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TOMÁS PALAU VILADESAU


  POLÍTICAS AGRARIAS EN EL PARAGUAY. INSTRUMENTOS DE LA DISCRIMINACIÓN (TOMÁS PALAU)


POLÍTICAS AGRARIAS EN EL PARAGUAY. INSTRUMENTOS DE LA DISCRIMINACIÓN (TOMÁS PALAU)

POLÍTICAS AGRARIAS EN EL PARAGUAY.

INSTRUMENTOS DE LA DISCRIMINACIÓN
 
TOMÁS PALAU

 

1. PRIORIDADES: LOS TEMAS DE UNA AGENDA INCUMPLIDA

En el Paraguay no existe una "política agraria" como tal. De hecho, no existe siquiera una política nacional de desarrollo. Y así como no hay desarrollo nacional, tampoco puede haber desarrollo rural. Se presenta a continuación la situación agraria del país, según un esquema de temas-problema que debieran haber sido abordados por el gobierno para atender la cuestión rural, describiéndose brevemente la situación actual de cada uno de ellos.

 

 

A. LA REFORMA AGRARIA

 

Cuando en 1963, el Instituto de Reforma Agraria es sustituido por la Ley No. 852 en el Instituto de Bienestar Rural, el gobierno del entonces Gral. Stroessner había dado por sentado que los campesinos ya habían recibido la tierra que debían recibir y que ahora empezaba, no la etapa de la reforma agraria sino la del bienestar rural. Nada más contrario a la realidad. Es a partir de entonces que se agudizan los problemas para una sociedad campesina agobiada por la corrupción, la ineptitud administrativa y las políticas económicas socialmente excluyentes.

 

I. LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y LA PROBLEMÁTICA DE LOS SIN TIERRA

El Cuadro de abajo resume la distribución de la tierra en el país por tipo de unidades de producción, donde se puede apreciar la formidable concentración.

 

CANTIDAD DE EXPLOTACIONES Y SUPERFICIE DETENTADA
SEGÚN GRANDES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

 

 

Tipo de unidades

Cantidad de fincas

%

Superficie en has.

%

Indígenas

389*

 

 

 

Unidades de producción menor de 20 has.

247.617

80.6

1.466.768

6.2

Farmers con tractor propio o ajeno (50-200 has.)

4.370

1.4

395.061

1.7

Gran empresa agrícola (mayor de 500 has.)

354

0.1

1.440.181

6.0

Ganadero (mayores de 500 has.)

4.627

1.5

18.808.256

79.0

 

 

  * Se trata de establecimientos y/o reservas indígenas - Fuente: FAO (1996 a.)

 

El Índice de Gini (1), que está estimado por la FAO como el más alto del mundo para el caso de la tierra rural, muestra (para los últimos datos disponibles, ya que el Censo Agropecuario que debía realizarse en el 2001 no se realizó por falta de presupuesto) que lejos de orientarse hacia una desconcentración, la tierra rural en el Paraguay tiende a irse concentrando cada vez más.

Sin existir un censo confiable, se estima que no son menos de 200 mil las familias ya constituidas o jóvenes adultos que no tienen y que buscan tierra. Hay pues una fuerte presión sobre dicho mercado y un grave problema social que se deriva de esa problemática.

 

II. LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA

Se estima (FAO, 1996) que en el país existen no menos de 120 mil pequeñas propiedades rurales ocupadas, sin que se ostente el título de propiedad respectivo, la mayoría de las cuales son explotadas y poseídas desde larga data "sin que se haya regularizado su dominio" (p.61). Aunque el Código Civil norma sobre el usucapión en ocupaciones de buena fe por 10 o 20 años, no hay legislación que permita un sistema administrativo rápido al acceso de los campesinos, para garantizar el adecuado derecho a defensa de los eventuales perjudicados y que permita normalizar en el corto plazo estas situaciones. Por lo demás, no existen mecanismos legales que permitan un proceso de saneamiento de la propiedad de los predios rurales que permita saber cuál es la situación real en cada zona del país. La falta de regularización en la tenencia de la tierra es un estímulo al desarraigo y la descampesinización.

 

III. LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ASENTAMIENTOS

No es posible fomentar el arraigo en comunidades campesinas en las que hay dificultades de acceso al agua potable para la población, en las que no hay electricidad o ésta es sólo monofásica, en las que no hay escuelas o su acceso es difícil, en las que no hay Puestos o Centros de Salud debidamente equipados y con personal idóneo, en las que no hay telecomunicaciones, y falta o es irregular el servicio de transporte público. Otro tanto puede decirse respecto de las vías de comunicación (caminos vecinales y troncales) que no son caminos practicables todo el año.

La gran mayoría de las comunidades campesinas no cuentan con todos los bienes y servicios mencionados más arriba. Esta es una tarea que deben realizarla diferentes reparticiones estatales en mutua coordinación. La insuficiente dotación de infraestructura social en ellas fomenta el proceso de desarraigo y forma parte de un programa político y económico anticampesino.

 

IV. LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN ASENTAMIENTOS

Otro tanto ocurre con la infraestructura productiva necesaria: el crédito formal público (proveído a la pequeña agricultura por el CAH o el BNF) no llega sino al 7% de los productores; se ha desmantelado la red de almacenaje de granos y otros productos agrícolas que disponía el MAG; la asistencia técnica es de deficiente cobertura, sólo existe para rubros de exportación y desde hace unos tres años ha empezado a ser terciarizada, proceso que ha obtenido hasta el momento muy magros resultados con los pequeños productores; la red de comercialización está en manos de los intermediarios, acopiadores, camioneros, almaceneros, lo cual redunda en una expoliación de los escasos excedentes de los productores dados los precios pagados en finca; la educación agrícola de nivel medio está siendo desmontada y la universitaria está direccionada sólo para ciertos rubros. Sin los insumos técnicos de crédito y comercialización no es viable ninguna producción agraria. La agricultura farmer, en este sentido, sobrevive gracias a las prestaciones ofrecidas por las grandes cooperativas a las cuales se encuentra asociada.

 

B. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

 

La agricultura familiar en el país se ha desarrollado históricamente en ecosistemas degradados. Las tierras a las que tuvo acceso ya habían sido previamente explotadas, principalmente en sus recursos forestales aunque también estaban agrícolamente agotadas. Históricamente el agricultor familiar ha sido también utilizado como fuerza de trabajo para convertir montes raleados en tierra agrícola. Este fenómeno se intensificó especialmente a partir de mediados de la década de los '60s.

