LA PRESIDENCIA DE CIRILO ANTONIO RIVAROLA
Texto de CARLOS GÓMEZ FLORENTÍN
La presidencia de Cirilo Antonio Rivarola siguió en gran medida su actuación anterior como miembro del triunvirato. Si bien su situación cambió, ahora contaba con el apoyo del sector de CÁNDIDO BAREIRO y quienes habían cimentado su poder anteriormente, los miembros del GRAN CLUB DEL PUEBLO, fueron puestos fuera de circulación, el panorama con el que se enfrentaba se mantenía igual de grave. Todos los proyectos de desarrollo para el país tropezaban con la falta de recursos económicos y la escasez de mano de obra disponible para su realización. Aunque es cierto que la misma ocupación militar extranjera movilizó una interesante cantidad de recursos económicos, el grueso de la explotación estuvo a cargo de empresarios de origen extranjero que trabajaban bajo las liberaciones impositivas permitidas a los ejércitos del Brasil y de la Argentina. Muchos de estos hábiles negociadores rápidamente incorporaron a sus negocios de importación la exportación de productos de origen paraguayo y expandieron sus negocios hacia el interior del país. Jabón, velas, sebo, aceite, vajillas, sábanas, azúcar, ginebra, vino, y otros, de orígenes tan diversos como Europa, Asia o la vecina Argentina comenzaron a fluir hacia el interior del Paraguay a cambio de grandes cargamentos de yerba mate, tabaco, maderas, y ganado. Todo esto ocurría básicamente a espaldas de la acción estatal.
En este sentido ayudaba mucho el total control que las fuerzas de ocupación establecieron sobre los medios de comunicación del país, principalmente la vía fluvial. Mientras los argentinos establecieron el control de la transportación fluvial aguas abajo del río Paraguay hacia el litoral argentino, otro tanto pasó con los brasileros pero aguas arriba hacia el litoral del Mato Grosso. La diferencia de peso comercial en cuanto al destino final, un centro económico clave como Buenos Aires frente al más modesto desarrollo económico de las ciudades del Mato Grosso do Sul, encarriló la dependencia económica del Paraguay hacia aguas abajo. Como lo señaló Juan Carlos Herken, esta situación solo se agravaría con el paso del tiempo.
La distancia entre el campo y la ciudad también pasaba factura a los intentos de recuperación económica. La falta de adecuadas vías de comunicación terrestre forzaba a los pueblos que carecían de costas sobre el río a permanecer aislados o a orarse sus propias vías de comunicación para llegar hasta la costa. La falta de mano de obra seguiría siendo una carencia gravitante en la lenta recuperación de la campiña. En muchas de las estancias que estaban cerca de los bosques naturales, como en el caso de la estancia de VICENTE FLEYTAS cerca de capilla Borja en Villarrica, la naturaleza había avanzado de huevo sobre el casco edilicio y los animales de la selva tenían a sus habitantes en permanente zozobra. Por otro lado, los campos de cultivos permanecían abandonados. El único caso de un poblado del interior recuperado relativamente más rápidamente fue el caso de Villa Rica. Su riqueza en algodón, índigo, tabaco y yerba le permitió mantenerse vital gracias a las antiguas vías de comunicación que continuaban vigentes desde la época de la colonia.
La presidencia de Rivarola reflejó el entendimiento político de los actores de la época de la premisa de obviar las pautas constitucionales como único mecanismo para asegurar el poder. El gobierno de Rivarola clausuró primero LA REGENERACIÓN y luego su publicación sucesora LA OPINIÓN PÚBLICA abriendo el camino para el éxito de la publicación de propiedad personal de Rivarola, El Pueblo, para entonces medio escrito monopólico en el país.
La tensa situación regional entre los gobiernos de Argentina y del Brasil de alguna manera aflojó la presión sobre el Paraguay del gobierno de Rivarola. Estaba visto que las chances de resolver los problemas fronterizos, y colectar las deudas de guerra estaban lejos de la realidad de un país sumido en la miseria. La falta de opciones pronto se convirtió en indiferencia y si bien los militares siguieron ocupando el país, Rivarola tuvo más margen para dedicarse a los problemas políticos internos. Además, Rivarola dejó en claro desde el principio que no atentaría contra los intereses de los aliados, y mantuvo una relación armoniosa con los dos ejércitos de ocupación, principalmente con la legación brasileña que siguió siendo su principal sostén político.
