Portal Guaraní - HITOS DEL BICENTENARIO - Por LINE BAREIRO, MABEL CAUSARANO, MARGARITA DURÁN ESTRAGÓ, VÍCTOR-JACINTO FLECHA, BARTOMEU MELIÁ, GUIDO RODRÍGUEZ ALCALÁ

El Decreto del 7 de octubre, del Presidente Carlos Antonio López - Bartomeu Meliá, s .j.

La fundación del Colegio Nacional de la Capital - Margarita Durán Estragó

Fundación del Partido Liberal - y del Partido Colorado. - Line Bareiro

Sanción y promulgación de la ley de derechos políticos de las mujeres o conquista del voto femenino - Line Bareiro

El derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner - Line Bareiro

La primera constitución democrática de la historia del Paraguay, por su origen, procedimientos y resultados - Line Bareiro

La descentralización político-administrativa del Estado - Mabel Causarano

La conmemoración de los 200 años de la Independencia Nacional del Paraguay no es un hecho en sí mismo, sino tiene perspectivas de aportar esfuerzos a la tarea continua y permanente de construir la Patria, que no acaba en un período ni puede ser abarcada por una o varias generaciones.

La Comisión Nacional del Bicentenario ha pretendido impulsar marcos de interpretaciones plurales que, instaladas fuera de toda pretensión maniqueísta y todo tenor dogmático de entender la historia, detecten pistas diversas para proponer rumbos concertados.

Dentro de esa perspectiva, el Comité Asesor de la Comisión Nacional del Bicentenario ha elaborado este material, con el propósito de difundir, especialmente en el sector estudiantil y juvenil, artículos que se refieren a hitos o momentos decisivos de la historia del Paraguay, sea por influencia positiva o negativa, en el proceso histórico, sean de carácter económico, político, social y cultural.

El Comité Asesor es consciente que estos hitos, si bien son considerados importantes, no son todos y que pueden existir otros que no figuran en esta publicación. Los artículos, en tanto que están firmados por sus autores, son de absoluta responsabilidad de los mismos.

La República paraguaya nació como Estado unitario y centralizado, y así se mantuvo por 181 años. La Constitución de 1992 sancionó un cambio radical en la estructura del Estado, al establecer la descentralización político-administrativa, en el marco de un Estado social de derecho, de carácter unitario. Los constituyentes expresaron la voluntad de distribuir territorialmente el poder mediante la elección popular de los gobiernos departamentales y municipales.

La condición unitaria exige la presencia de un único centro de poder político que actúa sobre la totalidad del territorio; un solo Poder Legislativo, cuyas leyes rigen para todo el país, y un solo Poder Judicial, cuya jurisdicción tiene alcance nacional. La centralización implica un único centro de poder, que concentra las competencias y funciones relativas a la administración del Estado, del cual emanan todas las decisiones de políticas públicas.

Conservando la condición unitaria del Estado, la Constitución de 1992 introdujo, entre otras reformas, la descentralización político-administrativa y con ella una nueva manera de gobernar el territorio.

La voluntad del legislador fue transferir el poder político y los recursos correspondientes a entidades que gozaran de autonomía política y autarquía en la gestión presupuestaria. Para el caso paraguayo, a las gobernaciones departamentales -creadas ad hoc como instancias articuladoras- y a las municipalidades, que existían como entidades autónomas, pero que fueron cooptadas como instrumento del poder político central durante el régimen dictatorial de Stroessner.

La descentralización no se limita a la distribución del poder político ni a la mera transferencia de recursos, lo cual podría realizarse con simples medidas de desconcentración administrativa. Para que resupe efectiva y fortalezca el proceso democrático, los entes descentralizados deben estar capacitados para asumir las responsabilidades inherentes a la autonomía política, de modo que ésta cumpla el cometido de actuar como factor de desarrollo local y departamental. En efecto, la descentralización despliega su potencial movilizador de los recursos locales -humanos, socioculturales, económicos- cuando convergen

las energías sociales en un proyecto político de cambio y el respectivo gobierno tiene capacidad para impulsarlo.

Una vez descentralizado, el Estado nacional debe seguir desempeñando funciones para que las diferencias territoriales no se conviertan en desigualdades generadoras de inequidades; entre ellas, asignar recursos para fortalecer a los niveles descentralizados y compensarlos por los servicios que, eventualmente, prestasen municipios y departamentos a favor del desarrollo del país, como es el caso de las áreas afectadas por el embalse de las represas hidroeléctricas.

El centralismo estatal, vigente desde el período colonial, influyó en la práctica política y modeló los patrones culturales, dejando huellas profundas en la relación entre el Estado y la sociedad. La descentralización se aplicó a un país con fuertes desequilibrios territoriales entre las dos regiones geográficas y al interior de las mismas, que aún se expresan en la dispar distribución de la población, la asimetría en la accesibilidad a los servicios básicos, en la disponibilidad de infraestructura de comunicación y en la generación de fuentes de trabajo.

