YO COBRO, YO GASTO; VOS NADA

Por ILDE SILVERO

ilde@abc.com.py

Hasta la nueva fiscala general del Estado estuvo con camiseta negra marchando por las calles en manifestación de protesta. Decenas de empleados del Ministerio Público y del Poder Judicial están en pie de guerra porque el presupuesto actual les privó de usar la plata que recaudan en concepto de tasas judiciales. ¿Tienen razón o se están pasando de vivos? 

De acuerdo al sistema administrativo y tributario legal, todo el dinero que recaudan las instituciones públicas debe ser remitido al Ministerio de Hacienda que constituye la caja central adonde van a parar las tasas e impuestos de todo el país. En contrapartida, es el Ministerio de Hacienda la entidad encargada de proveer los fondos a todas las instituciones del Gobierno, tanto para pagar los salarios de los funcionarios como para cualquier tipo de gastos administrativos, inversión y de funcionamiento. 

Los principales entes recaudadores del Estado son las distintas aduanas ubicadas en las fronteras y la Subsecretaría de Estado de Tributación, que percibe el IVA, el IRP y otros diversos impuestos internos. Por eso, no es casualidad, por ejemplo, que haya tantos aduaneros “magos” que con sueldos modestos poseen residencias de lujo, estancias y autos de alta gama, ya que, evidentemente, se quedan con parte de los ingresos aduaneros. 

Teniendo en cuenta estas normas legales vigentes, no parece justo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se queden con todo lo que recaudan en concepto de tasas judiciales. Toda la plata que se cobra al público debe ser remitida a Hacienda y es este ministerio el que debe solventar los sueldos y gastos de todas las instituciones del Estado. 

Económicamente, la nación sería un caos si cada institución pública guardase para sí lo que recauda, pues entonces, los colegios, los centros de salud, la policía, las fuerzas armadas, los constructores de rutas, los parlamentarios y hasta el mismo presidente de la República se quedarían absolutamente en la calle, sin un guaraní para nada pues, habitualmente, no son entes recaudadores de impuestos. 

Parte del problema radica en que, por lo general, las instituciones recaudadoras albergan a muchos empleados que son especialistas en quedarse con una porción de la torta, además del sueldo que perciben, claro. Pero estos actos ilícitos no pueden constituirse en motivo o excusa para que aquellos funcionarios que cobran por determinados servicios a la ciudadanía quieran retener para sí lo recaudado. 

Esta objeción no significa menospreciar el trabajo que realizan los funcionarios del Ministerio Público ni del Poder Judicial, pero el principio constitucional de que todos los paraguayos somos iguales ante la ley debe primar en el presente caso. Su labor ya es remunerada con el sueldo, al igual que los maestros, los enfermeros, los médicos y todos los que trabajan para el Estado. Los funcionarios que protestan de negro no deberían recibir privilegios solo porque parte de su tarea diaria es cobrar tasas o impuestos.

Fuente: ABC Color

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Sección OPINIÓN

Domingo, 06 de Mayo de 2018

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