional.

            Por el acceso directo del tanino a los mercados europeos, y del tasajo a España y el Caribe, la economía no sólo se había diversificado, sino que reducía a la vez su dependencia del mercado argentino. Al mismo tiempo disminuía la concentración de la oferta de divisas en cortos períodos del año y en un solo círculo de exportadores. No es que la economía se hubiera emancipado del mercado argentino. Las compras y el financiamiento de ese país seguían teniendo una gravitación decisiva en el total de las exportaciones, y en el nivel de las actividades económicas del Paraguay, particularmente para los sectores tradicionales de la yerba y la madera. El mercado argentino, por su parte, estaba también reactivando sus compras en el Paraguay. La economía argentina había iniciado igualmente "una fase de prosperidad, (...) que siguió hasta que los balances desfavorables de 1906 y 1907 afectaron el poder de compra del país.³⁸

 

 

            La oferta aumentada de cambios, consecuencia de la afluencia reanudada de recursos externos para el acopio y despacho de los frutos de exportación, de la reactivación de las exportaciones y de los mejores precios de los mercados externos, comenzó a contener la tendencia ascendente del cambio. La reactivación del comercio interior, por su parte, presionaba por un circulante mayor y por financiamientos más amplios que facilitaran el desenvolvimiento más activo de las transacciones internas. Estos cambios favorables en las condiciones de la plaza se producían, impulsados por la recuperación de la demanda externa, a pesar de todas las incertidumbres locales que la falta de definiciones sobre la cuestión monetaria originaba. En esas circunstancias más propicias, pero cuya percepción enturbiaba e impedía el agitado debate monetario, Antonio Sosa inició sus gestiones al frente del Ministerio de Hacienda.

 

            EL PROYECTO DE SOSA

El mandato del nuevo Ministro era apremiante y nada fácil. En un corto plazo debía producir un proyecto alternativo que obviara las resistencias parlamentarias que impidieron la aprobación de las propuestas de Moreno. Y las circunstancias no le daban mayor margen de maniobra. Tenía que ampliar el límite de la emisión en forma inmediata y substantiva. Al mismo tiempo, debía contrarrestar el impacto que esa expansión pudiera tener en el mercado de cambios. Adicionalmente, tenía que lograr el mayor consenso posible en el sector privado. Y no obstante la complejidad de esos requerimientos contradictorios, su respuesta no se hizo esperar. El proyecto de Sosa fue elevado al Congreso el 17 de junio 1903.

            El objetivo de la propuesta, -destacaba el mensaje de su presentación al Congreso-, era "remediar la escasez de numerario, el alza de intereses, las oscilaciones bruscas del papel moneda (no en los primeros momentos), la falta de protección a la agricultura, a las industrias y al comercio, la exigüidad de los recursos públicos y la urgencia de poner término a una complejidad inconveniente entre oficinas dependientes del mismo estado".³⁹ Proponía, además, el financiamiento de la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado para la ciudad de la Asunción.

            Recomendaba el proyecto elevar la emisión de papel moneda de $f 14.069.000 a $f 30.000.000. El incremento de $f 15.93 1.000 tendría los siguientes destinos:

            Para el Banco Agrícola              $f 10.931.000

            Cloacas y aguas corrientes     $f    3.000.000

            Atrasos del Tesoro                     $f    2.000.000

 

            La suma asignada al Banco Agrícola debía destinarse hasta $f 1.331.000 a préstamos agrícolas, $f 4.500.000 a créditos hipotecarios, y $f 5.100.000 para compra y exportación de frutos del país. Las obras de cloacas y aguas corrientes serían contratadas ad referéndum con una empresa de construcción. Las bases que se acordaran para el contrato, debía el Gobierno elevarlas luego al Congreso para su aprobación.

            Para evitar los efectos negativos de la expansión monetaria en el mercado de cambios, el proyecto incluía dos medidas complementarias. Por una parte, la emisión autorizada debía hacerse gradualmente, de modo que, la expansión del medio circulante fuese guardando una proporción acorde con el incremento de la producción. Con excepción del monto asignado a crédito agrícola, todas las demás partidas a que se destinaban los nuevos recursos tenían programas de desembolsos que extendían el período en que la emisión se haría efectiva. Los 4.500.000 $ destinados a créditos hipotecarios se emitirían por partidas no mayores de 250.000 $ mensuales. La partida para compra de frutos del país no se entregaría sino en los períodos de cosechas, y sólo para cubrir la parte no atendida por el acopio regular del comercio. Los pagos de las obras de cloacas y agua corriente se harían por cuotas de $f 500.000 cada una, y en tres épocas: la primera, al inicio de las obras; la segunda, al llegar a la mitad de la construcción y, la última, al ser entregada al servicio.

