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WASHINGTON ASHWELL


  LA CRISIS DE 1890. EL COLAPSO DE LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN (WASHINGTON ASHWELL)


LA CRISIS DE 1890. EL COLAPSO DE LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN (WASHINGTON ASHWELL)

LA CRISIS DE 1890 

EL COLAPSO DE LOS BANCOS PRIVADOS DE EMISIÓN

Por WASHINGTON ASHWELL

 

 

            EL AUGE ECONÓMICO

Evidencias múltiples de la prosperidad y la abundancia reinantes ofrecía el panorama económico del país a comienzos de 1889. Las finanzas públicas mantenían el vigoroso ritmo expansivo iniciado a fines de 1885. Las ventas de tierras constituían una fuerte creciente de recursos del fisco y la demanda se mantenía activa. Con los ingresos aumentados, la inversión pública se intensificaba continuamente. Numerosas obras públicas se encontraban en fase de ejecución en todo el país. Se había terminado la construcción del depósito de la Aduana y la ampliación del muelle del puerto de la Capital. Importantes obras nuevas estaban en trámites de contratación. Figuraban entre ellas 33 puentes a ser construidos en distintas regiones del país, incluyendo los del Mburicaó y el Itapé, la ampliación de dos picadas en el camino a San José, un canal de desagüe en el arroyo Pirayú y un tramo de camino empedrado en la Cordillera de Atyra.1 Los trabajos de prolongación de la vía férrea de Paraguarí a Sapucai proseguían aceleradamente, sin más interrupciones que las ocasionadas por las lluvias. El Banco Agrícola había iniciado sus operaciones de crédito en beneficio de la población rural. En el año anterior se habían habilitado 22 escuelas nuevas, con las que se duplicó la población escolar que recibía instrucción primaria.

            Las transacciones del comercio se desenvolvían en un ambiente de optimismo. El creciente aumento del gasto público y su adecuado financiamiento fortalecían la estabilidad monetaria, y estimulaban las inversiones privadas. El comercio y la industria expandían continuamente sus operaciones. El comercio exterior mantenía su tendencia ascendente, tanto en las exportaciones como en las importaciones.

            El mercado de cambio operaba con relativa calma. En todo el trienio anterior, la balanza de pagos fue favorable al país. El sostenido flujo de capitales extranjeros, ingresados para la compra de tierras y para inversiones productivas y comerciales, permitió no sólo financiar las importaciones a un nivel mayor que el de las exportaciones, sino que generó a la vez, ingresos internos adicionales que facilitaron la absorción de la oferta aumentada de artículos de consumo y de bienes de capital que proveía la importación. Con ese aporte, el país podía vivir por encima de sus posibilidades e invertir más allá de sus ahorros.

            La capacidad de producción del sector ganadero había rebasado la demanda del consumo interno, y comenzaba a sentir la necesidad de mercados externos para la colocación de sus excedentes. El exceso de la oferta operaba como un freno al aumento de los precios internos del ganado y de la carne.

            Evidencia adicional de la prosperidad reinante era el elevado número de construcciones privadas en curso, especialmente en la capital, donde las fábricas de ladrillos establecidas en los alrededores no alcanzaban a satisfacer la demanda aumentada de las obras en curso. Con esas construcciones nuevas y con el empedrado de las calles, que se expandía continuamente, la ciudad lucía una fisonomía remozada y nueva. El área urbanizada se había extendido hasta la intersección de las calles Piribebuy y Colón al sur y hasta las de Azara y Curupayty al este.

 

 

            LA SUBA DEL CAMBIO

 

En ese marco de prosperidad, sin causas aparentes y contra todas las expectativas de la plaza, hacia mediados de abril de 1889, la cotización cambiaria comenzó a elevarse en forma acelerada. De un nivel de 50 pesos fuertes por 100 pesos oro, en que se había mantenido relativamente estable hasta ese momento, aumentó progresivamente hasta llegar a 132 pesos fuertes, para estabilizarse a ese nivel aumentando durante los meses siguientes.

 

 

            Este intempestivo aumento del tipo de cambio alarmó particularmente al comercio importador. Toda la plaza había anticipado el mantenimiento de las condiciones favorables de los años anteriores. En previsión de un creciente volumen de ventas, los importadores tenían sus depósitos y estanterías abarrotados con un abundante y variado inventario de productos extranjeros. Adicionalmente habían situado en el exterior órdenes aumentadas de nuevas compras que debían llegar en forma escalonada, y cuyos costos finales resultarían fuertemente incrementados por la suba del cambio. Igualmente quedarían afectados los vencimientos de las importaciones anteriores que habían ingresado con financiamiento externo de 90 y 120 días. La mayor parte de esas mercancías había sido ya vendida y en el momento de los vencimientos, las ganancias realizadas se convertirían en cuantiosas pérdidas, por el costo considerablemente mayor del cambio.

            Las consultas múltiples, realizadas principalmente entre comerciantes mayoristas e importadores, indicaban que la suba del cambio no estaba asociada con los pagos regulares de las importaciones. Tampoco los balances de los bancos mostraban aumentos muy grandes en los montos de los créditos o en la emisión de sus billetes, que pudieran haber influido tan decisivamente sobre la demanda cambiaria. Las finanzas públicas se desenvolvían, hasta ese momento, con relativa holgura, en un marco de exceso de los ingresos con relación a los gastos. En esas circunstancias, la confusión y la incertidumbre se expandían aumentadas en el círculo del comercio asunceno. Nadie atinaba a descifrar el misterio del origen de la suba cambiaría que a todos inquietaba.

            Cuanto más se investigaba, más evidente se hacía que el aumento extraordinario de la cotización cambiaría respondía a factores que escapaban a la percepción y a la influencia de las decisiones del comercio local. En efecto, un factor nuevo estaba gravitando en la plaza. Era el movimiento de capitales el factor misterioso que estaba desestabilizando el mercado de cambio. Se había producido un vuelco fundamental en la dirección de los recursos externos, por causas totalmente ajenas al mercado local. No sólo había cesado el ingreso de capitales, disminuyendo con ello la oferta cambiaría, sino que al mismo tiempo se había desatado una intensa salida de recursos ingresados al país para el financiamiento de inversiones de corto plazo, lo que aumentaba significativamente la demanda.

            A ese factor de inestabilidad se sumaron las reacciones acumulativas inducidas por el aumento del cambio, y que contribuyeron a agravar aún más la situación ya tensa del mercado. En previsión de un mayor deterioro de la tasa cambiaría, los importadores comenzaron a cancelar anticipadamente sus obligaciones con el exterior. El comercio mayorista retenía sus ventas para ajustar sus precios o simplemente para evitar la conversión de sus inventarios a un papel moneda que se depreciaba muy rápidamente. Y contagiado por el pánico de la plaza, el comercio minorista buscaba "metalizar" en el día el producto íntegro de sus ventas, como una defensa contra la preocupante depreciación monetaria.

            Con la conversión masiva de las tenencias de pesos a monedas extranjeras, el sistema bancario y la plaza en general perdían liquidez. El monto de los billetes y depósitos bancarios en manos del público disminuía continuamente. Con esa contracción del medio circulante, las compras al comercio y los pagos a los bancos registraron fuertes reducciones. Ante la pérdida creciente de depósitos y reservas metálicas, los bancos se vieron obligados primero a disminuir drásticamente y a suspender muy luego sus operaciones de crédito. Todo el comercio sufría las consecuencias de un deterioro que se agravaba aceleradamente. Sólo el sector exportador podía mantener un nivel de actividades más o menos regular. Le favorecía el estímulo de los mayores ingresos y los menores costos que le resultaban de la elevación del cambio. Pero aun con ese movimiento de las exportaciones, la oferta de divisas no alcanzaba a satisfacer la demanda creciente desatada en la plaza. Con esa presión del mercado, hacia fines de octubre, el tipo de cambio experimentó un nuevo salto, y alcanzó el nivel de 170 pesos por 100 pesos oro. En la apertura del período legislativo, el Presidente de la República dio la siguiente descripción de la situación imperante hacia abril de 1890:

            "Si bien el estado económico del país, en el sentido genuino de esta frase puede considerarse bastante bueno, tengo, sin embargo que haceros presente, con pesar, que nuestro comercio atraviesa en estos momentos una crisis monetaria que ha producido la total paralización de las transacciones mercantiles y de los negocios sobre tierras.