Rivarola mantuvo su juego pendular doméstico enfrentando entre sí a los grupos bareiristas y decoudistas de manera a mantenerse en el poder. Ciertamente, Rivarola nunca pudo construirse una mayoría propia que le permita prescindir del favor de los dos grupos dominantes de la política de post-guerra. Bareiro fue el primero en desafiar su accionar en la dirección de la república. Bareiro, demasiado ambicioso para cogobernar con una persona a quien consideraba por debajo de su nivel intelectual, quiso llegar a la presidencia y forzar la salida de Rivarola de la presidencia. La falta de apoyo de los miembros principales del CLUB DEL PUEBLO, JUAN BAUTISTA GILL, RUFINO TABOADA Y CAYO MILTOS, precipitó la salida de Bareiro del sector. Rivarola entonces se apoyó en los hombres restantes del Club del Pueblo para formar parte de su gabinete. La muerte de CAYO MILTOS, vicepresidente de Rivarola, apenas iniciado el año 1871 forzó al presidente a reconfigurar su gabinete. Buena parte del caudal político del CLUB DEL PUEBLO se había ido con el retiro de Bareiro, y Miltos era la figura que atraía el capital político restante de la agrupación. Con ambos fuera de escena, Rivarola tuvo que volver a buscar a los miembros del GRAN CLUB DEL PUEBLO para conseguir la firmeza necesaria para seguir en el poder.
Las rencillas internas dentro del propio gabinete le costaron el trabajo a TABOADA, quien fue defenestrado como ministro del interior. GILL, entonces desde el cargo de ministro de Hacienda, exigió la salida de Taboada. Gill se había erigido solo recientemente en el nuevo hombre de confianza de los brasileños, quienes comenzaron a pensar en su figura como una alternativa a la falta de resultados positivos en la gestión de Rivarola. Puesto a elegir, Rivarola prefirió asegurarse el favor de la misión brasileña y concedió a Gill la chance de quitarse de encima a Taboada. Además, Rivarola incluyó en su gabinete a JOSÉ SEGUNDO DECOUD como ministro de Relaciones Exteriores. Aunque esta situación no satisfizo a los sectores duros del lopizmo en el gobierno, Rivarola encontró en la liberación de BERNARDINO CABALLERO, general militar preso en Río de Janeiro desde el final de la guerra, la chance de congraciarse con las demandas lopiztas. El general Bernardino Caballero, en su carácter indiscutible de héroe de guerra, representaba una ficha política incuestionable para los sectores que seguían encontrando en la derrota militar el significado de la política nacional. Apenas arribado en mayo de 1871, lo puso a cargo del ministerio de guerra y marina.
Nuevas agitaciones políticas vendrían como consecuencia de las denuncias de corrupción generadas en el parlamento contra los hombres del gobierno. El mismo Rivarola no estaba exento de las versiones acerca de su notable enriquecimiento tras apenas unos meses en el cargo. Rivarola ingresó a la función pública en situación de pobreza absoluta. Sin embargo, al poco tiempo ya ostentaba una hacienda y acababa de comprar una mansión que el presidente López había obsequiado a madame Lynch mientras todavía estaba en el cargo. En esa misma mansión Rivarola le tomó el gusto a tocar el piano que había pertenecido a la misma madama del mariscal. Una tarde de mayo de 1871, mientras Rivarola ejecutaba el piano para disfrute de sus amistades, un desconocido llegó a caballo hasta el lugar y le disparó a través de la ventana. Para fortuna de Rivarola, la bala pasó sin dar en el blanco. El primer intento de magnicidio de la historia constitucional del Paraguay había fracasado. La violencia sin embargo seguiría en aumento.
La gestión de Rivarola tampoco tuvo mucha popularidad en el congreso. La corrupción en la gestión pública y la falta de resultados despertaron profunda insatisfacción entre los miembros más activos del congreso. Éstos vieron en Gill, en su carácter de ministro de hacienda, a la figura más corrupta del gobierno y lo procesaron por peculado. La agresividad del congreso hizo de las elecciones del primero de octubre de 1871 mucho más gravitantes para el futuro del gobierno. Para asegurar la victoria de los candidatos oficiales en las elecciones de las céntricas parroquias de San Roque y de la Catedral, el gobierno recurrió a la abierta violencia, el derramamiento de sangre, las corridas, y el uso de las patotas, algo que pronto se tornaría un extendido mecanismo político durante jornadas eleccionarias, para evitar el acceso a los locales de votación de los electores de la oposición. En la oposición se encontraban entonces poderosos enemigos como José Segundo Decoud y el propio Bernardino Caballero. Aunque los candidatos del gobierno ganaron las elecciones con facilidad, la irritación en el congreso subió como consecuencia del enfrentamiento electoral.
