MANDU'A

Revista de la Construcción

Año XXXVI

N° 429

Enero 2019

Editorial

Es necesario cortar los vergonzosos seguros VIP del funcionariado

En materia de salud -aunque no solo en ese campo, tal como ha quedado evidenciado en numerosas circunstancias-, los senadores y diputados abusan de su poder. Están tan acostumbrados a usar a su antojo el dinero de los ciudadanos proveniente de las recaudaciones de impuestos, que consideran a las arcas del Estado como un botín que se pueden repartir a “gusto y paladar”,   desvergonzadamente y sin tener en cuenta que hay compatriotas que todos los días arañan el suelo por no tener qué comer.

Una escena que tuvo como protagonista al senador Paraguayo Cubas en el Sanatorio Británico al que había acudido para una consulta médica -ya que los senadores firmaron un contrato con el seguro Santa Clara para ser atendidos en ese centro médico-, sin que el galeno estuviera en su lugar de trabajo, generó la reacción y el reclamo del legislador.

Esa circunstancia hizo que la prensa investigara los seguros de las Cámaras de Senadores y Diputados saliendo a luz datos que ratifican la falta de conciencia de los legisladores -los beneficios del seguro VIP alcanzan también a todos los empleados del Parlamento-, que utilizan grandes sumas de dinero en provecho propio, fuera de la dieta, los gastos de representación y los cupos de combustible.

Por cada senador, en concepto de seguro médico, el Ministerio de Hacienda desembolsa mensualmente 1.600.000 guaraníes. Casi similar suma, apenas 100.000 menos, paga igualmente para que los diputados reciban atención médica privilegiada. La Cámara Baja, además del seguro médico, tiene contratado un servicio de odontología.

Como si esto fuera poco, el Parlamento también paga salarios a médicos y paramédicos contratados para casos de emergencia.

Mirando más globalmente y dado el mal ejemplo de los legisladores, también todas las instituciones públicas gozan de seguros inadmisibles para un país pobre donde el gasto público per cápita en salud pública -según datos del Banco Mundial- es de apenas 170 dólares anuales, alrededor de 1.000.000 de guaraníes.

El caso del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) -en el gobierno de Cartes, siendo ministro Gustavo Leite- es el más significativo para ilustrar los abusos de poder desde el sector público. El seguro médico que los funcionarios tenían les habilitaba hasta para realizarse cirugías estéticas varias incluida la bariátrica. Esta es una muestra del abuso y la absoluta falta de cuidado del dinero público.

Mientras los legisladores y los funcionarios son privilegiados y despilfarran el erario del pueblo para acceder a costosos seguros médicos, los sectores más pobres de la sociedad se ven obligados a acudir a puestos y centros de salud, así como a hospitales públicos, sin encontrar respuestas mínimamente decorosas a sus necesidades.

Baste, por ejemplo, mirar el caso del Hospital Regional de Encarnación basado en una publicación periodística (diario Abc del 11/12/18). Según consigna la información, en esa estratégica ciudad fronteriza del país, ese hospital -que es el único de la región que en el sector público cuenta con terapia intensiva-,  apenas tiene una disponibilidad de 135 camas. Cuando la demanda es mayor, se observan pacientes arrinconados en los pasillos del nosocomio. La escena es similar a la que habitualmente se observa en la Urgencia del Instituto de Previsión Social (IPS), seguro de salud que cubre a todos los trabajadores asalariados del sector privado del país.

Toda esta situación permite ver la injusticia que existe en materia de seguro médico en el sector público donde los legisladores y áreas del funcionariado público que negocian a través de sus sindicatos o amparados por grupos del poder político reciben una atención de calidad, mientras otros no tanto y una gran cantidad de personas, sin cobertura ni amparo alguno, deambula en vano de aquí para allá buscando solución a sus problemas de salud.

A partir de ello es necesario plantear una nueva política en la materia a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Dejar de pagar millonadas en seguros de salud VIP que ofenden y rebelan. Y que todos los trabajadores del Estado, incluidos los de las binacionales, sin distinción, sean usuarios del IPS, como cualquier asalariado en este país y usufructúen el sistema de salud pública. Al que no le guste, que de su bolsillo salga el dinero para “disfrutar” de un seguro VIP.

Ello haría, por un lado, que los parlamentarios y funcionarios conozcan sus deficiencias sufriendo en carne propia el calvario que viven los asegurados y quienes, sin otra opción, deben recurrir a hospitales públicos y centros de salud. Creemos que ese solo hecho ayudará a mejorar el servicio y hará que se planteen soluciones sustentables para ese aspecto tan vital y esencial para la vida de todos los ciudadanos.

Y lo que es muy importante, todo el dinero que hoy se despilfarra en los seguros privados debe ir a la cobertura de salud pública en beneficio de la población en general, como corresponde. 

Fuente Digital: Mandua.com.py (Online)

Registro: Julio 2022