            "Al estado de movimiento y de actividad que poco antes daba vida y aliento a los negocios, ha sucedido un abatimiento general, contribuyendo a empeorar la situación con el retraimiento de los capitales en circulación".2

 

 

            LA CORRIDA BANCARIA

 

El sistema de los bancos privados de emisión había operado con eficacia mientras la expansión de las exportaciones y el sostenido ingreso de capitales extranjeros permitieron una afluencia continua de oro, que sustentó la liquidez y la confiabilidad del sistema. Mientras ingresaba oro al país, los bancos pudieron ampliar sus operaciones y sus préstamos sin comprometer sus encajes metálicos. El aumento del crédito bancario y del medio circulante en general proveyeron un vigoroso estímulo para el incremento de las actividades productivas y comerciales. Esto lo destacó la memoria de uno de los bancos de la plaza del modo siguiente:

            "La entrega de un millón oro aproximadamente que (en los años anteriores) hizo el Estado a los Bancos Nacional y de Comercio y las remesas de numerario continuas y cuantiosas que venían del exterior para la compra de tierras públicas, sirvieron para mantener el crédito de aquellos bancos, que aprovechando esos valiosos contingentes pudieron combatir un buen servicio de giros que puso su encaje al abrigo de toda amenaza".3

            Pero cuando la afluencia de recursos externos cesó, y las reglas del juego imponían una contracción de la oferta monetaria, el sistema comenzó a zozobrar. Dio las primeras muestras de que era un mecanismo de una sola vía. Servía para los buenos tiempos, pero carecía de capacidad para compensar las alteraciones substanciales del mercado de cambio y para ofrecerle una protección satisfactoria contra las contingencias más desfavorables de la balanza de pagos. Apenas el oro comenzó a salir en cantidades importantes, la capacidad de los bancos desapareció. Explicaba la misma memoria bancaria:

            "Cuando aquel oro se agotó, y la venta de tierras perdió su importancia; cuando en una palabra, el país quedó entregado a sus operaciones ordinarias, sin recibir esfuerzos extraños, la situación de los bancos se hizo precaria, porque ya empezaban a notarse en el público síntomas alarmantes de desconfianza". 4

            La crisis desatada se acentuaba continuamente. Su evidencia más significativa fue la progresiva paralización de las operaciones bancarias. Las firmas más acreditadas no podían conseguir ningún financiamiento regular. Las operaciones de la usura se expandían. Sus plazos eran cortos, casi perentorios y los intereses elevadísimos. Era un recurso de última instancia al que el comercio acudía para cumplir con vencimientos impostergables y diferir una virtual cesación de pagos, que precipitaría la quiebra. No existía otra alternativa. Las propiedades urbanas resultaban invendibles y la liquidación de inventarios, aun a costa de grandes pérdidas, era irrealizable, por falta de compradores.

            En los bancos, la recuperación de los créditos se hizo cada vez más difícil y las disponibilidades de encajes metálicos resultaron insuficientes para satisfacer la demanda desbordada de cambio que dominaba la plaza. El pánico y la desconfianza se habían generalizado. El público se lanzó masivamente a los bancos para convertir sus tenencias de billetes en monedas extranjeras. "La conversión de billetes bancarios, destacó una memoria bancaria, se hizo en una forma que asumía el carácter de un tumulto popular".5 En el afán de llegar hasta las ventanillas de cambio, la gente aglomerada desbordaba la capacidad de los salones y llenaba las entradas y las inmediaciones de los locales bancarios. La demanda desaforada de oro y giros resultó pronto en el agotamiento de las escuálidas reservas. Con ese cúmulo de presiones, el sistema bancario estaba enfrentando su momento de prueba, y todo indicaba que no iba a resistir la turbulencia del vendaval que la crisis había desatado. Cuando el colapso era inminente, los directores de los dos principales bancos de emisión gestionaron la intervención del Estado. Buscaban la suspensión de la conversión para liberarse de las responsabilidades legales y eludir las consecuencias de una cesación de pagos: El billete bancario era una obligación que los bancos debían satisfacer a la vista en oro o monedas extranjeras. Ese era el fundamento del sistema y la base de la confianza y la aceptación de los billetes por el público. Al intervenir las instituciones bancarias, el Estado las eximiría de esa responsabilidad. Con la suspensión de la conversión y la imposición del curso forzoso, las pérdidas de la desvalorización y la carga de la inconvertibilidad serían trasladadas a toda la población, a través de la erosión del poder adquisitivo de sus ingresos y de sus ahorros. Con esa intervención, los banqueros privados abandonarían la escena, y el Estado asumiría toda la culpa del fracaso del sistema y de sus consecuencias ulteriores.

 

 

 

            LA NACIONALIZACIÓN DEL BANCO NACIONAL Y LA INCONVERSIÓN

 

 

Después de intensas vacilaciones y largas deliberaciones, el Gobierno resolvió intervenir. Presionaban sobre él las reclamaciones de la opinión pública y la situación de pánico que dominaba la plaza. El objetivo de su intervención fue preservar el sistema bancario con el rescate del más importante de los bancos emisores. Existía en el Gobierno la expectativa de un vuelco fuerte, como el de 1885, que a corto plazo permitiera la reversión de la situación depresiva. Lastimosamente las circunstancias eran diferentes. Los ciclos económicos nunca son iguales ni en su intensidad ni en sus efectos. Tienen similitudes en su desarrollo, pero nunca son idénticos. Al intensificarse la crisis, el Gobierno se vio forzado a absorber a otro de los bancos de emisión y a desvincularse del tercero, con lo que precipitó su liquidación. El Ministro de Hacienda hizo la siguiente relación de esta fase del proceso:

            "El Banco Nacional se encontraba a punto de cerrar sus puertas, en la imposibilidad de seguir atendiendo la conversión, cuando el P.E. recomendó al Congreso en julio (de 1890) la consideración de su adquisición y transformación en Banco del Estado.

            La Ley correspondiente fue promulgada el 16 del mismo mes; pero al hacerse cargo el Estado de este establecimiento, en nada pudo contribuir a mejorar su situación, desde que su capital era ficticio, y consistía en valores en cartera, en acciones irrealizables de bancos y ferrocarriles, 'en créditos de la Junta de Crédito afectados por leyes especiales a otros objetos, y se basaba en la negociación dudosa de una proyectada emisión de cinco mirones de pesos fuertes oro en títulos de la deuda pública.

            Entretanto existían en circulación 894.565 pesos pertenecientes al extinguido Banco Nacional, de cuya emisión se hizo responsable la Nación al consumarse su adquisición, y como el Banco del Estado carecía de un solo peso metálico para atender los compromisos contraídos, determinó suspender momentáneamente la conversión.

            Su situación era insostenible. El P. E. comprendió y recomendó la sanción de una ley (...) por la que se suspendía la conversión de los billetes del Banco Nacional por el término de sesenta días, la cual fue promulgada el 25 de agosto (de 1890).6

            "La inconversión de los billetes, explicó otro Mensaje Presidencial, era una medida de orden público que se imponía en tan aflictiva situación. Y en tal carácter, los poderes públicos se vieron en la necesidad de adoptarla como el recurso extremo a que recurren todas las naciones para prevenir mayores males".7

            La declaración de inconvertibilidad no significó la suspensión o el contralor de las transacciones cambiarias. Su único efecto fue la suspensión de la obligación legal de cada Banco de convertir a la vista sus billetes en circulación. El papel moneda inconvertible continuó siendo el medio legal de pago. La economía quedó librada a un régimen de cambios fluctuantes, en el que la cotización cambiaria sería establecida por el embate continuo de la oferta y la demanda, sin ningún mecanismo de apoyo, público o privado, que defendiera su estabilidad. Entretanto, el deterioro del mercado se acentuaba día a día, hora a hora.

