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CARLOS MATEO BALMELLI

  ITAIPÚ – CÓMO GESTIONAR LA ENERGÍA - Ensayo de CARLOS MATEO BALMELLI


ITAIPÚ – CÓMO GESTIONAR LA ENERGÍA - Ensayo de CARLOS MATEO BALMELLI

ITAIPÚ – CÓMO GESTIONAR LA ENERGÍA

TOMO II

Ensayo de CARLOS MATEO BALMELLI

 

© Carlos Mateo Balmelli, 2011

© De esta edición:

Santillana S.A., 2012

Avenida Venezuela 276

www.prisaediciones.com/py

Dirección editorial: María José Peralta

Edición: Diego Tomasi

Diseño de cubierta: José María Ferreira

Fotografía de cubierta: Fernando Allen

ISBN: 978-99967-642-4-0

Impreso en Paraguay.

Printed in Paraguay

Primera edición de 4 tomos: mayo de 2012

 

Quedan prohibidos la reproducción total o parcial,

el registro o la transmisión por cualquier medio

de recuperación de información,

sin permiso previo por escrito de Santillana S.A.

 

INTRODUCCIÓN A LOS 4 TOMOS

Itaipú es el proyecto hidroeléctrico que más energía produce en el planeta, pero no es solo eso. Es un símbolo de la relación de fuerzas entre los países sudamericanos, y es también una causa nacional para los pueblos de Paraguay y Brasil. Durante dieciséis meses, Carlos Mateo Balmelli fue director paraguayo de la entidad binacional Itaipú. En ese período, vivió de cerca la complejidad de los procesos de cambio, acercó las posiciones de los dos países y, al mismo tiempo, se desencantó del rumbo actual de la conducción política en su tierra.

Itaipú, una reflexión ético política sobre el poder es un análisis profundo y documentado sobre el funcionamiento de una re-presa fundamental para el continente. Es, además, un debate sobre la práctica política, las relaciones internacionales y el lugar de Paraguay y Brasil en la región. Y, fundamentalmente, es el relato en primera persona de un protagonista de los esfuerzos realizados por lograr un ejercicio del poder más responsable y más honesto.

Esta nueva edición de Itaipú, una reflexión ético-política sobre el poder se publica en cuatro volúmenes (Un funcionario en tiempos de Lugo, Cómo gestionar la energía, Hacia la igualdad energética y Una extraña destitución), cada uno con un enfoque diferente sobre la problemática de la represa, y sobre las percepciones (y las acciones) de Carlos Mateo Balmelli acerca de un tema que es, para todo Paraguay, una causa nacional.

 

 

 

ÍNDICE

 

Las aguas bajan turbias.

El poder desde adentro.

La batalla contra la corrupción desde el sistema

La intervención de la justicia

El acoso judicial

La prepotencia del sistema

El triunfo del sistema

 

Brasil y Paraguay en el mundo: el problema de la energía

El contexto de la globalización

El softpower y el liderazgo brasileño

El papel de las energías renovables y la sustentabilidad del crecimiento económico

Optimización, seguridad y sustentabilidad energética

 

 

 

BRASIL Y PARAGUAY EN EL MUNDO: EL PROBLEMA DE LA ENERGÍA

 

         EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

 

         El sistema internacional de décadas pasadas reflejaba una tensión entre el derecho y la fuerza. Política y militarmente hablando, se configuró un mapa mundial en el que la preeminencia fáctica de algunos estados les permitía interpretar y aplicar normas jurídicas de acuerdo a sus intereses. La comunidad internacional tenía poco espacio para que criterios morales o categorías jurídicas relativas a los derechos humanos pudieran permear el sacrosanto principio de la soberanía absoluta de los estados.

         El mundo de ayer, en sus orígenes, estaba inspirado en la Paz de Westfalia de 1648, que establecía un sistema internacional competitivo en el que los Estados no reconocían las jurisdicciones de otras naciones. Territorio, jurisdicción y poder político se concentraban bajo la tutela del Estado-Nación. El no reconocimiento de la alteridad, entendida ésta como la existencia de otros sistemas jurídicos independientes del propio, sirvió de base jurídico-política para la configuración de un sistema internacional en el que los estados competían por acrecentar su poder y tener acceso a los recursos naturales prescindiendo de cualquier esquema de cooperación internacional.

         El solipsismo, en su versión más radical, respaldaba todas las acciones unilaterales de los actores políticos. La paz entre estos no pretendía la cooperación a través de la erosión del concepto de soberanía, sino todo lo contrario, porque expresaba el esfuerzo de los estados por buscar, no la supervivencia, sino la preeminencia de unos sobre otros. Este esquema sirvió de base para el mundo de entreguerras y empezó a diluirse al término de la Segunda Guerra Mundial.

         Sin querer establecer períodos en la historia, ni pretender desconocer elementos del mundo de hoy que ya existían en el mundo de ayer, se observa desde la década del ochenta un proceso más acelerado de transnacionalización de la economía, de las fuerzas sociales y de la tecnología, con énfasis en la comunicación. Este proceso reconoce su antecedente en la expansión de la economía capitalista. La globalización se entiende analizando la dinámica y la naturaleza expansiva del capitalismo. Se la puede definir como un estadio de la penetración capitalista y supone la instalación de modos de producción capitalistas que reemplazan formas pre-capitalistas. De igual manera, significa el cambio de la forma de producción extensiva por la intensiva.

         Esta etapa de la globalización es fecunda en fundamentos normativos que anteriormente no contaban con legitimidad en la sociedad internacional, como la superación del hermetismo jurídico, que no permitía la penetración de un sistema en otro.

         Un elemento que caracteriza la sociedad global es la lesión de las soberanías, que provoca la erosión jurídico-política de los estados. Estas nuevas circunstancias significan que la globalización está compuesta de factores que constituyen un orden mundial más complejo. Así, en lo político y militar sigue siendo jerarquizado. En lo social, estratificado. En lo económico, compuesto de interdependencias asimétricas. Y en lo cultural se expresa la tensión que se genera entre la tendencia homogenizante y la que exacerba la diversidad de identidades.

         La globalización es un estadio de la internacionalización que abarca todo el planeta y debe ser enfocada y tratada como un proceso multidimensional.

         Este proceso está impulsado por un conjunto de factores que van desde lo tecnológico a lo cultural y que crean un nuevo entorno estatal que socava las bases del Estado-Nación en su versión rígida y tradicional. Los procesos exógenos no logran abolir al Estado; lo que sí producen es una metamorfosis institucional que facilita la interconexión de los procesos globales con los nacionales. El concepto de soberanía pierde su rigidez y adquiere flexibilidad y dinamismo para responder aceleradamente a los nuevos estímulos externos. La globalización obliga al abandono de la visión estática de la soberanía por una que la reconceptualice y la vuelva funcional a los procesos globales. Esta redefinición de sus componentes jurídicos y políticos no conduce a la negación del poder del Estado-Nación. Amenaza su capacidad pero no la niega; lo que exige es que el poder nacional se reconstruya desde una nueva racionalidad jurídica y política.

         La metamorfosis del Estado-Nación y de la sociedad internacional obliga a recurrir a nuevos patrones de comportamiento que admiten el abandono de prácticas en las que se desnudan las relaciones de poder y se actúa de tal manera que resulta ventajoso para quien está en una situación de predominio poseer la fuerza, porque con ella se tiene el derecho.

         Como dijimos anteriormente, la globalización no significa la superación de un orden político jerarquizado y estratificado en lo social. El derecho invade estas áreas y se constituye en una instancia con capacidad de resolver conflictos que en el pasado se zanjaban con «la razón de la fuerza y no con la fuerza de la razón». Se precipita el tiempo en el que el margen del unilateralismo se empequeñece y se reduce la capacidad de las superpotencias de actuar en solitario. En la globalización disminuyen las posibilidades de que suceda aquello que Tucídides indicaba como un dato de la realidad política de la Antigüedad: que «el fuerte hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía». No queremos dar lugar a malas interpretaciones: aquí no se sostiene que hayan dejado de existir los ejecutores de la ley de la necesidad que, resguardándose en la razón de Estado, avasallan el derecho. No se está negando la importancia de la igualdad y la justicia que deben primar entre los estados. Lo que queremos señalar es que hay un espacio mayor para que se establezca una sociedad internacional en la que las relaciones fácticas de poder no invaliden el anhelo de justicia. Todavía constituye un imperativo para los países menos desarrollados seguir el mandato humanitario que recomienda: «no pudiendo hacer que el justo sea siempre fuerte, hay que empeñarse en hacer que el fuerte sea siempre justo».

         La complejidad de los procesos globales amerita que sean abordados desde un prototipo analítico de las relaciones internacionales. Ese análisis deberá descifrar las nuevas estructuras que acortan las distancias y abren las fronteras para que los procesos exógenos internalicen sus consecuencias en los ordenamientos nacionales. Una visión integral de la globalización requiere deshacerse de la perspectiva que considera que se trata de una opción ideológica neoliberal. La globalización debe ser comprendida como un estadio del desarrollo, formado por muchos y nuevos componentes que imponen una reflexión para elaborar una nueva agenda de las relaciones internacionales.

         La concepción de la globalización como el orden en el que el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político debe ser desestimada para comprender íntegramente los procesos globales. La ideología que establece el dominio del mercado sobre la política procede de una visión monocausal en la que el criterio economicista reduce la pluralidad dimensional de la globalización a una sola de sus dimensiones: la económica.

         La globalización significa un nuevo reto para el Estado-Nación, pero no apunta al final de la política, sino que indica que lo político, lo social, lo económico y lo ambiental han traspasado el marco referencial del Estado-Nación. En los procesos globales, los estados demuestran su incapacidad de atender y administrar por sí solos la problemática local, cuya solución es compartida con otro u otros estados.