            Adicionalmente, la ley creaba un mecanismo de regulación e intervención en el mercado de cambios. Al mismo tiempo que disolvía la Administración de la Deuda Pública y la Tesorería reasumía la administración de todos los ingresos y egresos de la Nación, se restablecía la Caja de Conversión para intervenir en el mercado de cambios, y preservar la estabilidad del valor del peso. Sus funciones y facultades serían las siguientes:

            a) La Caja debía recibir de la Aduana el producto de los recursos recolectados en oro. Entre ellos se incluían el 10% sobre las exportaciones de madera; el adicional $f 0.09 y 0.12 sobre la exportación de yerba molida y mboroviré; el aumento de los derechos de exportación de cueros en 0.35 $f, y el 2 y ½ % adicional sobre la importación de mercaderías sujetas a derechos. Estos impuestos redituarían aproximadamente 200.000 $ oro al año.

            b) Quedaba, además, facultada a expropiar la tercera parte de los cueros vacunos que exportara la República. A los efectos del pago en moneda local de su valor, la aduana efectuaría el aforo de los cueros expropiados. Se establecía así un mecanismo de expropiación del cambio de parte de las exportaciones del país, una medida precursora del control de cambios, que no tenía precedentes en la práctica y la teoría monetaria.

            c) La Caja debía negociar un crédito externo de un millón de pesos oro sellado, que integraría un fondo de reserva destinada a respaldar el circulante y a la regulación del cambio. Para este último efecto, la Caja quedaba facultada para comprar y vender oro y giros sobre el exterior, y para prestar oro al comercio, a plazos que no excedieran de 90 días. Se encargaría, además, de la venta del oro que produjeran las exportaciones del Banco Agrícola, y

            d) Se encargaba también a la Caja la emisión del papel moneda y de las monedas de níquel y el servicio de canje de los mismos.

            El proyecto fue resistido por la Cámara de Comercio, que alegó en contra del aumento de la emisión y de los nuevos gravámenes que en él se establecían. Estas medidas -sostenía-, entrarían a impedir o retardar el desarrollo de la producción y, por tanto, el aumento de la exportación. "Puede acarrear también -añadía-, un retraso lamentable en el aumento de la riqueza nacional, y hasta influir poderosamente en el retraimiento de la importación del país, del verdadero capital, ya sea en forma efectiva, oro, o en forma de brazos que haría producir nuestras fértiles comarcas, tan necesitadas de población".⁴⁰ En los círculos comerciales se decía que la ley produciría la disparada del tipo de cambio a niveles estimados entre 1500 y 2.000 $fs.

            A pesar de tales objeciones, el proyecto no sólo fue aprobado por el Congreso, sino que en el curso de su consideración se decidió aumentar el límite de la emisión a $f 35.000.000, destinándose los 5.000.000 $f adicionales al financiamiento de la construcción del Colegio Nacional, de la Cárcel Pública, para otros fines que se determinarían por leyes especiales, y a reforzar la partida destinada a cubrir los atrasos del fisco, que quedó elevada a $f 3.000.000. Se aumentó asimismo la expropiación de las exportaciones de cuero al 50 %, y se fijó en la misma ley el aforo del pago que por esa expropiación se efectuaría. Al mismo tiempo, se facultó al Gobierno para que, en caso de que la cotización cambiaria excediera del 900 %, procediera igualmente a la expropiación del 50 % de las exportaciones de yerba.

            El Poder Ejecutivo quedaba facultado para negociar dentro del país o fuera de él un crédito que no excediera de un millón de pesos oro, sobre la base de la cesión de los cueros vacunos expropiados. Este préstamo debía ser cancelado en un plazo de cinco años.

 

            EL CONTRATO CON RIUS Y JORBA

Cuando se dispuso por ley la expropiación de parte de las exportaciones de cueros, no fue la intención de que el Gobierno necesariamente interviniera en el comercio de ese producto con el objeto de obtener ganancias, "sino (la) de poner en sus manos importantes sumas de oro para repartirlas mejor", de modo a obtener un mayor equilibrio y estabilidad en el mercado cambiario. Así lo entendió el Gobierno cuando inició negociaciones con la firma Rius y Jorba, la mayor exportadora de cueros del país, para cederle la totalidad del cuero que pudiera expropiarse, contra un anticipo o préstamo de $ oro 500.000 que sería amortizado con el producto de las mismas exportaciones. El Gobierno entendía que no era su misión "entrar en lucha innecesaria y de espíritu lucrativo con la actividad particular, siendo así que su deber es armonizar las diferentes fuerzas que concurren a la elaboración del progreso común".⁴¹ El contrato correspondiente fue firmado el 6 de octubre de 1903.