            "La crisis, dijo la Memoria del Ministerio de Hacienda, había llegado a su período álgido, y ella se acentuó con síntomas verdaderamente alarmantes. Sus síntomas principales fueron la paralización comercial, la disminución de las rentas públicas, la desaparición del crédito y el retraimiento de los capitales, la suspensión de los descuentos en los establecimientos bancarios, la extracción casi completa de la moneda metálica fuera del país, las liquidaciones ruinosas, reagravado todo ello con la inconversión de los billetes de los bancos y la situación ruinosa de crisis porque venían atravesando las demás Repúblicas vecinas".8

            Próximo a vencer el plazo de la inconversión, el Gobierno lo prorrogó por dos meses adicionales (Ley del 24 de octubre de 1890), haciéndolo esta vez extensivo a los demás bancos emisores. El Gobierno aprovechó la coyuntura para dar alivio a las dificultades del Tesoro, cuya capacidad de pago se había resentido fuertemente. Con la paralización de las ventas de tierras públicas, la disminución de las rentas aduaneras y el aumento de los precios internos, los recursos disponibles para la atención de los gastos se habían reducido en forma considerable. Las recaudaciones fiscales disminuyeron de $ 4.124.674 a que habían ascendido en 1.889, a $ 1.736.112 en 1890 y al 1.647.717 en 1891.

 

 

            Las previsiones presupuestarias de los gastos del Estado, al igual que las órdenes de compra de los importadores, se hacían sobre la base del comportamiento de la economía en el año anterior. En una fase expansiva de la economía, la cuantía de esos valores tiende a incrementarse. Así las previsiones de los años 1889 y 1890 asumían la continuidad de la tendencia expansiva del comercio y de los ingresos en general. Al producirse la contracción, el Gobierno se encontró con que sus recursos habían disminuido, mientras que sus previsiones de gastos habían aumentado. Lo mismo ocurrió con los importadores, que se encontraron con existencias aumentadas de productos importados, en circunstancias en que la demanda interna se contraía fuertemente.

            Para evitar la acumulación de atrasos y la paralización de los servicios del Estado, la misma ley que prorrogó la inconversión autorizó el aumento de la emisión del Banco Nacional hasta 1.300.000 pesos, y destinó al servicio del presupuesto y de la deuda pública la diferencia de 400.000 pesos que faltaban para completar el nuevo límite, que no incluía las emisiones de los otros dos bancos emisores.

 

 

            LOS ORÍGENES DE LA CRISIS

 

No obstante las afirmaciones de la crítica local, que atribuyó la crisis a la mala administración del crédito bancario y a la expansión del gasto público, o del diagnóstico oficialista que culpaba las dificultades cambiarias al exceso de las importaciones, los problemas que afectaban a la economía paraguaya no tenían origen doméstico. Provenían de factores externos que gravitaban a través de la balanza de pagos. En su fase inicial fueron repercusiones directas de la crisis de pago de la Argentina, y luego, de la crisis mundial que se desató en Londres y que pasó a ser conocida como la crisis Baring, por la participación dominante que en ella tuvo la importante casa bancaria inglesa del mismo nombre.

 

 

            LA CRISIS DE PAGO DE LA ARGENTINA

 

El Estado de incapacidad de cumplimiento de sus obligaciones externas a que llegó la Argentina, fue resultado del sobre endeudamiento externo en que había incurrido durante el quinquenio último. La Argentina recibió en ese período un fuerte aporte de recursos externos para la financiación de inversiones públicas y privadas. Sólo por empréstitos contratados en el exterior ingresaron a ese país más de 668.000.000 de pesos oro. El total del pasivo externo, incluyendo el capital extranjero invertido en empresas, llegó a alcanzar a 922.545.000 pesos oro, de cuya cantidad el 70% había ingresado en el quinquenio 1885-89.10 Sólo en 1889, la Argentina absorbió entre el 40 y el 50%'del total de las inversiones británicas fuera de Inglaterra en ese año.11

            Con la acumulación de esos préstamos, el servicio de la deuda externa argentina se triplicó, y llegó en 1890 a 60 millones de pesos oro, o sea al 60% del valor de sus exportaciones del año. Esa gravosa obligación excedía la capacidad de pagos del país, y sólo podía ser atendida en la medida en que los europeos continuaran invirtiendo y prestando a la Argentina cantidades suficientes para cubrir la diferencia entre los ingresos por exportaciones y los pagos por importaciones, servicio de la deuda externa y remesas de utilidades. En los últimos años la Argentina había podido atender su deuda dedicando a su servicio una parte cada vez mayor de los nuevos préstamos contratados en el exterior. El país aumentaba su endeudamiento externo prácticamente para cumplir con el servicio de sus deudas anteriores. Se pagaban deudas viejas creando nuevas.

            Con el aumento desmedido de las obligaciones externas, las dificultades de pagos del Gobierno, del comercio y de los particulares, se agudizaron aceleradamente. Al mismo tiempo que los compromisos externos aumentaban, por la expansión monetaria interna que la expansión del crédito producía, los precios locales y la cotización del cambio ascendían rápida pero desigualmente. La cantidad de oro o libras que podía adquirirse con una suma dada de moneda local disminuía rápidamente. Con esa combinación del deterioro del cambio y    el aumento de los costos internos, los rendimientos en moneda extranjera de las inversiones privadas disminuían continuamente. El gobierno, por su parte, veía aumentar cada vez más su dependencia del financiamiento externo para cubrir su presupuesto. Los niveles del gasto y del déficit fiscal crecían continuamente. Cualquier gobierno, comenta Ferns, habría encontrado difícil aumentar los impuestos lo bastante rápido para llenar semejante brecha.12 Los recursos provinciales, que no se apoyaban en sistemas de recaudación bien organizados, se hallaban aún más seriamente afectados que los del Gobierno Nacional. Todo el edificio del crédito público, según Williams, descansaba en la capacidad del Gobierno Nacional para cumplir sus obligaciones internas y externas, capacidad que a su vez dependía de la continuación de las corrientes de préstamos externos al nivel de 1887 y 1888.13

            Ante la evidencia de estos factores negativos que comprometían la capacidad de pago del Gobierno y de los particulares de la Argentina, los mercados financieros del Viejo Mundo se tornaron renuentes para acordar nuevos préstamos a ese país. Hacía 1889 la confianza en la capacidad de pagos de la Argentina había desaparecido. No sólo se redujo el financiamiento nuevo obtenido en el año, sino que se cerraron las puertas de los mercados europeos para futuras emisiones argentinas. Como consecuencia, en 1889 los pagos por amortizaciones, intereses y gastos excedieron substancialmente el monto de los nuevos fondos obtenidos en el exterior. Los efectos de ese déficit sobre la capacidad de pago del país, interna y externa, fueron dramáticos. Cuando la corriente de recursos externos bajó en 1889, y cesó en 1890, la Nación y las Provincias entraron en bancarrota.14 Produjo, además, una acelerada elevación de la cotización del oro, la reducción aguda de los encajes bancarios, y la disminución consiguiente de la capacidad de préstamo de esas instituciones.