         Con la globalización se abren vasos comunicantes entre las sociedades nacionales y aumentan la frecuencia y la intensidad de las interacciones entre los diversos ordenamientos locales. Los escenarios compartidos en los que interactúa un nuevo conjunto de actores terminan convirtiendo las fronteras en delimitaciones porosas a través de las cuales las sociedades establecen relaciones de interdependencia.

         La globalización pone en tela de juicio la autonomía y la capacidad de los estados. En algunos aspectos, las demandas de orden interno están en creciente aumento y aceleran la interdependencia, siendo ésta una de las razones endógenas que ponen en marcha los procesos de globalización. En la medida en que las sociedades sean parte de los procesos globales y la penetración capitalista sea más profunda, los grupos domésticos demandarán de los gobiernos capacidad, transparencia y legalidad. La insistencia en la visión de lo «global» se debe a que las características institucionales, políticas, culturales, económicas de una nación determinan la modalidad de inserción y hacen la diferencia de competitividad en la globalización. Es un imperativo que las democracias garanticen la continuidad institucional, que la gestión económica mantenga la estabilidad macroeconómica, que se observen las reglas del Estado de Derecho, que se favorezca la sustentabilidad de los recursos naturales.

         Presionado por las nuevas expectativas de las sociedades, el Estado adopta más funciones para atender la complejidad de la interdependencia. En esta situación crece la importancia de las estructuras estatales y de los mercados que asumen la función de estructurar la comunidad internacional.

         La arquitectura global permite que los estados y el mercado internacional interactúen para influenciar en la distribución de poder y de riqueza. El ordenamiento nacional debe racionalizar los procesos internos apuntalando la inserción de éstos en los globales. No se debe pensar que entre las sociedades interdependientes los mecanismos de cooperación emergen espontáneamente.

         A pesar de que la interdependencia certifica el agotamiento de los proyectos nacionales basados en el presupuesto de la autosuficiencia, no es menos cierto que los países que no se preparen para la «sociedad en red» establecerán relaciones de interdependencia en las cuales sus vulnerabilidades introducirán asimetrías.

         Estas razones sugieren la necesidad de una visión integral que tenga en cuenta que lo global condiciona lo local, y viceversa. Hay que construir una relación dinámica y creativa entre ambas dimensiones. Un mundo estructurado globalmente y desestructurado localmente en múltiples periferias. Lo local y lo global son realidades que, para ser comprendidas, no deben analizarse por separado, sino que deben ser vistas como realidades complementarias. Los procesos tienden a globalizarse, pero la administración de lo global encuentra su centro de gestión en lo local. «Los procesos se globalizan y la gestión se localiza».

         Las fuerzas destructivas que producen las mutaciones sociales demandan los esfuerzos y la imaginación de los creadores y no el veredicto de los jueces que imponen criterios para resolver los problemas con las fórmulas obsoletas del pasado caduco. Debemos dejar de lado los esquemas y neutralizar los efectos de las perspectivas del pensamiento reduccionista y poner el acento en la mayor complejidad de las interrelaciones entre el Estado y la sociedad. En sociedades en las cuales «todos están conectados pero ninguno bajo control», se evidencia con más rapidez la necesidad de cambios y se favorece que se precipiten las transformaciones necesarias o deseadas.

         Los procesos históricos son impulsados por una heterogeneidad de propósitos. Por lo tanto, no son lineales, y pueden ser regresivos. Motivados por esta preocupación, los ejecutores de las transformaciones estructurales deben ser receptivos a la necesidad de cambio y reaccionar con la sensibilidad adecuada para implantar razón y moral en los ordenamientos sociales que apuntalan su incorporación en los procesos globales. No se trata de moralizar la acción social como un fin en sí misma ni de endiosar a la razón. Aquí subrayamos la necesidad de que las sociedades cuenten con un proyecto de nación que les sirva para enfrentar la adversidad producto de la falta de orientación. Para Voltaire, «las revoluciones son peligrosas no cuando vuelan alto, sino cuando no saben hacia dónde vuelan».

         Las democracias deben aumentar la capacidad colectiva para influir en el futuro y mejorarlo. Las sociedades deben desarrollar la capacidad de adquirir y dominar las tecnologías y en particular las que son estratégicas y decisivas en cada periodo histórico. Esto va a definir en buena medida su destino.

         Toda sociedad es historia. Por tanto, esté condenada a transformarse, y los cambios sociales no son conducidos por factores externos, sino por fuerzas internas que interactúan con otros actores. De allí la necesidad de orientar las mutaciones sociales. La fuerza histórica es inmanente, y lo necesario está determinado por la contingencia del aquende y no por la especulación del allende.

         La historia per se no tiene sentido. Historia es búsqueda de sentido, es pretender ensanchar el horizonte y, desde la experiencia, instalar nuevas expectativas en la sociedad. Los elegidos para guiar los procesos históricos deben descifrar la realidad en la que se inserta su actuar, y hoy quizás más que nunca los líderes deben ser conscientes de que su capacidad de acción está limitada por las restricciones de su medio social.

         Conocer e incorporar conocimiento en los mecanismos de decisión es un imperativo para los gobernantes. Decidir sin haber ponderado las consecuencias de lo resuelto no es más que gobernar sin distinguir lo accesorio de lo principal, ni lo urgente de lo importante, y aumentando la incertidumbre del futuro. El conocimiento plasma la capacidad de una sociedad de transformarse, es decir, modela el contenido y la potencia social para darle una forma determinada.

         La globalización está poblada de amenazas y posibilidades. Por eso, las identidades y los intereses nacionales deben preservarse. El requisito para esto consiste en actuar, no como se quiere, sino como se necesita, desde una visión histórica que no nos convierta en huérfanos del pasado ni nos obligue a inventar el futuro.

         El contexto de la globalización se presenta habitado por excesivas y excitantes dificultades, pero al mismo tiempo ofrece oportunidades. Las naciones y sus dirigentes deben dimensionar que hay un juego de ocasiones entre el ordenamiento doméstico y el internacional. Depende de la pericia de los gobernantes conquistar el futuro para sus pueblos. El futuro no es de quien espera. Por el contrario, es de quien se prepara. Por esta razón se deben liderar racionalmente los procesos locales para aumentar la capacidad endógena de los ordenamientos nacionales.

         Podrán las naciones levantar su voluntad singular para regir dentro de ciertos límites su modalidad de inserción en el mundo. Aplicando los recursos a metas alcanzables y no apostando contra la realidad evitaremos que nuestro destina global se convierta en postergación y derrota.

         En un momento histórico en el que emergen paradigmas que diluyen la política y profetizan su desaparición frente a los mercados, las multinacionales, los sindicatos y el Internet, se observa en contraposición la realidad del presente que se rebela y no asimila la disolución del Estado, del gobierno y la política dentro de las tendencias globales de carácter social y económico. Daría la impresión de que estas pautas teóricas observan e interpretan los cambios atendiendo más a ideologismos que a la percepción de la realidad.

         Más que nunca, hoy se requieren modelos de pensamiento que anuncien el retorno de la política. La historia no llegó a su fin, y la política no se diluyó en el mercado. La historia sigue teniendo aspectos trágicos que hacen de la política la fuerza creadora del orden social. Será ésta el factor conspicuo que impida que los pueblos vivan embriagados por su fatalidad.

         Este período histórico de la internacionalización permitirá acceder a otra etapa del desarrollo, si desaprobamos por inoperante la característica pueril de los principiantes: el dogmatismo.

 

         EL SOFTPOWER Y EL LIDERAZGO BRASILEÑO

 

         La descripción de la transformación a la que está sometida la comunidad internacional permite arribar a la conclusión de que los anuncios del final de la historia y del reemplazo de la política por la economía resultaron no compadecerse con la realidad.

         Según Henry Kissinger, el período iniciado con el final de la Guerra Fría y el mundo bipolar abre un nuevo horizonte para nuevos entendimientos o partnerships basados en la consulta, la cooperación y la acción colectiva.

         La duración de los sistemas internacionales decrece. Nunca antes los integrantes de un orden mundial tuvieron la capacidad de interactuar y hacer que sus objetivos se combinasen tan rápido, tan profundamente, y alcanzasen consecuencias globales. La renegociación de Itaipú debe ser vista a la luz de los tiempos actuales, en los que se instala una agenda de temas que incluye la superación de las disputas geopolíticas, la integración energética, el aprovechamiento más racional de las aguas de los ríos, el cambio climático, la necesidad de energías renovables y el liderazgo brasileño en vías de consolidación.

         Ningún orden político anterior tuvo tantos centros de poder distribuidos por tantas regiones del planeta. En esta poliarquía se perfila un Brasil cuyo principal dilema de política exterior consistirá en ser un país líder en el mundo, con o sin Sudamérica.

         La globalización, como un estadio peculiar del proceso histórico de la humanidad, nos indica que nosotros no seremos testigos del fin de la historia, sino de cómo empieza de nuevo.

         El cambio de época obliga a que los estados reconduzcan sus relaciones construyendo canales de cooperación y coordinación. La actitud que propende al hermetismo jurídico, a la autarquía económica, al aislamiento político y a la actuación unilateral, poco o nada contribuye al progreso de las naciones.

         La modalidad de inserción de los países en los procesos globales se convierte así en el puente que deben cruzar las naciones para elevarse de un estadio del desarrollo hacia otro superior. De ahí que el rumbo correcto consista en acelerar y profundizar los procesos de interdependencia. Para ello, la arquitectura global desecha los acuerdos jurídico-políticos signados desde una situación de predominio; estas herramientas jurídicas no son aptas para arrancar todo el potencial de los recursos disponibles.

         El sistema de Westfalia perimió, caducó por no ser apto para responder a los desafíos de la globalización. El panorama global debe ser entendido como una unidad compuesta por subsistemas en los que corresponde a los liderazgos regionales asumir el compromiso de guiar y el costo que ello acarrea.

         Liderazgo significa impulsar la acción colectiva hacia metas compartidas y enfrentar la mayor responsabilidad en la provisión de recursos para el abastecimiento de bienes colectivos, como seguridad, comercio, infraestructura o medio ambiente.