El 12 de octubre de 1871 la cámara baja sometió a Gill a un juicio político como consecuencia del proceso que le habían iniciado previamente. El senado encontró culpable a Gill de peculado durante su gestión como ministro de hacienda y resolvió separarlo del cargo. La defensa que Rivarola había hecho desde el principio en el caso de Gill ya le había costado el favor político de Decoud y Caballero. El congreso tampoco quiso echarse atrás en su postura. Rodeado de enemigos y con el gabinete severamente disminuido Rivarola convocó a Benigno Ferreira como nuevo hombre fuerte. La situación ciertamente no dejaba alternativa. Valiéndose nuevamente del apoyo del ejército brasileño, Rivarola disolvió el congreso el 15 de octubre. Inmediatamente convocó a elecciones para llenar las vacancias del congreso para el 20 de diciembre de 1871. Tras el golpe legislativo de Rivarola, el nuevo año se inauguraría con nuevos miembros en el congreso el primero de enero de 1872.
El proceso eleccionario para renovar el Congreso volvió a estar marcado por las irregularidades y la violencia. Gill se encargó de movilizar hordas oficialistas para ahuyentar a los votantes opositores de manera a asegurar la victoria electoral. Ante la evidencia de la derrota segura en los locales de votación, Bareiro, Caballero y Germán Serrano intentaron un golpe con la ayuda del gobierno argentino. Para ello Bareiro ofreció al gobierno argentino inclusive renunciar a los derechos al Chaco, el punto más sensible de las disputas territoriales con el gobierno vecino, en caso de ocupar la primera magistratura. Aunque el gobierno argentino veía con buenos ojos una conspiración contra un gobierno que se estaba tornando cada vez más proclive a la influencia brasileña, representada todavía por Rivarola, pero de forma más directa aún en el emergente Gill, no pudo hacer mucho para respaldar sus intenciones. El gobierno obtuvo información del intento golpista y encarceló a los principales conspiradores. Aunque las elecciones del 19 de noviembre de 1872 marcaron un contundente triunfo del oficialismo, los levantamientos continuaron.
La llamada REVUELTA DEL TACUARAL siguió poco después de las elecciones del 19 de noviembre. Nuevamente las fuerzas de ocupación estuvieron en guardia para contener el golpe que fue detenido a tiempo por las propias fuerzas del gobierno paraguayo. En este golpe colaboraron el coronel PATRICIO ESCOBAR y el general BERNARDINO CABALLERO, por el lado lopizta; y figuras claves del GRAN CLUB DEL PUEBLO como JUAN SILVANO GODOI y JOSÉ SEGUNDO DECOUD. Aunque los principales líderes de la conspiración tuvieron tiempo suficiente para fugarse a la Villa Occidental donde obtuvieron asilo por parte de las autoridades argentinas, otros conspiradores fueron capturados por las fuerzas del gobierno dirigidas por el mismo Gill.
Uno de los conspiradores, el CAPITÁN CONCHA, fue interrogado y luego ejecutado sumariamente. El ejército de raídos creado por JUAN BAUTISTA GILL tomó el nombre de BATALLÓN GUARARÁ e instaló un régimen de terror en la ciudad eliminando cualquier atisbo de rebelión que pudiera generarse en la población e intimidando y abusando de ciudadanos comunes. Cuando el nuevo congreso inició su primera sesión el 8 de diciembre, Gill, ahora ya en su carácter de senador electo, estaba en control de la situación. Pronto se convertiría en presidente del congreso. De estar a punto de ser separado del cargo frente a sustanciales acusaciones de corrupción que le habían hecho en el congreso y que derivaron en el pedido de su separación del cargo de ministro de hacienda, el hombre elegido por la misión del Brasil pasaba a dirigir el congreso y a ejercer creciente protagonismo en la política paraguaya.
La disolución del congreso había constituido otro atentado más contra la constitución realizado por el gobierno de Rivarola en su afán de mantenerse en el poder. Aunque previamente Rivarola había sacado un manifiesto explicando las razones de sus acciones, el presidente en ejercicio creyó conveniente legitimar sus acciones con el visto bueno del nuevo congreso. Este nuevo congreso, liderado por Gill y donde en principio contaba con absoluta mayoría, le ofrecía una razonable garantía de que un juicio para aclarar lo ocurrido previamente iría de acuerdo a sus intenciones y que pronto podría recuperar el cargo de presidente de la república.
