PARÁSITOS

 Por LUIS BAREIRO

lbareiro@uhora.com.py

La investigación del colega César Larré que publica ÚH es una muestra ejemplar de cómo se construye un estado parasitario, este conglomerado de instituciones cuyo objetivo principal es generar cargos para los correligionarios, aunque la función que cumplan carezca por completo de utilidad para el contribuyente que le paga los salarios.

Larré tomó el caso de un típico político criollo, el ex intendente de Arroyos y Esteros Denis Lichi. De la mano del presidente Abdo, Lichi se convirtió primero en ministro de Agricultura y desde abril del año pasado en presidente de Petropar, la compañía pública que importa y vende combustible.

Como casi todas las instituciones del Estado, Petropar tiene en su nómina una larga lista de “comisionados”, funcionarios provenientes de otras dependencias que arriban trayendo consigo su rubro de origen (rubro que sigue pagando la entidad de la que salieron). En teoría, con el comisionamiento solo se busca hacer un mejor uso del personal público. Por decir, si un ministerio tiene un exceso de contadores y otro necesita contratar algunos, es mejor comisionar contadores de donde sobran a donde faltan que aumentar la plantilla de funcionarios contratando nuevos.

En la práctica no funciona así; y el caso de Petropar es prueba irrefutable de ello. La petrolera tiene 66 funcionarios comisionados de diferentes dependencias. De ellos, diez tienen algo en común; todos son miembros de la seccional colorada 109, afincada en Arroyos y Esteros. Es la ciudad donde arrancó la carrera política de Lichi. De hecho, el actual presidente de Petropar es miembro honorario de esta seccional.

Podríamos suponer que esta vinculación partidaria es una mera coincidencia si los comisionados fueran todos especialistas en áreas relacionadas con el comercio de los combustibles, o con la calidad técnica de los derivados del petróleo o con cualquier especificación vinculada con las actividades de la petrolera. Pero resulta que los comisionados ocupaban antes cargos de asesoría en la cartera de Agricultura y Ganadería, y fueron contratados bajo la breve administración de –otra coincidencia– Denis Lichi.

Un asesor es un experto en alguna materia. Siendo del MAG, debemos colegir que son ingenieros agrónomos o veterinarios, o algo parecido. ¿Cuál podría ser su relación con el negocio de los combustibles?

La cuestión se torna aún más compleja si aterrizamos en los casos concretos. Tenemos, por ejemplo, a Roberto Argaña Benítez, quien ganaba como asesor en el ministerio unos G. 2.400.000. ¿Cuál será su especialización para que le pagasen apenas un sueldo mínimo? No lo sabemos, pero debe ser muy bueno en la materia porque Lichi se lo llevó a Petropar con un salario de casi G. 12 millones.

Por cierto, los comisionados suman ingresos. Mantienen el rubro original y le suman adicionales en la entidad comisionada. Por citar, Reinaldo Pintos González, mano derecha de Lichi, estaba como asesor en Diputados con un salario de G. 7.900.000. El miembro honorario de la seccional 109 se lo llevó a la petrolera pública con un adicional de G. 12 millones. Sus ingresos totales rayan ahora los G. 20 millones.

Hay que decir que no todos aparecen como asesores. Algunos figuran como asistentes. Es el caso de Wilfrido Soto Morínigo, quien marcaba en el Ministerio de la Vivienda con un salario de G. 4.200.000, y Lichi lo tiene ahora consigo con una mensualidad de casi G. 10 millones. La estabilidad de Soto es clave para desarrollar sus actividades. Es quien le acerca el café y las chipitas en las mañanas. Wilfrido es mozo.

El caso de Lichi y sus correligionarios de la seccional 109 son solo una muestra pequeña de cómo funciona el modelo vampírico del Estado. La sangría es infinitamente mayor. Lo malo es que como en todo caso de parasitismo, la víctima lleva tanto tiempo desangrándose que ya no se da cuenta de que la están devorando.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Domingo, 01 de Agosto de 2021

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