LA CRISIS DE 1873

Por WASHINGTON ASHWELL

            LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

El ritmo expansivo de la recuperación de las actividades productivas se traducía en el aumento progresivo de las exportaciones, el mayor abastecimiento del consumo interno con bienes de producción local, y la intensa actividad del comercio en sus diversos niveles. La actividad económica giraba en torno a la producción de bienes para el consumo local, y para los mercados externos, la importación de artículos manufacturados, y la exportación de productos primarios, entre los cuales la yerba, las maderas, los cueros y el tabaco constituían los rubros principales.

            Para la gran mayoría de la población, la agricultura fue la fuente principal de ocupación y de subsistencia. El área de los cultivos se expandía año tras año. Las cosechas se sucedían y aumentaban. Con el impulso de la inversión extranjera, la ganadería intensificaba sus explotaciones para aprovechar el agudo déficit del abastecimiento interno y el precio favorable de la carne. La firme demanda externa de yerba y maderas, estimulaba el aumento de la producción y el intenso laboreo de los bosques. El sector forestal era de los más activos, superado sólo por el comercio de importación, que era el más próspero. Para el desarrollo de sus actividades, los importadores contaban con el apoyo del crédito externo. Las facturas de las importaciones traían normalmente plazos de 30 a 90 días para sus pagos. Con este medio, se financiaba gran parte de la fase mayorista de la comercialización interna de las mercancías importadas.

            Las importaciones mantenían un nivel superior al de las exportaciones. La diferencia se cubría con los pagos de las intendencias de los ejércitos de ocupación y el ingreso de capitales que llegaban al país para el financiamiento de actividades productivas y comerciales. La planilla de pagos del ejército brasileño era de aproximadamente 30 mil libras mensuales, y la del ejército argentino de unas 10 mil libras por mes. La llegada de los pagadores de ambos ejércitos era aguardada con ansiedad en la plaza. El ingreso de capitales no era un flujo masivo, de grandes partidas, sino una corriente de pequeños y medianos caudales que traían los inmigrantes, artesanos, ganaderos y comerciantes para financiar sus emprendimientos y negocios. El ingreso de grandes capitales o de empresas mayores era la excepción.

            Aun cuando la tendencia general de la economía era ascendente, lejos estaba de un nivel de prosperidad y de abundancia. Las oportunidades para los negocios y las inversiones eran múltiples. Los márgenes de las utilidades del comercio eran altísimos. Había así grupos y sectores que acumulaban y se enriquecían. Los más activos y prósperos eran los antiguos proveedores de los ejércitos aliados que se habían radicado en el país y establecido casas de comercio y explotaciones ganaderas y forestales. Pero la mayoría de la población se debatía en un precario nivel de subsistencia. La situación de la capital y de las ciudades mayores del interior, donde se concentraban las actividades del comercio mayorista, era más próspera, mientras que en las áreas rurales, donde se había refugiado la inmensa mayoría de la población, la desocupación involuntaria y la pobreza generalizada eran la característica saliente.

            EL DETERIORO FISCAL 

En el sector público, las dificultades de pagos no encontraban una solución satisfactoria. A pesar del aumento de las rentas de la aduana en casi el duplo,¹ el desequilibrio entre recursos y gastos tendía a acentuarse. La memoria del Ministerio de Hacienda, del año 1873, hizo el siguiente relatorio del deterioro acumulativo de la situación fiscal:

            "... A fines del mes de noviembre de 1871, debía el Gobierno la importante suma de 1.800.000 pesos fuertes. (...) Las entradas de toda la Nación, desde el 25 de noviembre de 1870 hasta el 31 de diciembre de 1871, suman la cantidad de 451.205.64 pesos fuertes. (...) El déficit de este año alcanzaba la cantidad de 597.791.77 pesos fuertes, lo que quiere decir que los gastos de la Nación del tiempo indicado alcanzaron a 1.048.996.81 $fts. (...) Si se agrega a esa cantidad. . . el saldo de la cuenta del Gobierno Provisorio al 24 de noviembre de 1870, que asciende a la cantidad de $fts. 1.050.509.30, hallaréis que para cubrir la cantidad 2.099.506.11 $ había tan sólo la cantidad a que ascienden las rentas de la Nación y que... son 451.205.04 $fts; de modo que el importe de la Deuda Nacional al 31 de diciembre de 1871 asciende a 1.648.301.07 patacones".²

            La insuficiencia de recursos fiscales originaba fuertes presiones negativas sobre el frágil mecanismo monetario y, especialmente, sobre la liquidez del comercio que abastecía las necesidades del Estado. Los atrasos en los pagos eran continuos. El Ministro de Hacienda no vislumbraba otra solución que no fuese "la desamortización completa de los bienes del Fisco". Había que venderlo todo y a cualquier precio. Ese era el pensamiento dominante.

            Por la falta de ingresos suficientes, la Tesorería apelaba a recursos tales como la emisión de papel moneda, el pago de sueldos con papel sellado que luego eran descontados en el comercio, y a los proveedores con vales de aduana, que podían ser aceptados en el pago de los derechos aduaneros.³ La deuda flotante aumentaba continuamente, y no se anticipaban soluciones efectivas en un plazo más o menos mediato.

            EL PROBLEMA MONETARIO

Si el problema fiscal que confrontaba el Gobierno era agobiante, más lo era el vacío monetario que las nuevas autoridades debían resolver. El sistema monetario de los López, basado en el monopolio oficial del comercio exterior, resultaba inaplicable. Debía ser sustituido por otro que satisficiera las necesidades nuevas que el libre comercio exterior originaba.

            Todo sistema monetario debe conciliar los requerimientos diversos del comercio interno y del intercambio exterior. En el comercio interior, las partes que celebran una compra-venta utilizan una misma moneda. Acuerdan el precio y el pago se hace con la moneda usada por ambos. En el comercio exterior, esa relación es diferente. Cada una de las partes usa una moneda distinta. El vendedor espera que se le pague en el dinero de su país. Y aun cuando al comprador le gustaría pagar con su propio dinero, en la práctica debe hacerlo en una moneda aceptada por el vendedor. Para satisfacer las necesidades de los pagos internacionales, cada sistema monetario debe ligarse con los de las demás naciones, mediante un mecanismo de conversión que permita el cambio de la moneda nacional a monedas extranjeras. La convertibilidad expedita de las monedas facilita los pagos y cobros en las transacciones internacionales, sin los cuales el libre comercio exterior no puede operar.

            El régimen de monopolio de los López eliminaba o reducía a un mínimo las necesidades de conversión de la moneda nacional a monedas extranjeras. Como prácticamente la totalidad de las importaciones y exportaciones las hacía el Estado, el intercambio exterior resultaba un trueque de mercancías nacionales por mercancías extranjeras. Las importaciones y las exportaciones no eran operaciones separadas sino partes de una misma transacción que se compensaban mutuamente. Con esa modalidad, las necesidades de pagos en dinero se reducían al mínimo de las diferencias de valores de las mercancías intercambiadas. Y como las exportaciones corrientemente excedían a las importaciones, porque así lo buscaba la política comercial del Gobierno, resultaba siempre un saldo neto a favor del país. No había, en consecuencia, una demanda interna de monedas extranjeras para el pago de importaciones. Los saldos favorables del comercio exterior generaban un ingreso continuo de monedas extranjeras que sólo en cantidad limitada se destinaba a usos internos. En las transacciones locales, los pagos se hacían en billetes y monedas nacionales o en monedas extranjeras en la paridad y proporción establecidas por el Gobierno. La mayor parte del excedente de monedas extranjeras se destinaba al financiamiento de los gastos del servicio exterior, de las importaciones de bienes de capital para las industrias del Estado, y al pago de sueldos de los ingenieros y profesionales extranjeros que trabajaban en las fundiciones, los astilleros, los aserraderos mecanizados y en los barcos de la marina mercante.

            Con la apertura del país al comercio exterior, los requerimientos para el sistema monetario habían cambiado radicalmente. El libre comercio divide y fragmenta el intercambio externo en un heterogéneo conjunto de operaciones independientes de importaciones y exportaciones, aun cuando puedan existir importadores que sean a la vez exportadores. Cada una de las transacciones son realizadas y liquidadas separadamente. Surge con ello en el mercado local una oferta de monedas extranjeras que proviene de los cobros de los exportadores, y, por otra parte, la demanda originaba por las necesidades de pago de los importadores. La concurrencia de ofertas y demandas independientes y múltiples determina un precio o tipo de cambio al que se compran y se venden las monedas extranjeras, a cambio de la nacional. La moneda extranjera se vuelve una mercancía que es objeto de un intenso y activo comercio. El nivel de la cotización cambiaría gravita sobre el intercambio exterior y en el resultado de la balanza de pagos. Una cotización baja reduce el costo de las mercancías importadas, y estimula las importaciones. Al mismo tiempo disminuye el beneficio de las exportaciones, lo que las desalienta. La suba del cambio, por el contrario, encarece las importaciones y aumenta el rendimiento de las exportaciones. Con esas influencias, la cotización del cambio se vuelve un factor condicionante del comercio exterior. La oferta y la demanda de cambio quedan determinadas por el movimiento de la balanza de pagos, fuera de las preferencias y decisiones del Gobierno. El tipo de cambio ideal o de equilibrio resulta aquel que tiende a nivelar las importaciones con las exportaciones. La estabilidad cambiaria se convierte en una aspiración del comercio, y en una meta de la política monetaria. Sus ventajas para el comercio son evidentes. Le permite el cálculo anticipado de los costos y precios de venta de las mercancías importadas, y la cuantificación previsora de las ganancias buscadas. La inestabilidad cambiaria, por el contrario, produce incertidumbres y riesgos en las transacciones, dificulta las ventas y los contratos a plazo, desalienta el financiamiento crediticio en las operaciones internacionales, y obstaculiza el desenvolvimiento y la expansión ordenada del intercambio exterior.