El plan ideado por el mismo Gill consistía en que Rivarola presente su renuncia al cargo de presidente. El congreso debía aceptar la renuncia y disponer que SALVADOR JOVELLANOS, un ex lopizta recientemente llegado al país luego de su estadía como becario en Francia, elegido como vicepresidente tras la muerte de Cayo Miltos, asuma la presidencia temporal mientras se resolvía la aclaración de la actuación previa de Rivarola. Retirado a su campo en Barrero Grande, Rivarola esperó confiado por la resolución del congreso seguro de que el plan iría de acuerdo a lo pautado. A los dos días el congreso aceptó la renuncia de Rivarola y nombró a Jovellanos para completar el período en su reemplazo. Concretada la traición, Rivarola se quejó a las autoridades brasileñas en Asunción por el accionar de Gill. Sin embargo, su suerte hacía rato estaba decidida para las fuerzas de ocupación del Brasil. Gill era el nuevo hombre de confianza del imperio brasileño para gobernar en Paraguay.
La gestión de Rivarola, breve y confusa, marcó el desarrollo posterior en cuanto a los mecanismos políticos disponibles para la obtención, conservación, y recambio del poder político en el país. Aparte de eso, el gobierno de Rivarola comenzó tres acciones concretas en el terreno financiero que serían continuadas por los distintos gobiernos posteriores en sus esfuerzos por sostener el desarrollo del país:
1) la venta de tierras públicas como recurso de financiación;
2) la emisión masiva de moneda aún careciendo de valores de respaldo; y
3) la negociación de préstamos en el exterior.
EL CASO DE LOS EMPRÉSTITOS
Desde la gestión de Rivarola en adelante, la emisión masiva de moneda inconvertible había disparado la carga pasiva del gobierno paraguayo. El pago de sueldos con papel sellado pasible de comercialización en el mercado agravó la situación financiera. Para finales de 1871, la deuda del estado alcanzaba la friolera suma de 1.648.301 pesos fuertes. En este contexto apareció el corredor financiero argentino MÁXIMO TERRERO con el plan de capturar préstamos extranjeros para el estado paraguayo. Aunque no hubo unanimidad en el gobierno, se dispuso por leyes de fechas 8 de febrero y 21 de mayo de 1871, la autorización al señor Terrero para que corra con las gestiones de capturar un crédito de un millón de libras esterlinas en el mercado financiero de Londres. Con esta intención se requirió al señor FRANCISCO WISNER DE MORGENSTERN la elaboración de un completo reporte y tasación de las propiedades del estado con el objeto de ofrecer sus activos como garantía hipotecaria para los préstamos obtenidos. Una vez autorizado, Terrero gestionó un arreglo con la firma WARRING BROTHERS & CO. para emitir bonos del gobierno paraguayo por un millón de libras esterlinas. La tasa de interés establecida era del 8% con una tasa de descuento del 20%.
Dado que el precio de venta real era sólo del 80% del valor nominal, el 8% de interés establecido en realidad implicaba el 10% sobre el precio efectivo de compra. El 20% del producto neto de la venta estaba destinado a los corredores en concepto de comisiones y gastos. El 80% restante llegaría a las arcas del estado paraguayo en carácter de prestador. Bajo este acuerdo, los corredores se embolsaban 200.000 libras de entrada. Además, el 8% se traducía en un nuevo ingreso de 160.000 libras sobre los 800.000 restantes. Al gobierno le quedaban 640.000 libras en bruto. De esto otra vez tenían que descontarse las 200.000 libras que correspondían a los intereses y las amortizaciones de los dos primeros años y las 19.200 libras correspondientes a Terrero por comisión en su carácter de gestor. En conclusión, al estado le quedaban aproximadamente 420.800 libras esterlinas sobre un préstamo originalmente contratado por el monto de 1 millón. Como lo señaló el historiador de la economía paraguaya WASHINGTON ASHWELL, el empréstito era desde el principio un gran negocio para todos los actores involucrados salvo para el estado paraguayo.