            Con esa cesión, el Gobierno se desligó de las tareas de comercialización del cuero, y entró a operar exclusivamente en el mercado cambiarlo. Esta medida contribuyó a reducir las fricciones con el sector comercial. Se expresaba en los considerandos del decreto aprobatorio del contrato, que la intervención oficial en el mercado de cambios tendría por objeto:

            "fijar el valor de la moneda, el bien más grande que puede hacerse al trabajo y al progreso en todas sus formas, pues la intranquilidad que producen las bruscas y fuertes oscilaciones del oro con relación al medio circulante, hacen que muchos capitales y brazos se sustraigan a las empresas útiles y activas, llamadas a levantar a los pueblos, y en vez de emplearse en la agricultura, industria y comercio honrados, buscan su expansión en el agio y la especulación, que inmensos e incalculables males han ocasionado, y que desapareciendo tales incertidumbres tomará sorprendente vuelo la producción general del país".⁴²

 

 

            LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

El pronóstico negativo de la Cámara de Comercio resultó equivocado porque no tomó en consideración, o no advirtió la intensificación de la demanda y el aumento de los precios de las materias primas que se estaban operando en los mercados externos. Las medidas reguladoras del Proyecto de Sosa encontraron así, al momento de su aplicación, el ambiente más favorable de la mayor oferta de divisas, el incremento de las exportaciones, y la demanda activa de capital de trabajo que originaba la intensificación de la producción interna de bienes de exportación. Con la influencia de esos factores, la expansión monetaria resultó en gran medida compensada por la oferta aumentada de divisas, y no produjo el gran efecto desestabilizante que se había augurado. La tendencia ascendente del tipo de cambio fue primero contenida, y muy luego comenzó su descenso hasta el nivel de 877 $f en que el Gobierno buscó mantenerlo, para proteger la rentabilidad de la producción de bienes para la exportación.

 

 

            Ante las reclamaciones del comercio de la insuficiencia del crédito bancario, por ley del 4 de septiembre de 1903, el Gobierno asignó a la Caja de Conversión 3.000.000 $f de la partida asignada para compra y exportación de productos del país que no había sido utilizada. Se le facultó además, a abrir una sección comercial que, con tales recursos debía otorgar descuentos al comercio, a una tasa del 9 % , y anticipos en cuenta corriente al 10 %. La Caja entraba así a competir en el comercio del crédito. Esta medida satisfizo al comercio, pero al mismo tiempo intensificó la resistencia y la oposición de la banca comercial hacia la política monetaria del Gobierno.

            La intensificación de las actividades productivas y comerciales se extendía a todos los sectores de la economía y a todas las regiones del país. Con ese panorama favorable, el Mensaje Presidencial de abril de 1904 hizo la siguiente relación de las condiciones en que se desenvolvía la actividad económica:

            "La situación económico-financiera de la República ha entrado en un nuevo período de indiscutible reacción. La producción nacional y, con ella, las rentas fiscales, han aumentado considerablemente. Por todos conceptos, la hacienda pública ha mejorado, probándolo los números de la manera más acabada. (...) Las rentas públicas han aumentado halagadoramente. A favor de 1903 se produce un (aumento del) 39.7% sobre las entradas de 1902. (...) Los atrasos se han pagado casi íntegramente, no quedando en circulación órdenes de pago sino por muy insignificante cantidad.

            "En los momentos más críticos, en situación realmente desesperante, surgió en el escenario monetario la Caja de Conversión. Escaseaba oro y escaseaba papel. La Caja de Conversión puso remedio a todo, a la medida de sus fuerzas, se entiende. Favorecida ampliamente por el público ha podido ensanchar por modo notable los importantes servicios para que fue instituida. La cotización del oro había alcanzado el 1170, de donde ha venido descendiendo hasta el 870, mediante la brillante actuación de la Caja de Conversión. En estos últimos días se elevó de nuevo el tipo al 900, por obra de la misma Caja, y porque así convenía a sus intereses.

