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MANDUA REVISTA DE LA CONSTRUCCIÓN

  MANDUA Revista de la Construcción - Nº 442 - Febrero 2020


MANDUA Revista de la Construcción - Nº 442 - Febrero 2020

MANDU'A

Revista de la Construcción

 

Año XXXVII

N° 442

Febrero 2020

 

Editorial

La gran deuda social del Estado

Históricamente, el Estado tiene una gran deuda social con los sectores más vulnerables. Desde tiempos de la Colonia Española se han dejado de lado las aspiraciones ciudadanas de vivir con mayor bienestar, con más equidad.

En el periodo independiente, el esquema se mantuvo y los gobiernos estuvieron al servicio de los intereses de los poderosos, olvidando su  rol esencial de administrar el país con sentido de justicia social.

En los últimos 70 años, cuando otras sociedades ponían ya énfasis en las respuestas a los reclamos de las mayorías desposeídas, los vientos locales no cambiaron de dirección. La dictadura ignoró la pobreza y en su propaganda retrató un país idílico, ajeno a la acuciante realidad que afectaba al segmento poblacional marginado de oportunidades para vivir con mayor dignidad.

En democracia, con la libertad de expresión, salieron con toda su fuerza los grandes y graves problemas sociales. Si bien a esta altura están identificados y cuantificados, lo resaltante es lo mucho que todavía falta por hacer para salir del profundo pozo de la pobreza.

El Estado, como articulador del Bien Común -por su desinterés, incapacidad y corrupción-, hasta ahora está aplazado. Los intentos de recuperar terreno en áreas tradicionalmente desatendidas o atendidas a medias, no han pasado de ser gestos demagógicos porque no han apuntado a soluciones de calidad y sustentables en el tiempo.

El asistencialismo es una perversión de la obligación del Estado de dar apoyo a los que más necesitan. Esa estrategia, antes que positiva, es negativa porque se inserta -sin generalizar, pues excepciones hay- en una cultura cómoda que se contenta con poco, sin realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de las personas. A los programas del Gobierno les faltan complementos que obliguen a todos los beneficiarios -no solo a algunos, como las madres que tienen la obligación de escolarizar a sus hijos como contrapartida de lo que reciben- a empeñarse en buscar salidas adicionales a su situación de indigencia.

La salud pública es el sector donde más claramente se nota la poca atención que hubo a los requerimientos básicos de las personas. Ni en educación sanitaria para la prevención, ni en atención en hospitales y centros de salud ante las manifestaciones de enfermedades, hubo avances significativos. Es más, los pocos que fueron constatados -provisión real de medicamentos de manera gratuita, por ejemplo-, a esta altura, han caído de nuevo en saco roto.

La epidemia del dengue que afecta al país es un claro indicador de que el Ministerio de Salud Pública, como responsable de dirigir la política del Estado en la materia, desatendió su obligación de educar a la ciudadanía a través de campañas comunicacionales durante todo el año, contar con servicios y personal suficientes para responder a las epidemias y prever fondos de emergencia sanitaria.

En educación pública, el drama no es menor. Es cierto que en los últimos 30 años casi no hay niños que hayan dejado de concurrir a las escuelas. La Constitución de 1992 extendió tres años más -hasta el noveno grado-, la formación básica gratuita de los estudiantes. De 30.000, la cantidad de docentes pasó a más de 80.000. Hubo, hay, cantidad. El catastrófico déficit, sin embargo, es la calidad de la enseñanza. En general, los años iniciales de educación -aun incluyendo la media-, no han servido a los alumnos para contar con herramientas de idoneidad esenciales para luchar con eficacia por mejores oportunidades.

La Reforma Agraria para los campesinos es otra deuda impaga del Estado a través de los sucesivos gobiernos. En un país donde hay gran cantidad de tierra sin explotar, no deberían haber existido ya agricultores sin una parcela propia.

Otra asignatura pendiente es la seguridad. El índice de delincuencia -que en parte hay que relacionar con la pobreza-, ha ido en aumento. La irrupción del crimen organizado a gran escala, en reiterados casos amparados por políticos, agrava la situación en este campo.

En lo referido a obras públicas, en particular a rutas asfaltadas, empedradas y enripiadas hubo progreso. Su talón de Aquiles, sin embargo, es la falta de planes para que las comunidades beneficiadas por ese indudable adelanto puedan utilizarlas como elemento eficaz para salir de la marginación social.

Sin recorrer otras áreas sociales deficitarias -empleo digno, transporte público, recreación, acceso a créditos blandos, etc.-, la conclusión es que los gobiernos que administran ocasionalmente el aparato del Estado tienen que promover un cambio para que esa estructura esté al servicio del bienestar de la sociedad.

Si los políticos siguen empecinándose en gobernar para sus intereses y para los de un pequeño sector, el panorama, en corto tiempo, puede ser sombrío.  No hay que ignorar las reacciones que hubo en países de la región como réplica a siglos de injusticia social. Aún hay tiempo para virar de rumbo y gobernar también en  beneficio de los excluidos.

 

Fuente Digital:  Mandua.com.py (Online)

Registro:  Febrero 2021

 

 

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