         Para la comunidad internacional se vislumbra que, en Sudamérica, Brasil será el país que ocupará una posición de liderazgo en el mundo. La gobernabilidad global se perfila como una poliarquía con varios estados con capacidad de liderar en el centro y en la periferia. El proceso de distribución del poder en el nuevo orden señala la inviabilidad de un gobierno global y la necesidad de fuerzas regionales para la conformación de la gobernabilidad internacional.

         El sistema multipolar tiende a cambiar el esquema de hegemonía por el de liderazgo y a establecer entre los estados relaciones de sinergia fundadas en la igualdad jurídica.

         Brasil proyecta la imagen de un país que está en camino de convertirse, junto a China, India y Rusia, en un global player (jugador global), mas esto es insuficiente para ejercer el liderazgo regional. La imagen sirve para crear la percepción, no la convicción. El dilema de la política exterior brasileña consiste en probar que posee las destrezas para ejercer un liderazgo que le autorice a invocar la representación de Sudamérica en su condición de jugador global.

         Brasil trasmite la impresión de tener la voluntad de sentarse en la mesa de los grandes, y Sudamérica necesita estar representada entre los hacedores de la arquitectura global. El mundo percibe la vocación y la posibilidad de Brasil de convertirse en uno de los líderes mundiales.

         La política exterior de Brasil debe tener en cuenta, para consolidar su posición en el mundo, su apuesta a favor de Sudamérica, y esforzarse en la consolidación y en la perfección del sistema global multipolar. En este sentido, la ventaja de Brasil en comparación con otros países es que superó las disputas de liderazgo regional y, por sobre todas las cosas, los problemas derivados de la demarcación de límites, que hasta el presente son los más complicados y, difíciles de solucionar. Salvo la cuestión del Salto del Guairá, sus fronteras quedaron firmes en 1910, tras la exitosa política de límites del Barón de Rio Branco. Si bien es cierto que los procesos de integración diluyen las fronteras, no se puede afirmar que las hagan desaparecer.

         Comparativamente, otros países del mundo que emergen como líderes regionales están sometidos a amenazas y desafíos que Brasil no tiene. China continental sufre su temor de desmembramiento político y territorial. La reunificación con Taiwán despierta la desconfianza de Japón y Corea del Sur y el temor de la India. La India es correspondida con la misma desconfianza por China Continental, ya que su diferendo con Pakistán por disputas territoriales y por cuestiones religiosas estuvo en los últimos años al borde de resolverse militarmente. Rusia guarda buenas relaciones con algunos ex integrantes de la Unión Soviética, pero con otros la tensión y los desacuerdos se expresaron en conflictos armados que obligaron a la intervención militar rusa, como ocurrió en Chechenia. La situación de estos países y sus conflictos puede alcanzar una dimensión no convencional, puesto que poseen arsenal nuclear. Pero Brasil no corre esos riesgos.

         En la globalización no se ha logrado alcanzar un nivel de convivencia en el que el uso de la violencia sea considerado como un medio inapropiado para la solución de los conflictos internacionales; no obstante, el recurso de la fuerza, hoy en día, encuentra, en la expansión y en la profundización de la democracia, un obstáculo que lo desmerece y dificulta. Dos razones restringen la capacidad y la legitimidad de las intervenciones militares. Por una parte, en la democracia moderna no se propicia ni se alaba la ética del guerrero. De ahí que el uso de la fuerza militar no arropada con el derecho, más que nunca, requiera una justificación moral para garantizar el apoyo popular. Como le dijo Talleyrand a Napoleón, «con las bayonetas se puede hacer todo menos una cosa: sentarse sobre ellas». Por la otra, el uso de las fuerzas militares amenaza los objetivos económicos. Según Paul Samuelson, las economías, debido a la escasez, están sometidas a las fronteras de posibilidades de producción. Se produce entonces una dicotomía en la cual hay que elegir entre producir mantequilla o cañones.

         Brasil goza de una posición inmejorable para proyectarse dentro del nuevo escenario. No necesita invertir en su seguridad como los demás líderes emergentes. La percepción que se tiene de su liderazgo no procede de una especulación intelectual, sino de observar a un país que posee un territorio de dimensión continental, una población sin problemas raciales que se acerca a los doscientos millones de habitantes, una economía capaz de convertirse en la quinta del mundo, una matriz energética compuesta por un porcentaje elevado de energías renovables, un servicio exterior con renombre mundial y, de nuevo, sin disputas de liderazgos ni de límites con sus vecinos.

         Brasil está en una situación que le habilita a ejercer un liderazgo con una visión global secundada por la perspectiva del softpower (poder blando) y del multilateralismo. La hipotética opción de aislarse de la región, de construir un esquema hegemónico basado en el hardpower (poder duro), de retraerse del multilateralismo, no hará posible que este país supere sus vulnerabilidades. Una política exterior que combinara unilateralismo con arrogancia reflejaría un parroquianismo que conduciría a actuar desde la posición del aislamiento continental. Esta situación debilita a los países fuertes, y, en un mundo global e interdependiente, la política exterior brasileña erogará más recursos y consumirá mayores esfuerzos si ejerce su membrecía en la comunidad internacional sin Sudamérica. En definitiva, la política exterior de este país-continente debe llevar el sello regional para convertirlo en vocero y representante de un conjunto de países que, en la actualidad, carecen de gravitación internacional.

         A pesar de ser parte de la misma tradición cultural peninsular, la barrera idiomática entre el país lusitano y la América de habla española debe derribarse a través del conocimiento recíproco y la confianza. Quienes gobiernan las naciones sudamericanas hispanoparlantes deben entender a Brasil con sus matices regionales, su cultura de raíz afro-europea e indígena, sus ambiciones políticas y su ímpetu económico.

         De igual modo, el Brasil «potencia» y «destino» tiene que desalojar de sí el egocentrismo mental por el cual olvida su pertenencia regional. Un liderazgo brasileño seducido por aspiraciones planetarias y que no incorpore la categoría de lo regional terminará incitando un comportamiento internacional zigzagueante.

         El liderazgo brasileño debe reconocer como herramienta válida e irrenunciable el diálogo continental y dejar de lado cualquier tentación unilateralista. Además, le corresponde demostrar con actos que no puede vivir ensimismado, dando la espalda a Hispanoamérica. Brasil lleva demasiado tiempo volcado hacia dentro, interesado en ocupar su inmenso territorio. Sus debilidades internas le obligan a mirar el mundo a través de los ojos de Sudamérica. La proyección individual, en solitario, manteniendo de manera superficial las relaciones de buena vecindad, limitará su capacidad de incidir en los asuntos globales. La coyuntura es apropiada para ajustar detalles domésticos e internacionales que posibilitarán el ascenso de esta nación al lugar que le corresponde.

         Las naciones no son portadoras de un «destino manifiesto». Su porvenir se edifica con decisiones acertadas acompañadas del esfuerzo de los pueblos, y con una clara visión de hacia dónde ir. Los países no están llamados a cumplir una función específica en el proceso histórico de la humanidad, y cada uno se eleva por encima del horizonte de sus posibilidades cuando la acción colectiva es guiada con inteligencia e imaginación y sin prejuicios. En este sentido, Brasil cree en una superstición que constituye un obstáculo: que su ascenso al club de las naciones más poderosas del mundo es un hecho futuro inexorable. La confianza en uno mismo es un requisito imprescindible para moldear el liderazgo, pero a éste hay que darle forma y contenido para construir poder. El camino correcto para alcanzar esta finalidad implica un proceso de sinceramiento que revele las debilidades y las fortalezas de uno.

         En lo doméstico, Brasil debe enfrentar problemas que van desde la baja calidad de la educación hasta la falta de infraestructura. En materias como ciencia y tecnología no avanza con la rapidez de otros países. Esta es una cuestión previa para las economías que pretendan agregar mayor valor a su producción y ser competitivas. La clase dirigente brasileña debe reconocer el papel que jugaron en ella las materias primas en los últimos dieciséis años. Brasil debe diversificar su vocación económica, incorporar tecnología a la producción para garantizar calidad y precio y convertirse en una economía abierta y predispuesta a la competencia.

         En el plano internacional, no es conveniente para un liderazgo emergente asumir riesgos políticos al tratar de resolver grandes crisis internacionales. Mientras no esté consolidada la posición de Brasil en el mundo, el hecho de que este país ofrezca sus buenos oficios de intermediación en la crisis iraní y no obtenga los resultados buscados estará evidenciando las flaquezas de su liderazgo.

         Antes de pretender incidir, de manera determinante, en conflictos internacionales de mayor envergadura, Brasil deberá ejercer un liderato firme y dialogante para mediar en los conflictos que surgen en el propio continente. Por ejemplo, es notoria la ausencia brasileña en el conflicto colombiano-venezolano, o en la disputa argentino-uruguaya por las papeleras instaladas entre ambos países, o en el diferendo territorial entre Chile, Perú y Bolivia, o en la discordia entre Ecuador y Colombia por la intervención del ejército colombiano en el año 2008 en unas bases guerrilleras de las FARC en Ecuador.

         Brasil, en función de la actitud y del discurso que reivindica el derecho de igualdad de los países menos desarrollados, debe prestar mayor atención a los problemas sudamericanos, sin volver al «enclaustramiento continental» de las décadas pasadas, ni intervenir en los asuntos internos de otros países. Lo que se sugiere es una política exterior que se aparte de cualquier situación de predominio y que, consensuando valores e intereses, diseñe una acción colectiva que nos habilite a contar con la fuerza política requerida para corregir las inequidades de un mundo global jerarquizado política y militarmente y desigual en lo social y en lo económico.

         En el futuro habrá menos espacio para el discurso de la solidaridad. La globalidad instala estructuras agonales facilitadoras de la competencia y del traslado de poder.

