LA VOLUNTAD POPULAR TRAICIONADA

Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

alcibiades@abc.com.py

Nunca vamos a tener una democracia sólida con instituciones débiles. El caso del Poder Legislativo es una muestra de esa debilidad. Cada cinco años empeora la calidad intelectual y moral de sus miembros. Si esto sigue así acabaremos en otra dictadura porque los totalitarios de siempre viven a la pesca de cualquier ocasión para instalarse en el poder. Y subirán con el aplauso de la ciudadanía, harta de los políticos que desatienden las necesidades básicas del país. Están muy ocupados en proteger a sus colegas acusados por el Ministerio Público. Están dispuestos, luego del autoblindaje, a impedir que accione la justicia.

En ABC Color del lunes leímos: “Diputados de la ANR y del PLRA, en la última sesión, dieron un claro mensaje a la ciudadanía al ratificar el autoblindaje parlamentario y al manifestar que no darán curso a los pedidos de pérdida de investidura de Ulises Quintana (ANR, Añetete), Tomás Rivas (ANR, cartista) y Carlos Portillo (PLRA, efrainista)”.

Quintana está imputado por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos; Rivas, por abonar con dinero público a sus caseros, y Portillo, por tráfico de influencias. La fiscalía se ha documentado suficientemente para presentar su acusación, como corresponde.

Las razones para tener a los tres imputados atornillados a sus bancas son las siguientes: el colorado Freddy D´Ecclesis (Añetete), dijo que “absolutamente no correspondía la pérdida de investidura de Quintana, porque ha hecho un gran trabajo y sacrificio para ocupar una banca representando la voluntad popular de Alto Paraná”. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derlis Maidana (ANR, cartista), dijo que Rivas “fue electo por 53.000 votos y por el capricho de algunos no se debe meter a todos en una misma bolsa, ya que es el pueblo el que quita y pone el cargo”. Basilio “Bachi” Núñez, líder de la bancada cartista, expresó: “Nosotros sostenemos su principio de inocencia, el apoyo de esta bancada para el colega y amigo (Rivas), y que defiende su proceso en la independencia de los Poderes”. Rodrigo Blanco, diputado del PLRA (efrainista), en defensa de Portillo dijo que “el artículo 201 de la Constitución Nacional no establece que puedan juzgarse a sí mismos y dijo que desde el Congreso (se está) ‘dinamitando’ la elección popular”.

Las transcripciones copiadas hasta aquí coinciden con la postura democrática, republicana, principista, libertaria de los diputados defensores de sus colegas. Se alzan unánimes en favor del respeto a la voluntad popular. Ni Thomas Jefferson (diputado estadounidense del siglo XVIII y uno de los autores de la Declaración de Independencia de EE.UU.) fue tan devoto de la voluntad soberana del pueblo.

Pero hay un problema en el planteamiento de nuestros entusiastas diputados. Es cierto, Quintana, Rivas y Portillo ganaron las elecciones para hacerse acreedores de representar a sus respectivos departamentos. ¿Y cómo salieron triunfantes? Como salen todos los parlamentarios electos: con promesas de trabajar por su comunidad, hacerla próspera, luchar contra la corrupción, trabajar porque cada día los pobres sean menos pobres, elevar la educación, salud y empleo. Estas promesas, por sí solas, no alcanzan para ganar unos comicios. Tienen que estar respaldadas por mucho dinero que los candidatos, en la mayoría de los casos, no lo tienen. Pero no es un obstáculo. Hay un financista, o un grupo de financistas, que les proveerán de lo necesario. Quienes más dinero tienen para estos gastos son los narcotraficantes. Y con el dinero, la necesidad de contar con defensores en el Poder Legislativo.

Son naturales las promesas de trabajo y honestidad. Nadie, en su sano juicio, hará su campaña proselitista ofreciendo pobreza, injusticia, corrupción.

¿La voluntad popular? Sí, hay que respetarla. Pero no cuando en su nombre se estafa a los electores y se pisotea la Constitución Nacional, las leyes y la decencia. Se denigra y profana la voluntad popular cuando se la toma como un medio para delinquir.

Salvo una seria distorsión de la moral, nadie quiere un senador o diputado delincuente. Nadie quiere que el Parlamento sea una cueva de malhechores, un refugio para esconderse de la justicia. De ser así, se traiciona la voluntad popular y se denigra el juramento que se ha hecho en su nombre.

Fuente: ABC Color (Online)

www.abc.com.py

Sección: OPINIÓN

Domingo, 27 de Julio de 2019

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