            "La Caja da oro y papel. Este a un interés barato, al cual no estaba acostumbrado nuestro comercio: al 9 y al 10 %. La especulación y la usura se habían extremado. La tasa del interés elevadísima, y las fuertes oscilaciones en el valor de la moneda, eran escandalosas. El valor del oro variaba en cien y doscientos puntos de una semana a otra. Las cosas, felizmente, han cambiado. La Caja ha remediado tantos abusos, y es hoy día un poderoso freno para los embates formidables de la confabulación agiotista y usurera. (...)

            "El movimiento de la Caja es considerable. Hasta fines de febrero último ha vendido oro por valor de $ 1.454.227.43. Estas operaciones las han facilitado las compras de oro que la Caja hacía, y el contrato que el Gobierno celebró con la Casa Rius y Jorba, haciendo uso de la autorización que le acordaba la ley del 14 de julio.

            "Son inapreciables los bienes que trae consigo una relativa estabilidad monetaria. Bajo los auspicios de la tranquilidad producida por la estabilidad en los cambios, este país puede realizar prodigios en el orden del progreso". ⁴³

            A la vista de la prosperidad en curso, y cuando todavía flotaba en el ambiente el eco de todos los argumentos y pronósticos formulados durante el largo e intenso debate de la cuestión monetaria, un diario independiente publicó el balance siguiente

 

NUESTRA RIQUEZA Y EL MEDIO CIRCULANTE

 

            "Siempre que se ha ofrecido oportunidad de entrar en digresiones de los efectos producidos o a producirse, con motivo del aumento del medio circulante, los papelistas y antipapelistas han abundado en infinidad de consideraciones en apoyo de sus doctrinas financieras y económicas.

            En ese cambio de ideas hemos visto que siempre se ha reconocido el principio de que la moneda fiduciaria debe guardar armonía con la riqueza colectiva y las necesidades del país, pues aquélla viene a representar un rol de fondo de garantías.

            Y en efecto, tal deducción descansa en fundamentos lógicos, porque la riqueza es el regulador del crédito, esto es, del papel emitido.

            Naturalmente que no hay que apartarse del orden de las proporciones, puesto que hay que tener en cuenta que el exceso trae siempre aparejadas resultancias que hacen fracar a las más sabias de las leyes.

            Cuando en época reciente los comentarios sobre economía política y finanzas estaban a la orden del día, puesto que se trataba de los proyectos de Hacienda, no faltaron quienes exclamaran que el país no estaba en condiciones de aumentar su emisión, pronosticándose una serie de desastres que han quedado en la categoría de simples o ideales suposiciones.

            Y esto no podía menos que producirse, pues la riqueza general apreciada en conjunto, y considerada en paralelo con la emisión, resulta una inmensa mole al lado de una unidad microscópica.

            Bastará decir que una sola propiedad privada, representa mayor valor que todo el medio circulante de que se dispone.

            El telégrafo acaba de anunciar que un sindicato norteamericano ha ofrecido a los señores Casado, la cantidad de 1.000.000 de libras esterlinas por su valioso establecimiento del norte, o sea cincuenta millones de pesos papel.

             Este ejemplo es archisugestivo, y nos consideramos relevados de mayores consideraciones". ⁴⁴

            Aún cuando los fundamentos invocados en el artículo eran equivocados, los comentarios en él formulados corroboraban que los augurios fatalistas de la escalada cambiaría y del retraimiento de la producción no se habían producido. Eran equivocados porque el medio circulante no debe guardar relación con la suma de la riqueza patrimonial del país, sino con la corriente de bienes y servicios que la actividad económica genera y que pasan a constituir el objeto de las transacciones de compra venta que se realizan en el mercado interno. Y con la nueva tendencia que estaba operando en la economía, no sólo había aumentado la oferta interna de bienes y servicios, sino que también la aplicación de la facultad de emisión estaba siendo llevada a cabo con adecuada moderación y cautela. Se cuidaba de no alterar el sensitivo equilibrio de los precios y de los cambios. Al 21 de marzo de 1904, el medio circulante había aumentado a sólo 20.411.795 $f, manteniéndose sin ejercicio casi 15.000.000 de $f.