Sin embargo, el Estado nacional no acompañó el proceso mediante políticas públicas que disminuyeran las brechas territoriales. Transcurridos 18 años de ejercicio de la descentralización, los desequilibrios no han desaparecido. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, el 57% de la población total y el 84% de la población urbana nacional se concentra en las regiones metropolitanas de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, tendencia que se ha reforzado, en particular, en las dos primeras. Aún se mantienen departamentos de grandes extensiones, escasamente poblados; municipios expulsores y receptores de flujos de población joven. En 8 años, el Departamento Central aumentó su población cerca del 50'%.

En el departamento de Itapúa, dos de los municipios con el mayor PIB per cápita del país comparten sus límites administrativos con dos de los que presentan el PIB per cápita mas bajo. Los nuevos municipios creados en las zonas fronterizas, donde se expande la agricultura mecanizada, prosperan como centros urbanos abastecedores de insumos y prestadores de servicios del hinterland rural, mientras que las localidades dedicadas al modo de producción agrícola tradicional involucionan y decaen.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 registró un cambio demográfico histórico: la población urbana superó en un 2.5 % a la rural, situación que había sido vivida por la mayoría de los países del subcontinente en las décadas anteriores. La tendencia se seguiría reforzando en los años siguientes, si bien, en la actualidad, el porcentaje de personas que viven en las ciudades sigue siendo menor que el promedio en América Latina.

Aunque tardío, el proceso de urbanización trajo consigo numerosos cambios, al igual que oportunidades y amenazas, que se expresan en los planos social, político y cultural, algunos de los cuales se señalan a continuación.

La urbanización ofrece nuevas oportunidades en lo social, político y cultural. Las movilizaciones en las ciudades visibilizan las demandas sociales, a nivel del gobierno y de los ciudadanos, a través de colectivos de mujeres, de jóvenes, de adultos mayores. La dinámica urbana densifica la red de relaciones interpersonales y ofrece la posibilidad de adscripción a grupos, a través de los cuales la persona encuentra o construye referencias identitarias, sentido de pertenencia, canaliza demandas y reivindicaciones.

Diversas organizaciones sociales están conformadas por inmigrantes provenientes de las áreas rurales, como los ocupantes de las zonas inundables, los pobladores de los bolsones de pobreza que reclaman el derecho a la vivienda digna. Comunidades indígenas se asientan en la Capital y su entorno metropolitano; agrupaciones campesinas organizan marchas, con lo cual la crisis social del campo se confronta con los flujos que marcan las realidades urbanas.

El acceso y la diversificación de las fuentes de información y de opciones políticas hacen del citadino una persona con mayor libertad para tomar decisiones en el momento de elegir a sus autoridades, sea en el ámbito de una organización civil o política, sea a nivel municipal, departamental o nacional. Estas nuevas condiciones han hecho posible que propuestas políticas emergentes resultaran victoriosas en la Capital y en el país, a pesar de que los grupos que las encabezaron no contaran con la estructura organizativa ni la capacidad económica de los partidos tradicionales.

La revolución informática induce nuevas conductas individuales y sociales: la telefonía celular e Internet han revolucionado las comunicaciones, se crean redes y comunidades virtuales que comparten prácticas, gustos y lenguajes. Las movilizaciones se facilitan e intensifican, al disminuir sensiblemente los tiempos anteriormente insumidos por la comunicación interpersonal y la organización de una manifestación.

El Estado se esfuerza para no quedar a la zaga de los avances tecnológicos que penetran en las familias, aun en las carenciadas, a través de los medios masivos y de las ofertas comerciales que aumentan la accesibilidad. Cambia el lenguaje: vocablos de la jerga globalizada se tornan de uso común para denominar nuevos bienes y servicios o para sustituir las denominaciones tradicionales.

Pero también, así como ofrece oportunidades, se visualizan amenazas, corno la pobreza, la fragmentación social o la inseguridad. Los cambios en la estructura de la población están siendo acompañados por fenómenos sociales de fuerte impacto, como el aumento de la pobreza urbana, la violencia y la inseguridad, que amenazan la convivencia en las áreas más afectadas por las transformaciones físicas y sociales, impulsados por el aumento de la población que, en algunas ciudades del área metropolitana de Asunción, ha superado el 10% anual, la dispersión de las zonas residenciales que ocuparon suelos potencialmente productivos y la baja calidad de la oferta del transporte público, que induce la motorización privada, sea con automóviles o motocicletas y la pauperización de los estratos sociales más vulnerables.