         Los períodos de predominio de los estados se acortan y se estrecha el espacio del unilateralismo. Los estados nacionales seguirán siendo la base de la pirámide global, y deberán racionalizar sus ordenamientos domésticos más aceleradamente que en el pasado y entender un hecho incontrastable: al igual que en el mundo de ayer, las relaciones bilaterales y las alianzas regionales son de mayor utilidad en la política exterior que cualquier vaga vocación universalista.

         En las relaciones internacionales, los países con posibilidad de ejercer liderazgo deben tener bien presente en qué ocasión aplicarán el hardpower, y en cuál el softpower. La realidad nos indica que ambas formas de ejercer el poder se combinan y complementan, pero el interrogante de la política exterior es distinguir en qué situación su fundamento será el poder militar y económico, y cuándo favorecerá la actitud capaz de convencer sin hacer uso de la coerción.

         Los liderazgos responden a la necesidad social de fundar una comunidad de valores e intereses, balancear las responsabilidades y los beneficios y evitar el caos. La diferencia entre los liderazgos radica en la forma en la que un país líder siente sus prioridades y condiciona la agenda de los otros. Muchas son las formas de inducir, conducir e incidir en la conducta del otro. El abanico de posibilidades incluye una gama tan variada que va desde la amenaza del uso de la fuerza hasta la discriminación que arrastra a la imitación.

         El resultado de la combinación de las formas y el contenido de las políticas será determinante para definir el tipo de liderazgo, teniendo siempre presente la complementariedad del soft y del hard power y sin olvidar que el primero es poder solamente si se respalda y sustenta en el segundo.

         Reiniciando el debate concerniente a la consolidación del liderazgo brasileño, es pertinente señalar que la arrogancia e indiferencia hacia la opinión de otros, la visión estrecha de los intereses nacionales y la práctica del unilateralismo socavan la forma de liderazgo cimentado en el consenso. Por muchas razones, a Brasil le resulta más fácil ejercer un liderazgo abierto y pluralista, atendiendo a necesidades y reclamos, dialogando y consensuando. Esta forma de liderar favorecerá la edificación de un polo de poder en la periferia que transformará de eco en voz las exigencias de los menos desarrollados.

         Para insertarse en el contexto de la globalización, los países se ven obligados a reinventarse. El diseño de las políticas públicas que afectan al orden doméstico será elaborado teniendo en cuenta la incidencia de lo global. La actuación en el teatro internacional deberá considerar las consecuencias que acarrea la pertenencia al nuevo orden mundial. Las alianzas y las prioridades de cada país van a ir mudando en la medida en que se comprenda que la política exterior es una herramienta para la satisfacción de las demandas locales.

         Para explicar lo que estamos diciendo, el ejemplo de Estados Unidos es claro. Para este país, en lo económico y en lo comercial, en la actualidad, reviste más valor e importancia su política en el Pacífico con Asia que con su tradicional aliada Europa. La gravitación económica que va cobrando Asia (China, India, Corea del Sur, Indochina) hace que la única potencia con capacidad de actuar y tener presencia política y planetaria dedique mayor esfuerzo y recursos a atender sus prioridades y necesidades en el Pacífico. Este cambio de la política exterior norteamericana impone una nueva agenda para el Pacífico, que está condicionada por la capacidad que se tenga para reaccionar con flexibilidad y rapidez en esta área geoeconómica y geopolítica. Este espacio, en el que se intensifican las interacciones entre ambas costas del Pacífico, exige estar predispuestos a dejar de lado instituciones disfuncionales y a crear las necesarias para viabilizar y agilizar la interacción de aquellos que conforman esta zona geográfica, política y económica del mundo.

         En el contexto sudamericano, todos los países, en sus relaciones regionales, deberán estar preparados para encarar los cambios que requiera adaptarse a las nuevas exigencias del mundo global. Si el camino es fortalecer el multilateralismo, habrá que recurrir a un razonamiento que favorezca la construcción de nuevas instituciones.

         Admitir instituciones ya existentes o nuevas, que solo sirven de disfraz a un país líder para ocultar sus prácticas hegemónicas o tutelares, evidenciará que las mismas resultan superfluas o no aptas para la inserción de los países en los procesos globales. En este estadio, en el que se aceleran y profundizan las interdependencias, las instituciones en formación no pueden responder solamente a fines políticos. No se las puede crear pretendiendo lo que se quiso lograr con la OTAN: «mantener a los americanos en Europa, a los rusos afuera y a los alemanes separados». Priorizar la lógica política por sobre las necesidades económicas y sociales de la interdependencia es un instrumento al que no hay que recurrir, para impedir que se construyan instituciones para amurallar el continente, arrinconar a Chile y a Colombia y dejar a México afuera. La arquitectura institucional de Sudamérica debe edificarse identificando los intereses y respetando la pluralidad de las singularidades que integran el área.

         La construcción institucional regional puede resultar fácil debido a que no existen controversias de valoraciones o de naturaleza moral. El continente, en cuestiones culturales, presenta rasgos comunes. La labor consiste en identificar los intereses particulares, y la cristalización de las instituciones estará facilitada por el hecho de que no existen emociones nacionales encontradas. No es recomendable formar instituciones que desnuden el predominio del mandato de lo político sobre el imperativo de la justicia. En el Mercosur ya existe el Parlasur, por ejemplo, es decir que el Mercosur ya cuenta con su dimensión política. Por el contrario, los organismos jurisdiccionales, tan necesarios para la consolidación de un mercado común, se encuentran aún en estado incipiente.

         Si el sistema multilateral de posguerra se evidencia inservible ante los desafíos del presente por ser burocrático o no representativo, llegó el momento de proponer una nueva ingeniería institucional que tenga en cuenta las relaciones de poder, la canalización de los intereses económicos y sociales y la redefinición de los términos y contenidos de nuestra inserción en los procesos globales. La oferta tiende a remarcar que nuestras posibilidades de desarrollo están en ser parte de la globalización. «Ser libres en el mundo y no del mundo».

         Estos cambios deben ser acometidos con el conocimiento de que nuestros Estados integran las redes internacionales que permean las soberanías y restan capacidad a los gobiernos de monitorear y administrar los procesos internos. La construcción del andamiaje institucional se lleva a cabo en una situación en la que los costos de transmisión de la información han disminuido. La combinación de la computarización y de la comunicación cambia la naturaleza de los gobiernos y aumenta la importancia de los actores no estatales. La economía y las redes de comunicación han cambiado más rápido que los gobiernos, y en el futuro inmediato mutarán más aceleradamente que las estructuras gubernamentales. Las redes de comunicación restringen la capacidad gubernamental de control sobre los procesos sociales. Los gobiernos deben desarrollar una sensibilidad receptiva a la revolución informática. Es un dato de la realidad que las instituciones sociales se modifican más lentamente que la tecnología. Las nuevas formas de comunicación hacen que las burocracias públicas se atrincheren. Las organizaciones no gubernamentales ocupan espacios dentro de los estados nacionales sin tener en cuenta las fronteras.

         La velocidad de los cambios tecnológicos aumenta la importancia del softpower y hace que las fronteras sean porosas, más no irrelevantes. La vinculación entre el ordenamiento local y los procesos globales no se da solamente a través de la estructura del poder público, sino que los integrantes de la sociedad civil establecen, por mérito propio, comunicación entre ellos y se incorporan a los procesos globales sin mediación estatal. La globalización abre el escenario operacional a nuevos actores y hace que la comunicación sea más rápida, más barata y más profunda. La economía, generada en el conocimiento, produce externalidades que significan innovaciones tecnológicas. Las comunicaciones y sus costos abaratados disminuyen las distancias. A pesar de que se acrecienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad global, diferentes fenómenos culturales se resisten a la homogeneización. El aumento de la complejidad y la incertidumbre instala una dicotomía entre la necesidad que tiene el sistema interconectado de aumentar su capacidad de gobernar los procesos nacionales y globales y la disminución de su facultad de monitorearlos.

         Esta reflexión sobre el mundo global tiene el propósito de abrir los ojos de los que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de sus pueblos. La tarea de gobernar a nivel nacional e internacional es más compleja y controvertida que en el pasado. Los gobernantes deben dimensionar e inventariar las restricciones que enfrentan los convocados a tomar las decisiones que trazarán el nuevo horizonte de las naciones. Los estados con la vocación y la posibilidad de liderar deberán tener presentes estas nuevas circunstancias que señalan que, para construir poder, prestigio e influencia, los recursos militares, económicos y naturales son necesarios, pero no suficientes. Esto sucede en un mundo en el que, si bien es cierto que el softpower descansa en el hardpower, los liderazgos demandarán, para su ejercicio y consolidación, una alta dosis de legitimidad ideológica y ética.

 

         EL PAPEL DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA SUSTENTABILIDAD DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

 

         El proceso de profundización del capitalismo trae consigo la transnacionalización de las actividades económicas. Como ya dijimos, en este estadio de la internacionalización de la economía los modos de producción capitalistas se expanden, sustituyendo a los no capitalistas. Las relaciones de mercado se extienden de tal manera que impiden que las fronteras políticas puedan servir de factor de separación entre los mercados nacionales e internacionales.

         La utilización de la intermediación financiera en los intercambios comerciales, a través de las redes de comunicación, aumenta la gravitación del sector financiero sobre la economía real vinculada a la producción. De esta manera, se genera un sistema financiero global que, además de ofrecer una cantidad de subproductos financieros, ha demostrado ser un sector volátil, sin control, de consecuencias impredecibles. De igual forma, la fragilidad del sistema se expresa en el momento en el que se produce la crisis de un subsistema financiero nacional que puede llegar a contagiar a todo el sistema.

         Estos elementos y otros configuran el mundo global, que representa un estadio nuevo de la transnacionalización de las actividades económicas, sociales, culturales. La globalización y los procesos que la integran abarcan y tienen impacto sobre toda la geografía planetaria, y no existe en el planeta un área que no esté afectada por algún tipo de actividad que derive de los procesos de globalización.