            Para contrarrestar la contracción del crédito bancario, que contribuía a intensificar la recesión interna, el Gobierno argentino suspendió la ley de los bancos nacionales garantizados en el mes de septiembre siguiente. Esa ley limitaba la capacidad de emisión de los bancos, en función del monto de los encajes metálicos depositados en la Caja de Conversión. Con la eliminación del requisito del encaje, y la suspensión de la obligación de la conversión de los billetes, los bancos quedaban habilitados para expandir sus operaciones sin otras limitaciones que las derivadas del riesgo crediticio. La expansión monetaria que siguió a esa medida acentuó aún más la presión sobre los precios internos. Y a medida que los precios subían, la desocupación y el descontento popular aumentaban en el país. Con todos estos factores, la Argentina cerró el 1889 con una aguda retracción de los negocios. "Decayó la febriciente especulación en tierras y valores mobiliarios, produciéndose los fenómenos característicos de una crisis latente", destacó el análisis del Banco de la Nación Argentina.15

            En el curso de ese proceso, con las primeras dificultades, las inversiones argentinas en el Paraguay cesaron. Y cuando los problemas se agudizaron, los inversionistas de Buenos Aires comenzaron a retirar del Paraguay todo el dinero que podían para compensar las limitaciones del financiamiento local y cumplir sus compromisos internos y externos.

           

 

 

            LA CRISIS BARING

 

 

Aun cuando la cesación de pagos de la Argentina fue la chispa que inflamó la crisis británica, no fue ella su única causa. Según el análisis de Akerman, la crisis venía gestándose desde hacía dos años. Este autor califica como signos precursores los agudos problemas financieros de Paris en enero de 1889, y la crisis bancaria de África del Sur de septiembre del mismo año. 16

            En el período de 1885 a 1890, la casa Baring Brothers, la segunda en Inglaterra después de la Casa Rothschild, suscribió empréstitos argentinos por un total de 20 millones de libras, o aproximadamente 101 millones de pesos oro. Los títulos que adquiría los negociaba de inmediato en los mercados europeos. Este mismo procedimiento esperaba aplicar al compromiso que suscribió con la Empresa de Agua y Alcantarillado de Buenos Aires para el financiamiento de la expansión de los servicios de esa ciudad. A cambio de bonos por un valor de 25 millones de pesos oro, la casa prometió pagar 21 millones de pesos en tres cuotas anuales. Pero con la resistencia desatada en Europa hacia los valores argentinos, la negociación de estos bonos fue un completo fracaso. La casa Baring tuvo que completar con recursos propios una alta parte de las dos primeras cuotas, comprometiendo con ello su liquidez y su capacidad financiera.

            La situación empeoró aún más en junio de 1890, cuando el Banco Nacional de la Argentina comunicó a los tenedores de valores argentinos que el país no podía seguir cumpliendo con el servicio de su deuda externa. Con ese incumplimiento, la posición financiera de la firma Baring se vio críticamente afectada. En medio de las negociaciones de una moratoria exterior que la Argentina había iniciado, la banca Baring manifestó que a menos que el país regularizase el pago de sus obligaciones externas pendientes, y le liberase, además, del compromiso de pago de la tercera cuota del préstamo para agua potable, se vería obligada a iniciar un proceso de liquidación. En un mercado ya tenso, los problemas de uno de los bancos más importantes del mundo inevitablemente debía producir, consecuencias concatenadas que afectarían a todo el sistema. Así, cuando la casa Baring suspendió sus pagos en noviembre de 1890, se desató una crisis que envolvió no sólo a toda la economía inglesa, sino que se proyectó al resto del mundo con las secuelas de la aguda recesión que provocó.

            El comercio internacional declinó considerablemente. Una crisis monetaria y bancaria convulsionó a Australia. En los Estados Unidos de Norteamérica la caída comenzó con el derrumbe de las inversiones ferroviarias y de la industria de la construcción, seguido luego de la quiebra de un gran número de bancos.17 En Inglaterra, la crisis comprometió a todo el sistema financiero, y se proyectó pronto a las actividades productivas y comerciales. Dio lugar a graves conflictos obreros, especialmente en las minas de hulla. La desocupación aumentó, y el nivel de los salarios bajó durante un largo período de paro.

            Para sortear la crisis, el Banco de Inglaterra elevó primero la tasa de descuento, a objeto de contener la demanda de créditos, y movilizó, poco después, la cooperación de los bancos locales y extranjeros para el rescate de la banca Baring. Apoyado por los grandes bancos ingleses, y por préstamos conjuntos del Banco de Francia y del Banco Nacional de Rusia, pudo declarar garantizadas las deudas contraídas por la banca Baring, con lo cual se superó el episodio inicial de la crisis. Sin embargo, la liquidación de sus efectos fue larga. La recuperación de la economía inglesa no se produjo sino a partir de 1895.18

            La depresión se proyectó con aguda intensidad a los países de la periferia. Cesó el flujo de capitales hacia ellos, y la demanda de productos primarios disminuyó considerablemente.          

            En la Argentina, la recesión y las dificultades de pagos aumentaron. No sólo el Gobierno Nacional hizo pública su incapacidad para cumplir sus obligaciones externas, sino que catorce provincias se vieron obligadas, unas tras otras, a manifestar igual estado de cesación de pagos. El Banco Hipotecario de la Provincia suspendió sus operaciones en los primeros meses de 1.891. Poco después, en abril, cerraron sus puertas el Banco Nacional y el de la Provincia. En mayo se produjo la gran corrida de los bancos privados.19 Otros cuatro bancos extranjeros y uno argentino se vieron obligados a cerrar sus puertas.20

            En julio se declaró en la Argentina una moratoria general. La cotización del oro saltó a su nivel máximo de 384 por ciento. Se prohibió la venta de oro, y se declaró ilegal la circulación de monedas extranjeras. La inconvertibilidad fue establecida. En medio del descontento popular, un levantamiento armado depuso al Presidente Juárez Celman, y nombró en su reemplazo a Carlos Pellegrini.

            Mientras todo esto ocurría en el resto del mundo, en el Paraguay se pensaba que la crisis era un fenómeno local cuya solución debía proveer el Gobierno Nacional.

 

 

            EL PLAN ECONÓMICO

 

En medio de la tensión y el desconcierto producidos por los efectos de la crisis, el 25 de noviembre de 1890 asumió la Presidencia de la República el candidato electo Dn. Juan G. González. Dos días después presentó al Congreso un plan económico dirigido a "producir gradualmente una mejora al malestar social".21 Su autor fue el nuevo Ministro de Hacienda Dn. José Segundo Decoud.

            La posición del Poder Ejecutivo era de suma cautela. No ofrecía un diagnóstico de la causa de los problemas ni prometía milagros. Advertía que no podían buscarse "soluciones imposibles de una inmediata reacción favorable". Insistía en la aplicación de paliativos para permitir que "la acción lenta y paulatina del tiempo" produjera la recuperación de las perturbaciones que gravitaban sobre la economía nacional. El plan incluía las siguientes medidas:

            1) La prórroga de la inconversión por dos años adicionales;

            2) La centralización de la emisión monetaria en el Banco Nacional;

            3) La extensión del beneficio de la inconversión a los otros dos bancos emisores;

            4) El aumento del límite de emisión a $ 2.500.000;

            5) La creación de un Fondo de Conversión á ser integrado con recursos fiscales asignados al efecto;

            6) La autorización al P. E. para contraer un empréstito en el exterior, hasta la cantidad de 2.500.000 pesos oro o su equivalente en libras esterlinas;

            7) El establecimiento de la contribución directa sobre los terrenos y edificios particulares;

            8) La obligación de pago en oro del 50 % de los derechos aduaneros de importación.

            Completaba el plan un conjunto de medidas administrativas, entre las que se destacaban las de estímulo a la producción agrícola, y la de fomento de la colonización de terrenos particulares. Las le yes propuestas fueron sancionadas por el Congreso en el curso del mes de diciembre siguiente.

 

 

 

            EL BANCO NACIONAL

 

 

El objetivo central del plan continuó siendo la salvación del Banco Nacional. La política del Gobierno seguía alentando el restablecimiento de un sistema de convertibilidad. Para ello, buscaba preservar el Banco Nacional como la base institucional de un régimen de moneda convertible que pudiera ser restaurado en lo futuro. Con ese efecto, el plan incluyó tres medidas: la prórroga de la inconversión, la centralización de la emisión en el Banco Nacional, y el aumento del límite de emisión.

