MENTIRAS VERDADERAS

  Por LUIS BAREIRO

lbareiro@uhora.com.py

Augusto Dos Santos, director de la Sicom, publicó en las redes sociales un artículo sobre las supuestas verdades que los medios no decimos sobre el caso Ñacunday. Quiero creer que fue mal informado por personas que, probablemente, pretenden su cargo. De otra forma, no me explico cómo pudo hacer tantas afirmaciones erradas o, cuanto menos, incompletas.

Por la estima que le tengo, me atrevo a repetir esas verdades, agregando las correcciones que sus ayudantes deberían haberle sugerido.

1. Lo que se está haciendo (en Ñacunday) no es nuevo, es la aplicación de la ley que está vigente desde el año 2005, que es la 2.532 y 2.647, "que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay".

Falso. Lo que los militares hicieron, por orden de Lugo y a pedido de los carperos, fue ubicar en el terreno unas 167 mil hectáreas que -según un estudio de la escribana Estela Maris- corresponden a tierras que pertenecían al Estado y que nunca deberían haber sido vendidas.

Los mojones que plantaron no son para delimitar la franja de seguridad fronteriza. Lo dice claramente el Indert en su instrucción a los militares, en la que se menciona el amojonamiento en "el área de yerbales y bonos". "Yerbales y bonos" no es el nombre de un espacio físico determinado, sino la carátula del expediente elaborado por la escribana Maris.

2. Los militares ya empezaron en el 2007 un trabajo de registro de las tierras fronterizas.

Cierto, pero ese trabajo nada tiene que ver con este.

3. En el país existe la necesidad de transparentar la tenencia de grandes extensiones de tierra que históricamente han sido apropiadas de manera ilegal. Existen 7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas, lo que representa el 19 % del territorio nacional (según informe de la Comisión Verdad y Justicia, que abarca el periodo que va de 1954 a 2003).

Ciertísimo. La pregunta es qué está haciendo al respecto la Procuraduría General de la República, entidad dependiente de la Presidencia y responsable de accionar judicialmente para recuperar esas tierras.

4. El caso de las tierras de Ñacunday es paradigmático, ya que son parte de aquellas tierras arrebatadas al Estado tras la guerra de exterminio de la Triple Alianza, que fueron recuperadas por el Estado paraguayo en 1958, con una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Existen dudas sobre la legalidad de los títulos de los actuales dueños, y este procedimiento busca aclarar las dudas.

Cierto y falso. Las tierras no fueron arrebatadas, fueron vendidas por el Estado y recuperadas luego de litigar 40 años contra los herederos de Domingo Barthe.

Hay un informe del Catastro que confirma que esas mismas tierras fueron loteadas y adjudicadas por el IBR y el Indert entre 1970 y 1989, solo que obviaron registrar los desprendimientos de la finca madre, la que se creó tras ganar el juicio contra los Barthe.

Así, el propio Estado duplicó registralmente las tierras, creando lotes nuevos, pero sin descontarlos de la propiedad original. Esa es una cuestión que el Gobierno debe entender, para buscar una solución definitiva al problema.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

Sección OPINIÓN

Domingo, 29 de Enero de 2012, 01:00

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