 

I. LA RECUPERACIÓN DE SUELOS

Como resultado del proceso mencionado, los suelos se encuentran en estos momentos con graves problemas de fertilidad. Una estimación efectuada recientemente por la Industria Nacional del Cemento afirma conservadoramente, que de manera urgente, la región Oriental del país requiere al menos 2 millones de toneladas de cal agrícola, sólo para corregir los más acuciantes problemas de acidificación del suelo. Algunas organizaciones campesinas, como la MCNOC han incorporado en su agenda del planeamiento productivo de sus organizaciones integrantes, promover la recuperación de los suelos, a los efectos de aumentar la productividad.

 

II. EXPANSIÓN DEL ÁREA SEMBRADA VS. PRODUCTIVIDAD

En estas últimas tres décadas se han dado paralelamente tres procesos de perjudicial gravitación para la agricultura familiar. Por un lado, una notable expansión del área de siembra de cultivos de exportación (algodón y soja) y en general del área dedicada a agricultura (con escaso aumento de la productividad). Por otro lado, un aumento del área destinada a la ganadería (2), con particular énfasis en el área cultivada. Con pasturas para engorde de ganado, los dos procesos anteriores generaron un formidable proceso de deforestación. No se registran aumentos importantes en los rindes por hectárea de los principales cultivos, los aumentos de producción, principalmente de los cultivos de exportación se han hecho a expensas del área sembrada y no del aumento de la productividad. Esta es una lógica perversa que desembocará necesariamente en agudos procesos de desertificación, una vez llegado al límite de explotación del área agrícolamente apta.

 

III. EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACIÓN

El desarrollo de una agricultura extractiva en las últimas décadas explica cómo, de la inmensa masa boscosa original, queda sólo un 32,3% de has. Esta agricultura degradadora del medio natural pone en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico. El Paraguay destruye anualmente un área de bosques y pastos equivalente al 1,44% de su territorio, lo que ubica al país como el máximo deforestador del mundo en términos proporcionales: desforesta anualmente 5.888 Km2. Con este ritmo de destrucción, teóricamente el bosque se acabará en los próximos 20 años. El impacto de esta agricultura aniquiladora resulta asombroso en la región Oriental, que perdió el 73% de sus bosques en menos de 50 años (de 8.8 millones de has. en 1945 a 2,4 millones de has. en 1991). Sus consecuencias en el ámbito de la erosión genética de los suelos, secamiento y contaminación de las aguas, son evidentes.

 

IV. EL PROBLEMA DEL AGUA (ACUÍFEROS, CONTAMINACIÓN, RIEGO AGRÍCOLA)

Como resultado de los procesos antes mencionados y el uso cada vez más intensivo del suelo, especialmente por vía de la aplicación de agrotóxicos, la casi totalidad de los cursos y espejos de agua de la región Oriental del país se encuentran contaminados y/o colmatados.

Los recientes descubrimientos acerca del acuífero Guaraní han puesto de manifiesto el efecto contaminante a mucha mayor escala que pueden llegar a tener sobre esta reserva de agua dulce, las actuales prácticas agropecuarias que son en buena medida, el resultado de un modelo de crecimiento basado en la especialización productiva en el que se fomenta el monocultivo.

La enorme disponibilidad de agua del país, a su vez, no se corresponde con la cobertura de agua potable, tanto en zonas rurales como urbana, para la población (que es una de las más bajas en América Latina), ni con la necesidad -en casos de cultivos intensivos- de disponer de riego agrícola.

 

V. LAS PRÁCTICAS DE CULTIVO

Al igual que la tradicional agricultura indígena, la familiar campesina hace un uso hasta si se quiere destructivo de la roza y quema, práctica como se sabe, supone un gran desperdicio de madera, la pérdida de plantas de valor que no estorban mayormente a los cultivos, se pierde un rompevientos o sombra natural, útil para algunos cultivos. La quema de la roza hace perder fertilidad al suelo reduciéndose la posibilidad de hacer más de una cosecha al año de ciertas plantas; por el contrario la roza sin quema conserva el monte y la selva, posibilita más tiempo de uso de una misma parcela, y al permitir un cultivo cada vez más intensivo, la superficie necesaria para una familia es menor, de modo que la expansión demográfica de la finca tendrá efectos menos expulsores. Pero como lo afirma el propio Bertoni, la ventaja directa más importante, es sin duda la conservación indefinida de la fertilidad del suelo. La quema entonces, practicada en casi todos los casos en que el campesino hace rozados, es uno de los principales factores de degradación y pérdida de fertilidad del suelo. Evidentemente, la quema incorpora a través de sus cenizas, diversos minerales que estarán a disposición de las plantas cultivadas de manera inmediata. Sin embargo, la práctica contínua de la quema, desnuda a los suelos y si éstos son frágiles, la erosión hídrica y eólica en el mediano plazo inducen a su degradación.

A lo anterior debe agregarse la creciente artificialización en el uso del suelo (como se vio son suelos ya magros), uso de arados, en algunos casos tractorización, uso de pesticidas y la inexistencia de prácticas conservacionistas como curvas de nivel, uso de abono verde, siembra directa y el acortamiento o desaparición de los tiempos de descanso de la tierra dentro de determinadas rotaciones de cultivos. Quizá la práctica conservacionista más difundida sea la de los cultivos combinados, que es también una herencia de la agricultura indígena.

Sobre estos aspectos, los gobiernos de las últimas décadas no han tomado la menor iniciativa de capacitar a los pequeños agricultores, quienes, agobiados por la creciente pobreza se vuelven, sin pretenderlo, en agentes de destrucción medioambiental, aunque sin compararse en envergadura con la depredación causada por las grandes empresas agrícolas y el latifundio ganadero extensivo.

 

VI. LA GANADERIZACIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA

La mayor parte del ganado nacional es criado en establecimientos extensivos de mediano y gran tamaño (FAO, 1992). La superficie total con pasturas cultivadas (que en 1996 casi no existían) alcanzaban en 1991 (último dato disponible) a 2.2 millones de has. Las praderas naturales (en general de muy baja productividad) llegaban ese año a 12 millones, por expansión de la frontera ganadera (eran sólo 10 millones de has. 10 años antes). Estas cifras dan una idea de la expansión de esa frontera, especialmente de las de pasturas cultivadas, muchas de las cuales se han establecido en Departamentos como los de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú de neta y exclusiva vocación forestal y en menor medida agrícola.

La carga ganadera es baja: la evolución, según la FAO, es la siguiente: 1956, 3.7 has. por cabeza de ganado; 1981, 3.4 has, por cabeza; 1991, 3 has. por cabeza. El rinde promedio de leche por cabeza del ganado lechero es de 3 litros por día. Esta información indica: fuerte expansión de la frontera ganadera (más tierra para la ganadería) a costa incluso de la frontera agrícola y sobre todo, de la destrucción de montes naturales; baja carga por unidad (extensividad) y bajos rendimientos lecheros.

