Portal Guaraní - LAS PALABRAS Y LOS NÚMEROS - Por LUIS BAREIRO

Más allá de la tragedia humana que supone que llevemos meses con un promedio de quinientas personas en terapia intensiva y más de tres mil hospitalizadas, hasta hace solo año y medio esos números eran imposibles de sostener. Una urgencia de doscientas camas en UTI hacía colapsar todo el sistema de salud. Jamás hubo presupuesto siquiera para atender al diez por ciento de los pacientes que hoy recurren al servicio público. Montar esto significó destinar a la salud una ingente cantidad de dinero —lo que, por cierto, siempre se debió haber hecho—. Ahora la pregunta es: ¿cómo hacemos para sostener esa inversión en el tiempo?

La economía es matemáticas. Los discursos populistas pueden sonar muy convincentes, pero no alteran los números. Todo gasto —aunque se trate de una inversión social— debe tener una contrapartida de ingreso. Solo en lo que se refiere al personal de blanco, Salud incluyó diez mil nuevos vínculos médicos. Nadie puede discutir que la mayor parte de esos vínculos siempre fueron una necesidad, estemos o no en pandemia. Hay que hallar la manera de poder seguir financiándolos.

Y aquí es donde la mayor parte de la clase política se hace la tonta. Nadie quiere hacerse cargo del fardo que supone encarar el problema contable. No puede haber más gastos que ingresos. Solo podemos recortar gastos o incrementar los ingresos. Si queremos seguir gastando —o invirtiendo— estas cantidades en salud, estamos obligados a recortar gastos en otras áreas o aumentar la recaudación del Estado. El endeudamiento ya no es una opción.

Para buscar el equilibrio hay que mirar dónde se produce la mayor parte del gasto público. No será muy popular lo que voy a decir, pero esas barbaridades que tanto nos irritan —como los salarios absurdos en el Congreso o cualquiera de las excentricidades de los burócratas que nos hacen pagar a todos los contribuyentes—, verdaderamente, tienen un impacto menor. Hay que hacerlas desaparecer porque es justo que desaparezcan, pero no solucionan el problema de fondo.

El gran derroche se da en realidad con las compras públicas. Es en las licitaciones donde se perpetran las mayores sangrías; es allí donde se ceban las asociaciones espurias de contratistas, políticos y funcionarios venales. Y, por supuesto, ese es un proceso que ninguno de los beneficiarios pretenden cambiar.

A las pruebas me remito. Hay un proyecto de ley largamente estudiado que propone un cambio radical en las adquisiciones del Estado. Lleva meses en el Congreso. Nadie le da pelota. Otro problema de fondo es la anarquía que existe en la determinación de los salarios públicos y sus aumentos, los nombramientos y los ascensos. Habiéndose convertido en su principal clientela política, los cargos públicos están al arbitrio de decisiones antojadizas del Parlamento y los gobiernos de turno. Los salarios dependen a menudo de la capacidad de presión de los sindicatos y no guardan la menor relación con la eficiencia ni con la situación de la economía en general. Para encarar este culebrón financiero se prepararon dos leyes fundamentales: la que crea la carrera de la Función Pública y una nueva ley de responsabilidad fiscal, que congela cualquier aumento salarial hasta tanto se recupere el equilibrio en las finanzas públicas.

Ambos proyectos juntan polvo en el Congreso. Ni el presidente Abdo Benítez, ni los líderes de los partidos políticos, ni el presidente de facto que hace oficina en su palacio sobre la avenida España le dan la menor importancia. Los cambios de fondo no le importan a nadie.

Mientras, se incuban otras crisis que van cobrando dimensiones gigantescas. Por decir, la Caja Fiscal, que paga las jubilaciones de los funcionarios del Estado, reporta ya un déficit de USD 170 millones, un agujero que se comerá más de USD 3.300 millones para el 2028.

No tendremos salud pública ni educación de calidad si no corregimos estos entuertos. La realidad no se cambia con discursos.

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