YACYRETÁ Y EL ETERNO RETORNO

Por GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ

En el Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Cartes y Macri, el 4 de mayo de 2017, se lee: "La República Argentina ratifica su compromiso de no percibir ni devengar intereses sobre la deuda contraída por Yacyretá (...) al 9 de enero de 1992 (...) conforme los términos de los Decretos Nº 3450/1979 y Nº 612/1986" (punto 1).

Perdonar los intereses de la deuda puede considerarse un gesto de buena voluntad, excepto cuando la deuda no existe, en cuyo caso no tiene sentido perdonar, ni los intereses ni el capital.

Y bien, este es el caso, pues la deuda fijada por esos dos decretos es nula. ¿Por qué? Porque ningún decreto puede modificar un tratado internacional, como lo es el de Yacyretá, firmado el 3 de diciembre de 1973.

Esto es algo que me enseñaron en el colegio, en una asignatura llamada Educación Cívica, que desapareció del programa. En la Facultad de Derecho me hablaron de la pirámide de Kelsen, una idea del jurista Hans Kelsen, quien explicó la primacía de las leyes con el símil de una pirámide, que en su cúspide tiene la constitución, seguida de los tratados internacionales, muy superiores a los decretos presidenciales. Un gobierno por decreto no es legítimo; sin embargo, Cartes y Macri quieren legitimar dos decretos ilegítimos con su acta de entendimiento.

El primero es el Decreto Nº 3450, del dictador militar Rafael Videla, integrante del régimen militar argentino (1976-1983), que eliminó a 30.000 personas y manejó de manera muy especial las finanzas del país: hizo saltar la deuda externa de menos de 8.000 millones de dólares a más de 40.000 millones, mayormente ilegítimos.

Ni legal ni moralmente tenía autoridad Videla para manejar las finanzas públicas. El segundo decreto es el Nº 3450, de Raúl Alfonsín, que fue un hombre honesto y un presidente democrático, que trató de arreglar el desastre heredado. Su Decreto 3450 es mejor que el 3450 de Videla, pero no puede convalidar una deuda no estipulada en el Tratado de Yacyretá, el texto que debe tenerse en cuenta.

Ninguno de los dos decretos fue aceptado por el Congreso paraguayo, que tampoco aceptó la Nota Reversal de 1992. El Congreso ha tenido una actitud consecuente, y también la tuvo el canciller Eladio Loizaga al declarar, en febrero de este año: las cuentas de Yacyretá no están claras y, mientras no se aclaren, no habrá nuevas obras; entiéndase Añá Cuá.

Para insistir en lo obvio, el Paraguay nunca ha podido ver los documentos relacionados con la deuda de Yacyretá. Las finanzas de la binacional se han manejado con el mayor hermetismo: como bien dijo nuestro canciller, las cuentas no están claras. Inesperadamente, el Gobierno paraguayo cambia de postura; debo decir, cambia Cartes después de su têtê-à-têtê con Macri, arrastrando a su canciller y a su director de Yacyretá, Ángel Recalde. Como por ironía del destino, Recalde fue director de Yacyretá en 2006, cuando llamó a licitación para la obra de Añá Cuá, y debió desistir a causa de la presión pública.

Véase, por ejemplo, el artículo publicado en ABC el 28 de marzo de 2006: "La EBY hasta ahora no responde a Transparencia sobre Añá Cuá". Entonces, como ahora, estaban muy entusiasmadas la empresa argentina Pescarmona y la CIE paraguaya. Por algo hablaba del eterno retorno el filósofo Nietzsche.

Fuente: ÚltimaHora (Online)

Sección: Opinión

Domingo, 01 de Octubre de 2017, 01:00

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