 

            LA LEY DE COLONIZACIÓN Y DEL HOGAR

Como parte de su programa económico, el Gobierno patrocinó la aprobación legislativa de un programa de colonización agrícola para nacionales y extranjeros. La ley respectiva fue sancionada el 25 de junio de 1904. Pasó a ser conocida como la Ley de Colonización y del Hogar. Con ella se extendieron al agricultor nativo los mismos beneficios que se otorgaban a los inmigrantes, para el acceso y aprovechamiento de la propiedad rural. Buscaba el Gobierno promover el desarrollo de una agricultura próspera, como base del bienestar rural, y asentar a cada familia campesina en un pedazo de tierra propia. Analizando la trascendencia de esta ley, José Rodríguez Alcalá formuló los comentarios siguientes en un editorial del diario "La Democracia":

            ". . Nada hace percibir tan claramente la idea de la patria como la posesión de un pedazo de ella donde poder levantar el albergue de familia. Dueño el ciudadano de su hogar, aumenta su sentimiento por el hogar común llamado patria, del que tienen un pedazo que conservar y defender porque lo necesita para el bienestar de los suyos.

            "El ciudadano que nada posee, en cambio, que no tiene un pedazo de tierra propia que fecundar con el noble sudor del trabajo, sin vivir en la inquietud de ser despojado, llega si no a perder, a sentir por lo menos el debilitamiento de la idea de patria que no se asocia con la de ningún interés íntimamente vinculado a la suerte de los suyos. En estas condiciones, las primeras necesidades no cumplidamente satisfechas hacen emigrar al ciudadano privando de su concurso a la labor general de la república.

            "El señor Fleytas se proponía con la ley que meditaba, conseguir el regreso a la patria de los miles de ciudadanos que por aquel motivo la abandonaran, y evitar que en lo sucesivo la permanencia de la misma causa mantuviera los mismos efectos desastrosos. La tarea era, pues, de la más grande importancia, y su solo pensamiento ennoblece la acción del señor Fleytas."⁴⁵

            Con la ley se proponía el establecimiento y desarrollo de colonias agrícolas y pastoriles en diversos puntos del país. Para esa finalidad se afectaron al programa todas las tierras fiscales situadas dentro de los límites territoriales de la República, y las tierras particulares que se seleccionaran para ese objeto.

            Serían sujetos elegibles para los beneficios del programa cualesquier persona nacionales o extranjeras de edad, que no fueran propietarias de bienes raíces en la República.

            Las colonias se formarían mediante la agrupación ordenada de lotes agrícolas o ganaderos y centros urbanos. Los lotes agrícolas debían tener una superficie de 20 hectáreas y no menor de 12, según las condiciones peculiares de los terrenos. Los lotes de colonias pastoriles debían ser de cuatro kilómetros cuadrados. Las colonias pastoriles se establecerían únicamente en tierras públicas que no fueran aptas para la agricultura. La familia que en el tiempo de dos años, contados desde su respectiva instalación, hubiese cultivado y sembrado toda la extensión del lote que le haya sido asignado, sería agraciada con una concesión gratuita de otro lote adicional, en la misma o en otra localidad.

            Se buscaba que todo hogar campesino pudiera asentarse en un pedazo de tierra propia. A este efecto, todo beneficiario elegible tenía derecho a entrar en posesión de un lote baldío urbano, median te el pago de sólo cinco pesos fuertes. Los lotes urbanos debían tener una superficie mínima de cincuenta metros en cuadro.

            Para proteger y beneficiar a las familias o personas ya instaladas en las zonas designadas para el asentamiento de las nuevas colonias, la ley consagraba el derecho del primer ocupante en la asignación de las nuevas parcelas.

            Los beneficiarios pagarían el costo de los lotes que recibieran, en un plazo de cinco años. A los efectos de la adquisición y distribución de las tierras designadas para colonización, el Gobierno quedaba facultado a invertir, de las rentas fiscales, hasta la cantidad de ciento cincuenta mil pesos fuertes al año.

            Fue ésa una ley progresista, cuya aplicación integral hubiera significado una reforma radical en el régimen de tenencia de la tierra agrícola del país. Se orientaba a la sustitución de las parcelas típicas de 2 o 3 hectáreas, por granjas de 12, 20 y hasta de 40 hectáreas. Era un emprendimiento que buscaba transformar al ocupante de la tierra en propietario de su lote, y a sustituir la agricultura de subsistencia por una más eficiente y rentable, con capacidad para una producción más abundante y para el abastecimiento de mercados más amplios. Buscaba la formación de una población rural acomodada y próspera, con posibilidades de mejores niveles de vida y un acceso mayor a los beneficios de la educación y la salud, y que estaría llamada a tener una participación y una gravitación más directa y activa en la vida del país.      

