RATERO
Por LUIS BAREIRO
lbareiro@uhora.com.py
Hace unos años se armó una polémica en torno al robo de tres kilos de asado. Un parrillero infiel se llevó una tira de costilla del restaurante donde trabajaba.
Lo pescaron a la salida del local con el bocadillo oculto en la mochila; lo delató el perro de la patrona. El caso es que el hombre llegó hasta la audiencia preliminar y estaba a punto de enfrentar un juicio oral y público cuando la noticia llegó a los medios y derivó en escándalo. La Fiscalía había gastado un montón de tiempo y dinero para condenar a quien cometió un delito bagatelario.
A regañadientes, el Ministerio Público aceptó suspender el proceso a condición de que el parrillero pagara el costillar y una multa considerable. Se le preguntó a la patrona si estaba conforme con la decisión y si permitiría al jornalero arrepentido volver a su puesto.
La respuesta fue contundente: “La Justicia puede decir que pagó, pero acá no vuelve ni en pedo... Es un ratero”.
Hace un lustro, el diputado José María Ibáñez gestionó la contratación de tres personas en su despacho. El legislador firmó cada uno de los registros que daban cuenta de la presencia de los contratados en su lugar de trabajo.
Era falso. La prensa descubrió que esas personas trabajan en realidad en la quinta de Ibáñez; nunca fueron al Parlamento.
Se reveló además que la esposa del diputado era quien cobraba los salarios públicos de estas personas y que solo una parte del dinero llegaba a manos de los caseros; el grueso se lo embolsaban el diputado y su cónyuge.
Para cuando se publicó el caso, el matrimonio había sustraído ya unos 30 millones de guaraníes de la Cámara.
Lo hizo gracias a la influencia del parlamentario que le permitía decidir quiénes serían contratados en su despacho (esto lo confirmó el presidente de Diputados de entonces, el liberal Juan Bartolomé Ramírez) y mediante la producción de documentos públicos de contenido falso: los registros de asistencia suscritos por Ibáñez.
La Fiscalía los acusó por estafa. Ellos lo negaron y por cinco años lograron evitar que el caso llegue a juicio. La semana pasada, empero, decidieron cambiar de estrategia: optaron por la salida del parrillero.
Ibáñez y sus secuaces reconocieron todos los hechos de los que se les acusa, devolvieron lo robado y como penalización donaron un transformador a un leprocomio.
A diferencia del parrillero, sin embargo, el diputado Ibáñez pretende seguir ocupando el mismo cargo donde cometió el robo. Más allá de la desfachatez de su pretensión hay un problema constitucional: El artículo 201 de la Carta Magna dice claramente que los legisladores perderán su investidura por el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
Ibáñez admitió una estafa perpetrada mediante la contratación de personas en su despacho; contratación que fue posible por su influencia como diputado; influencia que utilizó para un beneficio personal. La conclusión es inevitable. Ya lo dijo la patrona del parrillero, la Justicia puede decir que pagó, pero no puede seguir un día más en el Congreso... Es un ratero.
Fuente: ULTIMA HORA (ONLINE)
Sección OPINIÓN
Domingo, 15 de Julio de 2018