Los corredores londinenses fueron suficientemente inescrupulosos como para atrapar interés en el préstamo maquillando la realidad del Paraguay del momento. La excesiva liquidez del mercado financiero londinense de la época facilitó el éxito de los corredores en su intento por recaudar fondos en el mercado bursátil. El pago se hizo en cinco cuotas, cuatro de cien mil y una final por el saldo de tres mil. Los últimos dos pagos ya fueron hechos bajo la gestión de Jovellanos. El ministerio de Hacienda alegó recibir solo 394.000 libras. Entre otros costos, el gobierno pagó parte de su deuda, amortiguó parte del papel moneda emitido previamente, y pagó salarios. Además, probablemente buena parte de ese ingreso fue a parar a los bolsillos de los financistas de la maniobra política que puso en el cargo a Jovellanos. Si bien el monto no era suficiente, y las condiciones del arreglo eran exorbitantes para el prestador, el Paraguay tomó el crédito. Al momento, probablemente cualquier ingreso extra era útil para lidiar con los múltiples problemas financieros de la república. De todas maneras, el monto tampoco era suficiente para hacer gran cosa. Otra ley del 8 de marzo de 1874, emitida bajo el mandato de Jovellanos autorizó a Terrero a obtener un nuevo empréstito, esta vez por dos millones de libras.
La ley también estipulaba que los fondos debían ser utilizados en la construcción de infraestructura para el desarrollo del país. Como parte del mismo arreglo, se estipulaba la creación de una junta en Londres con el objeto de vender tierras públicas destinadas a la atracción de inmigrantes ingleses que vengan a trabajar el campo. El producto de las ventas sería aplicado a la reducción de la deuda contraída. En este caso, TERRERO negoció un acuerdo con la firma inglesa ROBINSON, FLEMING & CO. El acuerdo final establecía que la firma estaba autorizada a levantar un empréstito de dos millones de libras esterlinas que serían administrados por una junta con base en Londres con el objeto de invertirlos de acuerdo a una ley organizacional. Además, la junta estaba a cargo de reclutar, trasladar y asentar mil quinientos inmigrantes ingleses y otros mil de otros países europeos. Dado que el gobierno paraguayo nunca estuvo a cargo de la reglamentación del funcionamiento de la junta, aparentemente Terrero y sus socios ingleses decidieron proveerse una reglamentación adecuada para sí mismos. La primera decisión de la junta londinense fue no enviar monto alguno al Paraguay. Jovellanos reaccionó ante el viraje tomado por Terrero y envió a GREGORIO BENITES, un funcionario con pasado en el servicio diplomático de los gobiernos de los López en Europa, para investigar la situación. Terrero, interrogado por Benites, dijo desconocer sus reclamos y alegó autonomía legal para actuar de la forma en que estaba actuando.
Visto lo sucedido, Benites lo suspendió en sus funciones, lo reemplazó en su cargo con LEONE LEVI como nuevo agente financiero y cónsul, y se hizo cargo de la negociación directamente con la firma inglesa ROBINSON, FLEMING & CO. Los responsables de la firma se negaron a desclasificar la información referente al avance de sus gestiones, amparándose en la ley organizacional de la junta. Benites recurrió a la justicia inglesa para remover los obstáculos planteados por la junta y resolver la diferencia. Mediante eso, Benites pudo conocer cuál era la situación real de las gestiones actuadas por la junta en Londres. La firma había lanzado al mercado financiero de Londres un empréstito contratado por el gobierno en el monto de dos millones de libras a ser tomados por el 85% de su valor total, bajo un interés anual del 8% y una amortización del 2% sobre el monto total.
La garantía de la operación fueron las rentas generales y las propiedades y terrenos del gobierno paraguayo. La primera apertura al mercado permitió recaudar 3.800.000 libras esterlinas. Cuando la bolsa de valores londinense lanzó al mercado los bonos el 21 de junio de 1872, el mundo financiero europeo fue sacudido por una severa crisis económica. Los valores emitidos en Sudamérica fueron particularmente afectados por la crisis. Para el 4 de julio, la recaudación sólo alcanzaba 562.200 libras. Como estrategia para impulsar la demanda de los bonos del estado paraguayo, la firma misma había simulado la venta de más de un millón y medio de libras en el mercado bursátil. Aún así, la gente no mordió el anzuelo y las ventas no subieron. Después de deducidos los costos financieros, al gobierno paraguayo sólo le correspondía 239.867 libras.