 

VII. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Las constataciones derivadas del modelo de colonización implantado durante las últimas décadas muestran que: (i.) la colonización sólo parcialmente pudo cumplir con el cometido de descongestionar áreas minifundiarias antiguas, (ii.) los objetivos estrictamente económicos arrojan resultados aún más negativos; la mayoría de los campesinos asentados se vio sujeta a fuertes procesos de diferenciación, (iii.) tampoco fueron favorables los logros en los planos de la integración y organización social y política, como resultado -entre otros factores- del modelo físico adoptado y de la escasa autonomía y participación de los beneficiarios en la implementación de los planes de colonización, (iv.) los resultados medioambientales fueron asimismo negativos, por la distribución no apropiada de los suelos y recursos hídricos al interior de los asentamientos (FAO, 1996 b.).

En resumen, no se han utilizado métodos de asentamiento que produzcan la posibilidad de arraigo. Predominaron los métodos de colonización que no permitieron el desarrollo de procesos organizativos, comunes en otros países y propios de la vida social campesina. Además, el modelo de asentamiento -basado en el diseño cuadricular- ha contribuido para el mal manejo de los recursos naturales y la no preservación del medio ambiente.

 

C. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS

 

I. LA OBSOLESCENCIA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DEL SECTOR

Los arreglos institucionales dispuestos por el gobierno paraguayo, además de desactualizados (3), son altamente ineficientes y dilapidadores de recursos. Ya en 1990, una Misión Interagencial organizada por la FAO y reunida en Asunción, al hacer un diagnóstico sobre el tema (FAO, 1996), ha enfatizado la necesidad de una adecuación y fortalecimiento institucional, en especial del MAG y del IBR, los cuales deben "introducir cambios sustantivos e inmediatos" para garantizar una eficacia mínima en su accionar. Entre los problemas que entorpecen más directamente el desempeño institucional, se menciona la descoordinación y la tendencia a la disolución de responsabilidades, la falta de jurisdicción del IBR para hacer cumplir los planes de trabajo, la escasez de recursos financieros con los que opera el conjunto del sistema, así como la baja consistencia de la información disponible sobre las características socio-demográficas, catastrales y jurídicas de la sociedad campesina en general, y en particular, de los beneficiarios del programa de apertura de nuevos asentamientos (4).  

La reforma del marco institucional y jurídico está expresando, administrativa y jurídicamente, los fuertes intereses de tipo político que giran en torno a la gran propiedad de la tierra, los precios agrícolas y la comercialización, la canalización de los flujos financieros y el negocio de la agroexportación (Palau y Teófilo, 1992).

 

II. LOS PROBLEMAS DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA

En buena medida, el marco institucional inadecuado es resultado del marco legal existente en el país con el que se rige la sociedad agraria (5). El mismo es incompleto, en la medida que no ha reglamentado varios artículos constitucionales y en particular los referidos al derecho de todo campesino a la tierra propia y el que se refiere a la libertad de agremiación. Estas omisiones contrastan con la profusión de leyes, decretos y reglamentaciones que amparan al sector empresarial y semi-empresarial con intereses en el sector agrícola.

Por lo demás, aún cuando existe en la letra, ya sea por las características políticas del régimen, ya sea por los patrones (normalmente especulativos) de acumulación predominantes, la vigencia del legalismo proclamado forma parte de la lógica del doble discurso. Las demandas legales o legítimas del campesinado no son normalmente procesadas por los organismos administrativos correspondientes.

 

D. ASPECTOS ECONÓMICO/PRODUCTIVOS

 

I. EL CRÉDITO AGRÍCOLA

Datos del Censo Agropecuario 1991 revelan que solo el 34% de los productores censados cuentan con créditos. Al cotejar las fuentes, se tiene que el 21% del total de productores obtiene crédito de acopiadores y comerciantes, mientras que el 6% tiene acceso a la banca privada ya sea directamente o a través de cooperativas. La cobertura de la banca pública apenas llega al 7% de los productores y a diferencia del crédito informal, el crédito oficial se distribuye preferentemente entre productores con más de 20 hectáreas (Dietze, 1992).

El crédito al que acceden mayoritariamente los campesinos es el informal, a través de acopiadores. Este es un crédito de muy alto costo financiero, atado a un cultivo y no a la capitalización de la finca, al mejoramiento del suelo o a otra finalidad de desarrollo, lo cual refuerza el monocultivo.

Los campesinos pobres del país tropiezan con múltiples problemas para acceder al crédito: carencia de garantías reales o poco valor de las mismas, montos bajos e incompletos, trámites burocráticos engorrosos y préstamos de corto plazo, es decir, de pronta recuperación. La carencia de crédito diversificado, otorgado oportunamente para actividades de corto, mediano y largo plazo en las UPF imposibilita la construcción de infraestructura (silos, galpones, depósitos) para preservar en condiciones adecuadas sus cosechas, niega también la posibilidad de incursionar en cultivos permanentes (frutales, reforestación, etc), de igual manera impide la conservación y recreación del medio (terrazas, curvas de nivel, rompevientos, etc.).

Debe tenerse en cuenta que el acceso al crédito está constitucionalmente garantizado. En efecto en el Art. 115, inc. 6 se lee: "Garantía de crédito:" el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios".

 

II. LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO

La modalidad más común de acceso de los campesinos es a través de agentes del mercado que llegan al productor por medio de eslabones sucesivos de intermediación, entre los cuales el acopiador local ocupa un rol privilegiado, ellos son quienes controlan todos los tipos de vínculos entre el productor y el mercado. Son problemas típicos, los bajos precios pagados en finca, y la compra anticipada que traslada al productor los costos de comercialización (costo de flete, ensilaje y otros). En cuanto a los rubros destinados al mercado interno, se identifican los siguientes problemas: estrechez del mercado, deficiente infraestructura, falta de apoyo a la producción y comercialización, falta de desarrollo de la demanda, y la falta de una estrategia productiva nacional. Todos estos problemas en relación al capital y la tecnología, hacen que la capacidad de la familia productora descanse principalmente en la disponibilidad de mano de obra familiar y eventualmente en la capacidad de contratar a terceros.

 

III. LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Los entes públicos de crédito, las instituciones ligadas a la política agropecuaria (MAG) y desarrollo rural (IBR) no están enmarcados en un solo sistema coherente que oriente y priorice el desarrollo, considerando las políticas diferenciadas, la diversificación agrícola y como eje la agricultura sostenible. El estado actual del crédito, profundiza la pérdida de la seguridad alimentaria por cuanto estimula solo ciertos cultivos de exportación, debilitando en consecuencia la estrategia campesina de la diversificación agrícola. Esto implica a su vez una visión no integrada de las unidades productivas familiares en términos de sus relaciones y complejidades. Tan importante como mirar y reflexionar por qué un alto porcentaje del campesinado es considerado "inviable", es reflexionar sobre la tipología de los "viables" y comprender qué les sucedió, cómo la diversificación y la combinación agricultura-ganadería explican mejores niveles de ingreso y cómo la productividad del trabajo es superior a las otras fincas. Ahí están los elementos para una verdadera política diferenciada de la que tantos hablan, pero que no son considerados en la formulación de las políticas públicas supuestamente dirigidas a los agricultores familiares campesinos.