            Con la nueva Constitución, el Congreso quedó facultado para reglamentar el régimen bancario y monetario del país. El inciso 5 del artículo 72 de la Constitución estableció, entre sus atribuciones, las de "Establecer y reglamentar un Banco Nacional con el privilegio de emitir billetes", dejando librados a la decisión de los legisladores los detalles de su organización y funcionamiento. La fórmula que los nuevos dirigentes adoptaron para organizar el sistema monetario, era una adaptación del proyecto de los bancos emisores que Vélez Sarsfield promovió en la Argentina en 1863. Se trataba de un sistema similar al que imperaba en los Estados Unidos de Norteamérica, fundado en el principio de la pluralidad de los institutos de emisión.⁴ Consistía en la habilitación de bancos autorizados a emitir billetes contra una reserva en monedas metálicas equivalentes a la tercera parte del valor de la emisión que realizaran. Las dos terceras partes restantes debían quedar respaldadas por documentos comerciales con plazos no mayores de 180 días. El sistema permitía diversas variantes: La de un banco emisor único o la de bancos múltiples con privilegios iguales. En cuanto a la propiedad del instituto emisor, podía ser del Estado, mixto o de propiedad privada.

            Con este sistema, se esperaba poder dotar al país de una circulación interna de papel moneda que sería convertible a su presentación en el banco emisor. Las emisiones responderían a necesidades efectivas del comercio y la industria. Los bancos operarían fuera de la jurisdicción de la autoridad y las influencias del Gobierno, para evitar la presión de las necesidades fiscales. En teoría, el esquema lucía razonable, aun cuando era de prever que la alta propensión a las importaciones de la economía nacional pudiera constreñir su liquidez, y dificultar la expansión de sus operaciones. Con todo, en la práctica el esquema era irrealizable. La habilitación de tales bancos no dependía de la sola decisión del Gobierno. Requería la concurrencia de inversionistas dispuestos a prestar dinero al Gobierno para la integración del capital inicial del banco, o a arriesgar sus capitales y asumir directamente la operación de servicios bancarios en el país. Y tales inversionistas no existían, según se pudo comprobar muy luego.

            El primer intento de constitución de un banco emisor fue el acordado por el Gobierno con el Sr. Carlos E. Soto en abril de 1870. El Sr. Soto se comprometió a establecer en la Asunción un banco de comercio con el nombre de "Banco del Paraguay".⁵ A pesar de los privilegios que le fueron acordados, el proyecto no pudo concretarse, por la falta de capitales de su promotor. Obtenida la concesión, el Sr. Soto trató de interesar en el proyecto a inversionistas del Río de la Plata, sin mayores resultados.

            Ante el fracaso de las gestiones del Sr. Soto, el Gobierno entró en negociaciones con los corredores del primer empréstito inglés, la firma Warring Hnos. de Londres, para que establecieran y operaran un banco de emisión en la Asunción. Para el efecto, el financiamiento de un Banco Nacional fue incluido entre las asignaciones de los recursos obtenidos con el primer empréstito negociado por intermedio de esa firma. De su producto se destinó la suma de 500.000 $f al capital del banco.⁶ Pero los hermanos Warring estaban interesados solamente en repetir el jugoso negociado del primer empréstito y recoger la ganancia rápida de la nueva operación. Asumir las responsabilidades tediosas e inciertas de un banco emisor en un lejano país, no entraba en sus propósitos. A pesar de las promesas hechas, el nuevo proyecto tampoco pasó del ámbito de las buenas intenciones. No obstante los privilegios acordados⁷ y los emplazamientos posteriores,⁸ nada positivo resultó de esa negociación. El nuevo empréstito se llevó a cabo, pero la idea del banco emisor quedó trunca. Otras prioridades absorbieron los recursos de los dos empréstitos, sin que quedara nada para el capital del banco.

            Entre tanto, el mecanismo monetario en uso en el país era precario y frágil. En la plaza circulaban un monto reducido de papel moneda, emitido por el Gobierno con promesas de rescate o amortización, junto con una masa mayor de monedas extranjeras diversas, a las cuales se había fijado una relación de valores en función al peso fuerte nacional. No existía ningún banco u organismo encargado de regular la emisión y el crédito. Tampoco se disponía de ninguna clase de reservas que sirvieran de respaldo al circulante. El papel moneda era emitido como un título de la deuda pública que debía ser redimido, antes que como una moneda destinada a circular indefinidamente como medio de pago. Las emisiones resultaban exclusivamente de las angustias y los apremios fiscales, sin ninguna relación con las necesidades de la producción y el comercio. Todas esas emisiones, según destacó Cardús Huerta, no tenían curso legal y forzoso. "Siempre en las leyes se indicaba el modo en que se haría la amortización, y no se daba curso forzoso al billete. Lo único que ha habido de notable es un decreto por el que se obligaba a los particulares a aceptar tales billetes, so pena de pagar el doble de multa y de ser procesados, encargándose de la ejecución a la policía y a los cuarteles".⁹

            En la ausencia de un mecanismo efectivo de conversión, el cambio de monedas se hacía al arbitrio y capricho de las partes. Más que un sistema que pudiera llamarse libre o abierto, era uno totalmente caótico y altamente vulnerable por las perturbaciones internas y externas. Con ese marco, el comercio exterior ejercía la gravitación dominante de gran proveedor del consumo interno y de mercado de los excedentes agrícolas y forestales. La actividad económica y el mecanismo monetario operaban en una situación de dependencia de los precios y la demanda de los mercados externos.

            En esas circunstancias, las posibilidades de que el papel moneda pudiera ser retenido y usado por la comunidad como medio de pago, dependía de factores que escapaban a la influencia de las nuevas autoridades. Como la mayor parte del abastecimiento que adquiría y consumía la población provenía del exterior, al final del circuito de intercambios y pagos que integraban las transacciones internas, una parte significativa del circulante tendía a concentrarse en manos de los importadores que, para la continuidad de sus operaciones, debían destinarla al financiamiento de nuevas importaciones y al pago de obligaciones con el exterior.          

            Por la carencia de un mecanismo de conversión, el papel moneda sólo podía ser usado para pagos internos. A pesar de las necesidades y de la demanda de la plaza, no podía aplicarse a los pagos externos. Ante esa limitación, después de cubrir sus gastos y obligaciones locales, los importadores convertían sus excedentes de moneda nacional a monedas extranjeras, a las cotizaciones inciertas de la plaza, y el resto lo destinaban a la compra de frutos de exportación, que también podían destinarse al pago de importaciones o a obtener divisas extranjeras aplicables al mismo objeto. Mientras ese circuito se cumpliera en forma ordenada, la plaza podría haber retenido una masa de papel moneda para los pagos internos, sin afectar la relación de su valor con el de las monedas extranjeras o con los de las mercancías ofertadas en la plaza, siempre que su monto se ajustara a las necesidades reales del intercambio local. Interferían para que eso ocurriera, el agudo desequilibrio fiscal que determinaba un aumento continuo de la emisión en circulación, y, sobre todo, la desconfianza hacia el papel moneda y la preferencia por las monedas extranjeras que existían en el comercio.

            Esas limitaciones no afectaban a las monedas extranjeras que circulaban en el país. Como el comercio era el núcleo central de la incipiente área monetaria, concentraba en torno a sus operaciones la casi totalidad de las transacciones que se pagaban con dinero. Por la preferencia que tenía el comercio por las monedas metálicas, su aceptación y uso se facilitaba y generalizaba en la plaza. El papel moneda, en cambio, era considerado un sucedáneo espurio del dinero, cuyo valor era incierto y dudoso. El comercio lo recibía con descuentos, aun cuando en sus pagos al fisco hacía valer su valor escrito. El descuento o agio, como se lo denominaba en la época, era del 17 y ½ % en mayo de 1872. Hacia principios del año siguiente había subido al 20% con tendencia al aumento. Coexistían así en la plaza un papel moneda débil y desamparado, y las monedas extranjeras que tenían un uso y aceptación más afirmados. Las monedas metálicas que el comercio reunía con sus ventas constituían la fuente principal de los recursos que se utilizaban para cancelar los compromisos con los proveedores del exterior. Las monedas metálicas volvían así a salir del país para cubrir el exceso de las importaciones sobre las exportaciones. En su relatorio de los problemas monetarios de la época, Zubizarreta destacó que "el principal artículo de exportación era el dinero". (...) "Sumas considerables se extraían en metálico por cada vapor que salía de la Asunción aguas abajo". ¹⁰

            LA CRISIS DE 1873

La recuperación económica comenzaba apenas a dar sus primeros pasos y a rendir sus primeros frutos cuando el nuevo orden fue sometido a la dura prueba de una crisis que puso en evidencia su fragilidad y su vulnerabilidad a las contingencias externas. Desde principios de 1873, la plaza comenzó a sentir los efectos de la contracción del medio circulante y la caída del poder de compra de la población. Las monedas extranjeras desaparecían de la circulación. El agio o descuento del papel moneda aumentaba continuamente. El financiamiento externo de las importaciones se había reducido a niveles mínimos. Las actividades del comercio declinaban ostensiblemente; el acopio de frutos del país en los mercados interiores se había paralizado. El país estaba sufriendo las secuelas de una crisis internacional, en la que no podía haber tenido ninguna influencia, y de la que ni siquiera llegaría a enterarse, absorbido como estaba por la intensidad de los problemas y las disputas locales.

            Con el deterioro de la situación interna, el descontento popular aumentaba y agitaba a la opinión pública en contra de la conducción oficial. El desasosiego generalizado alentó un primer levantamiento armado, que pudo ser contenido a medias por el Gobierno. Luego vendrían otros que terminarían por derribar el régimen. Un diario de la época hizo el siguiente recuento de la situación reinante: ¹¹

            "Si no hay un remedio eficaz que se aplique a los males que vienen aquejando al país, pronto nos veremos en la impotencia de conjurarlos. Por todas partes se levantan inconvenientes que traen la desesperación y la incertidumbre. Por todas partes sólo se ven desolación y desquicio. El comercio paralizado. El papel moneda despreciado. La campaña está desierta. La inseguridad individual en todas partes.

            La revolución que se produjo el 22 de marzo no ha podido ser dominada por el Gobierno, y en la actualidad recorren impunes los principales Departamentos, como por ejemplo Villarrica y Caazapá, y todos los de más allá de la vía férrea.