            La inconversión fue prorrogada por un período adicional de dos años. Esta medida respondía a una necesidad de orden público. El Banco no tenía ninguna reserva metálica como para restablecer la conversión, y no existían posibilidades de que pudiera obtener en un plazo más o menos breve los recursos necesarios. Como la suspensión en vigor vencía muy pronto, debía definirse el régimen legal de los billetes que continuarían en circulación.

            Los dos años de prórroga dispuestos no significaron ya la mera suspensión temporal de la conversión. Era la sanción del curso forzoso. Durante esos dos años, los billetes del Banco Nacional tendrían curso legal en toda la República. Las obligaciones en moneda de oro o plata sellada contraídas con anterioridad a la fecha de la ley debían ser cumplidas con la entrega de las mismas especies convenidas o su equivalencia en monedas de curso legal, al cambio del día del vencimiento. Las contraídas en moneda de curso legal, sin designación de especie metálica, podían ser canceladas con los billetes declarados de curso legal, por su valor escrito.

            El beneficio de la inconversión, fue extendido a los otros dos bancos de emisión. El Banco de Comercio tenía en circulación una emisión de 44.159 pesos y el del Paraguay y Río de la Plata 609.400 pesos. Dentro del plazo de seis meses, estos dos bancos debían retirar todos sus billetes, convirtiéndolos a la par por billetes del Banco Nacional. Durante ese plazo, conservarían el privilegio del curso legal, pero una vez vencido el mismo, la circulación de esos billetes quedaba prohibida. El poder de emisión quedaba centralizado en el Banco Nacional. La facultad de emisión de los bancos privados fue cancelada. En adelante los mismos podrían seguir operando como simples bancos comerciales de depósitos.

            El aumento autorizado de la emisión no fue destinado esta vez a satisfacer necesidades fiscales. Su objetivo fue proveer de liquidez al Banco Nacional, para que pudiera hacer frente a la demanda de retiro de depósitos, y financiar, además, operaciones de descuento de documentos comerciales. Era propósito de la ley "procurar alivios al comercio y a las industrias en su situación precaria". Buscaba el Gobierno compensar el efecto contractivo que sobre el medio circulante había tenido la extracción casi total del metálico que había sido remitido al exterior. La carestía de dinero era evidente. La disminución producida en el monto de los billetes y depósitos a la vista en poder del público había resultado en la pérdida de poder adquisitivo de la población, y en la declinación de las ventas del comercio.

            "Sin numerario o medio circulante, -expresaba el mensaje del Poder Ejecutivo- no es posible la marcha del comercio y de las industrias, y mucho menos el desarrollo de la producción nacional: todo eso se resentiría a un estado anémico y enfermizo. Las liquidaciones ruinosas y el estacionamiento indefinido de la actividad comercial serían sus consecuencias inevitables, la marcha de la administración se haría imposible, y el retroceso se acentuaría de tal manera que podría llegar a malograr los esfuerzos conquistados por la Nación a costa de tantos sacrificios".22

 

 

            EL FONDO DE CONVERSIÓN 

 

La ley que prorrogaba la inconversión estableció la garantía de la Nación para el pago de los billetes del Banco Nacional. Para ese fin afectó especialmente los yerbales y tierras públicas que serían vendidos o hipotecados por el Gobierno, con el exclusivo objeto de aumentar el encaje metálico del Banco Nacional como Fondo de Conversión. Se exceptuaba de este destino el 10% del producto de estas ventas, que quedó reservado para el fomento de la instrucción pública. Se destinaron asimismo a este fondo la cuarta parte del 50% de las rentas aduaneras que debían abonarse en oro, y el producto neto del empréstito a contratarse en el exterior.

 

 

            EL EMPRÉSTITO EXTERNO

 

El Gobierno quedó autorizado para contratar un empréstito en el exterior hasta la cantidad de 2.500.000 $ oro sellado, es decir, aproximadamente 500 mil libras esterlinas. De su producto líquido, las tres quintas partes debían retenerse en Londres para el pago del servicio de los préstamos de 1871 y 1872, así como de la garantía de la deuda del ferrocarril. Para el servicio de este empréstito, se destinaron: 1) el producto de la contribución directa que simultáneamente fue establecida, 2) las acciones pertenecientes al Estado en la propiedad del ferrocarril central, y 3) la cuarta parte de las rentas aduaneras que debían recaudarse en oro. Pero todo esto era irrealizable. El país no tenía en ese momento ninguna posibilidad de obtener un financiamiento externo.

 

 

            LA RECAUDACIÓN EN ORO DE LOS DERECHOS DE IMPORTACIÓN

 

Resulta evidente que en estas medidas, la preocupación dominante del Gobierno y el medio buscado para la solución de los problemas del momento, era la disponibilidad de reservas de oro para restablecer la convertibilidad. Se consideraba al desorden monetario la causa de los males, y no un efecto de los mismos. Y no cabe hacer un reproche o censura a los hombres de la época por esa percepción equivocada. No era sólo un error paraguayo. El conocimiento universal no tenía en ese entonces una respuesta al problema de las recesiones. En esas circunstancias, y con el doble objetivo de movilizar recursos en oro y de aumentar las recaudaciones aduaneras, se dispuso que el 50% de los derechos de importación establecidos por la Ley de Aduanas debían recaudarse en oro. El 50% restante continuaría recaudándose en billetes de curso legal.

            A pesar de la intención que la animaba, esta medida no aumentó la oferta y la disponibilidad de oro en el mercado. Por el contrario, aumentó su demanda por el uso interno nuevo que se originaba con el pago obligatorio en oro de los impuestos aduaneros.       

            Con este programa, el Gobierno buscaba proyectar una dosis de optimismo y de esperanza en la plaza. Sostenía que no había motivo para suponer que la emisión monetaria autorizada aumentaría la depreciación del papel moneda. Antes bien, decía, la valorización del mismo se iría operando gradualmente a medida que se restableciera el equilibrio económico. Pero esta apreciación optimista, carecía de fundamento. El aumento de la emisión se producía en un momento de aguda crisis de confianza en el valor del papel moneda y de fuerte fuga de capitales al exterior. En esas circunstancias, cualquier expansión monetaria, sea para financiar gastos públicos o para aumentar el crédito al sector privado, inevitablemente debía producir una demanda adicional de cambios y, consiguientemente, una depreciación mayor de la moneda nacional. No era sino arrojar más leña a la hoguera. Por ello, muy poco tiempo transcurrió para que los efectos de la expansión monetaria se pusieran en evidencia. El tipo de cambio aceleró su vertiginoso aumento. Hacia fines de 1890 sobrepasó la cotización de 200 pesos por 100 $ oro, y para septiembre de 1891, alcanzaba a $ 500, es decir, diez veces la cotización vigente dos años atrás, al comienzo de la crisis.23

 

 

            Con la total inoperancia de las medidas incluidas en el Plan Económico, el deterioro de la economía se acentuaba día a día. Los precios aumentaban, la retracción de las actividades comerciales y productivas se intensificaba, en tanto que el descontento interno se acentuaba. Buscando capitalizar el desasosiego de la ciudadanía, un levantamiento armado de la oposición procuró el derrocamiento del Gobierno el 18 de octubre de 1891. Este intento, que resultó sangriento, no logró sus objetivos por falta de apoyo popular; puso sí de manifiesto la debilidad del régimen y el agudo descontento de la población. Se hizo evidente que la recesión económica había socavado la estabilidad política y la tranquilidad interna. Años después, el 3 de junio de 1894, otro levantamiento militar, iniciado esta vez por facciones disidentes del propio partido de Gobierno, depuso al Presidente González, y nombró en su reemplazo al Vice Presidente Don Marcos Morínigo, para un corto período de transición que culminó con la elección del General Juan B. Egusquiza, en noviembre del mismo año.