 

IV. LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA: ¿UNA UTOPÍA?

El patrón tradicional del sistema productivo campesino está basado en la diversificación productiva. Según éste, la prosperidad campesina no es percibida como la producción en gran escala de un cultivo de renta, sino ajustada a un modelo de seguridad alimentaria y de estabilidad ante las contingencias climáticas y del mercado agrícola, por medio de la diversificación agropecuaria. Este modelo está condicionado al nivel de tecnología y a la mano de obra familiar disponible en cada finca.

El estado actual de los servicios que llegan a la pequeña agricultura de base familiar (crédito, asistencia técnica, circuitos de comercialización, facilidades de almacenamiento y otros) regidos por el modelo de crecimiento "hacia fuera" con exportación de productos primarios, disminuye la seguridad alimentaria y en consecuencia, agrava las condiciones de empobrecimiento, no solo de la población rural, sino la de los consumidores urbanos.

Las prácticas de diversificación productiva y seguridad alimentaria están íntimamente unidas. Se constata en el Paraguay rural actual, que las acciones sectoriales atentan directamente contra ellas, quizás con el propósito deliberado de aumentar la dependencia alimentaria, el arma más eficaz de control político de la población.

 

V. EL CONTRABANDO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Según los informes del BM, de todo el comercio exterior paraguayo, solo el 49.5% está registrado, el resto es contrabando (tanto en mercaderías ingresantes como salientes). Entre los rubros que ingresan, un importante porcentaje está compuesto por rubros agrícolas o son productos industrializados de origen agrícola (harina, chacinados, azúcar y otros).

Desde comienzos de la década de los setenta el problema se agudizó, hasta el punto que ha sido uno de los mecanismos más efectivos de desmantelamiento de la agricultura campesina. El Paraguay, desde esa fecha, ha operado en la práctica como un país "integrado", en el sentido de integración regional (sin MERCOSUR y sin ALCA). La producción hortícola, frutícola, de tubérculos (incluyendo la mandioca y el almidón) y granos, se arruinó por efecto del ingreso ilegal de dichos productos desde los países vecinos.

 

VI. LOS TEMAS PENDIENTES CON CANCILLERÍA (EL COMERCIO AGRÍCOLA Y LOS ORGANISMOS MULTILATERALES)

Son variadas y ricas las relaciones que podrían existir entre los productores agrícolas y la Cancillería nacional. Sin embargo, pueden enumerarse al menos los siguientes elementos disfuncionales:

Por un lado, se requiere delsaneamiento de las embajadas paraguayas en el exterior. Actualmente las legaciones diplomáticas paraguayas son de corte eminentemente político (salvo algunas excepciones). Las representaciones comerciales en las mismas cumplen un papel apenas figurativo y no están puestas en función de apertura de nuevos mercados para la producción nacional. Adolecen además de falta de personal calificado, un exiguo presupuesto operativo (cuando existe) y notables deficiencias en materia de manejo de información actualizada. En no pocos casos el criterio político-partidario con el que es nombrado el personal diplomático, hace que estas representaciones se conviertan en espacios de reproducción de la corrupción imperante en el país. En estas condiciones es muy limitado el alcance de las mismas como "sensores remotos" para la activación productiva nacional.

Por otro lado, se constata una fuertecorrupción de los organismos internacionales. El Paraguay es un país que por sus niveles de pobreza, es elegible para un importante volumen de ayuda no reembolsable, para la aplicación de proyectos que apunten al desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, entre los cuales se encuentra, obviamente, el campesinado. Esta ayuda no es aprovechada ya que los encargados de gestionar la cooperación internacional prefieren apelar a créditos, los cuales generan importantes "comisiones" para sus gestores políticos a nivel local.

Además, buena parte de los proyectos de la cooperación internacional, como se vio, casi todos ellos reembolsables (y por lo tanto formando parte de la deuda externa del país) incorporan la presencia de "expertos" extranjeros (normalmente funcionarios o amigos de esos organismos) que abultan innecesariamente los préstamos que posteriormente deben devolverse. La malversación de buena parte de esos fondos por las autoridades locales, no podría comprenderse sin la complicidad de estos funcionarios internacionales y sus instituciones. En este sentido, debe señalarse que la ejecución de esos proyectos (muchos de los cuales son perfectamente prescindibles y aceptados solo por la presión que los mismos organismos ejercen para aceptarlos), es absolutamente irregular. No existen mecanismos efectivos de fiscalización y seguimiento que garanticen el uso correcto de esos recursos.

Finalmente, el desarrollo rural paraguayo implica la realización de un estrecho seguimiento de los acuerdos y tratados internacionales en los que el Paraguay está involucrado, especialmente los que se refieren al: ALCA, UE, OMC, WEF (transnacionales) y otros. El trabajo de la Cancillería y otras dependencias especializadas del gobierno (tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo) no cuentan con los recursos -humanos y presupuestarios- para llevar a cabo un trabajo de seguimiento permanente, ni de formulación de políticas explícitas sobre la posición que el gobierno debiera adoptar ante estos organismos. La posición paraguaya es siempre cortoplacista y oportunista, vale decir, tratando de sacar el mejor provecho posible de circunstancias coyunturales, y/o desarrollando un comportamiento institucional obsecuente con respecto a las directrices apuntadas por embajadas importantes o intereses privados o corporativos.

 

E. ASPECTOS CULTURALES

 

Según Meliá (1999) en el Paraguay han subsistido dos modelos de economía que conviven y se desbaratan mutuamente; la economía de la producción (sea ésta destinada o no al mercado) y la de succión (vulgo: picardía, zoquete). Es a esta forma de economía extractiva que se achaca, y con razón, la privación, el despojo, la escasez y en general, todas las carencias. Estas formas de economía se pueden contraponer como la economía del agricultor y la del cazador. Lo que el autor hace con ello es criticar las formas de apropiación teóricamente ilimitada y prácticamente excluyente de las economías coloniales de mercado. Para él, "la corrupción económica hay que buscarla inicialmente en la alteración y trastrueque de las formas de economía incluyentes, para dar paso al modelo y prácticas excluyentes. La política del Estado real permite la acumulación de bienes en unos a costa de la exclusión de otros". En este sentido, la cultura expresa de varias formas simbólicas esa apropiación indebida e injusta y la distribución con falta de equidad.