            Mientras tanto, el país sufre inmensamente. ¡La propiedad rural se concluye!. ¡El comercio languidece cada día, los hombres huyen del enrolamiento ganando el monte!; todo se paraliza ante este estado de cosas de completa indecisión y anómalo. Con tales antecedentes, ¿quién se atreverá a poner en ejercicio el más insignificante capital?".

            En medio de las tensiones que generaba el levantamiento armado, el tema económico se convirtió en el objeto de un intenso debate que movilizó a toda la prensa. El ataque y la defensa de la política económica del Gobierno eran los temas centrales. Aunque los problemas que experimentaba la economía aparecían bien identificados en los argumentos expuestos, las distintas posiciones atribuían su origen a causas diferentes.

Para el sector oficialista, el levantamiento armado era la causa de los problemas que vivía el país. Decía el diario EL FENIX al respecto: ¹²

            "... cuando precisamente se abría el campo a las más efectivas esperanzas, se presenta una montonera armada, cerrando la campaña a la actividad mercantil, anulando el comercio en ella establecido, obligando a los agricultores a abandonar sus cosechas, cuando estaban ya vendidas y en las cuales el comerciante fundaba sus especulaciones, acaso su única esperanza de rehabilitación, la única salvación de su crédito."

            En el seno del Gobierno se atribuía, además, una fuerte responsabilidad al agiotaje que el comercio hacía con el papel moneda. En una exposición en el Senado, el Ministro de Hacienda enunció como las necesidades más urgentes que debía atender el gobierno, primero el restablecimiento de la paz, y luego "la amortización del papel moneda para concluir de una vez con el agiotaje más escandaloso que se ha visto". "La continuación de ese papel moneda, añadió, es una ruina completa para el pueblo, y tiene precisamente que desaparecer como sea". ¹³

            Apoyando a su colega, el Ministro de Guerra sostuvo en la misma ocasión, que era una necesidad "que desaparezca de una vez ese agiotaje escandaloso que cuatro o cinco individuos han estado haciendo con el pueblo".

            La oposición culpaba al Gobierno, y el Gobierno culpaba al levantamiento armado y a la especulación deshonesta del comercio. Aun cuando los reproches recíprocos eran intensos, ambas partes estaban equivocadas. La crisis que vivía el país respondía a una causa totalmente distinta. Era consecuencia de la crisis que se había desatado en Europa. Fue inicialmente una crisis austro-germana, que se extendió luego multiplicada a los otros países. Gravitó en su gestación, describe Chiaramonte, la extraordinaria actividad financiera y económica condicionada por el pago de la indemnización de guerra por parte de Francia a Alemania. ¹⁴ Comenzó en Austria, donde las inversiones y la especulación eran por lo menos tan importantes como en Alemania. ¹⁵ Sus efectos se proyectaron rápidamente al exterior. El comercio internacional experimentó una intensa contracción. En Alemania se registraron quiebras de Bancos y una fuerte caída de la producción industrial. Fue particularmente grave en los Estados Unidos, donde las especulaciones en empresas ferroviarias habían dominado el auge precedente. Por primera vez en la historia monetaria de ese país, la Bolsa de Valores tuvo que cerrarse por diez días. ¹⁶ Debido a la caída acelerada de los precios de los productos primarios que produjo, y al papel dominante que la exportación de esos bienes tiene en el nivel de ocupación e ingresos de los países menos desarrollados, la crisis se proyectó a la periferia con una intensidad considerablemente mayor. La depresión mundial fue excepcionalmente larga, y se extendió hasta el segundo semestre de 1876.

            La crisis gravitó en el Paraguay a través de sus efectos sobre la economía argentina. A principios de 1873, una escasez de cambios sobre el exterior comenzó a intensificarse en el mercado de Buenos Aires. Esta situación presionó el retiro que hicieron los comerciantes de esa plaza de los capitales de corto plazo situados en el Paraguay. Suspendieron además el financiamiento de las exportaciones para ese mercado. Las tensiones se acentuaron e hicieron crisis poco después. Según Balbin, ¹⁷ la crisis argentina se inició en marzo de 1873, cuando el Gobierno empezó a retirar fuertes sumas de sus depósitos en el Banco de la Provincia y el oro comenzó a exportarse "en pago de nuestros consumos por falta de productos". La contracción de las reservas ocasionó la restricción del crédito de los bancos privados. Aumentaron los intereses y las exigencias de garantías para el otorgamiento de nuevos préstamos. Se paralizaron en el país las transacciones sobre tierras. Las firmas más sólidas tenían dificultades para conseguir descuentos; la tierra y las propiedades urbanas eran invendibles por falta de compradores.¹⁸ La industria y el comercio sufrían seriamente la carestía del medio circulante. En los mercados mundiales, los precios de los productos argentinos registraron una fuerte caída. Con la disminución de las exportaciones, el déficit creciente de la balanza de pagos acentuaba las dificultades de los pagos externos y presionaba sobre el nivel de los cambios. Los comerciantes malvendían sus mercaderías para afrontar los compromisos inmediatos con el exterior. Desde septiembre de 1873 comenzaron las quiebras comerciales, que llegaron a un promedio de 8 a 10 por mes, a inicios de 1874. La restricción del crédito, destaca Chiaramonte, a quien seguimos en esta relación, alcanzó, a comienzos de 1875, su punto culminante. El desaliento se generalizó en el país, aumentaron las precauciones de los prestamistas y la usura se convirtió en árbitro de la situación. ¹⁹

            Entretanto en el Paraguay, presionado por las reclamaciones de la opinión pública, el Gobierno procuraba mitigar las repercusiones de la desvalorización del papel moneda y del déficit fiscal. El problema era encarado como una cuestión local. No se percibía el origen externo de la depresión que se extendía en todos los países. Y aun cuando la recesión y la desarticulación del sistema productivo y comercial del país eran las causas que producían el deterioro acumulativo de la situación fiscal y monetaria, tampoco se lo advertía como una cuestión económica sino como un problema meramente monetario y fiscal. Se procuraba curar el mal por sus consecuencias, y no por sus causas. En la misma medida en que la denuncia de la pérdida de valor del papel moneda se convertía en bandera de la oposición, su amortización acelerada se volvía la preocupación central del Gobierno. Refería un diario de la época:

            "El papel moneda fue hasta hace pocos días el tema obligado de la oposición. Se decía que la República iba a hundirse si el papel moneda no se amortizaba, precioso bien que la revuelta venía a realizar". ²⁰

            Para retirar papel moneda de la circulación, por ley del 17 de abril de 1873 se dispuso la venta de varias propiedades situadas en la parte más céntrica de la ciudad. El producto total de esas ventas debía ser destruido por la quema. Adicionalmente, apenas llegada la primera remesa del nuevo empréstito de Londres, por ley del 30 de junio se dispuso que de las 100.000 libras recibidas (equivalentes a 500.000 $f), se destinaran hasta 200.000 $f a los gastos de pacificación del país, y el resto (300.000 $) a la amortización del papel moneda. Se quería retirar de la circulación la mayor cantidad de papel moneda en el menor plazo posible. Con ello se esperaba reducir el agio y eliminar el principal motivo de los ataques políticos. En el mes de agosto siguiente, se dispuso la venta de más propiedades públicas para el mismo propósito.

            De haberse cumplido a cabalidad con esas amortizaciones, la totalidad del papel moneda en circulación debió haber quedado extinguida. Pero aparentemente, los gastos de represión de la rebelión por una parte, los gastos corrientes del presupuesto y el pago de una mayor parte de la deuda interna por la otra, absorbieron una porción más grande de los recursos asignados. Aún así, la reducción fue importante. La quema de papel moneda y de vales de tesorería llegó a la suma $ 273.729 en agosto de 1873. El papel moneda era reemplazado en la circulación por las libras esterlinas del empréstito. Contribuían a aumentar su circulación los gastos y recompensas que en monedas de oro hacía el alto mando del ejército leal. Fue ése un paréntesis de abundancia de monedas metálicas. Un diario de la época celebró con la nota siguiente su relevante presencia en la plaza:

            "Las Libras. Y cuántas corren de esas benditas y carísimas rubias. Por donde quiera que se pase, óyese el sonoro y atractivo retintín de su elocuencia, vense los orgullosos reflejos de su mirada y su sonrisa. Buen provecho, señores." ²¹

            Pero las libras tuvieron sólo una presencia fugaz en la plaza. La intensa salida de capitales determinaba su retiro continuo del circulante y su remesa al exterior. La oferta de monedas extranjeras había disminuido considerablemente con la contracción de las exportaciones y la paralización del ingreso de capitales y del crédito externo. La demanda, en cambio, había aumentado con las remesas de capitales y el pago anticipado de las importaciones. En esas circunstancias, no era el exceso de papel moneda lo que determinaba el agio sino la demanda aumentada de cambios que dominaba la plaza. El premio al cambio extranjero, que en gran medida representaba el agio, no podría haberse eliminado con la sola disminución del papel moneda en circulación. Y la contracción del circulante, que resultaba de la amortización del papel moneda y de la reducción del gasto fiscal, no hacía sino acentuar la caída de los niveles de ocupación e ingresos de la población. El remedio aplicado era contraproducente, y sólo servía para agravar los problemas ya existentes.

            En el sector fiscal se intensificaron las economías para reducir el déficit. Para la confección del presupuesto de 1873, el Gobierno impuso a los funcionarios públicos una renuncia del 15% de sus sueldos en concepto de "donación voluntaria".²² Del presupuesto quedó excluido cuanto rubro pudo ser eliminado.

            "No sólo se hacía caso omiso de los gastos extraordinarios, destacó Zubizarreta, sino que, además, al presuponerse los gastos de las fuerzas públicas, se prescindía del vestuario y la alimentación de los soldados. Lo mismo acontecía con el personal de las comandancias militares, capitanías de puertos y otras oficinas, en que era forzoso mantener soldados. Sólo la policía de la capital mereció una vez que se le asignasen por excepción 20 raciones de maíz y alfalfa para consumo de los caballos, sin presuponerse el importe de este gasto. El capítulo dedicado al Hospital Militar ni siquiera contenía los gastos de botica, y el concerniente al vapor nacional Pilcomayo ni siquiera se acordaba del combustible". ²³

            A pesar del esfuerzo y los sacrificios que esas medidas imponían todo resultaba insuficiente. Como la amortización del papel moneda se hacía a expensas de los limitados recursos que podía movilizar el Gobierno, las posibilidades para reducir el déficit disminuían. No bastaba la sola economía en los gastos. El desequilibrio subsistía y aumentaba al no poder el Tesoro disponer de recursos adicionales.