            Una de las secuelas más destacada de la crisis fue el arrasamiento del sistema bancario. Como consecuencia del retiro masivo de depósitos, del congelamiento de carteras y de la imposibilidad de recuperación de los créditos, todos los bancos entraron en proceso de liquidación o de receso. A la vorágine no escapó ni el Banco Nacional. A pesar de todos los esfuerzos que le dedicó el Gobierno, no pudo regularizar sus operaciones. Ante esa situación ya irreparable, por ley del 18 de mayo de 1892 se dispuso su liquidación. La plaza quedó virtualmente sin ningún organismo crediticio. Los billetes en circulación de los bancos emisores, Nacional, de Comercio y del Paraguay y Río de la Plata fueron declarados de curso legal.24

            Para suplir el vacío dejado por la liquidación de los bancos, y con el fin de facilitar los cobros y pagos en la plaza, el comercio organizó una Agencia Mercantil de funciones múltiples. Su objetivo principal fue auxiliar al comercio local, procurar la mejor venta de los frutos del país en los mercados externos y expedir giros sobre otros mercados. Era una adaptación del modelo de las casas bancarias de Ámsterdam de fines del siglo pasado, que no fueron organismos emisores sino mediadores en los pagos e intermediarios en la movilización y transferencia de recursos líquidos y en la compra-venta de mercancías.25 La nueva agencia entró a operar como una cámara compensadora de débitos y créditos del comercio asunceno y como una casa de consignaciones. Era una especie de organización mutual de comerciantes. Fue establecida como sociedad anónima con aportes de capital del propio comercio. Intermediaba en los pagos y cobros, facilitaba la compensación de créditos y deudas entre comerciantes, recibía y entregaba mercaderías en los pagos y cobros, y otorgaba créditos en especie y en dinero. Ayudaba en la liquidación de inventarios o de partidas de mercaderías para aliviar el congelamiento generalizado de activos y evitar cesaciones de pago. Recibía, además, depósitos de dinero y de mercaderías y mantenía cuentas corrientes con el comercio de la Asunción y del interior. Sus funciones derivaron pronto en las de un banco comercial, en el que fue efectivamente trasformada poco después. Su gran animador y director fue el comerciante holandés Dn. Antonio Plate. Reorganizada como entidad bancaria el 21 de diciembre de 1892, adoptó el nombre de Banco Mercantil del Paraguay. Esta trasformación fue aprobada por el Poder Ejecutivo el 5 de enero de 1893. Tuvo una larga y honrosa trayectoria. Ayudó al comercio en sus días de necesidad permitiéndole salvar momentos difíciles, ora facilitándole medios para ensanchar su esfera de acción, ora dando su concurso a nuevas industrias o fomentando las ya implantadas, y, en general, dando colocación a su capital y a los importantes depósitos confiados a su administración.26 Sus actividades se extendieron ininterrumpidamente hasta el año 1920, en que otra crisis económica le obligó a cerrar sus puertas.

            Para llevar algún alivio al agro y reactivar el crédito rural, el Gobierno restableció el Banco Agrícola como organismo autónomo. La ley respectiva fue promulgada el 30 de julio de 1892. Le fue asignado un capital de 2.0 millones de pesos, que sería integrado con recursos diversos. El capital realizado a fines de 1892 ascendió a $ 545.423.48. En 1893 llegó a $ 762.742.26. Aunque limitada por la reducida disponibilidad de recursos, su acción crediticia se hizo sentir muy pronto en el campo. Inició la promoción del cultivo del tabaco y del algodón, que se convirtieron en importantes renglones de exportación.

            Con todas las penurias y dificultades que la crisis producía, el comercio y las actividades productivas proseguían sus actividades. Operaban con modalidades adaptadas a las circunstancias difíciles que vivía el país. La agricultura intensificaba su producción de autoconsumo para asegurar su subsistencia. Abastecía de bienes de consumo al mercado local, pero la producción de bienes para la exportación se mantenía desalentada por los bajos precios internos y externos. La ganadería era la principal proveedora de alimentos a la población. En las horas más difíciles, el abastecimiento interno de carne estuvo asegurado mediante el aumento significativo que había logrado la capacidad productiva del sector. El comercio exterior continuaba a niveles disminuidos. El mecanismo monetario había derivado en un sistema de curso forzoso, sin amparo institucional alguno al papel moneda circulante. El valor interno y externo de la moneda nacional fluctuaba intensamente con las contingencias negativas del mercado y el aumento continuo del medio circulante. La expansión monetaria había contribuido en alguna medida a aliviar en parte los efectos depresivos de la recesión interna, pero al mismo tiempo alimentó un proceso inflacionario que se intensificaba continuamente. Sus manifestaciones directas eran la suba acumulativa de los precios y del cambio. El mercado de cambios operaba en un marco de la libre concurrencia, sin intervención oficial. En una etapa inicial el Gobierno quiso fijar las cotizaciones del oro, pero pronto fue rebasado por las fuerzas del mercado. "Los giros sobre el exterior, escribió Zubizarreta, comprábanse poco menos que en concurrencia, para, adjudicarse al mejor postor. El comerciante que sentía necesidad de remitir alguna suma a sus corresponsales, pagaba el cambio según se le exigía. La desconfianza impulsábale a consentir el aumento del premio, recelando que cada día que transcurriera habría de ser mayor".27

            El sector fiscal fue sin duda el más afectado por la crisis. Con sus recursos disminuidos, veía aumentar continuamente sus gastos, a pesar de las economías y reducciones aplicadas. Gravitaban sobre el nivel de sus gastos el aumento de los precios internos y la elevación sostenida del cambio. Buscando un alivio a los atrasos y a los déficits que se acumulaban, el Gobierno intentó incrementar sus recursos. Creó el impuesto territorial, aumentó las tasas aduaneras. Pero con la declinación de las actividades comerciales y productivas, la masa imponible y la capacidad de pago de la población se habían deteriorado considerablemente. A pesar de las nuevas imposiciones, las recaudaciones no aumentaban. La venta de tierras estaba paralizada. Ante la imposibilidad de obtener créditos internos o externos, la única alternativa al alcance del gobierno era la emisión monetaria, y a ella recurrió en forma reiterada, no sólo para proveerse de recursos, sino también para proporcionar algún alivio a las actividades productivas y comerciales. Emitía como un recurso temporal. Simultáneamente, comprometía recursos ordinarios para su amortización. Obtenía así recursos inmediatos comprometiendo sus recursos futuros. El 13 de mayo de 1892 autorizó la emisión de 1.0 millón de pesos en Notas de Tesorería para cubrir el déficit del presupuesto. Para su amortización se afectaron el 50% del producto de las ventas de tierras y yerbales, el producto de la venta de papel sellado y el aumento del 10% de los derechos a la importación. Por ley del 30 de junio de 1894 se autorizó otra emisión de títulos de Deuda Interna, por un valor de $ 1.400.000. Para su servicio, se afectó el producto de un derecho a la exportación de yerba. Por ley del 24 de septiembre de 1894 se elevó el límite de la emisión a $ 5.000.000, afectándose a su amortización las rentas generales, y, especialmente, un derecho adicional del 5%   sobre la importación. Una comisión de comerciantes se encargaba de cuidar la emisión de billetes y de extinguir por medio de la quema la recaudación de los recursos asignados a su amortización.

 

 

            La intensidad de la caída del comercio exterior y de los ingresos y gastos fiscales resultaba encubierta en las estadísticas oficiales con la distorsión no reflejada de la pérdida de valor de las unidades de registro. El peso oro en que la aduana registraba las importaciones y exportaciones era un simple múltiplo aritmético del peso argentino, en una relación determinada por una tasa cambiaria fijada exclusivamente para efectos fiscales, y que no reflejaba su cotización real. Como en el período que se analiza, el peso argentino experimentó una aguda depreciación, su múltiplo, el peso oro, era afectado en igual proporción. A la inversa, a partir de 1895, el peso argentino entró en un proceso de valorización que incrementó el valor de las exportaciones e importaciones registradas en el Paraguay. En el cuadro siguiente puede verse la cotización ascendente del oro, en relación al peso argentino, en el mercado cambiario de Buenos Aires y la subsiguiente apreciación del peso a partir de 1895.29

 

 

            Igualmente, el aumento que se observa en las recaudaciones fiscales, en buena parte desaparecería si se lo deflacionara con un índice de precios internos o en términos de la cotización cambiaría del peso.

