ENTRE AJUSTES Y POPULISMOS, CÓMPRESE MÁS VELAS
Por LUIS BAREIRO
lbareiro@uhora.com.py
Nada hay más arbitrario y absurdo que la asignación de pagos a los funcionarios del Estado. El aparato público ha creado un mundo de fantasía donde los salarios reales (que incluyen los más disparatados sobresueldos) no guardan la menor relación con el rol y la productividad del trabajador ni con la situación financiera de la institución que le paga.
Así podemos tener un gerente de fotocopias que suma ingresos por más de 15 millones de guaraníes sentado en una oficina y un médico que no llega a la mitad zurciendo rotos y descosidos en un hospital de emergencias.
En este mundo caótico, los incrementos salariales tampoco responden a la lógica del resto de los mortales. No depende de la situación financiera del empleador, ni de los resultados obtenidos por el empleado, ni de la oferta y demanda del mercado laboral; son consecuencia de la capacidad de presión que puedan ejercer sobre los administradores públicos de turno (que, para colmo, también son empleados y se benefician con las concesiones que hacen) y sobre el resto de la ciudadanía.
A menudo, los incrementos se dan por mero cumplimiento de contratos colectivos suscritos sin la participación del propietario de la empresa (la ciudadanía) y en el marco de periodos electorales durante los que los supuestos representantes del Estado están más interesados en asegurarse los votos de los funcionarios que en garantizar la factibilidad financiera de las concesiones.
Un ejemplo notable es la compañía de electricidad. ANDE carga con más de 3.000 funcionarios, de los cuales unos 1.750 tienen ingresos de entre 10 y más de 20 millones de guaraníes. Su contrato colectivo incluye sobresueldos bajo la denominación de "anuenio", "adicional por peligrosidad", "complemento PCC", "ayuda alimenticia" y "bono alimenticio", "horas extras" y "mayor costo de vida", entro muchos otros.
La compañía está en una profunda crisis. De acuerdo con su plan maestro 2016-2025, deben hacer inversiones por más de 7.067 millones de dólares en la próxima década y no tiene recursos ni para los primeros mil millones. Solo les queda endeudarse o aumentarnos la tarifa.
Este déficit monstruoso se traduce en los cortes permanentes del servicio. El sistema, obsoleto en tecnología y tamaño, colapsa con cualquier ventarrón o incremento de la demanda.
En marzo ya nos aplicaron un primer ajuste, supuestamente para mejorar la inversión. La verdad es que solo un porcentaje de lo obtenido lo destinaron a ese fin. "Ahorraron" 16 millones de dólares para cubrir un 15% de incremento salarial que pretenden aplicar el año próximo. Vale decir, nos ajustaron la tarifa de un servicio igual de malo y con tendencia a empeorar con el solo fin de aumentarse luego sus ingresos.
Huelga decir que hay muchos técnicos que se merecen lo que ganan e incluso más. Lo que no es admisible es que los salarios públicos y sus ajustes se sigan definiendo de esta manera, de espaldas a la realidad de la inmensa mayoría que paga con impuestos o tarifas absurdas por servicios públicos ínfimos en cobertura y horrorosos en calidad.
Fuente: ULTIMA HORA (ONLINE)
Sección OPINIÓN
Domingo, 05 de Noviembre de 2017
