TRANSPARENCIA

Por Dr. ALEJANDRO ENCINA MARÍN

En la formación del mundo, su división en razas, continentes y naciones conforme con el pensamiento religioso y político de los distintos conglomerados y su ubicación geográfica, en mucho servía la utilización de la orientación ciudadana para que se soslayara la ley del más fuerte y se la sustituyera por la imposición de las ideas, su trasmisión a los diversos grupos instalados y a su inquietud por ser regidos por los más inteligentes, los mejor intencionados, los que desean un mejor pasar con la imposición de su pensamiento trasladado a toda la tribu, a todo el grupo político, a lo que se llama la ciudadanía mediante el apoyo de los grupos más importantes, en fin, en la configuración de lo que se llama la democracia.

La configuración de este sistema de elegir a quienes nos rijan hizo siempre imperioso el conocimiento de los candidatos a quienes ungiríamos con nuestro voto, y para este conocimiento se hizo necesaria la difusión de ideas, de orientaciones y, por sobre todas las cosas, de la condición personal y moral tanto en lo íntimo como en lo que como pueblo debemos conocer en cuanto a la personalidad de aquellos que nos parecen merecedores de apoyo para ejercer el manejo de la función pública: así surgió la importancia de la información y con el relieve de este quehacer, la importancia del periodismo, instrumento de ilustración pública; y en cuanto al gobierno, el instrumento para conocer la VERDAD y eventualmente la bondad de la función ejercida.

Por ello el hombre ha cuidado de promulgar los diversos ordenamientos legales garantizando los derechos que como seres humanos nos son reconocidos. Entre ellos, y para el conocimiento ciudadano, el derecho a ejercer, como expresión de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho a informarse libremente por cualquiera de aquellos que nuestra propia Constitución Nacional en su Art. 28 denomina “LAS FUENTES PÚBLICAS DE INFORMACIÓN”.

En otras palabras, como seres humanos, ciudadanos de una agrupación en la que puede haber un pensamiento mayoritario, tenemos la facultad de conocer todo lo que ocurra en la relación Gobierno-pueblo en cuanto hace a la administración económica de los bienes de la República. Para ello, todos tenemos como derecho el conocer las más profundas intimidades del manejo económico, para lo cual en los tiempos modernos hemos acuñado el término “transparencia”.

Para el gobierno de la República ejercido por los tres Poderes, de los cuales a uno le incumbe dictar leyes que impongan pautas de comportamiento y a otro el suscribir instrumentos de obligatoriedad con carácter internacional, un sistema equilibrado es el único que permitirá enarbolar la bandera de la transparencia como emblema de la tranquilidad de la ciudadanía que DEBE SENTIR estar siendo honestamente gobernada, impone la aplicación de los instrumentos legales de conformidad con el orden de prelación emergente de la personalidad jurídica que le asiste.

Nuestra Carta Magna establece para ello un orden de prelación de los instrumentos legales en el Art. 137 que naturalmente reconoce “la supremacía de la Constitución” como Ley Suprema de la República y en este caso algunas personas interesadas y ajenas a lo que corresponde a cada uno y a todos los ciudadanos pretenden otorgar grande importancia a los “…Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales aprobados y ratificados” por la sola razón que ellos rigen el manejo de actividades económicas relacionadas con la explotación de nuestra riqueza hídrica y su industrialización en la producción de la energía eléctrica.

La conformación de entes binacionales mediante acuerdos del mismo orden para la organización de la explotación hidroeléctrica –Itaipú y Yacyretá– concediéndose a ambas personas gran importancia hasta casi escapar a la disciplina debida a la autoridad que inviste el Gobierno de la Nación, nos ha estado llevando al desconocimiento de nuestro orden democrático y republicano con violación de derechos y garantías reconocidos por la Constitución entre los cuales se quiere negar al Ejecutivo electo democráticamente la facultad de conocer y hacer conocer el flujo económico de ambos entes y, por sobre todas las cosas, la privilegiada remuneración de quienes ocupan un sitial en cada uno de ellos.

Las dos entidades integradas para ocuparse de la explotación hidroeléctrica, bien capital, entorpecen la transparencia que todos los ciudadanos reclamamos, reacias a permitir el público conocimiento de las remuneraciones de sus funcionarios, obstaculizando el derecho ciudadano “…A RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ, RAZONABLE Y ECUÁNIME” en torno a millonarias retribuciones que perciben quienes desempeñan cargos a los que, en la ocultación, se otorgan denominaciones hasta pintorescas que muchas veces disfrazan la mínima instrucción y capacidad de quienes ocupan algunos cargos de mínima importancia y máximo salario. Niegan por ello a todos los medios de comunicación, información referente al pago que reciben sus funcionarios para lo cual quieren otorgar gran categoría a los convenios respectivos con olvido que nos hemos comprometido en otros acuerdos como la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS cuyo Art. 13 ha sido incorporado por ley al ordenamiento que nos rige.

Ante tal negativa inconsulta, el Ministerio Público, CUSTODIO de la Constitución y las leyes y de su observancia, ha emitido un fuerte dictamen en procura de la transparencia que nos ocupa. Este diario se ha ocupado de ello, y sus lectores, ejerciendo el derecho a informarse, leen satisfechos el comportamiento de un funcionario probo que nos lleva a la convicción de que realmente a través de uno de los Poderes del Estado podríamos llegar a la resurrección de la honestidad, el regreso al respeto por lo ajeno y, fundamentalmente, a los bienes del Estado paraguayo.

Fuente:Suplemento Cultural de ABC Color

www.abc.com.py

Domingo, 23 de Agosto de 2014

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