         El crecimiento económico de las últimas décadas tiene un dinamismo que afecta la calidad y la cantidad de los recursos naturales. El modo de producción depredador y la intensificación de las actividades económicas están agotando los recursos medioambientales del planeta. Mantener esta pauta de crecimiento permitiendo que el progreso, a cada paso, provoque un pasivo ecológico, resta sustentabilidad al desarrollo humano. Los encargados de tomar decisiones en el mundo global, incluyendo tanto a los actores del sector público como los del sector privado, deben considerar que el deterioro del medio ambiente limita las posibilidades de crecimiento económico a mediano y largo plazo.

         Las fuerzas sociales, en un mundo globalizado, tienen que dirigir sus esfuerzos a diseñar un modelo de desarrollo en el que las capacidades instaladas coexistan con el medio ambiente. Se deben buscar soluciones pragmáticas y no dogmáticas que establezcan un equilibrio entre la economía y la ecología. Los recursos naturales no pueden ser considerados exclusivamente como un medio, porque su conservación constituye un fin en sí misma. Necesitamos dimensionar la variable ecológica para lograr un crecimiento económico y un desarrollo social sustentables. El compromiso consiste en buscar formas de producción amigables con la conservación de los recursos naturales.

         La agenda medioambiental debe ser instalada a nivel local e internacional con carácter prioritario. El desafío consiste en armonizar las necesidades del crecimiento económico con el imperativo de la conservación ambiental. Los actores de la economía productiva, de la sociedad civil y de los estados deben trabajar en conjunto. La meta propuesta demanda un esfuerzo compartido, lo que no significa sustituir las funciones propias del Estado y de los organismos internacionales. No se debe renunciar a lograr un acuerdo global legalmente vinculante que se funde en un paquete equilibrado de decisiones.

         El consenso global sobre los problemas medioambientales debe ser una herramienta para corregir los abusos ejecutados para aliviar las necesidades económicas en contra de la naturaleza. La consigna tampoco es dejarse seducir por la utopía del retorno al estado de naturaleza o el «neo-panteísmo», que considera al medio ambiente como un fin en sí mismo. Debemos abandonar este esquema y proyectar un desarrollo sostenible que armonice las necesidades de la economía con la preservación de la naturaleza. Esto no significa instalar pautas de desarrollo en las que prevalezca lo económico sobre lo ecológico. Se trata de buscar y alcanzar el equilibrio en el ecosistema, es decir, de crear un modelo que acelere la transición hacia una economía global con bajas emisiones de carbono, estimule la innovación tecnológica, refuerce el crecimiento sostenible, genere más empleos verdes y garantice una mayor seguridad energética.

         Desde una perspectiva que entienda que el planeta es propiedad de todos, debemos reconocer que somos parte de una civilización que, más que nunca, le declaró la guerra a la tierra. No existe justificación ética para no redefinir la relación entre el género humano y la naturaleza. El imperativo de la sustentabilidad global impone la necesidad de crear un arco de solidaridad entre la ecología y la economía. Estamos entrando en un período en el que las postergaciones han llegado a su final. Las consecuencias de haber vivido sin reconocer la responsabilidad hacia nuestro propio entorno ambiental nos obligan a tener una valoración diferente de los recursos naturales y en especial de aquellos que tienen la aptitud de producir energías renovables. Debemos parar la degradación del planeta. No podemos hacer de la tierra un desierto y a ello llamarlo progreso.

         Los costos ambientales del crecimiento económico señalan la nueva valoración que se debe dar a las energías renovables. En el caso particular de la negociación de Itaipú es de fundamental importancia señalar que la apreciación del agua dulce será superior en el futuro que en décadas anteriores. Este bien escaso y de consumo insustituible, generador de energía eléctrica de origen hidráulico, es la razón de ser de la represa, cuya construcción demandó un pasivo ecológico que significó la inundación de 1350 kilómetros cuadrados.

         El factor agua dulce constituye un capital natural cuya apreciación debe ser tenida en cuenta por Paraguay y Brasil al efecto de que estos países puedan exigir a la Entidad Binacional la actualización de los valores que reciben en concepto de royalties y regalías por el uso del agua.

         Si se cuantifica el daño ecológico que produce la utilización de otras fuentes de energía o la inversión que demanda la construcción de infraestructura para la explotación de otro tipo de fuentes de energía renovable, como la eólica o la solar, éstas no pueden competir con el agua en su condición de capital natural. La de Itaipú es una represa de generación de energía continua, porque transforma de manera ininterrumpida el agua en energía eléctrica. Técnicamente se la denomina una represa «a pelo de agua», lo que significa que la capacidad de almacenamiento en su reservorio es muy reducida, situación que obliga a que, si existe demanda de los mercados, el agua pase a través de las turbinas para convertirse en energía eléctrica, o de lo contrario continuará su transcurrir por el vertedero.

         No podemos seguir permitiendo que el aumento del producto bruto interno se deba al desmejoramiento de la calidad del medio ambiente. Si el progreso continúa siendo una amenaza para la preservación de la naturaleza, estaremos produciendo un daño ecológico que terminará imponiendo límites al crecimiento económico y socavando las bases del desarrollo humano sostenible. El uso indiscriminado de los recursos naturales supone una restricción al avance sustentable de la economía. Tampoco es realista pensar que se pueda impulsar la economía sin un impacto medioambiental. El desafío radica en transformar las exigencias de la preservación del medioambiente en posibilidades para crecer.

         La idea de la sustentabilidad planetaria se orienta a valorar de forma diferente el capital natural. No se puede seguir creciendo con un costo medioambiental que signifique poner en peligro la calidad de vida, y la vida misma. La pregunta que hay que hacerse no es «¿para qué el progreso?» sino «¿qué clase de progreso?»

         No podemos acceder a formas superiores de convivencia en contra de la justicia intergeneracional. Las generaciones venideras no deben heredar un pasivo ecológico que les impida gozar de los beneficios de un progreso con rostro humano y responsabilidad socio-ambiental. Aceptar propuestas de desarrollo con bajo costo para el medio ambiente implica reconocer el valor superlativo que poseen las energías renovables, entre ellas la eléctrica de origen hidráulico.

         La nueva aplicación del Tratado de Itaipú no puede desconocer la naturaleza de la energía producida por la represa. El agua y su derivado, la electricidad, reúnen las características de las energías que pueden armonizar con el medio ambiente y ser rentables desde el punto de vista económico.

         La energía eléctrica de origen hidráulico presenta tres características que la hacen un activador de la escena energética. Estamos hablando de la accesibilidad, la aceptabilidad y la disponibilidad, de acuerdo a lo expresado por el Consejo Mundial de la Energía en 2003.

         La accesibilidad de la energía de Itaipú está determinada por las aguas del río Paraná, que nacen en territorio brasileño y cuentan con varios afluentes e hidroeléctricas construidas en dicho país, lo que permite que el acceso a ellas sea un hecho natural y predecible. Esta primera característica es primordial para el desarrollo económico porque abarata los costos de generación del producto.

         La aceptabilidad de la energía estimula su demanda, cuya composición, en el mercado energético, evoluciona hacia usos de energías más limpias y sofisticadas. Esto revela la gravitación que ha cobrado la aceptabilidad, lo que se expresa en la búsqueda de la utilización de energías amigables con el medio ambiente. En el presente, la preocupación se ha desplazado de la disponibilidad a la aceptabilidad.

         La disponibilidad es imprescindible para evitar cualquier crisis energética que provoque problemas de abastecimiento y dificulte el crecimiento económico. De más está decir que la inexistencia de fuentes de energías tradicionales fuerza a la sociedad a adaptarse a un entorno energético diferente y demandante de una nueva inversión en infraestructura para la generación, transmisión y distribución de la nueva oferta energética. El cambio de cualquier matriz energética es costoso en recursos, tiempo y hábitos culturales, y presupone, entre otras cosas, un aprendizaje colectivo que incluya variaciones en la cultura consumista de la sociedad y en los patrones del crecimiento económico.

         Queremos hacer notar la incidencia positiva que tiene un recurso energético en la conformación del producto bruto interno de un país. El precio de la energía primaria y de la final es un elemento activador del crecimiento económico. Invertir en el desarrollo energético sostenible y en la tecnología es el desafío de este milenio. Para tal objetivo será crítico determinar qué nuevas opciones energéticas estarán disponibles. En las décadas del cincuenta y del sesenta, el petróleo barato fue un factor que aceleró el crecimiento del PIB mundial en un 5%. Se trataba de un producto de bajo costo, abundante y versátil debido a su condición liquida.

         Desde 1973, cuando se desencadenó la crisis por el alza del precio del petróleo, se creó un escenario proclive a la búsqueda de energías alternativas. La fósil, por su costo y falta de aceptabilidad por su manera de impactar en el medio ambiente, aceleró la búsqueda de nuevas fuentes con el objetivo de configurar una nueva matriz energética. En la medida en que los problemas ambientales se destaquen por el calentamiento global y la amenaza del cambio climático, el mercado energético tendrá que buscar y forzar el uso de energías renovables. Este razonamiento lleva a entender que la energía eléctrica de origen hidráulico no puede ser evaluada en el siglo XXI de la misma manera y con la misma lógica con que fue considerada a finales del siglo pasado.

         El planteamiento que aquí hacemos no sugiere preferir las energías renovables a cambio de postergar el crecimiento económico en la región. A más de destacar la importancia que tiene la energía de Itaipú en la composición de la matriz energética brasileña y paraguaya, señalamos que su valor debe ser considerado mayor de lo que lo fue en el pasado. La propuesta de crecimiento económico debe preocuparse por su sustentabilidad, para cuyo efecto necesita ponderar la variable ecológica estableciendo un modelo que garantice el equilibrio entre la economía y la disponibilidad del capital naturaleza.

