MANDU'A

Revista de la Construcción

Año XXXVII

N° 437

Septiembre 2019

Editorial

Traición a la patria, y punto

Cuando los funcionarios del Gobierno no defienden los intereses del país -lo cual es su responsabilidad y obligación ineludibles- en las instancias en que están en juego bienes que pertenecen a los ciudadanos y de los que depende su calidad de vida para los años venideros, eso tiene un solo nombre aunque se pretenda ignorarlo: Traición a la patria.

Podría argüirse que esa calificación es para épocas de guerra, o que solo atañe a la filtración de secretos de Estado, o que se refiere únicamente a cuestiones territoriales. No es, sin embargo, así. El espíritu de la figura de traición a la patria conlleva el valor supremo que en todas las instancias la defensa férrea de los intereses nacionales es la norma inequívoca. Ignorar, minimizar u olvidar ese parámetro de comportamiento es dejar de lado una lealtad esencial para salir en contra de lo más sagrado que posee una Nación.

Por ello, el episodio de las negociaciones sobre la contratación del uso de la energía de Itaipú con el Brasil en la que los representantes del Paraguay cedieron derechos reconocidos en documentos de contenido indubitable, solo puede ser calificado de ese modo: como traición a la patria.

Esa deslealtad que se concretó en la firma de un acta de contenido adverso para los intereses del Paraguay no tuvo principio y fin en el momento en que se celebró el acto para rubricar los papeles con lo acordado bilateralmente. Hay que mirar su contexto, su comienzo y desarrollo para comprender cuán grave fue la negligencia de los funcionarios del Estado.

Lo que llama poderosamente la atención y ha dado lugar a sospechas de toda clase es por qué razón, motivo o circunstancia el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez no dio a conocer el contenido del acta firmada el 24 de mayo de este año siendo que actos de esa naturaleza tienen carácter público. Si hubieran obrado con buena fe y tranquilidad de conciencia, con la certeza de que lo hecho salvaguardaba los intereses nacionales, los términos del acuerdo hubieran sido divulgados de manera inmediata.

El silencio no hubiera sido roto si es que el que fuera presidente de la Ande, ingeniero Pedro Ferreira, al percatarse de que los intereses del Paraguay eran traicionados y, sobre todo, al constatar que no había forma de evitar que en el futuro inmediato la Ande se viera obligada a elevar la tarifa del consumo de la electricidad para pagar los al menos 250 millones de dólares más que habrá que abonar por la potencia de energía contratada disminuyendo sensiblemente la adquisición de excedente de lo producido por las turbinas de Itaipú al muy conveniente precio de 6 dólares el kw/h, no hubiera denunciado la situación que se presentaba.

Lo que los malos negociadores alegan es que en esa contratación de potencia había desprolijidad al manejarse sin documentos firmados y que lo que ahora se iba a hacer era solamente acordar por escrito las reglas de juego. El problema, sin embargo, no estaba allí: lo que Brasil quiere es que Paraguay contrate una mayor potencia –pagando por supuesto más caro- y disminuya su compra de energía barata. Lo que ha salido a luz tras el escándalo demuestra esta verdad.

Llamativamente, los técnicos de la ANDE entendidos en la materia fueron marginados en las negociaciones al mantenerse éstos firmes en la necesidad de que Paraguay mantenga la ventaja histórica que venía obteniendo y entraron en escena los diplomáticos que se arrodillaron ante la postura brasileña.

Por cuerdas separadas aunque claramente vinculada a la negociación de la reserva de potencia, un abogado que representaba al vicepresidente de la República hacía gestiones e incluso conseguía información confidencial operando a favor de una firma brasileña vinculada al hijo del presidente brasileño Bolsonaro para la compra de energía paraguaya dentro del Brasil.

Lo evidente de ese trámite que quedó al desnudo a través de la divulgación de los mensajes de wasap intercambiados por los actores intervinientes en las conversaciones es que el verdadero intermediario de la operación era el vicepresidente de la República Hugo Velázquez. El inexperto y perdido leguleyo era nada más que su brazo largo en las gestiones.

Otro aspecto de este lamentable y triste entuerto es que a la hora de la verdad nadie asume la responsabilidad de haber sido el culpable de lo sucedido. El presidente y el vicepresidente de la República se lavaron las manos lo mismo que el ahora excanciller Luis Alberto Castiglioni y el resto de los intervinientes en la traición.

Ni el presidente Abdo Benítez, que es el jefe del Poder Ejecutivo y el jefe de la diplomacia, ni el vicepresidente de la República, que estuvo detrás de un turbio trámite, están libres de la sospecha de haber traicionado a la patria. De ninguna manera pueden alegar que desconocían lo que estaba ocurriendo en las negociaciones. Por lo tanto, el pedido de juicio político para ellos quedó plenamente justificado.

Fuente Digital:  Mandua.com.py (Online)

Registro:  Febrero 2021