            Reducir un déficit, o logar el equilibrio presupuestal en condiciones de recesión, es una tarea difícil si no imposible, particularmente en un país poco desarrollado como el Paraguay. Como consecuencia de la caída de los ingresos privados, el Estado experimentaba una reducción drástica de sus recursos, en momentos en que aumentaban las necesidades sociales que el Estado debía atender. Si los objetivos de la política financiera se limitaran, en esas circunstancias, a lograr el equilibrio presupuestal, el Estado tendría que haber reducido sus gastos al nivel mínimo de sus ingresos disminuidos, para lo cual le resultaría indispensable contraer sus funciones y la dimensión de su organización administrativa a niveles tan mínimos, que le restaría toda eficacia y razón de existir. A esa dura comprobación llegó el Gobierno con la ineficacia de todos los esfuerzos realizados para reducir el déficit que arrastraba. Explicó el Mensaje Presidencial del año:

            "Se han realizado cuantas economías y reformas reclamaba la necesidad de balancear los gastos nacionales con las rentas destinadas a sufragarlos; pero este propósito no ha podido obtenerse, porque para ello habría sido necesario exprimir tanto las economías, que la marcha regular de la Administración fuera muy difícil".²⁴

            Otro levantamiento armado con iguales banderas de reclamaciones y reivindicaciones populares se desató en mayo, y llegó hasta las puertas mismas de la capital en el mes siguiente. El Gobierno pudo nuevamente sofocarlo, destinando todas sus disponibilidades de libras esterlinas para financiar la represión. Entre tanto, el panorama político se complicaba aún más con las injerencias externas orientadas a presionar los acuerdos de paz y las concesiones territoriales en la delimitación de las nuevas fronteras.

            EL PROYECTO DE ESTANCO DE LA YERBA MATE

En el afán de contener el deterioro continuo de la situación interna, el Gobierno decidió substraerse de los cánones del liberalismo económico e incursionar en el campo de las actividades productivas y comerciales. Ante la ineficacia de las fórmulas liberales, se decidió recurrir al esquema anterior de los López. El Gobierno resolvió intervenir en la comercialización externa de la yerba mate, para aumentar las exportaciones y generar los recursos adicionales que angustiosamente necesitaba el Tesoro. A tal efecto, el 22 de diciembre de 1873 dirigió al Congreso, un proyecto de ley, que justificó con los argumentos siguientes:

            "Son del dominio público los funestos resultados que ha dado para el crédito de la Nación en el extranjero y la manera de realizar esos empréstitos, en los que el Gobierno ha tenido que invertir ingentes sumas, sin sacar de ellos los resultados prometidos.

            "La guerra, que es el azote de los pueblos, no sólo ha empobrecido toda nuestra campaña y paralizado los negocios en la Capital, por la revolución pasada, sino que absorbiendo todo cuanto se pudo salvar en el naufragio del empréstito del año 1872, pone al Gobierno en el caso de aumentar en el doble su presupuesto anual, para sostén de fuerzas suficientes para la conservación del orden y de las autoridades legales de la República.

            "En esta situación afligente, el P. E. quiere promover por todos los medios a su alcance el desarrollo de las riquezas naturales del suelo paraguayo; y con el fin de realizar en condiciones aceptables los fondos del segundo empréstito de dos millones de libras esterlinas, para invertirlos en objetos de utilidad pública, de acuerdo con la Ley que los creó, el P. E., fiado en las luces y patriotismo de la Legislatura Nacional, viene en proponer el proyecto de Ley salvador que se consigna en el Anexo A, destinado, no solamente a levantar el crédito del país, sino que también a fomentar y mejorar la explotación de la yerba mate, ramo tan importante de nuestra riqueza nacional, que muy bien podrá caer en demérito, a causa de las malas elaboraciones que se hacen sin inspección fiscal. No es nuevo que en el mundo comercial muera un artículo de consumo por motivo de una descuidada confección.

            "Sabido es que la mayor parte de las rentas de la Nación, antes de la guerra, provenían de los productos de yerba mate. La supresión repentina de esa considerable entrada, hecha antes de arbitrar otras nuevas, en momentos en que quedábamos en la mayor miseria y el Tesoro Nacional exhausto de todos sus recursos anteriores, ha venido a hacer imposible todo medio de equilibrar el presupuesto.

            "Se pueden ensayar cambios en el sistema rentístico de una nación, cuando su Tesoro está exuberante, capaz de hacer frente a los primeros inconvenientes naturales; pero en tiempo de crisis y penurias sin ejemplo en la decadencia de los pueblos, lo más juicioso es atenerse a las entradas que el país está acostumbrado a proporcionar, cuando éstas no hieren la moral, y a ejemplo de los pueblos más civilizados y libres.

            "La protección y el monopolio como sistema son absurdos, como expedientes transitorios para salvar situaciones difíciles y excepcionales, que comprometen la honra y el porvenir de un país; no hay uno de ellos, por libre que haya sido, que no los haya practicado.

            "Al salir de su guerra, los adoptó la gran República de los Estados Unidos de Norte América. La República Francesa, escapada con menos extenuación que la nuestra de los estragos de su última guerra con Alemania, ha hecho otro tanto. Chile, que puede citarse entre los modelos de cultura y libertad en las Repúblicas Sud-americanas no se ha desprendido aún de ciertos monopolios financieros. El Perú, no obstante, la propiedad señorial del guano, se ocupa hoy de monopolizar el salitre.

            La República del Paraguay, incomparablemente más pobre en las actuales circunstancias, que los Estados nominados en ejemplo, ¿no podrá diferir para más tarde la supresión del monopolio?

            "En presencia de la necesidad que nos apremia con el descrédito, el P. E. no ha trepidado en someter a vuestra sanción el referido proyecto de ley. ²⁵

            El mensaje llevaba la firma del Presidente de la República, don Salvador Jovellanos y la de sus Ministros Jaime Sosa, Benigno Ferreira, José del Rosario Miranda y Francisco L. Cabriza. Eran todos hombres de la Constituyente los que abjuraban de los principios liberales consagrados en ella. Pensaban que el estanco de la yerba, podría proporcionar alivio a la afligente situación que afectaba al país. El proyecto no pudo ser considerado por la nueva revuelta que se desató en Pilar, a principios de enero de 1874, y que vino a interferir el curso normal de las reuniones extraordinarias del Congreso.

            El brote revolucionario adquirió esta vez mayor ímpetu y fuerza. En cambio, encontró, al Gobierno más débil y con menos recursos para enfrentarlo. Agotadas las libras, el Gobierno debió recurrir al papel moneda para financiar la represión. Por Ley del 9 de enero se dispuso la emisión de 200.000 $f, de los cuales 150.000 $ se destinaron a los gastos de pacificación y 50.000 $ al pago de sueldos atrasados de los empleados públicos. Para su amortización, se creó un derecho adicional del 5% sobre las importaciones.

            La rebelión llegó fortalecida hasta la Asunción, y el Gobierno no tuvo otra alternativa que la de transigir con ella. Con el pacto del 12 de febrero de 1874 se formó un nuevo Gabinete, que incorporó al Gobierno a los principales Jefes de la Revolución. Se produjo, además, un cambio en el liderazgo de la conducción oficial. Juan B. Gill reemplazó a Benigno Ferreira en la función rectora del Gobierno. Gill fue elevado más tarde a la Primera Magistratura en las elecciones presidenciales celebradas meses después. Hubo cambio de Gobierno, pero el solo cambio de los hombres que gobernaban el país no remediaba nada. La situación recesiva de la economía continuaba con igual o mayor intensidad.

            LA NUEVA POLÍTICA

Al comienzo de sus gestiones, el nuevo Gobierno levantó una bandera de principios morales y de respeto a las aspiraciones de la opinión pública. Si el Gobierno anterior había inculpado al comercio por el agio y la depreciación del papel moneda, el nuevo Gobierno se proponía prestar atención especial a las reclamaciones y recomendaciones que ese sector pudiera formular. Era ése todo el cambio que en el orden económico había producido la revolución. Con ese enfoque conciliador, el Gobierno buscaba iniciar "su marcha moralizadora y de orden en la administración, para reparar de esa manera los desaciertos y errores que todo lo habían comprometido, hasta el crédito económico y financiero de la República, única áncora de salvación con que pudo el Paraguay haber hecho frente a las exigentes necesidades que abruman al pueblo desde la conclusión de la guerra". ²⁶ Los propósitos eran honrados y sinceros. Pero los principios de moral y orden que se enarbolaron no podían haber bastado, por sí solos, para resolver los acuciantes problemas del momento.

            Por su parte el comercio, cuyo apoyo y asesoramiento buscaba el Gobierno, tampoco tenía soluciones que ofrecer para la agobiante situación depresiva que afectaba a la economía. Arrastraba sí múltiples reclamaciones por la limitante estrechez en que desenvolvía sus actividades, y, sobre todo, muchas aspiraciones, casi todas irrealizables en las circunstancias difíciles en que vivía el país. Repetían sus voceros la necesidad de una moneda convertible y estable; pedían el establecimiento de un instituto de crédito que otorgara descuentos al comercio; recomendaban la creación de un Banco de Emisión en el que el Gobierno no tuviera una intervención decisiva, y reiteraban, con insistencia, la necesidad de que los gastos del Gobierno se ajustaran a sus ingresos. Rechazaban, además, toda interferencia oficial a la libre acción de la iniciativa privada. La crisis era un problema doméstico, para cuya solución el Gobierno sólo debía incentivar y apoyar los esfuerzos del sector privado. La iniciativa privada y la libertad de comercio constituían juntas la gran fuerza que impulsaría la recuperación. Con la gravitación de esas ideas, una gestión iniciada para obtener la exclusividad del faenamiento en la Tablada de Santísima Trinidad, fue públicamente resistida y combatida. En apoyo del petitorio de un grupo de comerciantes en contra de la propuesta, el editorial de un matutino argüía:

            "Todo ramo de industria es libre, dice la Constitución Nacional; como también dice: Toda ley o decreto que esté en oposición a lo que dispone esta Constitución queda sin efecto y sin ningún valor. Y sería atentar contra los preceptos Constitucionales atentar contra una de sus prescripciones, como lo es la de plantear el monopolio".²⁷

            Con este marco de ideas en favor del libre comercio, el Gobierno adoptó diversas iniciativas dirigidas a apoyar las actividades del sector privado.