         Para los próximos años, el desafío que deberá enfrentar América Latina será el del crecimiento económico. El panorama se muestra sombrío para la región si no encara las tareas pendientes que posibiliten un período largo y sostenible de progreso. La meta del desarrollo exige elaborar una agenda en la que se tengan en cuenta múltiples factores: políticos, institucionales, económicos, culturales, energéticos. Nuestras sociedades deberán replantearse la forma de abordar el tema de la energía, teniendo en cuenta que la eléctrica tal vez sea el principal sustento material de la evolución económica, en especial en Paraguay.

         Menoscabar, por considerarlo obsoleto, el papel del Estado en la ejecución de las políticas relativas a las energías renovables, supone compartir el punto de vista que niega la centralidad de éste en la gestión estratégica encargada de atender las demandas locales.

         Encarar el desafío de armonizar los procesos de modernización con un marco en el que cohabiten la sustentabilidad de los recursos naturales y el proceso que anticipe las necesidades del futuro requiere disponer de instancias públicas capaces de absorber la pluralidad de las demandas.

         El sistema político debe demostrar aptitud para dar respuestas a las expectativas y exigencias sociales. De darse circunstancias en las que coexistan una pluralidad de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sector público, las sociedades buscarán una solución en el populismo. Si la democracia no puede estar a la altura de sus promesas, será el populismo el encargado de mostrar y enfatizar lo que a ésta le falta.

         Las autoridades locales, al diseñar políticas públicas, deberán tener en cuenta el aumento de la interdependencia y el hecho de que las condiciones globales enmarcan los límites dentro de los cuales los países deberán ejecutar sus políticas energéticas. La globalización y su efecto de condicionar la matriz energética pueden convertirse en una restricción al crecimiento económico. El mundo global, como factor que condiciona individualmente a los países, obliga a que estos busquen la solución de sus problemas energéticos no de forma individual, sino a través de procesos de integración. La interdependencia por sí sola facilitará la complementariedad de los mercados energéticos, la combinación del sistema de lluvias, y el uso sinérgico de las infraestructuras. El futuro en construcción debe favorecer la integración racional y no la integración energética que responda a situaciones de emergencia.

         No se puede perder de vista la interrelación que se establece entre los patrones de uso de energía y el aumento de la producción y el nivel de ingreso promedio. Conforme los países van alcanzando niveles superiores de desarrollo, también diversifican su actividad económica e intensifican su consumo energético para la producción y el mejoramiento del nivel de vida. Por ello, los países que disponen de amplios recursos de energía primaria deben evitar quedarse rezagados en la construcción de infraestructura. Constituye un despropósito tener acceso a fuentes de energía y no contar con las instalaciones para utilizarla. Por ejemplo, Paraguay cuenta con tres generadoras de energía eléctrica de origen hidráulico (Itaipú, Yacyreta y Acaray), pero la inexistencia de la infraestructura apropiada se ha convertido en un obstáculo para la expansión económica.

         En las décadas posteriores a la posguerra, América Latina y el mundo se encontraban en una situación cómoda debido a que el mercado se caracterizaba por una oferta de energéticos abundante y barata. Asimismo, los sistemas de transformación de la energía primaria no atravesaban por grandes incertidumbres en materia tecnológica y de financiamiento. Estaban disponibles los recursos financieros necesarios para la expansión de la infraestructura a tasas de interés relativamente bajas. Esta situación proporcionaba la seguridad energética que consiste en el proceso de abastecimiento de energía que arranca en las fuentes primarias y termina el usuario final.

         Conceptualmente, la seguridad energética busca garantizar la continua disponibilidad de energía, en variadas formas, en suficientes cantidades y a precios razonables. Por ello, es un objetivo para todos los países, pero en comparación con épocas pasadas hoy están presentes nuevos elementos que dificultan la provisión de bienes y servicios. El crecimiento de la economía mundial afecta la demanda de energía de tal forma que la singularidad del mercado marca una tendencia en la que la demanda excede a la oferta. Esta situación se traslada también a la provisión de bienes y servicios utilizados para su producción, transmisión y distribución. En esta área se constata que la demanda de los bienes de capital y los servicios de ingeniería sobrepasan su oferta. El desequilibrio entre estas variables del mercado dificulta la realización de proyectos que conviertan los energéticos primarios en energía utilizable por el usuario final. Esto denota que los países con excedentes de generación de energía primaria no tienen garantizado su abastecimiento por ausencia de energía. Esta situación, que resulta del desfasaje que existe entre el excedente de la producción y la capacidad instalada para la utilización, demuestra que muchos países no pueden acceder a sus recursos energéticos en el tiempo y la forma debidos, a través de una infraestructura que optimice su consumo. El mercado global, para cualquier bien o servicio, se caracteriza por su volatilidad. Las condiciones cambiantes tienden a elevar los precios de los energéticos primarios y de las tecnologías transformadoras de los recursos naturales. La incertidumbre introduce un factor que debe ser tomado en cuenta por aquellos que deciden alcanzar la seguridad energética. Si bien puede preverse el costo del capital para la generación de energía, el precio de ésta, por unidad, es muy sensible porque se somete a una demanda que crece ante la imposibilidad de estructurar una oferta capaz de satisfacerla.

         Las características del mercado global obstaculizan la posibilidad de garantizar la seguridad energética. Las tendencias, relativas al exceso de la demanda, a la volatilidad de los precios y a la incertidumbre tecnológica, se agravan por el surgimiento de nuevos y grandes actores en el escenario energético mundial. Nos estamos refiriendo, en particular, a los casos de China y de la India, cuyo continuo crecimiento económico exige un mayor consumo de energía. Otro elemento que configura el mercado global y que debe ser tomado en cuenta para entender las dificultades que tiene que atravesar la seguridad energética se relaciona con la construcción de infraestructuras que involucran crecientes dificultades sociales, ambientales y hasta políticas. En un planeta cuya geografía en su totalidad es afectada por los procesos globales, el costo de los pasivos ecológicos tiende a incrementarse.

         El reto de la seguridad energética enfrenta dificultades que deben ser allanadas sin dilación. Se deben encontrar soluciones rápidas y apropiadas que permitan garantizar el abastecimiento de la energía necesaria para el desarrollo social y evitar la degradación del medio ambiente. El desafío del cambio climático también debe tenerse en cuenta como un problema que exige actuar de inmediato, porque de lo contrario se convertirá en una restricción efectiva al crecimiento.

         Por otro lado, la complejidad del mundo global convierte la cuestión energética en un dilema para la globalización. Se necesitan respuestas inmediatas y racionales que nos aparten del facilismo y de las ideas que ofrecen soluciones mágicas. La presunción de que la revolución tecnológica eliminará súbitamente la dependencia de los combustibles fósiles y proveerá una energía alternativa nueva, abundante y barata representa un deseo de cumplimiento imposible.

         El avance tecnológico encuentra obstáculos en la rigidez de los mercados:

         • todas las tecnologías alternativas siguen siendo más caras que las actuales;

         • el proceso de maduración de las tecnologías alternativas está lejos de producir soluciones aplicables en la escala requerida;

         • la inversión de capital en infraestructura energética sigue consumiendo enormes volúmenes financieros; por lo tanto, la transición hacia un nuevo patrón energético será lenta y paulatina.

         Por ello, si no se da una gran revolución tecnológica que cambie la matriz energética contemporánea, la energía fósil seguirá ocupando una parte importante de esa matriz. Esto acrecienta la valoración que se tiene de las fuentes generadoras de energía renovable. En el caso paraguayo-brasileño, la proyección de la energía eléctrica de la Itaipú Binacional seguirá ocupando un lugar preponderante en la matriz energética de ambos países.

         La problemática de la energía se convirtió en un tema que no puede ser soslayado o puesto en segundo lugar por los diseñadores y ejecutores de las políticas públicas del siglo XXI. Los rasgos que definen la calidad y la capacidad del crecimiento económico y del desarrollo sustentable están vinculados a la destreza de las sociedades para elaborar una matriz energética que haga de las energías renovables la principal fuente de abastecimiento del sistema económico. Este desafío enfrentará dos obstáculos que deben ser superados para establecer una política energética compatible con el crecimiento económico y el desarrollo humano.

         En primer lugar, se fortalecerá la demanda energética mundial. Está previsto que para el próximo cuarto de siglo se incremente su consumo, debido al apetito energético de la economía de China, y, en menor medida, de la economía de la India. Ambas naciones, en lo político y en lo económico, se han convertido en consumidores importantes de materia prima y de energía. Su condición de global players hace que desempeñen un papel geopolítico de liderazgo en sus áreas de influencia y el aumento de nivel de vida de sus habitantes se ha convertido en el elemento que promueve y acelera el crecimiento económico global.

         Se estima que el consumo mundial de energía será, en 2035, un 36% más elevado que en 2008. Esta cifra encubre realidades muy diferentes, pues la demanda en los países ricos que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) registrará un lento declive. Sin embargo, los países emergentes tendrán requerimientos mayores para sustentar sus crecimientos económicos y demográficos. Nos estamos refiriendo a las necesidades energéticas a las que estarán sometidos países como China, India y Brasil. La mayor demanda provendrá de China, que en 2009 ya desplazó a Estados Unidos como primer consumidor de energía mundial. El país asiático representará en 2025 el 22% de la demanda mundial, contra el 17% de su demanda actual.

         La situación y sus consecuencias negativas para el medio ambiente se complican porque las energías fósiles (petróleo, carbón y gas natural) seguirán ocupando un papel preponderante en el próximo cuarto de siglo. La demanda de petróleo aumentará un 18% entre 2018 y 2035, cuando alcanzará un total de 99 millones de barriles diarios, frente a 87 millones utilizados en el presente. También en este caso bajo el fuerte impulso de China, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía.

