SISTEMAS ECONÓMICOS Y ESTRUCTURAS DE PODER (VI)

Por RICARDO RODRÍGUEZ SILVERO
 

En tiempos de experimentación, como reacción ante el modelo por el que se fomentaba la eficiencia económica, pero acentuándose las desigualdades sociales había surgido la planificación central.

Esta consistía en que se centralizaban el poder y las decisiones económicas en la cúspide de una burocracia estatal, omnipresente y todopoderosa, desde la que se pretendía organizar la vida de los ciudadanos, desde el Kindergarten hasta el asilo de ancianos. En este modelo, la fuerza propulsora del progreso debía ser instalada en el aparato estatal. La propiedad de los medios de producción pasó a manos del sector público, quedando en manos privadas solo los instrumentos de producción y algunas propiedades inmobiliarias de poca trascendencia, como huertos y jardines.

PLANIFICACIÓN CENTRAL. Este modelo económico halló su máxima expresión en las sociedades regidas por el comunismo, el nazismo y el fascismo. El primero de ellos tuvo su manifestación más radical en la economía soviética desde la revolución de octubre de 1917 y en la economía de Alemana Oriental, a partir de 1945, una vez finalizada la 2ª Guerra Mundial. La experimentación con el modelo de planificación central durante el siglo XX condujo a la evidencia empírica de que se podía ciertamente establecer una férrea política social desde un comando central, pero con desastrosas consecuencias a largo plazo para el aparato productivo en particular y para la sociedad en general. Efectivamente, ninguna burocracia estatal, por más disciplinada y honesta que fuere, está en condiciones de prever ni en su totalidad ni en su profundidad la extraordinaria dinámica, propia de todo tipo de sociedades, en términos de necesidades y satisfacciones económicas y sociales. La consecuencia fue un aparato productivo obsoleto, lento y costoso que no estaba en condiciones de mantener cotas mínimas de competitividad ni siquiera a nivel local, menos todavía en competencia con competidores internacionales.

ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO. El colapso en Europa Central a consecuencias de la 2ª Guerra Mundial y el subsiguiente desmoronamiento de la Alemania nazi, así como su desmembramiento en tres territorios (la Alemania Occidental, la Oriental y la parte de Alemania al este de Polonia que pasó a constituir parte del territorio soviético) hicieron necesario un replanteamiento de alternativas ante los modelos fracasados en el pasado reciente y en los siglos anteriores: la economía libre de mercado versus la economía de planificación central. En Alemania Occidental, destruida por la maquinaria nazi y por los ejércitos aliados, surgieron las primeras propuestas eclécticas. La más conocida es la del profesor Müller-Armack, la “síntesis novedosa”, y que fuera puesta en práctica por el ministro alemán de Economía, Ludwig Erhard. Empezó a aplicarse en ese país centroeuropeo en los años 50 del siglo XX y fue posteriormente conocida como economía social de mercado. Para que la economía de mercado en su libre accionar no termine acentuando las concentraciones económicas y las desigualdades sociales se volvió necesario que el Gobierno en Estado de Derecho eche mano de una política económica y social, con la cual asegurar el bienestar general. Efectivamente, la experiencia histórica ha demostrado que el funcionamiento irrestricto de la economía de mercado frecuentemente tiende a la concentración de las unidades productivas, del patrimonio y del ingreso.

ESTADO DE DERECHO Y POLÍTICA SOCIO-AMBIENTAL. El Gobierno en estado de Derecho deberá establecer por eso no solamente el ordenamiento jurídico apropiado para el funcionamiento de la economía de mercado, tarea propia de las economías ultraliberales, sino que adicionalmente deberá concebir y poner en práctica un ordenamiento socio-ambiental adecuado, por medio de políticas sectoriales. Esto es lo que distingue una economía neoliberal de una economía social-liberal. Mediante su política de ordenamiento, el Gobierno en estado de Derecho asegura las reglas de juego para el funcionamiento de las instituciones dentro de la economía de mercado. Su política económica establece el equilibrio macroeconómico apropiado para la eficiencia económica. Pero las funciones modernas del Gobierno en estado de Derecho trascienden las meramente ordenadoras y económicas, propias de las economías neoliberales. Estas funciones son ciertamente necesarias, pero no suficientes. Adicionalmente, las políticas públicas deberán estar orientadas a lograr niveles aceptables de justicia social y equilibrio ambiental.

Continuará...

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

www.ultimahora.com

Sección OPINIÓN

Domingo, 11 de Junio de 2023

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