Portal Guaraní - SOBRE LA MARCHA POR LA VIDA - Historia Social - Por HERMES RAMOS DÁVALOS

Mañana se cumplirán 30 años de la última gran movilización, brutalmente reprimida, contra el gobierno de Stroessner. Hoy, en la víspera de este aniversario, Hermes Ramos Dávalos reflexiona sobre la Marcha por la Vida del 10 de diciembre de 1988.

En diciembre de 1988, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles actuaron en consecuencia a la realidad nacional y decidieron que para celebrar el 40º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos debían realizar la «Marcha por la vida». La propaganda de este evento organizado por la Convergencia Nacional por los Derechos Humanos decía: «El 10 de diciembre, marchemos por la vida... Participá, sin vos no cambia nada».

Sin embargo, tal movilización implicaba una reacción del gobierno y de sus adláteres. Habiéndose notificado a la autoridad competente la intención de realizar el evento, la institución contestó:

«Ante la presentación al Ministerio del Interior de una nota en la que se informa sobre la intención de realizar una marcha pública, al término de la misa, el día sábado 10 de los corrientes a las 11.45 horas, desde la Catedral Metropolitana, hasta un local ubicado en Estrella esquina Chile de esta capital (1) y hallándose este Ministerio en conocimiento de que elementos agitadores y personas de conocida militancia y participación en movimientos y actos subversivos, que con frecuencia pretenden alterar el orden público y quebrantar el ambiente de paz que vive la República, intentarán en esa ocasión provocar disturbios y generar actos de violencia, el Ministerio del Interior comunica que se ha impartido las instrucciones pertinentes para impedir la realización de la referida marcha pública, conforme a disposiciones de la Constitución Nacional y las leyes referentes a la preservación del orden público, la seguridad de las personas y sus bienes y la prevención de delitos» (2).

El ministro Sabino A. Montanaro agregó que «se ha presentado un petitorio de una tal Convergencia Nacional por los Derechos Humanos que no sabemos quiénes son ni a quiénes representan, son nombres de políticos conocidos, fanáticos enemigos del Partido Colorado y del gobierno del presidente Stroessner» (3). «La marcha no se va a realizar, no se va a permitir. Le podemos asegurar eso. Tenemos los medios persuasivos para atajar» (4).

Ante esto, la Convergencia emitió un comunicado diciendo que el gobierno «fue ciego y sordo para entender el claro sentido de la nota. Las instrucciones del Ministerio del Interior para impedir la marcha constituyen de hecho un acto de violencia contra la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional. La comunicación del Ministerio del Interior de que se han impartido las instrucciones pertinentes para impedir la realización de la Marcha por la vida se fundamenta en argumentos falsos. De efectivizarse “las instrucciones” dadas por el Ministerio del Interior, hacemos responsable al Gobierno por la violencia y los daños que en consecuencia sufran los pacíficos ciudadanos que marcharán ese día. Nos reafirmamos en la decisión de llevar adelante todos los actos programados para el día 10 de diciembre de 1988, en ejercicio de un legítimo derecho constitucional y en cumplimiento del insoslayable deber moral de defender la dignidad humana» (5). Miguel A. Saguier, uno de los organizadores de la marcha, explicó que «sencillamente nos dijeron que no conocían a la persona que suscribía la nota y que por ese motivo parecería que no le van a dar curso a esa presentación. Aparentemente solo pueden ejercer el derecho constitucional de peticionar a las autoridades personas que son conocidas por el señor ministro. Pero de cualquier forma, nosotros cumplimos con nuestro propósito de dejar en claro que esta marcha es una marcha legal, pacífica, con fines lícitos». A pesar de la falta de autorización, la Convergencia decidió continuar con el plan de la marcha.