 

I. REFERIDOS A FORMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVAS DE OCUPACIÓN DE LA TIERRA

En esa mezcla de prácticas agrícolas reales (cultura productiva) con el bagaje simbólico de lo extractivo (cultura cazadora), enmarcado en "valores" recientemente incorporados como los del individualismo y la propiedad privada, es que se debate infructuosamente el campesinado: sin tecnología, sin acceso a mercados, con imágenes culturales inviables hoy en día, sin protección y culturalmente avasallado por los mass media.

Parte de esa imaginería es la del lote propio. Pero resulta claro que, con una Tasa Global de Fecundidad de la mujer rural de 4.7 hijos, con la apropiación fraudulenta y/o especulativa de la tierra y con la descampesinización, el futuro del campesinado no pasa precisamente por "el lote propio para cada familia campesina"(6). Es necesario que la familia rural vaya haciéndose a la idea de formas alternativas de propiedad u ocupación. Propiedad comunal, propiedad cooperativa, en fin, formas de apropiación y explotación comunitaria de la tierra y la producción de sus derivados. Por el momento, tales planteamientos resultan culturalmente chocantes pero será la realidad del futuro inmediato la que modifique esas pautas, esperablemente por la vía del convencimiento y no por la de la descampesinización completa.

 

II. LA JUVENTUD RURAL: ENTRE EL PATERNALISMO Y LA EXCLUSIÓN

La sociedad rural paraguaya, además de ser profundamente machista es también gerontocrática; los y las jóvenes (hasta la formación de una pareja estable) no son sujetos de plena confianza. Este acendrado paternalismo, junto a los factores de tipo socioeconómicos e institucionales, generan condiciones predisponentes de vulnerabilidad que exponen a la juventud rural a la exclusión social (Caputo y Palau, 2002). Si a esto se agrega la falta de tierra (con el potencial simbólico que ello representa en términos de autorrealización), la falta de oportunidades laborales, la temprana deserción escolar, las restricciones para el acceso a la salud y otros factores adversos, es posible advertir que la juventud rural está expuesta a un futuro, por decir lo menos, incierto.

 

III. LA MARGINACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA MUJER RURAL: MACHISMO Y ATRASO

De acuerdo a declaraciones de organizaciones de mujeres rurales e indígenas (CONAMURI) los principales problemas que afectan a la mujer rural son los siguientes: i. falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en la producción, ii. no reconocimiento de sus derechos por discriminación, iii. falta de apoyo efectivo del gobierno para las productoras: no hay apoyo técnico, créditos, comercialización, artesanía y otras industrias, iv. falta de atención eficiente en salud a mujeres y niños y niñas, v. no priorización del gobierno a la educación campesina y con programas de alfabetización, vi. falta de valorización de la cultura y la identidad propia en lo referido a salud alternativa, germoplasma, medio ambiente. Se mencionan también las dificultades de la participación de la mujer en las organizaciones y actividades de capacitación, falta de confianza en las mujeres en la organización, liderazgos masculinos autoritarios en las organizaciones, sobrecarga laboral en tareas productivas y reproductivas, falta de autoestima de la mujer rural, división producida por los partidos políticos, al igual que por las sectas religiosas, falta de escolaridad (7).

 

IV. LA ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE CONSUMO

En un trabajo ya relativamente antiguo (Heikel, 1991), se mostró documentadamente que en la población de barrios marginales de Asunción, la mayoría de ellos migrantes recientes de zonas rurales, los patrones de consumo tanto de alimentos como de combustibles, habían cambiado de manera sustantiva. Se observaban alteraciones en el patrón de consumo alimentario de la población, tanto en los estratos altos (con caída de la demanda por rubros de producción campesina tradicional, como maíz, poroto, maní, batata, mandioca) y su sustitución por producción alimentaria industrial, como en los estratos bajos, sustituyendo aquellos rubros tradicionales por otros de cocción más rápida (8). En resumen, se pasa de combustibles renovables (leña) a GLP, o a una combinación que incluye gas. En alimentos, de productos de cocción lenta (porotos, tubérculos) a aquellos de cocción rápida (en base a hidratos de carbono, o chacinados baratos). Esto implica una caída en la ingesta calórico-proteica (se pasa del payagua mascada a la hamburguesa, al decir de B. Meliá) lo cual a su vez supone una sensible pérdida en la calidad alimentaria de la población.

Así como se ha alterado el consumo de alimentos y combustibles, también la población rural experimenta cambios en el consumo de bienes culturales: música, tipo de distracción, de vestimenta, de materiales de construcción, de insumos productivos agrícolas.

Estos cambios tienen en común el hacer más dependiente al consumidor rural de bienes y servicios no producidos por ellos mismos. Este aumento de la dependencia consumista exacerba la necesidad de dinero efectivo, lo cual impulsa -en el mejor de los casos- a insertarse en planes productivos de cultivos de renta, o a formas anómicas de comportamiento social.

 

2. EL ESCENARIO FUTURO DE ARRASTRARSE LAS TENDENCIAS RECIENTES

Las tendencias observadas muestran:

un creciente empobrecimiento de la población rural, principalmente campesina

un incremento de la migración rural-urbana

una marcada tendencia al deterioro de los suelos (desertificación)

deforestación masiva

riesgo probable de aumento del autoritarismo

Como puede fácilmente apreciarse, el futuro de mediano plazo del Paraguay, de no haber un expresivo cambio de orientación política en el gobierno y una radical reorientación de las políticas económicas, se asemeja notoriamente a la situación hoy vivida por varios países del Africa sub-sahariana.

 

3. LA COYUNTURA AGRARIA EN EL PAÍS

Expresada de la manera más general, la coyuntura agraria del país (9) es el reflejo de una estructura, de un modelo. El esqueleto de esa estructura y los componentes del modelo tienen piezas, o si se quiere, determinantes, que están tanto dentro como fuera del país. En este apartado no se hace referencia a los factores externos (que tienen que ver con la aplicación a escala mundial del capitalismo neoliberal). No obstante, se asume como principio, el planteamiento de los Calcagno (2002) en el sentido que los políticos que hoy conducen el gobierno son gerentes de los verdaderos dueños del país (10). En el caso paraguayo los dueños son: el capital financiero, el gobierno norteamericano (y más específicamente el FMI), las multinacionales instaladas en el país (principalmente en el agro), los que dominan el contrabando y tráfico de sustancias y la oligarquía ganadera.