         La entidad que representa los intereses de la OCDE prevé que el barril, que actualmente oscila en torno a 87 dólares, llegará a costar 113 dólares en 2035. Pero el aumento no será lineal, pues a corto plazo el mercado sufrirá una «fuerte volatilidad», según apunta la Agencia Internacional de Energía. Esta última destaca la dificultad de hacer proyecciones en un marco económico mundial que, según dijimos anteriormente, en un mundo globalizado presenta un panorama poblado de incertidumbres sin precedentes.

         Por otro lado, el gas natural podría entrar muy rápidamente en una edad de oro, pues será más barato y abundante. El comportamiento del petróleo en la composición de la demanda energética debería disminuir de 33% en 2009 a 18% en 2035, debido a sus altos precios y a los esfuerzos de los gobiernos para promover alternativas al crudo. La Agencia Internacional de Energía pronostica, en cambio, un aumento del segmento de energía nuclear en la composición de la demanda global (del 6% al 8%) y una duplicación, del 7% al 14%, de las energías renovables (hidráulica, eólica, solar).

         Como se observa, en primer término se prevén ciertos cambios en la matriz energética mundial, pero desde ninguna perspectiva se espera que la mutación de ésta sea rápida y radical. Por lo tanto, la construcción de la matriz energética apropiada para el desarrollo sustentable seguirá siendo un desafío que puede convertirse en una restricción al crecimiento.

         En segundo lugar, se demostró que los problemas ambientales y los relativos a la utilización de los recursos naturales demandan soluciones compartidas por varios estados. En este sentido, es impensable considerar acciones individuales, ya que el medio ambiente es un problema y una oportunidad que requiere respuestas colectivas. La promoción de las energías alternativas y todas las políticas relativas a la optimización energética deben ser encaradas entendiendo que la dimensión de estos desafíos sobrepasa la capacidad de prevenir y de accionar del Estado-Nación.

         La respuesta a esta problemática se encuentra en la apertura de los mercados, en la integración y en el aprovechamiento racional y compartido de los recursos naturales. Dentro de la diversificada agenda global se considera que estos temas reclaman para su solución el accionar colectivo. Quizás requerir la participación de todos para superar las adversidades que se generan en la relación contradictoria entre el medio ambiente y la economía constituya la primera dificultad en ser allanada.

         Estos problemas demuestran el poco margen de acción individual que poseen los gobiernos para hallar e implementar soluciones relativas a esta situación. En este marco, es válida la actuación de las ONG, que pretenden establecer redes de cooperación entre el mercado y el Estado y entre éste y la sociedad.

         Consideramos acertado y acorde a las necesidades del momento el punto de vista de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Según su perspectiva, la solución a nuestros problemas energéticos está en la integración. Para ello se debe buscar el aprovechamiento compartido de los recursos energéticos primarios, la diversificación de las matrices energéticas y la complementariedad de los mercados de los diferentes estados latinoamericanos. Siguiendo el razonamiento de Rousseff, esta decisión traería mayor seguridad y confiabilidad a la provisión energética de la región y reduciría los costos de las cadenas productivas.

         La propuesta de la integración es abarcadora, e incluye la interconexión energética y el reconocimiento del régimen de lluvias que, utilizados en función de un proyecto integracionista, sirven para paliar los desequilibrios que suceden cuando una generadora de energía carece del agua necesaria y, sin embargo, otra posee una sobrecarga de ésta debido a las lluvias. Una visión completa de la integración debe prever la combinación y la complementariedad de los regímenes de lluvia de las diferentes áreas del continente. Se debe pensar en una integración energética que se realice a través de medidas innovadoras que reduzcan los costos de la seguridad energética. Para ello, es necesario un plan a largo plazo y la innovación tecnológica en la construcción de nuevas infraestructuras.

         Siguiendo el razonamiento de la presidenta brasileña, se enfatiza la necesidad de construir redes de abastecimiento energético que sustituyan insumos más sensibles y apuesten por las energías renovables, la diversificación de las fuentes y la atracción de inversión para el logro de una mayor integración energética.

         La seguridad energética significa disponer de alternativas competitivas para las demandas del presente y del futuro, algo que Brasil no puede pensar en términos domésticos. Brasil es un gran productor, pero también un gran consumidor de energía, y debe mantener un papel inequívoco en el fomento de la integración regional. Esta integración debe permitir el aprovechamiento sustentable del potencial energético como parte del pleno desarrollo de la potencialidad de América Latina.

         La propuesta de Dilma Rousseff se enmarca en un plan de integración que reconoce la soberanía de los recursos compartidos y la accesibilidad a los mercados. Los modelos de integración que busquen solucionar los problemas energéticos en el continente deberán edificarse desde una visión vertical que abarque la generación, la transmisión y el consumo final. En un tema tan delicado, complejo y controvertido, los estados deben demostrar su voluntad de lesionar sus soberanías y predisponerse a compartir las infraestructuras para la optimización y el suministro energético. La propuesta arriba enunciada reclama la revisión o la reinterpretación de los acuerdos jurídicos firmados en décadas anteriores, en los cuales las características y naturaleza de las situaciones eran otras. Por ello, la actitud del ex presidente Lula da Silva de buscar una nueva interpretación del Tratado de Itaipú significa dirigir los esfuerzos hacia el futuro en la búsqueda de un horizonte que permita la distribución equitativa de los beneficios en los emprendimientos energéticos compartidos.

         En este sentido, el acuerdo presidencial alcanzado el 25 de julio de 2009 fue el resultado de la buena voluntad política de aquel entonces. La posición paraguayo-brasileña respondió a un criterio integracionista y el acuerdo sirve de guía para la preparación de las propuestas técnicas que podrían determinar las reglamentaciones necesarias sobre la comercialización de la energía paraguaya en el mercado brasileño. Este acuerdo abre las puertas al desarrollo de una integración económica y energética, en la que la Itaipú sería el punto principal de interconexión e integración entre Paraguay y Brasil. Con esto, la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) y los productores independientes podrían utilizar las instalaciones y comercializar energía paraguaya en Brasil.

         Ciertamente, la integración energética con Brasil traería grandes beneficios en términos estratégicos, económicos y tecnológicos, ya que este país es una de las economías emergentes más importantes del mundo. Sin embargo, el beneficio no es monopolio de Paraguay, sino de ambos países, ya que el vecino se beneficiará con la realización de futuras inversiones en la producción de energía en territorio paraguayo con miras a su mercado, o a terceros. La integración energética posibilita el aprovechamiento eficiente y la optimización de los recursos energéticos. El esquema de integración energético paraguayo-brasileño debe ser el motor de la integración regional. Paraguay tiene una vasta cantidad de recursos energéticos que solo son económicamente factibles de explotar con acceso a los mercados y disponibilidad de inversión pública y privada.

 

         OPTIMIZACIÓN, SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

 

         De nada sirve tener gran cantidad de agua y capacidad de generación de energía si no se tiene un mercado que la consuma. La producción de energía tiene un costo y éste debe ser asumido por el consumidor final. Por lo tanto, cuando hablamos de energía eléctrica de origen hidráulico debe darse la combinación de tres elementos: agua con caudal suficiente y predecible, instalaciones (represas) y mercados con demanda necesaria para estirar la energía eléctrica producida.

         La Itaipú binacional empezó el proceso de producción energética en 1984, en carácter de prueba de las instalaciones, y en 1985 se produjo su inicio a nivel comercial. Desde entonces, el proceso que transforma el agua en electricidad no ha sido optimizado, lo cual implica que se ha imposibilitado lograr la maximización total de la generación de energía eléctrica.

         Esta situación no es el resultado de la mala gestión ni de la insuficiencia técnica de la usina expresada en déficits de tecnología, profesionales o métodos y mecanismos de operación, sino de la ausencia de entendimiento político entre los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina, que hasta la fecha persisten en mantener marcos jurídicos disfuncionales para el aprovechamiento pleno de las aguas del río Paraná. La optimización del uso de esas aguas demanda reglamentar las operaciones de embalse de la represa y actualizar el acuerdo tripartito en lo referente al aprovechamiento hidroeléctrico del río.

         La optimización energética es imprescindible en el proceso de producción, transmisión, distribución y consumo, porque de esta manera se obtienen los máximos beneficios económicos y sociales del aprovechamiento energético. Con esto nos estamos refiriendo pérdida que significa verter agua sin producir energía, que implica la pérdida de millones de dólares en regalías que la Itaipú deja de pagar a los estados involucrados. El espectáculo del agua siendo arrojada por el vertedero representa la imagen del desperdicio y de la débil voluntad integracionista. Dejar pasar el agua sin turbinarla supone una pérdida de dinero para el fisco. Es como derramar petróleo en las arenas del desierto.

         Esta falta de acuerdo para la optimización y la combinación del uso de las aguas de los sistemas hidrológicos de ambos países termina en una subutilización de las instalaciones de la represa. El uso por debajo de sus posibilidades de las instalaciones de la Itaipú demuestra una inmadurez política que dificulta potenciar el crecimiento y el desarrollo de nuestros países. Aunque presenciar el torrente de agua vertida sea un atractivo para los turistas.

         La operación de maximizar la producción de la represa de Itaipú requiere de la evaluación de complejos modelos matemáticos de meteorología e hidrología, además de una serie de estudios de operación del sistema energético de Brasil y Paraguay, por lo cual este proceso debe responder a una decisión técnica de los expertos, sujeta a la voluntad política.

         El objetivo de la optimización energética es maximizar la producción y abaratar el consumo de energía obteniendo la mayor renta económica, y los mayores beneficios sociales y ambientales. Esta situación revela que en los procesos de integración el imperativo de lo técnico se subordina al mandato de lo político. La integración resulta del acuerdo de las voluntades que pretenden formas superlativas de compartir esfuerzos y metas realizables.