Se asumieron las posiciones y la confrontación pasaría de la retórica a lo físico. Con el objeto de preservar el orden y defender la paz en la República, las fuerzas policiales procedieron a la detención de referentes de la oposición. El 6 de diciembre, la Policía impide el acceso al Centro Cultural Juan de Salazar, donde iba a proyectarse un video sobre manifestaciones populares de 1986 y 1987 (6), proyección auspiciada por la Coordinadora de Entidades de Derechos Humanos del Paraguay. Fueron detenidos Ligia Prieto de Centurión, Darío Portillo, Domingo Laíno, Juan Manuel Benítez Florentín, Elsa Mereles y Luis Guanes. La medida también alcanzó a Armando y María Ligia Centurión Prieto, hijos de Ligia Prieto, en el Cuartel Central de la Policía, al que fueron a interesarse por los detenidos. Al día siguiente, en Caacupé se detuvo a Óscar Acosta, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay y corresponsal de Radio Cáritas.

Requerido por las detenciones, el entonces ministro de Justicia y Trabajo, J. Eugenio Jacquet, contestó: «Estas personas están detenidas por alteración al orden público, en preparación de un acto provocativo que no tiene razón alguna y con un planteamiento equivocado en cuanto a sus actividades». Sobre los periodistas Óscar Acosta y Edilberto Vargas: «también son cabecillas, están involucrados en esto. Los hemos recogido a todos de tal suerte que el cuerpo sin la cabeza entonces no funcione. Yo creo que serán liberados mañana o pasado mañana, pero hay que atender bien que el cuerpo sin la cabeza no anda» (7). Se llegó al día 10 con un total de 35 detenidos (8); los varones se encontraban en la Guardia de Seguridad, y las mujeres fueron destinadas a la Comisaría 12ª.

El sábado 10 la Policía acordonó la zona de la Catedral metropolitana, impidiendo el acceso a la iglesia. Aun así, la misa se realizó, con presencia de pocos sacerdotes y religiosas. Ante esto, y a fin de evitar la contención policial, la movilización consistió en concentraciones simultáneas en diferentes puntos del centro de la ciudad, compuestas por ciudadanos citados a cierta hora, que se agruparon repentinamente. Sin embargo, la represión no se pudo evitar y se registró violencia entre la Policía y los manifestantes en Independencia Nacional y Presidente Franco, Tacuary y Herrera, Yegros y Fulgencio R. Moreno, Nuestra Señora de la Asunción y General Díaz, Manuel Domínguez y Yegros, y en las plazas de la Independencia y de los Héroes. Los medios de la época señalan que las manifestaciones fueron secundadas espontáneamente por la ciudadanía. Al final de la jornada se registraron más de treinta detenidos; los últimos tres fueron liberados el 23 de diciembre.

En los días siguientes, la prensa publicaba distintos testimonios. Montanaro: «habíamos comprobado que se trataba de grupos totalmente desconocidos, grupos de gente que no milita o está en oposiciones irregulares; y porque estábamos seguros que se iba alterar el orden público, en defensa de la paz y la tranquilidad de la República, se evitó la realización de esa marcha, con lo cual el gobierno ganó, el pueblo paraguayo ganó y la sociedad paraguaya no corre el riesgo de peligro con motivo de la tentativa de la marcha» (9). Euclides Acevedo, por su parte: «ha sido un gran éxito, no solamente como un flash propagandístico, sino porque sobre todo los dirigentes pudieron comprobar el nivel de conciencia democrática que tiene la sociedad paraguaya. Se han constatado el espíritu de lucha y la gran solidaridad. En este caso se puede indicar que el éxito existió por medio de ese propio pueblo, de ese ciudadano a quien nos debemos y a quien debemos lo que somos. Sin ninguna duda el arco de solidaridad que se ha creado ha sido consecuencia de la competencia profesional e idoneidad de los medios de comunicación, lo cual refleja que sin un periodismo que refleje la realidad, va a ser muy difícil administrar el proceso histórico» (10). Intentada o consumada aquella marcha, treinta años después la podemos señalar como una elocuente muestra de unidad social en oposición al régimen cuyo final estaba cada vez más cerca.

(6) Se trataba del filme Proceso de cambio, producido por el Comité de Iglesias.

(8) Fueron presentados varios recursos de hábeas corpus en favor de los detenidos, entre quienes había políticos del PLRA, del PRF y del MOPOCO, y dirigentes gremiales y sociales.

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