En el ámbito político, el actual gobierno se debate ante una gran deslegitimidad por parte de la ciudadanía y una manifiesta situación de ingobernabilidad. La principal fuente de esta deslegitimación y desgobierno es la generalizada corrupción. No es este el lugar para detallar el funcionamiento de este mal en el país, pero sólo en lo que se refiere a la situación agraria, se ha manifestado de diferentes maneras afectando al sistema institucional y a los fondos disponibles. Considérese por ejemplo las múltiples denuncias de organizaciones campesinas e incluso políticos locales acerca de la proliferación de funcionarios coimeros de IBR, las denuncias del parlamentario Llano sobre la "fábrica de planilleros" que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde se contabilizan al menos mil funcionarios que "cobran sin hacer nada". El negociado con la compra de los tubos matapicudos para el algodón por parte de este mismo Ministerio, o las fuertes dudas y suspicacias que despierta la aplicación de las facilidades impositivas a la maquila en el sector agrícola, que es considerada una maniobra para la evasión de impuestos por parte de ciertas empresas beneficiadas por el tráfico de influencias.

Asimismo, durante los últimos meses han sido innumerables las denuncias acerca de la intensificación del contrabando. Una publicación reciente del diario brasileño O Globo menciona que "el contrabando de Paraguay hacia Brasil cuadruplica a las exportaciones". Según esta publicación el valor de las mercaderías ingresadas a Brasil de contrabando desde nuestro país asciende a U$ 1.200 millones a través de Ciudad del Este. Esta es sin embargo, la preocupación brasileña, la del productor paraguayo se centra en el contrabando desde el Brasil y la Argentina.

En efecto, el contrabando afectó este año a productores cañeros (aunque aumenta exportación de azúcar orgánica, 95% de la exportada es orgánica), a los industriales lácteos, criadores de aves, productores de almidón, productores frutihortícolas (el 53% de productos frutihortícolas que se consumen en el país es de origen extranjero). Todos estos sectores han sido muy duros en sus críticas hacia el MAG, organismo al que se le atribuye la principal responsabilidad de este ilícito.

Al aumento del contrabando durante el año 2002 ha contribuido además la fuerte devaluación del peso argentino, y más recientemente la devaluación del real (meses antes de la elección de Lula). Además de hacer crecer el contrabando se ha registrado una fuerte caída en las exportaciones paraguayas.

Esta corrupción que se manifiesta en su dimensión económica, tiene su correlato en el plano político con la manipulación político-partidaria que hacen los partidos tradicionales (principalmente el partido de gobierno) de las necesidades de un pueblo empobrecido y en buena medida desmoralizado, entre el cual el campesinado es mayoría. Esta situación se viene acentuando durante los últimos meses del 2002 debido a la proximidad de las elecciones internas de los partidos y la general de abril del 2003.

En el ámbito más estrictamente económico, el encuadre general que permite interpretar la coyuntura está dado por las fuertes presiones del FMI para la profundización en la aplicación de políticas de "liberalización" económica. El gobierno tuvo que retroceder en junio, en sus intentos de privatizar dos de las principales empresas públicas del país y en modificar la ley de Bancos, pero las acciones en esta dirección continúan. Por exigencias del FMI en agosto el Ejecutivo lanza la idea de hacer aprobar una "Ley de transición económica", de reducción de gastos, una nueva movilización popular vuelve a pararla, al menos en sus artículos más dañinos para la producción agraria (precio del gasoil, impuesto a las exportaciones y otros).

En este contexto, el empresariado paraguayo da muestras de una gran miopía corporativa al apoyar dicha ley (a excepción de la AIP), aunque percibe la desastrosa situación de las finanzas públicas, debido sobre todo a las presiones presupuestarias ejercidas por el pago de los servicios de la deuda externa (con atrasos de U$ 25 millones a julio pasado). Así, propone tibiamente una operación de swaping, canjear parte de la deuda externa con productos agropecuarios.

Las políticas neoliberales producen -tal como está demostrado para América Latina- recesión. La combinación neoliberalismo corrupción conducen necesariamente a ella. Se observa así durante el año un crecimiento del gasto público en 14% (hasta agosto), los ingresos globales del gobierno cayeron un 0.6%, aumentó el déficit fiscal (por aumento en servicios personales, compra de bienes y servicios principalmente) que se estima será del 2.4% del PIB al finalizar el año.

Por otro lado, en el ciclo 2001/02 las pérdidas en el sector agrícola se estimaron en U$ 130 millones, según la Capeco (cámara de productores de semillas oleaginosas). Los ganaderos (sector altamente privilegiado) nucleados en la ARP llegaron incluso a pedir un refinanciamiento de sus deudas contraídas con la banca pública. En materia de crédito, fuentes autorizadas del CAH han ya adelantado que este banco no podrá recuperar Gs. 20 mil millones debido a la fuerte descapitalización de sus prestatarios. Por otra parte, los importadores de maquinarias agrícolas informaron que la venta de tractores y cosechadoras cayó un 75% en los últimos años. Con lo cual están afirmando que incluso la agricultura farmer y mecanizada ha caído en una importante recesión. Sobre este punto, la FECOPROD intervino diciendo que los costos elevados de los insumos por efecto de la suba del dólar son los que están impidiendo la inversión en maquinarias. En el ámbito campesino se manifestó también un conflictivo malestar entre los cañeros de Iturbe por el no pago por parte de la caña entregada por los productores quienes llegaron a bloquear el acceso a la fábrica. Otros cañeros protestaron también en diversos puntos del país por los bajos precios. En Katueté, una zona de agricultura farmer, los productores agrícolas reclamaron no estar recibiendo apoyo alguno para la producción agrícola. En síntesis, según un técnico ligado al MAG, la crisis institucional es la que está frenando al agro.

Aún a riesgo de ser reiterativo las políticas económicas adoptadas por el gobierno hacia la agricultura, están llevando al desmantelamiento productivo del sector. Considérese para el efecto los siguientes datos: el propio MAG estima que el crecimiento agrícola descenderá en el ciclo agrícola 01/02, ya que la producción de soja cayó de 3.2 millones de toneladas a 2.9. Algo similar ocurrió con el algodón. Para el próximo ciclo, que se inicia en octubre 2002 el Ministerio del ramo considera que también se reducirá el cultivo de soja. Un meta conservadora de 1.7 millones de has. no podrá alcanzarse, apenas se llegará a 1.5 (esto implica entre 180 y 200 millones de U$ menos para los productores). Las estadísticas del MAG revelaron que siete rubros agrícolas registraron durante el 2002 una fuerte caída: soja, maíz, algodón, maní, girasol, arroz y tabaco.

Aún cuando pudiera pensarse que la suba del dólar iría a beneficiar a los exportadores, la realidad muestra otra cosa: el componente importado de las exportaciones es tan alto que la pérdida en compra de insumos compensa las ganancias en la venta. Hay algunas excepciones a esto en el caso de pequeños productores que no requieren de insumos importados, tal fue el caso de los productores de banana que lograron ubicar importantes partidas en el mercado uruguayo.

