Portal Guaraní - SANDRA QUIÑÓNEZ DEBE IRSE - Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debe irse lo antes posible. Cada día que pasa crece la furia ciudadana por unas gestiones que dañan la esencia misma del Ministerio Público, tan bien explicitada en la Constitución Nacional. Se intentó un juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por la creciente ola de violencia. Pero la violencia judicial es peor. Abre las puertas a las demás violencias como la impunidad, el desinterés interesado ante denuncias de corrupción, lavado de dinero, contrabando, etc. de sus amigos, favorecedores y sostenedores.

Los políticos con bancas en el Parlamento deben, al menos por un momento, pensar en el país, en sus necesidades, aspiraciones, frustraciones, y unirse en torno a la urgencia de un juicio político que acabe con tantas irregularidades que nos conducen a la anarquía.

Con Sandra Quiñónez, de acuerdo con su comportamiento, con las cosas que “olvida” o “no ve”, se hace imposible recuperar la tranquilidad jurídica.

Pero la señora Quiñónez va mucho más allá que negarse a cumplir con sus funciones. Ahora lo hace a la disparada en el caso de las denuncias de Giuzzio, empujada por la amenaza de un juicio político. Huye hacia adelante con la esperanza de silenciar la indignación generalizada en la creencia de que su jugada será aceptada con mansedumbre.

La intención es clara: 1) interviene con la expectativa de continuar en el cargo; 2) dar la sensación de que actúa libremente, con las manos sueltas; 3) extender el caso por los siglos de los siglos; 4) lo más probable: abrir el camino para que, finalmente, sea Giuzzio el que vaya a la cárcel por “denuncia falsa”. Así ya lo anunció el abogado de Horacio Cartes. Y así será conforme a la tradición: va preso el denunciante, nunca el denunciado con poder económico y político.

Cuando la fiscalía decidió, al fin, mostrarse interesada, Horacio Cartes pronto dijo ponerse a disposición de la justicia. Suena bien. El caso es que en esta película no hay suspenso. Se sabe el final desde la primera escena.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público suman 10 personas: 9 ministros y la fiscal general. Estas diez personas tienen en sus manos la seguridad jurídica del país sin la cual no hay país que avance. De nada sirve un ejército de policías y militares; de nada la Constitución y las leyes; de nada ni siquiera jueces y fiscales honestos –que los hay– cuando sus resoluciones o investigaciones se anulan arriba o son enviadas al depósito del olvido. Un depósito repleto, más que de expedientes comprometedores, del comportamiento embaucador de las autoridades judiciales.

Leemos en “ABC Color”, del martes: “Varias alertas de movimientos sospechosos recibió la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez y hasta la fecha se desconoce qué investigaciones fueron abiertas en base a reportes locales y extranjeros. Tabacaleras, casas de cambio, agroganaderas, inmobiliarias, offshores en el extranjero y preocupantes transferencias de dinero de y hacia el Paraguay habrían sido ninguneados”.

Este solo párrafo contiene la síntesis de la inacción de la Fiscalía General del Estado y el tremendo daño que causa al país permitiendo, con su complicidad, que la delincuencia tome fuerza cada vez más; crece sin parar a la sombra de unas instituciones –el Poder Judicial y la Fiscalía General– cuyos integrantes habían jurado desempeñarse con honestidad y libres de la influencia de los políticos.

Sabemos que será difícil contar, si no imposible, con los votos necesarios para llevar a juicio a Sandra Quiñónez. Ella es demasiado útil a muchos políticos, pero no es motivo para que la ciudadanía honesta se calle.

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