CON RUMBO DE COLISIÓN

Por LUIS BAREIRO

lbareiro@uhora.com.py

Quien suceda a Mario Abdo Benítez deberá enfrentar la mayor catástrofe financiera de nuestra historia reciente.

La mal llamada caja fiscal, la entidad que paga las jubilaciones de los funcionarios del estado, acumula un déficit monstruoso que para fines de 2028 alcanzará la escalofriante suma de 3.300 millones de dólares. Cuando el próximo gobierno culmine su mandato, los contribuyentes habremos destinado al pago de estas jubilaciones de privilegio una cifra que representa hoy cuatro veces el presupuesto de Educación y once veces el del Ministerio del Interior.

Un déficit colosal como ese solo se podría justificar si fuera el costo que pagáramos para garantizar la jubilación de la gran mayoría de los trabajadores. Pero no es así. Solo dos de cada diez laburantes tienen seguro social; y, para colmo, en esa minoría hay otra vez un tratamiento diferenciado que permite, por ejemplo, que un militar retirado goce de ajustes automáticos en su pensión, equiparándolo al salario de sus camaradas activos; o que una maestra con tres hijos pueda acogerse a la jubilación con apenas 44 o 45 años de edad.

En economía no hay merienda gratis.

Todos esos privilegios tienen un costo y alguien tiene que pagarlos. Recordemos que en el Paraguay todos los sistemas previsionales son de capitalización colectiva o de reparto. Esto significa que los aportes se meten a una bolsa común y de ella se pagan las jubilaciones. Para que estos sistemas sean sostenibles es necesario que haya siempre más aportantes que jubilados, que los ahorros se inviertan y generen una renta y que exista equilibrio entre lo que cada asegura aporta y recibirá luego de jubilarse.

Nada de esto se cumple en la caja fiscal.

No existe la menor relación entre lo que contribuye cada funcionario y lo que habrá de cobrar tras su jubilación. Además, entre un funcionario de Salud, un sargento y un maestro de primaria hay reglas totalmente distintas sobre cuándo y en qué condiciones podrán jubilarse. La consecuencia de este manejo arbitrario es que los aportes resultan insuficientes para pagar las jubilaciones públicas. Y ese déficit se cubre con impuestos.

El modelo no puede ser más injusto. Los ocho de cada diez trabajadores que nunca habrán de jubilarse terminan garantizando con sus impuestos el pago de las pensiones de los pocos que sí tienen el privilegio de hacerlo.

El agujero financiero a venido creciendo de manera vertiginosa y amenaza ahora con devorarse buena parte del presupuesto público. Solo este año, el déficit de los llamados sectores no civiles (militares y policías) se comerá más de 145 millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Las pérdidas provocadas por la jubilación del sector docente están siendo amortizadas hasta ahora por los aportes de los funcionarios de la Administración Central; pero eso se agotará en seis años más.

En 2028, la caja necesitará 234 millones de dólares de los impuestos para pagar pensiones de militares y policías, y casi 400 millones de dólares para cubrir el monstruoso déficit de maestros y funcionarios públicos. Solo ese año, Hacienda tendrá que sacar de algún lado más de 640 millones de dólares para asegurarle la jubilación a un sector de la población que representa menos del uno por ciento del total de los trabajadores.

Estamos hablando de un monto que representa dos veces lo que se destina hoy a la seguridad interna del país y casi el 70 por ciento de todo lo que se invierte en educación.

Los beneficiarios del modelo insisten en que ellos aportaron para su jubilación. Es cierto, solo que ese aporte es absolutamente insuficiente para sostener el modelo. El iceberg está solo a unos pocos años de distancia y llevamos rumbo de colisión. Mientras, la clase política prefiere hacer la vista gorda y apurar la champaña en esta indolente cubierta del Titanic.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Domingo, 11 de Julio de 2021

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