Otros hechos muestran el carácter netamente anti-productivo del gobierno y de las políticas que implementa. Este es el caso del dictámen negativo del Ministerio de Industria y Comercio a adoptar medidas a favor de la producción de biodiesel, la cual hubiera tenido un efecto notable de reactivación productiva, no sólo de la producción primaria sino -y sobre todo- de la industrialización de la commodity. No hace falta imaginación para ver por detrás, el fuerte dominio de las transnacionales del petróleo para tal determinación. El desmantelamiento productivo se acentúa con el cierre de fábricas que procesan productos primarios de origen agrícola, como en el caso del cierre de la Hilandería Genovese. Mientras tanto, la corporación de industriales, reunidos en la UIP, sigue haciendo gala de su orfandad intelectual, afirmaron al respecto que, a pesar de todo, "no creemos en el modelo de sustitución de importaciones ni en la protección de ciertos sectores productivos".

Como resultado de este cuadro recesivo provocado por las medidas de corte neoliberal, se verifica también una reducción del gasto social y las inversiones públicas, aunque estos recortes abarcan la generalidad de los servicios sociales (salud, compra de tierra, vivienda, fondos destinados a indígenas, y otros), durante los últimos meses ha abundado la información acerca de la desprotección de la educación rural y agrícola (la que se imparte en los bachilleratos diversificados): trascendió así que el MAG y el Ministerio de Educación han llevado a una literal crisis a las escuelas agrícolas. Desde marzo de 2002 éstas no reciben ningún desembolso, se anunció igualmente que tendrán un recorte del 70% a partir de agosto y que para el 2003 tendrán un recorte adicional del 41%. Por otra parte la prensa es pródiga en informaciones acerca del lamentable estado de las escuelas rurales en varios puntos del país (hay especial referencia a las del Departamento de San Pedro y a la zona de Curuguaty.

Además de lo referido a la educación, la situación de abandono de los asentamientos es constante, tal es el caso concreto que trascendió, del reclamo de asistencia en el asentamiento, Cruce Tacuara, Calle 10.000, Santaní realizado por la FNC. Pero esta situación puede considerarse generalizada.

Abandono a los asentamientos e inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra por parte de la sociedad campesina, indican (por misión) políticas públicas explícitamente destinadas a desalojar el campo de campesinos. La tierra rural y la producción de alimentos y commodities son mercancías altamente valoradas por el capitalismo especulativo neoliberal. Desde hace varios años el país está presenciando este desalojo de sus tierras al campesinado para proceder a la ocupación empresarial del campo.

Durante los últimos meses los casos de desalojos han sido cada vez más frecuentes: en Mil Palos (R.A. Oviedo), en Yuty, en Alto Verá y otros casos aún más graves de desalojos en los que los campesinos, ya sea por necesidad ya sea instigados por políticos locales, han ocupado o reservas ecológicas (caso de la colonia Yvypytá en Ygatimí) o asentamientos indígenas (como el caso de Arroyo Claro en Itapúa). Coincidentemente este aumento en el número de desalojos se durante el período en que el IBR anunció que no podrá usar la ampliación de Gs. 16 mil millones obtenida en el 2001 para compra de tierra por falta de desembolso de Hacienda. Esta es también una reducción del gasto social. El renunciado ex ministro de Agricultura, Lino Morel, había sido bastante claro al respecto: "Falta seguridad jurídica, por esto no hay inversión. "los campesinos solucionarán sus problemas sólo si ocurre un milagro". Ese milagro faltante es el del diseño e implementación de políticas sociales rurales a favor del campesinado.

Como se apuntó más arriba, lo anterior tiene sus éxitos para el gobierno y el capital especulativo: el desarraigo continúa (se estima que anualmente unas 100 mil personas abandonan el campo y migran a algún centro urbano).

En cuanto a los factores ambientales adversos, debe apuntarse que, más allá de la prolongada sequía que afectó al país durante casi todo el año en algunas zonas y que produjo sensibles pérdidas en la producción principalmente campesina, continúa la depredación de los recursos naturales. La última noticia espectacular al respecto es la venta de parte de las reservas del Cerro Chevoreca en el Chaco a un estanciero particular. La compra de unas 400 mil hectáreas por parte de una empresa perteneciente a la secta Moon también en el Chaco, o la invasión de que fue objeto el Parque Defensores del Chaco en el distrito de Filadelfia, Chaco, por parte del Cnel. (SR) Dionisio Chávez Altumann. El nivel de deforestación a que llegó el país se refleja en un dato dada por el gremio de los madereros: Paraguay importó en el 2001 productos forestales por U$ 2 millones, exportó por U$ 69 millones. Esto es, el país empieza a importar madera. La degradación del suelo, quizás el más importante efecto de la agricultura intensiva, de la práctica de la roza y quema, del uso intensivo de agrotóxicos, de la deforestación, sigue siendo uno de los principales temas técnicos abandonados por el gobierno y las políticas sectoriales. Como si fuera poco, un proyecto orientado a paliar este problema fue puesto en el tapete. La cooperación alemana exigió transparencia en el uso de los fondos en el caso del proyecto Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo, que el gobierno negoció con la GTZ por un valor de U$ 7 millones.

Todo este saqueo, al decir de los Calcagno, motivó que durante el año las organizaciones campesinas y gremios de productores medianos y grandes se movilizaran. Dichas movilizaciones tuvieron, durante el 2002, bastante más éxito que en años anteriores. Se realizaron varias, entre ellas:

Marcha campesina de la MCNOC, el 20 de febrero. FNC marcha en 20 marzo por la banca pública. Marcha campesina de la MCNOC, el 17 de abril. Conformación, el 15 de mayo del Congreso Democrático del Pueblo, quizás el hito histórico más importante de los últimos años en lo que a organización social se refiere, en el país. Marcha conjunta de la FNC con la MCNOC por el rechazo a las privatizaciones, a la reforma de la banca pública y a otras demandas, durante la segunda quincena de mayo y principios de junio. Esta marcha conjunta frenó las privatizaciones de Copaco y Essap. En esa ocasión, el PE dispuso que el ejército salga a las calles si fuese necesario. En agosto se firma un compromiso de unidad entre organizaciones campesinas de San Pedro. En octubre la Plenaria Popular realiza una Campaña para la reforma del Presupuesto General de Gastos de la Nación y contra el ALCA. En este contexto se realiza una movilización de CONAMURI contra el ALCA.