            LA CAJA DE CONVERSIÓN

El 4 de marzo de 1874, el Gobierno celebró un contrato con un grupo de comerciantes encabezado por los Sres. Miguel Gallegos, Antonio Daltro, Cirilo Solalinde y Mauricio Mayer, para la creación de una Caja de Conversión, cuyo capital se integraría con aportes privados. La Caja quedaría encargada de la emisión y conversión en metálico de los 200.000$ autorizados por la ley del 9 de enero último, y que el Gobierno anterior no había alcanzado a ponerlos en circulación. Contaría para su conversión o rescate con los recursos del 5% adicional que sobre las importaciones se establecía en la misma ley. La Caja quedó, además, facultada para emitir sus propios billetes, y para hacer descuentos al comercio, cobrando un interés del 3% mensual. Se suponía que las operaciones de emisión de billetes y su amortización estarían mejor administradas en manos del sector privado.

            La Caja así creada era prácticamente un Banco Emisor, sin las formalidades y requisitos normalmente observados para un instituto bancario. Sus funciones y responsabilidades no quedaron claramente especificadas en el contrato. Tampoco se le fijó ninguna paridad a la que debían convertirse los billetes. En esas condiciones, la Caja entró a operar más como una casa de cambio, y como un instituto de crédito, antes que como una Caja de Conversión. Podía comprar y vender metálico a la cotización del día. Para financiar sus operaciones de crédito disponía de los recursos que le ingresaban con el adicional aduanero. Podía,         además, emitir billetes con la sola garantía de un reducido capital aportado por los socios. Su organización y sus operaciones iniciales fueron desordenadas, y ofrecían pocas seguridades para el manejo adecuado de la emisión. Según se hizo público al poco tiempo, no existía control alguno en la impresión y emisión de sus billetes.²⁸ Hubo billetes que entraron ilegalmente y sin firmas en la circulación. La mala calidad de los billetes, por otra parte, era objeto de continuas quejas en la prensa. Con esas características, la Caja pudo operar, en escala limitada y con intensos altibajos. Pero en las condiciones depresivas que dominaban la plaza, toda expansión del crédito y del circulante incidía directamente en el aumento de la demanda de monedas extranjeras y de giros sobre el exterior. La sola intervención del sector privado en la emisión de billetes no era suficiente para restablecer el equilibrio del mercado y contener la demanda desbordada de cambios. Ante el aumento continuo de la cotización del cambio, que las operaciones de la Caja producía, en el mes de abril del año siguiente, el Gobierno tuvo que suspender la conversión de sus billetes y cancelar sus facultades de emisión.²⁹

            LA BÚSQUEDA DE UN BANCO

En medio de la queja generalizada de la carestía del circulante, la idea de la creación de un Banco volvió a cobrar actualidad en el país. Se reanudaba un esfuerzo que demandaría muchos años más para concretarse. Comenzó con una campaña de la prensa que alentaba la creación de un Banco con facultades para emitir billetes y otorgar créditos y descuentos al comercio. Haciéndose eco de esa iniciativa, el Ministro de Hacienda y candidato a la Presidencia, convocó a un grupo de comerciantes para estudiar conjuntamente la creación del Banco propuesto.³⁰ Se destacaron en esa ocasión los beneficios que para el comercio y las actividades productivas tendría la creación de un banco que promoviera el crédito. Pero al mismo tiempo se reconocieron las limitaciones de la plaza para integrar un capital suficiente como para permitir a la entidad un giro más o menos importante. Si todo el medio circulante no pasaba de 300.000 pesos, era evidente que los aportes que podrían reunirse en un plazo más o menos breve, tenían que resultar necesariamente menores que esa reducida suma.

            Se optó, entonces, por una solución de compromiso. Por una parte, se autorizó la creación de un Banco que tendría el privilegio exclusivo de emitir billetes, y cuyo capital debía ascender a la importante suma de 1.000.000 de libras. Llevaría el nombre dé "Banco Nacional del Paraguay". Podría realizar en general "todas las operaciones de Banco y Finanzas, así como de adelantos sobre productos y valores, exceptuando, sin embargo, los préstamos hipotecarios". Se encargaría de todas las operaciones financieras del Gobierno, tanto en el interior como en el extranjero. Por este servicio, el Gobierno le abonaría el 4% sobre el movimiento total de los fondos del Estado que pasaran por el Banco. Los estatutos correspondientes fueron sancionados por Ley del 11 de julio de 1874.

            La promesa de privilegios que esta ley representaba, sería ofrecida al mercado de Londres para su suscripción. Era una iniciativa nacida exclusivamente del Gobierno. No existía en el momento de su promulgación ningún grupo financiero que la promoviera o que estuviera interesado en establecer y operar el banco propuesto. En esas circunstancias, el proyecto aprobado no podía tener ningún resultado inmediato. Transcurrirían luego casi dos años antes de que el Gobierno se dispusiera a iniciar gestiones para promover el posible interés de los capitalistas londinenses.

            LA ASOCIACIÓN GENERAL DEL COMERCIO

 En esa misma oportunidad se convino la creación de una "Asociación General del Comercio Paraguayo". Sería una sociedad crediticia de corta duración, pero que si no llegara a constituirse el Banco Nacional, debía asumir los mismos privilegios y derechos acordados a dicho banco. Los estatutos de la sociedad fueron aprobados por ley del 19 de septiembre de 1874.

            Su capital social sería de 500.000 $f, dividido en 5.000 acciones de 100 $f cada una. El Estado subscribiría la quinta parte del capital, y el resto quedaba librado a la subscripción pública. De las acciones subscriptas, el 90%  formaría un capital de garantía y el 10% debía ser integrado en cuatro cuotas mensuales. La Asociación podía realizar las operaciones siguientes:

            1) Descontar letras y pagarés a plazo;

            2) Recibir depósitos en cuenta corriente, a plazos fijos o a la vista con interés o sin él.

            3) Hacer anticipos sobre obligaciones del Gobierno y sobre conocimientos.

            4) Girar o tomar letras de cambio sobre el exterior.

            Los descuentos y anticipos que otorgara la nueva Asociación debían tener un plazo no mayor de tres meses. Podía realizar todas las operaciones bancarias menos la de emitir billetes. Se la habilitaba, en cambio, para emitir un título de crédito denominado bono de caja, que tendría valores de cinco, diez, veinte, cincuenta y doscientos pesos. Los bonos serían al portador y pagaderos en oro sellado a su vencimiento. Por sus características, estos bonos no podían servir de medios de pago en las transacciones corrientes. Eran tan sólo un instrumento descontable con el que se esperaba que sus tenedores pudieran obtener efectivo vendiéndolos con descuento en el comercio local. Según Zubizarreta, las operaciones con los bonos se realizaban del modo siguiente:

            "El comerciante favorecido firma(ba) un pagaré, cuyo plazo no excedería de 90 días, y la caja de la Asociación se lo desconta(ba) dándole los susodichos bonos de caja. Por este servicio, el deudor tenía que pagar entre comisión e intereses el 2 y 1/2% mensual, y soportar el descuento de los bonos que no solía bajar del 5% mensual, según lo que era el interés de la época. Un siete u ocho por ciento de quebranto estaba muy en las costumbres o hábitos del comercio, y nadie se escandalizaba de semejante rédito".³¹

        El esquema era novedoso. Y como no existía otra opción, el comercio le dispensó su apoyo. Las necesidades de recursos líquidos eran tan grandes, que estaba dispuesto a experimentar cualquier fórmula que se le propusiera. En un corto plazo se subscribieron en la plaza 1.312 acciones. Con la integración del 10% del valor de esas suscripciones y el aporte del Estado, la Asociación abrió sus puertas al público del 1° de enero de 1875. Hacia fines del mismo mes de enero; las colocaciones de bonos ascendían a $ 13.875. Al mes de abril siguiente; habían aumentado a 37.564$. El mayor obstáculo para la expansión de sus colocaciones era la gran dificultad que existía en el mercado local para la negociación de los bonos. Se hizo muy pronto evidente que el esquema no operaría. La angustia de la plaza era la falta de liquidez, y los bonos de caja no proporcionaban alivio a esa situación. Con ese reducido volumen de operaciones, la entidad no podía sobrevivir. La captación de depósitos en efectivo, por otra parte, fue mínima. Al no poder expandir sus colocaciones, la Asociación cerró sus puertas en el mes de mayo siguiente. La primera entidad bancaria del país tuvo así una corta duración de apenas cuatro meses.

            LAS INVERSIONES GARANTIZADAS

Como complemento de esas medidas y para estimular la inversión privada, por ley del 11 de junio de 1874 se autorizó, al Gobierno a garantizar rendimientos del 7 % anual sobre los capitales mayores de 200.000$f que se invirtieran en las actividades siguientes:

            Prolongación o construcción de nuevas vías férreas;

            Construcción de telégrafos;

            Navegación de vapor en ríos sin servicios;

            Mejoras de vías ordinarias;

            Industriales que explotaran recursos locales.

            El Gobierno podía, además, tomar participación en las empresas hasta una tercera parte de su respectivo capital. La ley no indicaba la fuente de los recursos con que se financiarían esos pagos y aportes; por lo que las garantías ofrecidas a las inversiones indicadas no pudieron haber tenido ningún efecto práctico.