            Cuanto más duraba la crisis, mayor era el desconcierto acerca de sus causas. El diario "La Democracia" había dado como causa la desvalorización de la moneda debida a 1) la poca confianza en la administración pública, y 2) la ausencia de una buena política en el Gobierno.30 Zubizarreta, por su parte, señaló como causas de esta crisis 1) el aumento de los gastos públicos que no guardaban la proporción debida con las rentas; 2) las nuevas y continuas emisiones; 3) la falta de seriedad en las promesas legislativas, que ponían límites a las emisiones, pero que después los excedían con nuevos límites a mayor nivel.31 Todos insistían en señalar causas exclusivamente internas, contra las cuales apuntaban las soluciones que proponían.

 

 

            LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

 

En ese marco de confusión e incertidumbres, la solución llegó inesperadamente por la misma vía por donde se había iniciado la crisis. En el último trimestre de 1895, la demanda externa de productos primarios y los precios de los bienes de exportación comenzaron a repuntar. La demanda creciente de los países europeos y de Buenos Aires hicieron que el país encontrara mercados dispuestos a absorber sus excedentes en condiciones favorables. Libres de la traba de la presión negativa externa, las fuerzas propulsoras de la economía comenzaron a desenvolverse con el impulso de los tiempos de bonanza. Se reanudó la afluencia de recursos de corto plazo para el acopio y la exportación de productos primarios. Pero a diferencia de lo ocurrido en 1885, en que el flujo de capitales que se radicó en el país fue el gran factor de la reactivación, en esta ocasión, el mejoramiento sostenido de los precios y de la demanda externa de productos básicos fue la fuerza que empujó el proceso.

Los precios de los bienes de exportación subieron a un ritmo más rápido que los de los productos importados, con lo que la economía nacional entró en una fase de franca recuperación. El proceso fue igualmente diferente. Mientras que en 1885 la afluencia de capitales restauró en un corto plazo la liquidez de la plaza y el equilibrio de la balanza de pagos, y facilitó, además, la iniciación de explotaciones nuevas que expandieron la capacidad productiva del país, en esta ocasión, la recuperación fue progresiva y no instantánea. Reactivó la capacidad instalada, pero no indujo su expansión significativa como en 1885. Sus efectos mayores no se hicieron efectivos hasta la recuperación de los cultivos, el levantamiento de las cosechas nuevas y el ulterior incremento de las exportaciones. Paulatinamente se intensificó el financiamiento externo de corto plazo a las importaciones y exportaciones. El comercio exterior se expandió progresivamente. Pero no todo fue auge y abundancia. Después de una intensa crisis quedaba mucho por liquidar y reconstruir. Particularmente quedaron como secuela de difícil solución, el dislocamiento del sistema monetario y las agudas dificultades fiscales. No hubo esta vez la afluencia masiva de numerario y de recursos nuevos a las arcas fiscales.

            La reactivación de la producción originó la necesidad de financiamientos inmediatos para capital de trabajo en las distintas esferas. Los recursos externos que afluían al país no eran suficientes para satisfacer toda la demanda. En la ausencia de los bancos emisores, el ingreso de capitales no tuvo el efecto multiplicador sobre el circulante interno. La cuantía de los medios de pago resultaba insuficiente aun para facilitar las transacciones en expansión. El costo del dinero en el mercado local era elevado.

 

 

            EL REPLANTEO MONETARIO

 

Bajo la presión de esas necesidades, el tema monetario cobró vigencia, y fue motivo de intenso debate. Hasta ese entonces el papel moneda era considerado un mero substituto temporal de la moneda metálica, a la que se estimaba como la única y verdadera moneda. La moneda de papel sólo resultaba aceptable cuando su valor tenía una relación fija y estable con la moneda metálica, y podía ser, además, convertible a su presentación. Para asegurar su convertibilidad, el papel moneda debía ser emitido por bancos privados, de modo a evitar las interferencias y presiones de los intereses y necesidades fiscales. El sistema de papel moneda inconvertible que arrastraba el país era considerado transitorio, de emergencia, y tenía que ser reemplazado lo antes posible por un régimen de moneda convertible, que se consideraba el más adecuado para las necesidades del comercio y las actividades económicas en general.

            En esas circunstancias, surge y prolifera en el país una corriente de pensamiento que fundamenta el uso del papel moneda como sistema monetario permanente, y como el medio más eficaz para el financiamiento de la producción. Su principal expositor fue el Dr. Ramón Olascoaga, Profesor de Economía de la Universidad Nacional, y Director de uno de los bancos de la plaza. De sus conferencias y artículos resumimos a continuación los aspectos salientes de su nuevo enfoque de la cuestión monetaria.32

            "El régimen monetario no es causa sino efecto de las condiciones económicas de un país. Cada país debe mantener un sistema monetario propio, de acuerdo con sus necesidades y con sus posibilidades, la moneda metálica sólo es posible en los pueblos que se basten a sí mismos, por contar con el capital necesario para mantener ese lujo. Los países nuevos que no son productores de metales preciosos o que estén estancados en su desarrollo industrial, no pueden contar con un régimen monetario de metal fino, como no sea transitoriamente y sostenido por medios artificiales.

            "Cuando un país carece de capital bastante para el aprovechamiento de sus fuerzas y elementos productivos, por hallarse en el período de crecimiento, tiene que recurrir forzosamente al papel moneda, para no quedar estancado y para progresar con rapidez. El papel moneda, cuya emisión esté ajustada a las leyes científicas, es el instrumento más perfecto para desempeñar las funciones monetarias y uno de los factores más importantes para el progreso económico.

            "La moneda de papel puede servir exactamente lo mismo que la moneda metálica, y tal vez con alguna ventaja para la función del cambio, a la cual responde la existencia de este bien económico. El papel es un instrumento más perfecto, más ventajoso que el metal fino para servir de moneda, y que es, a más, el único posible en los países nuevos si éstos han de alcanzar un desenvolvimiento rápido de su riqueza.

            "Para regular la cantidad de moneda con dicho objeto, el Estado debe reservarse su acuñación o emisión, declarando de curso legal exclusivamente la moneda por él emitida, y emplear la moneda signo en lugar de la moneda mercancía. Así se tiene una moneda nacional propia, exclusiva y única, que se lanza o retira de la circulación según convenga para conservar la estabilidad de su valor. Para regular la circulación interior se debe tomar como norma el curso del giro exterior, de tal suerte que cuando éste sea desfavorable; se prescinda en absoluto de toda emisión, y se trate por los medios oportunos de rectificarla, y cuando el cambio sea favorable, entonces se vaya emitiendo gradualmente conforme sea necesario para mantener la normalidad de la circulación, que también puede alterarse por la escasez de moneda.

            "Para la administración de la emisión monetaria, el Estado debe crear una institución de crédito que facilite el papel moneda con garantías suficientes a interés módico y exclusivamente para fomento de la producción nacional.

            "El banco pondría en circulación la moneda de papel, prestándola contra garantías, esto es mediante el contravalor correspondiente, pues se trata no de dar al que no tiene, sino facilitar el movimiento de las riquezas nacionales, convirtiendo en capital circulante el capital fijo representado por el suelo, edificios, maquinarias, etc.

            "La emisión de papel moneda en esas condiciones daría un impulso rápido y sólido a la riqueza nacional, porque una gran parte de ésta que estuviera inerte, se pondría en movimiento y se convertiría en capital, en el sentido propio que en el tecnicismo económico tiene esta palabra".

            El planteamiento de Olascoaga tuvo un impacto inmediato. Por una parte los grandes propietarios de tierras (madereros, yerbateros y ganaderos) y el comercio de exportación le dieron una calurosa acogida. Por otra, el comercio importador y los grupos de intereses a él vinculados iniciaron una activa resistencia. Se formaron así dos corrientes de opinión fuera de la esfera oficial. Una emisionista y otra antiemisionista. Esta polarización de posiciones era una cuestión de intereses, antes que una materia de principios o de teorías económicas.