         Según el ingeniero Nelson Cristaldo, Paraguay tiene que favorecer el proceso de optimización energética de Itaipú aumentando la producción y reduciendo los costos. La Itaipú debe ser manejada con decisiones técnicas que respondan a una racionalidad económica y empresarial. La implementación de la optimización energética de la central hidroeléctrica será el resultado de un acuerdo político entre paraguayos y brasileños sobre cómo y cuándo se realizará el desembalse. Para ese objetivo es imprescindible contar con un reglamento que disponga las condiciones técnicas y medioambientales que habiliten el proceso que permita la mayor producción de electricidad sin que se necesite realizar nuevas inversiones de infraestructura civil o electromecánicas en la usina.

         La administración hidrológica y la técnica de la represa deben ser gestionadas con seguridad y flexibilidad. De esta manera, las operaciones de la represa pueden responder en el tiempo, forma y calidad debidos a la demanda energética de los mercados.

         El factor energético nos permitiría crear las bases para una política de crecimiento económico sustentable con desarrollo social. Debemos abandonar el «rentismo energético» por la optimización, para que de esta manera contemos con los instrumentos que nos habiliten para diversificar nuestra vocación económica.

         El siglo XXI será el siglo de la globalización y de la integración, y no podemos seguir pensando en un modelo de sociedad pastoril que tenga sustento exclusivamente en la agricultura mecanizada y en la ganadería. Diseñemos un modelo de crecimiento económico incluyente en lo social y en el que la acumulación de capital esté asociada a la inclusión social. El factor energético hará posible un proyecto de modernidad con equidad social.

         La inexistencia de una reglamentación que tenga por objeto el desembalse de la represa impide que la Itaipú se integre completamente al sistema hidrotérmico brasileño y, por lo tanto, que produzca más energía cuando las condiciones de operación y oportunidad del mercado son propicias y convenientes.

         Un ejemplo que nos sirve para ilustrar esta situación se produce en los momentos en que las hidroeléctricas en Brasil carecen de suficiente agua para generar abundante energía barata; el resultado de esto es la elevación del precio de la energía dentro del mercado energético de Brasil. Para abaratar el precio de la energía en Brasil, el operador del sistema energético de ese país requiere más generación de la Binacional a través de un desembalse, de modo que, generando mayor energía a menor costo, se influya en los precios de mercado. Estas variables son óptimas para que la Itaipú utilice al máximo su capacidad de modulación de las aguas para lograr la optimización energética.

         Si bien es cierto que Brasil no paga por la energía de Itaipú el precio de mercado, se supone que las condiciones deben cambiar a partir de la declaración presidencial del 25 de julio del 2009. Según la misma, el factor multiplicador varió de 5,1 a 15,3 por la cesión de energía y se abrió la posibilidad de que la ANDE venda la energía paraguaya de Itaipú a un precio convenido con el sector privado en el mercado brasileño.

         La optimización de la producción de Itaipú depende del manejo de las aguas del río Paraná. Esta operación debe ser llevada a cabo sin causar perjuicios a las instalaciones de la represa, al medio ambiente ni a otros emprendimientos energéticos ubicados aguas abajo. El embalse de Itaipú, en condiciones normales de operación, funciona dentro de una faja cuyos límites operativos mínimo y máximo son las cotas 219 y 220,40 metros sobre el nivel del mar (msnm), respectivamente. En los casos extraordinarios, fundamentalmente debido a cuestiones de carácter hidrológico, la faja operativa normal puede ser alterada, reduciéndose el límite mínimo, respetándose ciertos parámetros, sin que con ello se afecte el funcionamiento de las instalaciones de producción.

         Cabe destacar que se podrán obtener 190 GWh mes de energía adicionales utilizando el agua entre los niveles 219 y 218,50 msnm. Esta energía podría estar disponible para las entidades compradoras mediante la flexibilización del nivel mínimo operativo de 219 a 218,50 msnm, pudiendo esta energía atender a eventuales necesidades de los consumidores paraguayos y brasileños.

         Por otro lado, la flexibilidad operativa del nivel del embalse hasta la cota 218,50 msnm da la posibilidad de anticipar la generación evitando vertimientos futuros, con el consecuente beneficio de la generación de royalties para los estados. Podría también permitir a la Itaipú ofertar energía a los compradores con la recuperación prevista en el corto plazo, sin riesgo de restricción de la demanda de los sistemas eléctricos interconectados a la Itaipú.

         Esto permite que la operación de la central en lo relacionado al nivel del embalse pueda oscilar en torno al nivel mínimo normal de 219 msnm en función de las previsiones de afluencia, y teniendo como objetivo maximizar la generación de la central y la atención a las necesidades de mercado.

         Si se considera una operación coordinada con centrales de aguas arriba que garanticen y permitan la restitución del nivel del embalse a la cota 219 msnm, se podría utilizar la energía almacenada resultante del desembalse de los niveles 219 a 217,00 msnm. Esta operación producirá una energía adicional equivalente a 742 GWh mes.

         Por el contrario, en la situación opuesta, en los casos de alta afluencia de agua a la central de Itaipú, debería ser posible poner en funcionamiento más de 18 unidades generadoras (UG) en la central a los efectos de minimizar los vertimientos que de no llevarse a cabo la operación no permitirán que las aguas pasen por las turbinas.

         La propuesta de optimización de las instalaciones debe prever bajo determinadas circunstancias la posibilidad de utilizar las veinte turbinas. Para esto se hace necesaria la renegociación del acuerdo tripartito firmado entre Paraguay, Argentina y Brasil a los efectos de hacer funcional la capacidad existente de las instalaciones con la cantidad de agua para la producción de más energía. En ambos casos son posibles mayores beneficios en conceptos de royalties, resarcimientos y cesión de energía.

         En este acuerdo se establecen los parámetros operacionales de la Itaipú relacionados con la navegación en la zona de la frontera fluvial entre los tres países:

         • Variación horaria de nivel: cincuenta centímetros.

         • Variación diaria de nivel: dos metros.

         • Velocidad superficial normal: dos metros por segundo.

         • Operación de 18 unidades generadoras, con caudal erogado máximo del orden de 12.600 metros cúbicos por segundo.

         Estos parámetros de operación son un factor que impide aprovechar toda la capacidad instalada de la represa para generar más energía. Simplificando la complejidad de esta situación, se puede decir que aguas abajo resulta indiferente que lo que se reciba en términos de cantidad de agua haya recorrido su paso por el vertedero o por las turbinas.

         Estas razones hablan a favor de la revisión del acuerdo tripartito. Se deben flexibilizar los parámetros definidos en este acuerdo para maximizar la generación de energía de Itaipú utilizando las veinte turbinas. La mayor producción de energía beneficiaría a toda la región, en tanto que se dispondría de una mejor oferta que podría incidir en el precio y garantizar una mayor seguridad energética.

         En la actualidad, el acceso a la energía limpia y barata es un elemento de fundamental importancia para el buen desempeño de una economía moderna.

         Todos los países desarrollados, y aquellos en vías de desarrollo, han elaborado diferentes tipos de agendas políticas para avanzar hacia la seguridad y la sustentabilidad energética. De esta manera se aseguraría un suministro energético a largo plazo que acompañase de forma segura y efectiva el crecimiento económico.

         En las agendas prevalece la necesidad de encarar reformas para la reestructuración y modernización del sector energético, apuntando a incentivar el desarrollo y utilización de fuentes de energía renovable.

         Paraguay es un caso único en el mundo por su gran cantidad de potencia instalada en comparación al consumo interno de energía eléctrica. En la actualidad, nuestro país tiene un consumo máximo de 1,800 MW aproximadamente, y un crecimiento del 6%; esto significa que, a este ritmo, tiene energía asegurada para las próximas tres décadas sin realizar una sola inversión en generación de energía.

         Cerca del 100% del suministro de energía eléctrica proviene de las hidroeléctricas, y el resto de la abundante energía limpia es exportada a los grandes centros de consumo de Brasil y Argentina.

         Paraguay goza de una vasta cantidad de recursos energéticos; sin embargo, la realidad es que sufrimos un retraso de más de veinte años en los procesos de expansión, apertura y modernización del sector de la energía eléctrica.

         El sistema de transmisión y distribución de la ANDE sostiene pérdidas totales del 32%. Las perdidas técnicas de transmisión alcanzan el 9,5%, y las pérdidas en distribución, un 22,5%. Las pérdidas estimadas de la ANDE ascienden a 40 millones de dólares, aproximadamente.

         Las consecuencias de no contar con una política energética que establezca una sinergia entre el sector público y privado son las siguientes:

         • la falta de un modelo de crecimiento económico sustentable y socialmente incluyente;

         • la falta de inversiones necesarias para mantener un nivel adecuado de seguridad y confiabilidad del sistema interconectado nacional;

         • la falta de industrias que expresen la diversificación de nuestra vocación económica;

         • la falta de infraestructura del sector eléctrico, que limita nuestra capacidad de crecimiento económico.

         La voluntad política es el principal factor de cambio hacia un modelo que posibilite la promoción y el uso de energías renovables para incentivar la industrialización, el progreso económico y la inclusión social.

         Una política de sustentabilidad energética debe tener el propósito de sustituir el rentismo energético por un modelo de optimización, lo cual significa:

         • mayor generación de energía limpia de fuentes renovables.

         • reducción del costo de consumo de energía minimizando las pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

         • instalación en la agenda de las políticas públicas del desarrollo social a través de la producción de energías renovables, por ser éstas las únicas sustentables.

         • aumento de la utilización de nuestra energía eléctrica en los procesos productivos.

         • fin de la generación de energía para saldar las cuentas fiscales.

         • aceleramiento de la transición de una sociedad tradicional pastoril hacia una sociedad moderna sustentada en el uso optimizado de energía.

         Los países en vías de desarrollo en Latinoamérica han adoptado un modelo moderno de mercado energético. Nuestra experiencia nos demuestra que la ANDE, como único actor del sector eléctrico nacional, es incapaz de garantizar la calidad del suministro de electricidad de forma segura y confiable. Es el momento de transformar el modelo monopólico de la ANDE en otro que estimule y permita la participación de inversionistas privados.

 






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