            EL CAMBIO DE RUMBO

No obstante las buenas intenciones de esas medidas, el receso de la economía se acentuaba día a día. La iniciativa privada y el apoyo que le dispensaba el Gobierno no generaban el impulso necesario para la reactivación. Se hacía evidente que el esfuerzo del sector privado no podía proveer por sí solo la reacción indispensable para contener el deterioro e inducir la recuperación de las actividades productivas y comerciales. El valor total de las importaciones y exportaciones, que en 1873 fue de $f 1.685.886, en 1874 había caído a $f 490.138³². La contracción del circulante se acentuaba continuamente. Con la salida de capitales y las remesas por pago de las importaciones, las libras esterlinas habían desaparecido de la circulación. Las pocas monedas metálicas que todavía circulaban en la Asunción eran algunas onzas colombianas de peso deficiente y una gran cantidad de monedas bolivianas llamadas pesos Melgarejos, que no eran aceptadas en la plaza de Buenos Aires. La única actividad que prosperaba era el contrabando, amparado por la participación y protección de los mandos de las fuerzas de ocupación.

            "Había qué agregar a este enorme desquicio, describió Freire Esteves, los trastornos ocasionados al comercio local por las proveedurías brasileras que introducían, libre de derecho, grandes facturas de consumo general y las revendían en plaza, a precios de competencia insostenible".³³

            El desconcierto era grande. Al igual de lo que acontecía en la Argentina, la recesión llegó en el Paraguay a su punto más álgido en el primer trimestre de 1875. El comercio estaba virtualmente paralizado. Varios negocios cerraron sus puertas ante la contracción de las ventas y las dificultades de pago al exterior. Los ingresos fiscales habían caído a niveles mínimos que imposibilitaban al Gobierno la atención de sus pagos más perentorios. Con los atrasos que se acumulaban, la deuda interna aumentaba continuamente. Las exportaciones mantenían niveles extremadamente reducidos. Y para mayor de los males, el acopio del tabaco que se estaba cosechando, no se iniciaba. En todo el interior no había compradores. Con la carestía generalizada y la caída de los ingresos, la pobreza y las necesidades se extendían por todos los hogares. Dos levantamientos armados, que buscaron capitalizar el agudo descontento, fueron reprimidos por las fuerzas del Gobierno. Con la continuidad de los mismos problemas, el arma de la crítica formulada, anteriormente desde la oposición se revertía contra el nuevo Gobierno. No sólo subsistía la recesión de las actividades comerciales y productivas, sino que se había intensificado considerablemente. El agio sobre el papel moneda había aumentado. Y no era efecto del rechazo o la especulación del comercio, como se había alegado, sino de la demanda aumentada de cambios y monedas extranjeras, que en el mercado se ejercía sobre una oferta disminuida por la baja de las exportaciones y la desaparición del ingreso de capitales Las monedas metálicas que no se exportaban, se atesoraban.

            Con la intensificación de esos factores negativos, la situación interna se hacía cada vez más insostenible. El deterioro tendía a acentuarse. En su desesperación, la población intensificaba sus expectativas y reclamaciones a las autoridades, en procura de soluciones. El gobierno tenía que ofrecer una salida del pantanal en que se hundía la economía, si quería evitar su caída. Las afirmaciones que se hacía sobre la situación favorable de la plaza eran inexactas e insuficientes. Contrastaban con la realidad. La credibilidad del Gobierno y sus bases de sustentación se erosionaban continuamente. Y el apoyo de la fuerza de las armas sólo podía ser eficaz hasta cierto límite. Ningún gobierno puede sostenerse indefinidamente con la sola fuerza, en medio de un desastre económico y del desasosiego generalizado en la población. Para más, el Gobierno había perdido el apoyo del sector privado, que hasta hacía poco tiempo había sido su principal aliado. Agobiado por las dificultades y las pérdidas crecientes, el comercio fue distanciándose del Gobierno, y comenzaba a criticar públicamente sus decisiones y su ineficacia.

            En tal situación depresiva, y con el asesoramiento de un consultor francés de nombre D'Orión, que fue traído al país por el Presidente Gill, el Gobierno decidió actualizar el proyecto anterior de Jovellanos y Ferreira, y recurrir al estanco de bienes exportables para procurar recursos al fisco, reactivar las exportaciones y aumentar la oferta de cambios y monedas extranjeras.

            EL ESTANCO DEL TABACO

Por ley del 22 de abril de 1875 se dispuso que el Gobierno asumiera la comercialización del tabaco, por el término de cinco años. Se prohibió la exportación o importación de tabacos y cigarros por cuenta de particulares. Todos los poseedores de tabaco, fueren de segunda mano o de cosecha propia, quedaban obligados a transferirlo a la Comisión Nacional de Crédito a los precios fijados por la ley. So pretexto de proveer al financiamiento de las compras del Estanco, esta intervención sirvió de excusa para emitir papel moneda destinado a aliviar la insolvencia fiscal. Con ese propósito, por otra ley de la misma fecha se autorizó una emisión de 1.000.000 $f que se destinó al pago de los gastos del presupuesto, al financiamiento de las operaciones del estanco del tabaco y al canje de los billetes de la Caja de Conversión. Para su amortización se afectaron las rentas de la aduana y el líquido producto de las ventas del estanco del tabaco. En la angustia por proveer de recursos al fisco, se apelaba de nuevo al expediente de la emisión de papel moneda, supuestamente contra ingresos futuros.

            La Comisión Nacional de Crédito quedó encargada de la emisión de los billetes, de su amortización y de las operaciones de compra y venta de tabacos y cigarros. Para su integración no fueron esta vez tomados en cuenta los representantes del comercio que hasta entonces habían intervenido en todas las comisiones encargadas de la emisión y amortización de billetes y títulos de la deuda pública. Era evidente que la iniciativa no contaba con el apoyo y la solidaridad del comercio. El Gobierno volvía a intervenir en la comercialización de uno de los principales frutos de exportación y eso molestó profundamente a la comunidad comercial. Pero esta intervención duraría poco. El momento elegido para su iniciación era el menos propicio. La intervención del Estado no podría obviar por sí sola las enormes dificultades que en la misma actividad confrontaba la iniciativa privada. Por otra parte no le sería fácil al Gobierno improvisar en corto plazo una red de acopiadores para reunir el tabaco que se estaba cosechando, y otra de agentes y corresponsales en el exterior para su comercialización. No existían además, mercados externos que pudieran absorber la producción por acopiarse.

            Comenzó la Comisión incautándose de todo el tabaco que el comercio había recibido en pago de los anticipos en mercancías, realizados a los productores. Esa apropiación compulsiva, y los bajos precios abonados, intensificaron el resentimiento del comercio en contra de la intrusión oficial.

            Si en lo interno el estanco no encontró una acogida favorable, en lo externo tampoco logró resultados mejores. Los esfuerzos realizados para vender el tabaco en la Argentina fueron infructuosos. No había allá compradores dispuestos a adquirir el producto paraguayo aún a precios rebajados. La recesión comercial en Buenos Aires estaba también en su punto más agudo. El comercio porteño malvendía sus mercaderías en la desesperación por obtener recursos para cubrir obligaciones inmediatas y evitar la cesación de pagos, que conducía a la quiebra.

            EL ESTANCO DE LA SAL Y EL JABÓN

Con el fracaso del intento de exportación del tabaco, el Gobierno decidió intervenir en la comercialización del jabón y la sal, dos bienes importados de consumo generalizado en el país. Por ley del 17 de agosto de 1875 se dispuso el estanco de ambos productos, por el término de tres años. Con estos nuevos rubros, la administración del Estanco creía poder evitar los problemas de la comercialización que frustraron los intentos de ventas de tabaco en el exterior. La intervención gubernamental en las actividades comerciales se intensificaba. No se trataba ya de adquirir con papel moneda frutos de producción local para venderlos al extranjero e ingresar en el país las divisas resultantes de las ventas, Se tenía que empezar comprando giros o monedas extranjeras en el mercado local para pagar las importaciones de sal y jabón que luego se venderían en la plaza. Con ello se originaba una demanda nueva de cambios que, en un mercado ya deficitario, venía a intensificar el agudo desequilibrio externo y a acelerar la depreciación del papel moneda. Por entonces, el comercio "cambia(ba) un peso metálico por 4, 5 y hasta 6 pesos papel".³⁵ A fines del mes de agosto, el agio aumentó a 8 pesos papel por uno metálico. Con ese desproporcionado aumento, las tensiones y las protestas se acentuaban. Del editorial de un diario local extractamos los párrafos siguientes, que reflejan las fricciones del momento:

            "Al grado que ha llegado la crisis y al grado que se ha deprimido el papel, el malestar del pueblo aguijoneado por las necesidades materiales de su azarosa vida diaria, produce la intranquilidad general.

            "La depreciación del papel moneda nacional es una defraudación pública condenada por la moral, por las leyes, por el orden social mismo. (...) si el comercio desprecia el papel por su interés, por su interés el pueblo y el Gobierno no deben consentirlo. (...) No comprendemos ni conocemos ley, ni principio económico que establezca el agio del papel moneda en ninguna nación. Lo consideramos como un abuso, como una explotación que una parte de la sociedad ejerce sobre la otra; y eso ni es lícito ni es político. Tolerarlo más allá de lo que la prudencia social y los íntimos intereses de un pueblo exigen, es contribuir al abatimiento del espíritu público; y los gobiernos que estiman su mandato y tienen conciencia de sus actos, por rectitud, y por patriotismo no pueden consentir el ultraje y desprestigio de las leyes". ³⁶

            El problema era totalmente distinto. No era una cuestión de desprecio o de abusos del comercio lo que afectaba a la moneda nacional. Eran el agudo desequilibrio de la balanza de pagos, la fuga de capitales y la caída de la demanda de los productos nacionales en los mercados externos los factores que estaban gravitando en la depreciación de la moneda nacional, y sobre los cuales el Gobierno, huérfano de reservas metálicas, no tenía ninguna posibilidad de acción.