Por su parte los agricultores farmers, nucleados en la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) solicitó, semanas antes de que se produjera, la renuncia de Lino Morel, y la del Vice ministro de Agricultura Carmelo Peralta. Esta Coordinadora consideraba que los fondos para el financiamiento de soja son insuficientes. Proclamaban que si el gobierno pretende recaudar más, que roben menos. Se oponía a la suba del gasoil. Denunció el mal uso de las letras de regulación monetaria. Manifestó su oposición a la suba del IVA agropecuario. Por todas estas demandas se realizó el III Tractorazo la semana del 23 de setiembre hasta el jueves 26, terminó con fuerte una represión en Edelira. Aglutinó a 60 organizaciones.

Además de estas movilizaciones mayores, continuaron las de los afectados por la represa de Yacyretá, que no cobran las debidas indemnizaciones. Continuaron también los problemas con los campesinos de Cordillera por la destitución de un alto funcionario de la Gobernación perteneciente a una organización campesina. Además, ya durante octubre, la MCNOC empieza a solicitar la aprobación de una ley de protección territorial contra brasileños, que había sido presentada por un diputado al Parlamento.

El clima social de las organizaciones de productores rurales, campesinos o no, es pues de efervescencia; resultado directo de la desastrosa gestión de la administración González Macchi en materia de atención a los problemas del sector. El desenlace más probable de esta situación de desgobierno, de corrupción, aplicación irreflexiva de políticas neoliberales, inseguridad jurídica sobre la ocupación de la tierra, destrucción imparable de los recursos naturales y creciente conflictividad social, pasa necesariamente por un aumento de la represión (11)  cuando no, de una vuelta al autoritarismo como régimen de gobierno.
 

 

BIBLIOGRAFÍA

Caputo, L. y T. Palau (2002) Juventud y exclusión social en el Paraguay, Informe Final, Asunción, BASE- Investigaciones Sociales/BM/PNUD

Dietze, R. y otros (1992) Hacia una política de uso de la tierra en Paraguay, Asunción,Proyecto de Planificación del Manejo de los Recursos Naturales, GT/MAG/GTZ, 2ª. Ed.

FAO (1992) Ganadería bovina y producción de carne en Paraguay, 1960-2010: análisis y proyecciones, Asunción, STP/MAG/FAO, Proyecto TCP/PAR/153, "Apoyo a la formulación del Plan Agropecuario y Forestal".

FAO (1996) PROYECTO TCP/FAO/PAR/4553. Asistencia técnica al IBR, Documento Técnico Final, Asunción, FAO/IBR

FAO (1996 a.) Legislación agraria y titulación de tierras, Borrador Tercera Misión, Asunción, FAO/IBR, Programa de Cooperación Técnica: Apoyo a la Reestructuración del Instituto de Bienestar Rural.

Heikel, M.V. (1991) Hacer el fuego. La mujer suburbana y las técnicas de cocción de alimentos, Asunción, Base-IS/IDRC.

Meliá, B. (1999) Cómo imaginamos la economía paraguaya. En, Revista Acción, No. 181, 10-13, marzo.

Palau, T. (1991) Nuevos asentamientos rurales y crisis de la sociedad campesina en el Paraguay. Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo No.32, julio.

Palau, T. y E. Teófilo (1992) Qué ocurrirá con el campesinado, Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo No. 36 enero.
 

 

     

NOTAS

1. Mide la concentración de factores. El valor 0 supone equidistribución perfecta; en este caso, todas las familias tienen igual cantidad de tierra. El valor 1 implica que un solo propietario detenta toda la tierra.

2. La carga ganadera en general es baja. A nivel nacional, sobre el total de hectáreas de las explotaciones agropecuarias, el ganado mantenía las siguientes proporciones (cabezas/total de hectáreas agropecuarias): 1956, 0,27; 1981, 0,29; 1991, 0,33. El paulatino incremento de este índice es resultado de la expansión de las pasturas cultivadas y de otras prácticas que permiten elevar la carga por Ha, pero el incremento es muy lento y los valores se mantienen (FAO:1992).

3. La disposición legal que regula al Ministerio de Agricultura y Ganadería por ejemplo, es el Decreto Ley No. 13681 que data del 4 de agosto de 1950. Según uno de los titulares de la cartera durante el gobierno de Andrés Rodríguez, "la actual estructura orgánica no permite un desarrollo rural acorde con las expectativas del pueblo paraguayo".

4. Estos rasgos están tratados con más detalle en Palau (1991).

5. Constituido básicamente por algunos artículos de la Constitución hasta ahora vigente (Nos. 106 al 110, 129 y 132), y las leyes 622 y 662 de 1960 y la 853 de 1963 que establece el Estatuto Agrario, además de otras leyes y dispositivos que crean o reforman las diferentes reparticiones públicas encargadas de la cuestión agraria, y los planes sectoriales elaborados por el MAG y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

6. "El individualismo es un factor que obstaculiza la conformación y consolidación de la asociación hemos perdido todo esos valores de la solidaridad, el famoso minga, el ojopói y compañía. Hay que volver a inculcar todos esos valores que tenía el paraguayo para que pueda entender la importancia de la asociación y finalmente el tema de la propiedad individual que está promocionada por todos los medios y por todas las instituciones en donde también se mezcla con cuestiones ideológicas, para que la gente pueda entender que esta también es una propiedad privada solamente con una función social y no totalmente privada e individual". Entrevista a Tomás Zayas.

7. Parte de estas reivindicaciones han sido expuestas también en CPC (1996).

8. Debido a la rápida inserción de la mujer popular al mercado de trabajo y su menor disponibilidad de tiempo para cocinar, así como por el encarecimiento de los combustibles domésticos (Heikel: 1991).

9. Se trata de una coyuntura larga cuyos trazos empezaron a insinuarse a partir de los acontecimientos de 1989.

10. "Hasta ahora, sólo se plantea que se vayan los gerentes, con lo que la situación no cambiará mucho. Incluso a los dueños no les interesa ahora mantener a gerentes ineficientes y corruptos, aunque en el pasado dieron muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes y no ocurre nada más, los dueños pondrán a otros para que sigan defendiendo sus intereses. Es la base del discurso que limita el problema a la ética en términos de personas: pongamos gente honesta que todo mejorará. No es así. Porque la corrupción no es un efecto perverso del modelo, sino la instancia política necesaria para su reproducción en el tiempo. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de cambiar de esquema y echar a los dueños" (4).

11. Al respecto, la CODEHUPY denunció hace poco tiempo un verdadero terrorismo policial en asentamientos de S.José del Norte y Resquín. Casos similares se registraron en varios otros puntos del país.

 

 

NOVAPOLIS – REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

EDICIÓN Nº 2 – FEBRERO DE 2003

LA CUESTIÓN AGRARIA EN PARAGUAY

Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO

 

 

Fuente: http://www.novapolis.pyglobal.com

(Registro: Agosto 2011)

 

 

 

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