Además la junta de Londres se autoadjudicó una comisión de cinco libras por cada inmigrante colocado en el Paraguay. Con un activo programa publicitario, la comisión fue capaz de atraer el interés de desprevenidos inmigrantes ingleses que mordieron el anzuelo y pronto estaban dispuestos a ir al Paraguay. Entre otras cosas, los folletos hablaban de un país con un gobierno liberal que permitiría a los colonos desarrollar sus empresas agrícolas con absolutas garantías y además con la adecuada provisión de infraestructura de cara a su crecimiento económico. La campaña sin embargo tropezó con una contracampaña publicitaria elaborada por la prensa británica en Buenos Aires que conspiró contra el éxito final del proyecto. En parte basado en el propio interés de los colonos británicos en Argentina, y del propio gobierno argentino, por reclutar el número mayor de colonos para el país vecino, y en parte también en base a un legítimo interés por informar con veracidad a gente pasible de estafas en Inglaterra, la contrapropaganda cumplió su objetivo. A pesar de ello, la firma inglesa fue capaz de engañar al menos a trescientos colonos que viajaron al Paraguay en octubre de 1872. Benites dijo enterarse del contingente de inmigrantes sólo en Inglaterra. Cuando informó acerca del proyecto de inmigración en marcha sin el conocimiento del gobierno paraguayo, el grupo de ingleses, conocidos luego como los "LINCOLNSHIRE FARMERS" ya estaban en camino.
Los colonos se encontraron en el Paraguay con un escenario absolutamente diferente del que le habían prometido en Inglaterra. La falta de infraestructura dificultó el desarrollo de la colonia y en menos de un año la situación se había tornado desesperante. Para noviembre de 1873 los colonos tuvieron que ser relocalizados en Buenos Aires, aunque algunos de ellos permanecieron en el país. La experiencia quebró las credenciales del Paraguay como destino migratorio para los colonos europeos. Independientemente del grado de conocimiento o participación que el gobierno de Jovellanos pudo tener al respecto, las consecuencias fueron gravosas para el intento del gobierno, y de los distintos gobiernos sucesivos, por atraer mano de obra que pudiera trabajar los inmensos campos fiscales en posesión del gobierno.
Benites siguió la causa judicial con el objeto de clarificar la responsabilidad del estado paraguayo en los oscuros manejos de la firma londinense. Benites y la firma Robinson, Fleming & Co. llegaron a un acuerdo el 12 de marzo de 1873. Según el acuerdo, el monto concedido en préstamo fue fijado en un millón de libras. El otro millón debía ser cancelado por los miembros de la firma inglesa. Sobre el millón circulado, el arreglo implicó un balance bruto para Paraguay por 416.000 libras, de los cuales después de abonar varias cuentas quedaba un saldo neto de 239.687 libras para el gobierno nacional. El 10 de abril de 1873, Benites acordó aceptar 242.899 libras para cancelar los dos préstamos.
El pago fue acordado a ser pagado en acciones y en bonos. Benites hizo 249.617 libras de la venta de estas acciones y bonos. Aunque GREGORIO BENITES reportó haber enviado 125.000 libras al Paraguay, el ministerio de hacienda dijo solo haber recibido 100.000 en oro en junio de 1873. La diferencia quedó extraviada en algún punto entre Londres y Asunción. Además, si bien el arreglo había estipulado la cancelación del millón de libras esterlinas restantes más adelante apareció la firma BLYTH Y CIA. reclamando el pago por un millón de libras en un préstamo concedido al gobierno paraguayo. Aunque Benites volvió al país luego para hacer su defensa, el gobierno entonces ya en manos de Gill no aceptó sus explicaciones. Si bien es cierto que se han hecho lecturas más favorables a la gestión de Benites que apuntan a su rol remediando males peores en una situación desfavorable, contemporáneos e historiadores como Gomes Freire Esteves coinciden en vincularlo al escamoteo de bienes públicos en asociación con el propio Jovellanos, Benigno Ferreira, Terrero, y los ingleses.
El resultado fue en todo caso doblemente desfavorable para el Paraguay de la postguerra. Al nivel crediticio vació la poca confianza internacional que podría haber suscitado el gobierno paraguayo. Al nivel de los proyectos de colonización con capital humano europeo, el fracaso de los "Lincolnshire farmers" bloqueó aventuras futuras. Sólo después de mucho tiempo y a cuentagotas volverían los inmigrantes al Paraguay.
Fuente: EL PARAGUAY DE LA POST GUERRA (1879-1900) Autor: CARLOS GÓMEZ FLORENTÍN. COLECCIÓN LA GRAN HISTORIA DEL PARAGUAY, 8 © Editorial El Lector, Asunción-Paraguay 2010.
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