            Los grandes propietarios, dedicados en su mayoría a la producción de bienes de exportación, necesitaban de más capital de trabajo para intensificar la explotación de sus vastos patrimonios territoriales. No les preocupaba la posible depreciación cambiaria que la expansión monetaria podría originar. Por el contrario, la desvalorización del papel moneda trasladaba la distribución del ingreso real en favor de sus intereses. Incrementaba, en términos de la moneda local, el precio y el producto de los bienes exportables. Como los precios externos se mantenían fijos o en aumento, la elevación del cambio aumentaba el rendimiento en moneda local de una producción dada de bienes de exportación, en tanto que disminuía sus costos reales. Al mismo tiempo, el endeudamiento en moneda nacional les permitía cancelar sus vencimientos en moneda local en su valor nominal, a un costo real o de productos considerablemente menor. Pero nadie mencionaba estos beneficios ni esos intereses. Sólo se hablaba del aumento de la producción, el incremento de las exportaciones y de la mayor oferta de oro que se produciría.

            Por el contrario, los importadores veían con horror las perspectivas de deterioro del cambio y la expansión monetaria. La depreciación monetaria erosionaba sus ingresos y sus ganancias, y encarecía en términos de la moneda local el valor de sus obligaciones con el exterior y el costo de reposición de sus inventarios. Pero tampoco mencionaban abiertamente estas preocupaciones. Destacaban la elevación interna de los precios y el encarecimiento de la vida que las emisiones producían. Atribuían la depreciación constante o intermitente del papel moneda al déficit fiscal, al exceso de la emisión fiduciaria y a la escasez de la producción interna con relación al consumo.

            "La emisión, decían, produce una inflación general en el mercado; esta inflación produce inmediatamente el aumento del consumo, vale decir, exceso de importación, y como la producción sigue la misma, esto es, la exportación, resulta al final, un saldo en contra del país, origen, causa y motivo de nuestros males económicos".33

            Adicionalmente, en los círculos políticos y parlamentarios se pedía continuamente la expansión del gasto para iniciar o terminar diversas obras públicas, aun cuando no hubiera recursos suficientes para su financiamiento.

            En ese marco de confrontación de intereses y de ideas, primaron nuevamente los emisionistas. El argumento del aumento posible de la producción y de la mayor oferta de oro a través del incremento de las exportaciones, tenía un peso mayor. Por Ley N° 48, del 6 de octubre de 1896, se autorizó a la Tesorería a emitir, en cinco años, ocho millones de pesos fuertes que debían distribuirse de la siguiente manera:

            - Al Banco Agrícola, $ 4.500.000 para créditos de producción, y para préstamos a particulares con garantías hipotecarias de propiedades rurales y urbanas;

            - Para obras públicas y fundación de pueblos, $ 2.000.000;

            - Para necesidades del presupuesto, $ 500.000.

            Pero esta vez, el triunfo emisionista fue sólo pasajero. La fuerte expansión crediticia para el fomento de la producción no pudo llevarse a cabo. A pesar de la facultad que le otorgó la ley, el Gobierno no pudo realizar toda la emisión autorizada. Hasta mediados de 1897 la emisión había sido aumentada en $ 2.185.000, cuando la presión de la crítica, las dificultades del comercio local y la suba intensa del cambio obligaron a una reformulación de las metas monetarias y a la adopción de medidas orientadas a lograr la convertibilidad.

            Para tal efecto, se resolvió primero centralizar la recaudación de todas las rentas destinadas a la conversión de los billetes. Por Ley Nº 18, del 29 de junio de 1897, se creó la Caja de Conversión, que recibiría y administraría esos recursos. Mientras se determinaba el tiempo y forma de la conversión, la Caja quedó facultada a emplear los fondos acumulados para comprar y vender oro sellado al solo objeto de evitar las fuertes y repentinas oscilaciones del cambio. Al mismo tiempo, el 1° de julio siguiente, por Ley N° 19 se redujo el límite de la emisión a la cantidad de diez millones de pesos fuertes. El nuevo límite permitía una emisión adicional de sólo 2.815.000 pesos. De este monto se destinaron hasta $ 865.000, a cubrir atrasos del tesoro, y el saldo al financiamiento de diversas obras públicas, y al sostenimiento de las escuelas de artes y oficios y de agricultura. La emisión destinada al apoyo de los sectores productivos fue eliminada. Se presumía que la banca privada asumiría las necesidades de crédito de este sector.

            Con esas características salientes se desarrolló el período de reactivación que se inició a fines de 1895. El curso ascendente de las actividades productivas y comerciales se vio interrumpido sólo por la nueva crisis que se desató en el país en diciembre de 1899.

 

 

NOTAS

 

1Mensaje del Presidente de la República, 1889, p. 4.

2Mensaje del Presidente de la República, 1890, ps. 26 y 27.

3Memoria del Banco del Paraguay y del Río de la Plata, 1891. p. 3.

4ibíd., p. 3.

5ibíd. p. 3.

6Memoria del Ministerio de Hacienda, 1891, p. 2.

7 Mensaje del Presidente de la República. 1-891. p. 8.

8Memoria del ministerio de Hacienda, 1891, p. 2.

9Memorias del Ministerio de Hacienda, 1888/1892.

10El Banco de la Nación Argentina en su Cincuentenario. 1941, p. 159.

11H.S. Ferns. Gran Bretaña y la Argentina en el Siglo XIX. S. H. 1968, p. 436.

12Ferns. Ob. cit. p. 440.

13J.H. Williams. Argentina International Trade under Inconvertible Paper Money. AMS Press. N.Y., 1971, ps. 95 y 96.

14Ibíd., p. 96.

15El Banco de la Nación Argentina. Ob. Cit., p. 159.

16J. Akerman. Estructuras y Ciclos Económicos. Aguilar, 1962. ps. 345 y 346.

17Ibíd. ps. 339, 346 y 397.

18Ibíd., p. 347.

19R. Olarra Jiménez. Evolución Monetaria Argentina. EUDEBA. 1968, p. 54.

20H.S. Ferns. Ob. cit., p. 462.

21Plan Económico presentado por el Poder Ejecutivo. Colección de Leyes Especiales Sancionadas por el H. Congreso de la Nación. Tip. El Paraguayo, 1891, p. 3.

22Plan Económico cit., p.5

23Para el análisis de la evolución cambiaria, usaremos la serie compilada por L.A. Berthomier en su ya citada tesis.

24Ley del 1° de Octubre de 1892.

25Ver Braudel, Fernand. The Perspective of the World. H&P, N. Y., 1984, V. III. p. 240.

26M. W. Chaves. El Paraguay Ilustrado, 1918, p. 103.

27R. Zubizarreta. La Cuestión Monetaria, 1899.

28Mensajes Presidenciales y Memorias del Min. de Hda. 1894-1898.

29R. Olarra Jiménez. Evolución Monetaria Argentina. EUDEBA 1968. ps. 182 y 183.

30"La Democracia", julio 18 de 1892.

31Zubizarreta, Ob. cit.

32La síntesis que sigue ha sido extractada de dos publicaciones del Dr. Olascoaga: 1) El Comercio Internacional y la Moneda Nacional, 1895., y 2) Estudio sobre el Papel Moneda, 1901.

33F. R. Moreno. La Cuestión Monetaria en el Paraguay. 1902, p. 16.

 

 

FUENTE (ENLACE INTERNO) :

 

 

 HISTORIA ECONÓMICA DEL PARAGUAY

ESTRUCTURA Y DINAMICA DE LA ECONOMÍA NACIONAL

WASHINGTON ASHWELL

Tapa: LUIS VERÓN

CARLOS SCHAUMAN, Editor

Asunción – Paraguay. 1989 (388 páginas)

 

 

 

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