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Lo que ha logrado el político colorado Óscar Ñoño Núñez causa estupor. No deben existir en el mundo muchas marcas similares. Consiguió suspender la audiencia preliminar de un juicio iniciado hace más de siete años en 32 ocasiones. Esta proeza merece ser explicada. Venga conmigo.

Allá por el 2012, la Contraloría General decidió auditar su gestión del año anterior como gobernador de Presidente Hayes a raíz de múltiples denuncias de corrupción. En el 2013, los hechos fueron presentados a la Fiscalía General que, a comienzos del año siguiente, imputó a Núñez y a varios otros funcionarios por una repartija de 900 cheques cobrados sin que haya respaldo documental.

Además fue acusado de lesión de confianza, producción de documentos falsos en ayuda para comunidades indígenas y desvío de fondos del programa Una computadora por niño. En general, el perjuicio se calcula en nada menos que G. 55.000 millones.

Muchos de los acusados se acogieron a la medida de suspensión condicional del procedimiento, pero Núñez y seis personas más decidieron enfrentar el proceso. O, mejor dicho, impedirlo, pues desde entonces pusieron todo su esfuerzo en evitar la audiencia preliminar que debe resolver si van o no a juicio oral.

Al comienzo parecía tratarse de uno más de esos recursos dilatorios a los que echan mano los abogados. Pero, con el paso del tiempo, se evidenció que era una estrategia sistemática, persistente y rotatoria del grupo de acusados. Así, cuatro años después, la audiencia ya había sido postergada catorce veces. Los argumentos eran variados y creativos. Por ejemplo, en junio del 2019, la decimoquinta suspensión ocurrió porque el juez “tuvo contacto con la sociedad civil”. Es que el juez Víctor Ronzewsky había concedido una audiencia para explicar el estado en que se encontraba el proceso a organizaciones que solicitaban celeridad judicial.

La decimoséptima suspensión se dio en Pozo Colorado, donde había sido llevado el caso, por un “imprevisto” de última hora: el juez Penal de Garantías solicitó permiso por “motivos de salud” y la notificación al reemplazante “llegó tarde”. El aplazamiento número 29 fue a mediados de julio del 2021 por “dudas en la imparcialidad del Tribunal”. El número 30 fue en agosto por el mismo motivo, pero ahora por los abogados de otro de los imputados. La suspensión 31 fue a comienzos de este mes por un supuesto “estado de indefensión” y, la 32, hace pocos días por un nuevo cambio de abogados.

Así se llega a este increíble récord en el competitivo torneo de chicanas en la Justicia paraguaya. Sin embargo, no debemos atribuir la conquista solo a la habilidad de sus defensores. Nadie consigue tanta impunidad sin respaldo político. Y eso le sobra a Ñoño. Es hermano del diputado cartista Basilio Bachi Núñez y de Ricardo Núñez, ex intendente de Villa Hayes.

Este poderoso tridente acumuló poder político y económico en el Bajo Chaco y dominó por años la cuestionada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).

El ex gobernador y ex diputado intentó ser intendente de Benjamín Aceval, pero perdió las internas. ¿Empieza a cambiar el viento? Por las dudas, corrió a exhibirse en la consabida foto con el dueño de la casa del poder, en la avenida España.

Lo malo de los logros de Noño es que deja en estado de humillación a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo puede alguien burlarse con tanto desparpajo del único órgano que tiene el poder de evitar este ejercicio abusivo del derecho? ¿Nuevamente les falta sangre en la cara a los miembros del máximo tribunal? Ante tanta vergüenza, no basta con una pública declaración de enfado, una auditoría con resultado jamás publicado ni un tardío urgimiento al Parlamento por una “ley antichicanas”. Si siguen tan tímidos, el plusmarquista llegará antes a la suspensión número 33.