Los principales centros urbanos paraguayos han asumido una imagen que combina referencias ¡cónicas de la globalización, como los centros comerciales, y la periferización extensiva, anodina y despersonalizada de los conjuntos habitacionales para los sectores de medianos y bajos recursos. La sensación de inseguridad marca el paisaje urbano, con la proliferación de muros enrejados, guardias armadas y barrios cerrados.

A la par que el país se abre al mercado internacional y a la penetración cultural que modela gustos y lenguajes, internamente se cierra y fragmenta en espacios privados, circundados por cercos visibles o intangibles que debilitan progresivamente la cohesión social.

Abogada y líder del movimiento feminista. Se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Asunción y de magister en Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg, República Federal de Alemania. Desde 1987 es una de las activistas de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) y en 1989 promovió la formación de DECIDAMOS, cumpliendo diversas funciones y la coordinación ejecutiva de la misma. Desarrolló una intensa actividad internacional. dirigiendo seminarios y presentando ponencias en diversos foros. Dio clases en la Universidad Técnica de Zúrich, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el Instituto de la Mujer de España y en la maestría de género de la Universidad de San Simón de Cochabamba. Fue consultora de la CEPAL, del PNUD, de UNIFEM, y de programas de ciudadanía activa de las mujeres de los gobiernos de Costa Rica y Chile. Posee numerosas publicaciones, asesoró y colaboró con numerosas instituciones y programas sociales en el Paraguay. En el 2010, fue electa como integrante delComité de expertas de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Arquitecta y doctora en Arquitectura por la Universidad de Roma. Docente universitaria de cursos de grado y de maestría, investigadora y analista de temas urbanos y territoriales, con numerosos libros y artículos publicados. Dirige grupos interdisciplinarios para la planificación y gestión del territorio. Es especialista en planificación urbana y territorial y consultora en fortalecimiento de procesos institucionales con enfoque sistémico.

Nació en Asunción en 1944, es licenciada en Historia (1967) y en Notariado (1984) por la UniversidadCatólica "Nuestra Señora de la Asunción". Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción (1991).

Docente, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Nacional. Miembro de Número de la Academia Paraguaya de la Historia, integrante de la Comisión de Arte Sacro de la Conferencia Episcopal Paraguaya y miembro del Comité Asesor de la Comisión Nacional del Bicentenario. Investigadora de planta del Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, más conocido como Archivo del Terror. Miembro de la Comisión del Bicentenario de la Corte Suprema de Justicia. Autora de numerosas publicaciones, fruto de sus investigaciones históricas en archivos nacionales y extranjeros.

Cultiva la poesía y el ensayo histórico y literario. Es un referente del análisis político y social y como tal ha publicado libros, artículos y ensayos en diarios y revistas especializadas del Paraguay y del extranjero. Realizó estudios universitarios en Sociología, Economía Política y Ciencias Políticas en instituciones superiores de varios países latinoamericanos y europeos como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Sede México) o en el lnstitut d'Hautes Etudes de l'Amerique Latine de I’Université de la Sorbonne, Paris III. Fue perseguido por la dictadura militar y vivió muchos años en exilio. Se le fue otorgada la Orden Nacional al Mérito en el grado de Comendador, por su desempeño intelectual y por su lucha por la Democracia en el Paraguay. Ocupó el cargo de Comisionado en la Comisión Verdad y Justicia, institución creada por el Estado paraguayo a instancia de la sociedad civil para la investigación de los crímenes y atropellos cometidos por el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Es miembro de la Asociación de Escritores del Paraguay y ocupa el cargo de secretario general del PEN Club del Paraguay. Es vicepresidente de la Fundación Augusto Roa Bastos.

Sacerdote Jesuita. Nació en Porreres, Mallorca, España, en 1932 Llegó al Paraguay en 1954 Se doctoró en Ciencias Religiosas en la Universidad de Strasbourg. Ha convivido con los Guaraníes de Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, participando de su vida, proyectos y luchas, en especial en la cuestión de territorio y educación indígena, no bilingüe. Fue presidente del Centro de Estudios Antropológicos y director de las revistas Estudios Paraguayos y Suplemento Antropológico. Ha publicado trabajos de etnografía, lingüística guaraní e historia social del Paraguay, así como ha editado varios libros de alfabetización en guaraní. Actualmente forma parte del grupo de investigadores del Centro de Posgrado e Investigación de la Universidad Católica.

Estudió Derecho en Asunción y luego Literatura y Filosofía en los Estados Unidos y Alemania. Publicó libros de poesía, narrativa y ensayo. Su interés principal es la relación entre la historia y la literatura. En el terreno del ensayo se han destacado sus libros Ideología Autoritaria (1987) y Justicia Penal de Francia (1986), que constituyen una crítica del revisionismo histórico impuesto por la dictadura de Stroessner. Se desempeñó, además como traductor, docente y periodista de varios periódicos de nuestro país.

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