 

 

NOTAS

 

¹Di Tella, G. y Zymelman, M. Los Ciclos Económicos Argentinos. Ed. Paidós, 1973, p. 62.

²Von Mises, Ludwig. Teoría del Dinero y del Crédito. Madrid, 1936, p. 297.

³Rodríguez R, J. Derecho Bancaria Porrúa, México, 1968, p. 1.

⁴Banco Central de la República Argentina. La Creación del Banco Central y la Experiencia Monetaria Argentina„ 1972, p. 67.

⁵Chaves, Manuel W. El Paraguay Ilustrado, 1919, p. 104.

⁶ Banco Mercantil del Paraguay. Memoria, 1899, p. 57.

⁷ Moreno, F. R. La Cuestión Monetaria en el Paraguay, 1902, p. 5

⁸Memoria de la Cámara de Comercio de la Asunción, 1904, p. 85

⁹González, J. Natalicio. Moreno y sus Ideas Económicas. Guarania, 1936. N° 28, p. 25.

¹⁰Garay, Blas. Paraguay, 1899. ARAVERA. 1984, p. 324, Nota 5.

¹¹"La Prensa", mayo 19 de 1898.

¹²Fueron reeditadas con el título de "La Cuestión Monetaria", en la Revista del Instituto Paraguayo, 1904, N°49.

¹³Caivano, Tomas. ¿Por qué sube el Oro?, B. A., 1891.

¹⁴Memoria del Centro Comercial del Paraguay, 1902, ps. 33 y 34.

¹⁵ Victorino Abente. Plan Económico. "La Prensa", marzo 4 de 1899.

¹⁶RORP. Ley del 15 de junio de 1899.

¹⁷Memoria del Centro Comercial del Paraguay, 1901, p. 19.

¹⁸Estey, J.A. Los Ciclos Económicos. FCE., 4a. ed., p. 95.

¹⁹Akerman, J. Estructuras y Ciclos Económicos. Aguilar, 1962, p. 356.

²⁰Di Tella, G. y Zymelman, M. Las etapas del desarrollo económico argentino. Paidós, 1973, p.57.

²¹Memoria de la Cámara de Comercio de la Asunción. 1904, p. 76.

²²Cit. en J.S. García. Los Presidentes. Grijalbo, 1986, p. 83.

²³Moreno, F.R. La Cuestión Monetaria en el Paraguay, 1902, p. 115

²⁴Ibíd., ps. 7 y 8.

²⁵Mensaje al H. Congreso Legislativo, mayo 3 de 1903. En Memoria de la Cámara de Comercio de la Asunción, p. 64.

²⁶Moreno. Ob. cit., p. 65.

²⁷Ibíd., p. 60.

²⁸ Ibíd., p. 106

²⁹Mensaje cit. En Memoria de la C. de C. de la A. 1904, p. 65.

³⁰Moreno. op. cit., p. 105.

³¹Ibíd., p. 47

³²Ibíd., p. 47.

³³Ibíd., p. 50.

³⁴Emilio Fadlala. La Política del Control de Cambios en el Paraguay. Revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Nº 98. ps. 10 y 11.

³⁵El Monopolio. "El Cívico", julio 19 de 1902.

³⁶Los Proyectos del Sr. Ministro de Hacienda, Dn. Fulgencio R. Moreno. Memoria de la Cámara de Comercio de la Asunción, 1904, p. 69.

³⁷Ibíd., p. 69.

³⁸Di Tella y Zymelman, Ob. Cit., p. 87.

³⁹Los Proyectos Rentísticos. Memoria de la Cámara de Comercio de la Asunción, 1904, p.107.

⁴⁰ Cámara de Comercio de la Asunción. Presentación al Congreso Referente a los Proyectos Sosa. Memoria, 1904, p. 121.

⁴¹Decreto del P.E. del 7 de octubre de 1903.

⁴²RORP. Decreto del 7 de octubre de 1903.

⁴³Mensaje del Presidente de la República al H. Congreso de la Nación, 1904, ps. 21 y sgtes.

⁴⁴La Tarde, 14 de junio de 1904.

⁴⁵Rodríguez Alcalá, José. La Administración del Coronel Escurra. 1904, ps. 20 y 21.

FUENTE (ENLACE INTERNO) :

 

 HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA ECONOM�A NACIONAL 1870 a 1925

WASHINGTON ASHWELL

Tapa: LUIS VERÓN

CARLOS SCHAUMAN, Editor

Asunción – Paraguay. 1989 (388 páginas)

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