ESA VISCOSA LEY

VA CON ONDA

Por LUIS BAREIRO

Hacia 1870 se desarrolló en los Estados Unidos un juicio por de más particular: un hombre cuyas tierras habían sido ocupadas y utilizadas como puesto de campaña por el ejército de la Unión, en plena guerra civil, demandó al Estado por invasión de propiedad.

Contra todo pronóstico, la Corte Suprema falló a su favor. Su conclusión fue que aún en el peor de los escenarios, el de una guerra, la ley seguía siendo la autoridad suprema de la Nación, y que ningún argumento era admisible para quebrantarla o para evitar su aplicación.

La sentencia se cumplió. Y un victorioso ejército del Norte fue obligado a indemnizar al demandante, un ciudadano de los derrotados estados del Sur.

La mayoría de los historiadores, incluso los más críticos, coinciden en que esa sacralización de la ley y de los fallos judiciales ha sido una de las piedras angulares sobre las que se construyó el imperio norteamericano.

Huelga decir que, como todo imperio, ese rigor jurídico ha sido siempre de aplicación interna y rara vez fue determinante en su relación con el resto del mundo.

El hecho es que esa actitud ante la ley y los fallos de la justicia es una característica común de las naciones que han logrado alcanzar un mayor nivel de desarrollo, independientemente de los gobiernos y sus tendencias políticas.

En contrapartida, los países que han convertido a la ley en un material viscoso y flexible siguen patinando en el engorroso proceso de transición política y económica.

Allí estamos nosotros, empantanados en nuestro particular concepto de la ley, una figura que consideramos se debe aplicar con todo su rigor... a los otros.

Un ejemplo notable de esta visión acomodaticia de la ley es lo que está ocurriendo con el caso Ñacunday. El Indert pretende realizar una mensura para ubicar en el mapa las tierras que recuperó el Estado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia después de 48 años de litigar en tribunales.

El anuncio generó la reacción inmediata de los colonos (en su mayoría inmigrantes brasileños) que hoy ocupan esas tierras, de los gremios que los nuclean, de los intendentes que les deben el cargo y de una partida de políticos que fueron a pescar sus votos.

Por supuesto, esos colonos tienen todo el derecho a la protesta. Salvo por dos detalles: anunciaron que impedirán como sea la mensura (ordenada por un juez) y cerraron la ruta.

Hicieron exactamente igual que hacen las organizaciones de los sintierras y que provocan siempre la justificada condena de políticos, gremios y periodistas; los mismos políticos, gremios y periodistas que ahora acompañan la protesta de los colonos, incluido el cierre de rutas y la instigación al desacato.

Es evidente que para algunos la aplicación de la ley depende no del cristal sino del ojo con que se mire; el derecho o el izquierdo.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

Sección OPINIÓN

Domingo, 02 de Octubre de 2011, 01:00

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