            LA REACCIÓN DEL COMERCIO

Ante esos ataques abiertos de la prensa oficial, el comercio convocó a una reunión de sus asociados para coordinar la defensa del gremio y pronunciarse, además, sobre la situación difícil y tensa que vivía el país. Se dijo allí que la depreciación del papel moneda no era culpa ni responsabilidad del comercio sino de las autoridades que lo estaban emitiendo sin respaldo alguno y en cantidades desmedidas. Se destacó que las actividades comerciales de la Comisión Nacional de Crédito eran ilegales y contrarias a las normas constitucionales vigentes, y se pidió su cancelación. Varios expositores reiteraron la necesidad de que el Gobierno ajustara sus gastos a sus ingresos y que se amortizara rápidamente todo el papel moneda en circulación. La reunión resolvió preparar un memorial que debía ser presentado a las autoridades.

            La reacción en contra de las conclusiones de esa reunión se reflejó de inmediato en un periódico oficialista:

            "Ayer presentaron dichos señores -decía el artículo- la exposición de sus vistas e ideas sobre la situación económica. Conocemos ya ese trabajo y no estamos de acuerdo con él, porque su pedido no mejora la depreciación en que al presente se encuentra el papel moneda. (... ) Las medidas que proponen en nada favorecen o ayudan al gobierno, lo dejan en las mismas dificultades, y las conveniencias de su adopción sólo serían para el sacrificador que es el comercio".³⁷

            El ambiente de confrontación y recriminaciones había llegado a un punto extremadamente tenso. "La administración de los monopolios y la emisión de billetes de curso forzoso, refiere Freire Esteves, había originado tal odiosidad sobre el gobierno, que éste temió por su suerte". ³⁸

            EL RETORNO AL LIBRE COMERCIO 

Para descargar la tensión acumulada, y evitar un enfrentamiento aún mayor, el Gobierno decidió derogar las medidas adoptadas. Al efecto convocó a un grupo de personas expectables buscando asesoramiento y apoyo. Designó una Comisión integrada por el Dr. Benjamín Aceval y Dn. José Segundo Decoud para que propusiera las reformas económicas y financieras que debían aplicarse.

            En un informe presentado poco después, la Comisión recomendó la abolición inmediata del Estanco del tabaco, la sal y el jabón, y el retiro de todo el papel moneda en circulación, aun a costa de cualquier sacrificio. Poco después comenzaba el proceso de reversión de las medidas intervencionistas en vigor.

            Por ley del 16 de octubre siguiente se canceló el estanco del tabaco, el jabón y la sal. Se dispuso la venta de todo el tabaco acopiado para pagar con su producto a los acreedores de la Comisión de Crédito y amortizar los bonos de la Asociación del Comercio Paraguayo que seguían en circulación. Al mismo tiempo se autorizó al Poder Ejecutivo a vender "en pública subasta y a papel moneda", las siguientes casas de propiedad del Estado:

            1. La casa de la calle de la Palma, con los números 6 y 8, que ocupaba la Comisión Nacional de Crédito.

            2. La casa de la calle Florida, números 1, 2 y 5.

            3. La casa de la Calle de la Estrella con los números 13 y 15.

            4. La casa de la calle de Caapucú, formando esquina con Libertad, la primera con los números 1,3,5,7 y 9, la segunda 22,24, 26 y 28.

            5. La quinta de Patiño-Cué, en Itauguá.

            6. La casa de la calle de El Paraguayo Independiente, número 35.

            El producto de esas ventas debía ser aplicado en su totalidad a la amortización del papel moneda y destruido por el fuego.³⁹ La amortización o venta de propiedades públicas era la solución. Así lo había expresado un diario local, haciéndose eco del pensamiento que primaba en los círculos públicos y privados:

            ". . Vale más, estado pobre con súbditos ricos o productores, que no estado rico con súbditos pobres; de nada sirven al país los inmensos campos eriales que posee y que permanecen incultos, mientras sigan inmovilizados en poder del Estado; de nada le sirven las otras propiedades que estarían a no dudar mejor atendidas en manos de particulares. Si por las circunstancias del momento el precio que se obtuviere en su venta fuere menor que el que se obtenga en el porvenir, esta desventaja se compensa con la explotación que adquirirían esos eriales hoy abandonados completamente. Y con esto decimos que los remedios para la situación del Tesoro no los encontraríamos sino en la desamortización, como medio de aumentar la producción, de introducir capitales al país y crear renta sobre la mejor de sus bases".⁴⁰

            El Gobierno buscaba una paz con el comercio. Trataba de complacer sus reclamaciones y dar muestras de buena voluntad para con el gremio. Con ese objetivo, se incluyó a tres representantes del comercio en la comisión que se encargaría de la ejecución de las medidas adoptadas. Al mismo tiempo, suspendió la emisión autorizada por ley del 22 de abril, la cual había alcanzado a ejercerse por la suma de $f 351.486.45.

            Con estas medidas, el Gobierno buscaba borrar sus diferencias con el alto comercio. Ponía término al estanco, suspendía la emisión de papel moneda y proveía recursos para su amortización. Pero la situación económica y fiscal quedaba igual. La recesión continuaba con la misma o mayor intensidad. El curso de la economía quedaba nuevamente librado al impulso de la iniciativa privada, que nada podía hacer para revertir la situación depresiva que agobiaba a la plaza. La mora y el déficit fiscal se habían intensificado y requerían acciones inmediatas, para evitar la paralización de las actividades y los pagos del Estado.

            Fue ése un momento de prueba en que el Gobierno tuvo que rever una respuesta que no resultó eficaz. Pero la sola reversión de las medidas aplicadas dejaba sin solución el problema central de la recesión de las actividades productivas y comerciales. No se tenían opciones. La teoría económica conocida no ofrecía ninguna guía para encarar la aguda contracción de la economía. El tema de la depresión no había sido aún abordado por los estudiosos de la materia. Lo único que podría hacerse, según la apreciación de los asesores convocados, era purgar el papel moneda, mantener un consenso con los círculos gravitantes y evitar las reacciones públicas en contra del Gobierno. Y de acuerdo con esas recomendaciones, se comenzó a actuar. Según explicó Freire Esteves:

            "Convoca Gill una reunión de notables en palacio, y adopta el temperamento expedido por ella: máximum de economía en los gastos presupuestados, de modo que no excedan de $ 15.000 mensuales; reducción de empleados a los absolutamente indispensables; reducción del ejército a 400 plazas, habiéndose intentado, al principio de su gobierno, movilizar hasta cinco mil; constitución de una comisión encargada de quemar el 50% del producto de las rentas generales pagadero en papel; aceptación de la renuncia a la mitad de sus sueldos de todos los empleados del Estado, destinándose dicha suma a amortización del papel".

            "Bajo la obsesión de amortizar el papel, el 60% de las entradas aduaneras, cobrado en oro y plata, es dedicado a abonar el presupuesto, y el resto, cobrado en papel, a la quema. Véndense cuatro manzanas del Cuartel San Francisco, a precios tirados y a papel, destinándose también lo producido a la quema". ⁴¹

            Por otra ley del 15 de diciembre de 1876 se autorizó la venta de tierras fiscales en todo el territorio de la República, hasta el valor de $f 6.000.000. Era una liquidación masiva del patrimonio territorial del fisco la que se intentaba. Sólo se exceptuaron de las ventas los ejidos de los pueblos, los yerbales, la llanura vecina a la capital llamada "Campo Grande" y los bañados de Tacumbú y San Miguel. Todo lo demás podría venderse si hubiera compradores. El producto de las ventas que se recibiera en moneda de oro o plata sellada debía destinarse al servicio de los empréstitos ingleses y al pago de la deuda interna. Lo que se percibiera en papel moneda se aplicaría igualmente a la quema.

            Al mismo tiempo se dispuso la venta de más propiedades urbanas para continuar la amortización del papel moneda hasta que la emisión quedara reducida en 100.000 pesos fuertes. Ambas acciones fueron dispuestas por ley del 30 de mayo de 1876.

            Con todas esas medidas, el papel moneda se reducía progresivamente, disminuía la deuda interna; el agio declinaba, pero los recursos que el Gobierno podía disponer para sus gastos, se reducían aún más, por la quema continua que se hacía de parte de los ingresos para amortizar el papel moneda. Por la falta de liquidez de la plaza, la venta de tierras públicas, a pesar de todos los esfuerzos, alcanzó a sumas modestas, que sólo representaron una proporción mínima de la ambiciosa meta de 6.000.000 de pesos que había sido autorizada.

            EL ACUERDO DE LONDRES

 Dentro de la misma línea de pensamiento se revivió el proyecto anterior de creación de un banco con capitales ingleses. Se quería resolver la carestía de medios de pago que dominaba la plaza con la creación de un banco de emisión, cuyo capital debía ser aportado por inversionistas extranjeros. A ese efecto, el Gobierno comisionó a Cándido Bareiro para que negociara en Londres su establecimiento. El momento elegido era el menos propicio para esta gestión. El mercado inglés también estaba experimentando los efectos negativos de la recesión mundial. Aunque con una tasa menor de contracción, la economía inglesa confrontaba los mismos problemas de reducción de la producción y de pérdida de liquidez.

            En su desesperación por lograr el interés de inversionistas y promotores ingleses, la propuesta de Bareiro fue extremadamente exagerada y generosa. Poco menos que comprometía la autonomía misma de la Nación. A los tomadores de los bonos se les concedería por 30 años la exclusividad de las transacciones bancarias en el país. Sus operaciones y bienes estarían exentos de todo impuesto nacional o municipal. Para sede de sus oficinas, se les donaría in perpetuo el Palacio de López u otro edificio fiscal. Para el financiamiento de sus operaciones, el Banco podría emitir hasta el triple de su capital efectivo.

            Se les concedía, además, la exclusividad de la explotación de la principal riqueza del país, la yerba mate, que quedaba estancada en su beneficio por veinte años. Se les transfería también la propiedad del ferrocarril y una milla de tierras públicas a ambos costados de sus vías. Y todo a cambio de sólo 15.000 acciones del Banco, de las cuales 12.000 debían quedar inscriptas a nombre de depositarios ingleses, para su venta en el mercado de capitales. El producto de esta venta debía ser invertido en la compra de bonos en la bolsa, y los dividendos o frutos de la inversión debían destinarse a amortizar los bonos y al pago de los intereses de los empréstitos paraguayos.

            Como si todo eso fuera poco, los terrenos y edificios fiscales de la República quedarían todos hipotecados a favor del Banco, que se encargaría, además del cobro de los derechos de aduana. De las recaudaciones, 90.000 libras anuales debían transferirse al Tesoro para el financiamiento del presupuesto. Todo el excedente se destinaba al pago de la deuda externa del país. Oferta más generosa era imposible. El convenio correspondiente fue suscripto el 23 de marzo de 1876, y ratificado en el Paraguay por Ley del 4 de julio del mismo año.

            La Comisión de Tenedores de Bonos envió al Paraguay un agente para que evaluara la propuesta y recogiera información sobre los extremos comprendidos en el contrato. Poco después del retorno de este agente a Londres, la Comisión decidió no aceptar el negocio. Ante el fracaso de esta gestión, por ley del 12 de diciembre de 1876 se derogaron las concesiones y beneficios otorgados.

            Entre tanto, la economía y las finanzas se mantenían en un nivel extremadamente deprimido. La situación del Gobierno era ya dramática. Ante la insuficiencia de los recursos, las entradas fiscales se prorrateaban mensualmente entre todos los empleados públicos, desde el Presidente para abajo, y por la diferencia de sus asignaciones se les entregaba a cada uno vales del tesoro o cédulas hipotecarias. Con los acreedores y proveedores se hacían arreglos más o menos similares. Ejemplo ilustrativo es el acuerdo celebrado con Benjamín Balanzá, a quien el Gobierno debía 7.400 $f. por servicios prestados como miembro de la Comisión Científica. Según el texto del Decreto del 18 de agosto de 1876, el pago de este compromiso pendiente le fue efectuado del modo siguiente:

            1° Por la cantidad de 5.000 $f, se le adjudicaron tierras nacionales en la parte que el Señor Balanzá eligiera.

            2° Por la cantidad de 1.400 $f se le entregó una orden de pago que sería satisfecha cuando cesaran "las apremiantes circunstancias en que se encuentra el Estado".

            3° El remanente se le pagaría a razón de cien pesos fuertes mensuales, a contar del 1° de septiembre, en uno o más documentos que pudieran ser descontados en plaza.

            Arreglos similares se hacían con todos los proveedores y acreedores del Estado. La preocupación dominante era reducir la deuda interna y el papel moneda en circulación. A ese efecto, se dispuso la venta del ferrocarril con todos sus accesorios en un millón de pesos pagaderos en títulos de la deuda interna. Ante esa tentadora oferta, unos pocos comerciantes reunieron esa cantidad en títulos de la deuda que adquirieron en la plaza con grandes descuentos, y se hicieron dueños del ferrocarril y de todas sus instalaciones. Era un negocio espléndido como inversión, aunque no como explotación. La rentabilidad del servicio era baja, pero sólo la estación de la Asunción valía más del millón teóricamente pagado.

            EL ASESINATO DEL PRESIDENTE GILL

En esas circunstancias poco alentadoras, el descontento y el desasosiego se extendieron multiplicados en la población. En forma paralela, aumentaba el rigor de las represiones para acallar las quejas y reclamaciones. Era un momento extremadamente tenso. Un ambiente de desesperación se extendía por todo el país. En ese marco de incertidumbres y necesidades que no encontraban solución, otra conjuración, gestada esta vez entre un reducido grupo de personalidades políticas y militares, asumía objetivos diferentes. No buscaba provocar otro levantamiento armado para derrocar al Gobierno, sino que apuntaba al asesinato del propio Presidente para producir con su desaparición el desmoronamiento del régimen.

            El magnicidio proyectado fue consumado en la mañana del 12 de abril de 1877. Pero la muerte del Presidente Gill no produjo la caída del régimen ni modificó el estado de cosas vigente en el país. La insurgencia no se extendió a la ciudadanía. Cometido el crimen, los conjurados se dieron a la fuga. Algunos fueron capturados poco después en las inmediaciones de la capital. Otros lograron escapar al exterior. Asumió el Gobierno el Vice-Presidente de la República, asegurando con ello la continuidad institucional. Paradójicamente, ese luctuoso episodio de la política paraguaya se produjo en momentos en que la tendencia recesiva de la economía se revertía y comenzaba un período de recuperación, que en su fase inicial fue lento y casi imperceptible, pero que en los años siguientes fue acelerándose progresivamente.

             LA RECUPERACIÓN 

El impulso reactivador no se originó internamente. Esa primera crisis puso en evidencia la incapacidad de la economía nacional para producir autónomamente su recuperación. El empuje inicial vino del exterior, una experiencia que se repetiría en todas las crisis ulteriores. El nivel de ocupación interno era determinado por las variaciones de la demanda externa de bienes primarios de exportación y no por la sola capacidad o disposición productiva del país. Cuando la demanda externa declinaba, la economía nacional entraba en un proceso de contracción; cuando la demanda se reactivaba, se producía la recuperación y la expansión. Y la demanda externa comenzaba a recuperarse. La economía mundial había iniciado su fase de reactivación. La economía argentina comenzó a recuperarse, a partir de 1876.³⁹ Con la reactivación del comercio argentino, se intensificaron primero las órdenes de compras de productos paraguayos, se reanudaron luego los anticipos para el acopio y despacho de yerba, tabaco y madera, y el crédito para la venta de productos destinados a la Asunción comenzó a intensificarse. Este cambio tuvo un impacto acumulativo en el Paraguay. Comenzaba la fase de recuperación de las actividades productivas y comerciales del país. La reactivación del comercio exterior, junto con el retiro de las fuerzas aliadas, que puso término a las actividades de los proveedores que importaban toda clase de mercancías sin pagar ningún impuesto, se reflejó pronto en el aumento de los ingresos aduaneros. El Gobierno vio mejorar progresivamente sus disponibilidades de recursos y su capacidad de pago. La eliminación del déficit se producía naturalmente con el repunte de la actividad económica. La reanudación del acopio de frutos de exportación, junto con el flujo de capitales extranjeros y la reactivación de la producción y el comercio volcaron en la población una suma creciente de ingresos que produjo la expansión de la demanda interna de artículos manufacturados que proveía la importación. La reactivación de las exportaciones tenía un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Con su influencia, el país comenzaba la fase ascendente del ciclo que se extendería ininterrumpida hasta 1883. Pero ni en los círculos oficiales ni en la empresa privada pudo haberse advertido la gravitación decisiva que tuvieron los factores externos para inducir la recesión y la reactivación ulterior de la economía. Para todos, la recuperación se debió exclusivamente a las medidas internamente adoptadas, a la eliminación progresiva del papel moneda inconvertible que recomendó la Comisión de Reformas, a la reducción del déficit fiscal y a la activa movilización de la iniciativa privada. A pesar de todos los males experimentados durante la crisis, en los círculos locales renacía vigorosa la convicción de que las fuerzas espontáneas del mercado eran la mejor garantía para el progreso del país.

NOTAS

¹Mensaje del Vice Presidente de la República, abril de 1873.

²Memoria del Ministro de Hacienda. Reproducido en Nación Paraguay, mayo 10 de 1873.

³Nación Paraguaya, abril 16 de 1873.

⁴R. Olarra Jiménez. Evolución Monetaria Argentina. EUDEBA, 1968, p. 30

⁵"La Nación Paraguaya", abril 1º y 13 de 1870.

⁶Ley del 28 de febrero de 1872, RORP.

⁷Ley del 7 de mayo de 1872. RORP.

⁸Ley del 23 de febrero de 1874. RORP.

⁹G. Cardús Huerta. DSCD. El Cívico, dic. 17 de 1907, p. 3.

¹⁰R. Zubizarreta. La Cuestión Monetaria, La Prensa.

¹¹Nación Paraguay, 1º de junio de 1873.

¹²El Fénix. Reproducido en Revista de Prensa. Nación Paraguaya. 13 de mayo de 1872.

¹³Diario de Sesiones del Senado del día 14 de junio de 1873.

¹⁴. J.C. Chiaramonte. Nacionalismo y Liberalismo Económico en la Argentina, 1860-1880. Solar/Hachette, 1971, p. 99.

¹⁵J. Akerman. Estructuras y Ciclos Económicos. Aguilar, 1962, p. 315.

¹⁶Ibíd., p. 303.

¹⁷F. Balbín. La crisis 1873-1875, B. A., 1877, p. 8.

¹⁸Chiaramonte, Ob. cit., p. 107.

¹⁹Ibíd., p. 109.

²⁰Nación Paraguaya, abril 18 de 1873.

²¹Nación Paraguay, junio 26 de 1873.

²²Ley del 2 de noviembre de 1972, RORP.

²³Zubizarreta, Ob. cit.

²⁴Mensaje del Vice Presidente de la República en Ejercicio del P.E. "Nación Paraguaya", 16 de abril de 1873.

²⁵ Reprod. en F.R. Moreno. La Cuestión Monetaria en el Paraguay, 1902, ps. 77 y. sigtes.

²⁶"La Patria", junio 24 de 1875.

²⁷"La Libertad", mayo 16 de 1874.

²⁸"La Libertad". Junio 5 de 1874.

²⁹Decreto del 22 de abril de 1875, RORP.

³⁰"La Libertad", agosto 25 de 1874.

³¹Zubizarreta. Ob. cit.

³²H. G. Warren. Paraguay and the Triple Alliance. ILAS. Ut., p. 221,

³³L. Freire Esteves El Paraguay Constitucional, 1921, p. 37.

³⁵"La Patria", agosto 15, 1875.

³⁶"La Patria". La Situación Económica, agosto 15, 1875.

³⁷La Patria. La Comisión del Comercio. Agosto 15 de 1875.

³⁸L. Freire E., Ob. cit, p. 37

³⁹RORP. Ley del 16 de Octubre de 1875.

⁴⁰"La libertad". Proyectos Financieros, diciembre 21 de 1874.

⁴¹Ob. cit. ps. 38 y 39.

⁴²Di Tella y Zymelman, Ob. cit. p. 25.

FUENTE (ENLACE INTERNO) :

 HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY

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